Una Página Magistral: Independencia de los Tribunales

Rudolf Stammle

1. Legislación y Judicatura

La separación de estas dos funciones del Estado suele relacionarse con la teoría de Montesquieu sobre los tres Poderes. Esta famosa teoría aparece desarrollada en la obra “De l’esprit des lois” (1748), libro XI, capítulo 6. Este capítulo lleva por título “De la Constitución inglesa”, pero se refiere a todos los Estados en general. En todo Estado existen tres Poderes: el Poder legislativo, el Poder ejecutivo para asuntos relacionados con el Derecho internacional y el Poder ejecutivo para cuanto depende del Derecho civil. A este último lo llama Montesquieu el Poder judicial, reservando el nombre de Poder ejecutivo para el segundo.

Cada uno de estos tres Poderes debía aparecer separado de los otros dos y con su propio titular. De otro modo, no estando separados estos Poderes, sino unidos en la misma persona o bajo el mismo órgano de autoridad, no podría existir la libertad política del ciudadano. Así ocurre, sobre todo, cuando el Poder judicial no aparece separado del Poder legislativo y del ejecutivo: “Si se confundiese con el Poder legislativo, la vida y la libertad de los ciudadanos se hallarían regidas por la

arbitrariedad, pues el juez sería legislador. Y si se confundiese con el Poder ejecutivo, el juez podría convertirse en opresor”.

La teoría de MONTESQUIEU es producto de la situación histórica del siglo XVIII. Ayudó extraordinariamente a resolver los problemas apremiantes de aquella época. Por eso ha ejercido una influencia tan considerable sobre la legislación y la política de los Estados. Su eco resuena todavía, indudablemente, en todas las modernas Constituciones.

Por otra parte, la teoría de los tres Poderes ha sido impugnada repetidas veces. Los ataques que se le dirigen nacen de la duda de si la división de Poderes establecida aquí será absoluta y completa. Nos salen al paso aquí algunas observaciones prácticas y algunas deducciones teóricas.

Por lo que se refiere a las primeras, es sorprendente que MONTESQUIEU no aluda para nada a la administración interna del Estado. Sólo habla del Poder ejecutivo basado en el Derecho internacional. Parece, pues, que confunde o involucra las funciones de un Ministerio de la Gobernación al identificarlos con un Poder judicial. La división tripartita podría muy bien mantenerse englobando como un todo a la Administración del Estado y subdividiéndola luego en Administración interior y exterior, cada cual con sus propias divisiones. En esta clasificación encajaría también la jurisdicción administrativa, de reciente creación.

A esto hay que añadir que, en la práctica, la división de poderes no puede establecerse siempre tan nítidamente, que se encomiende cada Poder a un órgano especial, absolutamente ajeno a la competencia de los otros dos. Lejos de ello, sus esferas de acción se mezclan y entrecruzan, no pocas veces. En Inglaterra, la Cámara de los Lores, que actúa fundamentalmente como órgano legislativo, interviene en ciertos asuntos de importancia como Tribunal judicial; el Pretor romano, del que hemos hablado más arriba (VI, 3) tenía poderes de creación de Derecho. Y si nos fijamos en las actividades administrativas, vemos que en ellas intervienen también los Parlamentos, es decir, el Poder legislativo.

Cabe, pues, preguntarse si la división sistemática de Poderes a cuyos orígenes en la historia de las doctrinas nos acabamos de referir, en breves palabras, tiene una significación fija y absoluta.

2. El Estado de Derecho

Muchas veces se ha planteado, con carácter dubitativo, la pregunta anterior. La primera tentativa es la de contestarla con una descripción general. Se trazan analogías sobre la materia múltiple y diversa de la experiencia histórica. Es un método socorrido volar sobre los siglos y agrupar sintéticamente las manifestaciones en las que se cree descubrir iguales o análogas características. Pero esto sólo puede lograrse por aproximación. La materia que aquí se trata de modelar es demasiado varia, dispersa y mudable; no puede esperarse que, estudiando sus aspectos concretos, se llegue nunca a descubrir los métodos de ordenación general, como objetos especiales de nuestra investigación. Es dudoso que las formas conceptuales realmente empleadas como formas susceptibles de ordenar la masa caótica de las diversas experiencias concretas puedan deducirse de la simple observación de esa masa caótica como tal.

A esto hay que añadir que el conocimiento científico sólo existe cuando se penetra exhaustivamente en el sistema de los métodos puros. Y siempre será dudoso que se puedan agotar los métodos de ordenación por el solo hecho de asegurar por la consideración empírica algunos de ellos.

En vez de esto, nosotros establecemos este tipo de investigación: analizar críticamente la posibilidad de ordenar de un modo unitario toda la materia concebible de la experiencia histórica (V. I, 2).

Aplicando esto a nuestro tema, tropezamos ante todo con el concepto del Derecho. Es el único que aparece como modalidad conceptual determinante de ordenación en todos los problemas jurídicos particulares que nuestra experiencia nos plantea, como tales problemas particulares en el transcurso de la Historia. Pero en este concepto va implícita la noción de que los hombres conviven y se relacionan bajo una regla exterior. De donde resulta que en todo pensamiento jurídico tenemos presentes en nuestro pensamiento, por sí mismas, estas dos modalidades de ordenación: la categoría de la supremacía jurídica y la de la subordinación jurídica. La primera caracteriza a la norma que vincula jurídicamente a los diversos individuos; la segunda, en cambio, caracteriza la posición de los individuos vinculados. En la práctica, se derivan de aquí, aplicando aquellos conceptos fundamentales a la estructuración de la vida social, los conceptos del establecimiento del Derecho y de la ejecución del Derecho: el primero, en que se estatuye la norma jurídicamente vinculatoria; el segundo, en que se determinan las relaciones de los individuos sujetos a esa norma. Estas categorías formales dominan, por tanto, necesariamente, todos los problemas jurídicos; por eso se las erige, y con razón, en base esencial del Estado de Derecho de los tiempos modernos. La preocupación que apuntaba más arriba puede concebirse como la aspiración a la libertad del ciudadano frente a un Poder público demasiado opresor. Si no nos engañan todos los indicios, esta preocupación ha vuelto a apoderarse en nuestros días de todos los Estados civilizados con fuerza redoblada. No importa que cambien los titulares del Poder, en cuyas manos se pone el Poder organizado del Estado: la idea de la libertad, de la autonomía y de la propia responsabilidad del hombre ante sí mismo y ante lo que constituye la meta de su vida se ve en peligro en todas partes, cuando no se destruye y se hace añicos, ante la ingerencia excesiva de los Poderes del Estado. Y la suerte y el destino del hombre consisten en ser o en llegar a ser una personalidad interiormente libre. Todos los preceptos del Estado y toda la organización social no son más que un medio limitado ante este fin fundamental. Lo importante, pues, es organizar los medios del Poder público de tal modo, que tengamos siempre ante nuestros ojos la directriz ideal que debe guiar a aquel Poder.

Aquí, juega un papel muy importante, indispensable, la misión del juez. Todas las buenas intenciones del legislador, toda la ordenación justa del Derecho no les sirve de nada a los miembros de la comunidad jurídica si la seguridad de la realización del Derecho no aparece garantizada por Tribunales imparciales y competentes. Este anhelo tuvo su fuerte expresión en las aspiración del siglo XVIII, época con la que los tiempos presentes ofrecen más de un paralelismo.

En aquel entonces, se trataba de luchar contra la justicia de Gabinete. Los titulares del Poder público intervenían en la marcha de la justicia, según las inspiraciones de su antojo personal. Entre la justicia y la policía no existía una distinción precisa; la policía no era meramente, como debe ser, una auxiliar de la justicia, sino que muchas veces decidía y ordenaba. Costó largas luchas instaurar el Estado de Derecho, del que se desterraron aquellos abusos. La Justicia quedó fundamentalmente separada de la Administración; en lo sucesivo, habría de ser desempeñada por Tribunales independientes, sometidos exclusivamente a la ley.

Mencionaremos brevemente las medidas, harto conocidas, dictadas por la legislación alemana del siglo anterior. Las aspiraciones a que hacemos referencia viéronse plasmadas por modo magnífico en la Ley orgánica de los Tribunales y las tres llamadas Leyes de Justicia, la Ley Procesal Civil, la Ley Procesal Penal y la Ley de Concursos y Quiebras, que rigen desde el 1° de octubre de 1879 en el Reich alemán. El art. 102 de la vigente Constitución del Reich, de 11 de agosto de 1919, recoge el art. 1 de la Ley orgánica de los Tribunales y en los términos siguientes: “Los jueces son independientes y se hallan sometidos solamente a la ley”.

Para alcanzar con la mayor perfección posible la mira del Estado de Derecho es necesario en todo tiempo, indiscutiblemente, mantener a los Tribunales alejados de las incidencias de la política diaria. Dentro de nuestras concepciones, constituye la evidencia misma el que los jueces sean inamovibles de por vida y sólo pueden ser separados de su cargo por incapacidad para ejercerlo o por sentencia judicial. Y sólo deben ser reclutados entre las personas objetivamente competentes para el desempeño de esta función, siempre al margen y por encima de la política limitada de los partidos y de sus programas.

3. Doctrinas consagradas y precedentes judiciales

Pero la independencia del juez debe ser, ante todo, una independencia interior, basada en la libertad espiritual. El juez sólo debe someterse a su propia convicción, debidamente fundamentada. Esto nos conduce a un capítulo acerca del cual tenemos algunas cosas que decir, en el plano del análisis crítico. Esta libertad espiritual necesaria para el ejercicio de las funciones del juez se halla amenazada por diversos peligros. Estos peligros nacen, por una parte, de las ingerencias externas de la legislación, por otra parte de ciertos doctrinarios bien intencionados, y finalmente de la propia tendencia del juez a respaldar sus fallos en la autoridad de otros. Examinaremos por separado estos tres puntos.

Cuando JUSTINIANO dio cima a su obra del Digesto, prohibió que se cotejase el Digesto con los viejos textos de los juristas y que se escribiese ningún comentario en torno a él; atrevimiento que BRUNO ha calificado, acertadamente de “quimérica, pero no única fascinación legislativa”. Todavía en 1813, al promulgarse el Código penal de Baviera, pudimos asistir a una tentativa semejante.

El camino inverso es el que sigue el nuevo Código civil alemán, en cuyo art. 1 se remite al juez, en caso necesario, a las “doctrinas consagradas”. Esta expresión no debe interpretarse en un sentido restricto, al igual que ocurre con la de “buenas costumbres”. Tanto en uno como en otro caso, sólo puede significar las doctrinas o las costumbres que, bien miradas, puedan considerarse como “reconocidas” o como “buenas”, aunque en la práctica no lleven mucho tiempo en vigor. Por lo tanto, la referencia del legislador federal a las “doctrinas consagradas” no menoscaba la libertad espiritual del juez. Es más que evidente que éste no rehuirá la posibilidad de una buena orientación, basada en razones fundadas; se trata, simplemente, de un recurso para formarse una convicción, la cual ni puede aferrarse obstinadamente a una primera impresión ni atarse servilmente al juicio de otros. En todo caso la orientación, para prevalecer, deberá ir acompañada de buenos fundamentos. “No forzamos a nadie –decía LUTERO–, ni siquiera a aceptar la verdad”.

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