El Sacerdocio Judicial

Nuestro propósito de describir la tarea diaria del juez de un modo críticamente fundamentado nos ha llevado necesariamente a tomar como base de nuestra investigación la posibilidad de una ordenación metódica de nuestra conciencia en general. Ninguna persona que piense se contentará, a la larga, con enfocar una serie de problemas concretos y limitados, que, además, no podrá ni siquiera conocer seriamente en su perfil concreto sin referirlos a su unidad (I, 2). Y nadie podrá -cuanto más celosa y diligentemente se ocupe de problemas, menos- sustraerse en último resultado a esta pregunta: ¿para qué todo esto, en rigor? Quien, en su profesión, se pare a pensar acerca de los fundamentos discursivos en que descansa, tropezará en su respuesta, forzosamente, con el sentido de la vida en general.

Si hay alguna profesión que pueda servir de modelo a toda la sociedad, en este sentido, es precisamente la profesión del Juez. Y esto, no sólo en cuanto a la necesidad de remontarse a las cumbres de una concepción universal que lo domine todo, sino también en cuanto a la aplicación amorosa y exquisita de esa concepción universal a las cuestiones particulares de la vida diaria.

Es característico cómo ya en el más nimio litigio jurídico se advierte en los interesados -no pocas veces, sin pararse a pensar para nada en las consecuencias- la tendencia a medir el caso particular por un criterio de medida absoluto y superior. Ante un fallo basado en normas limitadas, casi siempre existen dudas. Los escrúpulos no quedan acallados. Se mide el resultado por un factor “x” que constituye la instancia decisiva incondicional sobre el fallo condicionado. Pero si esta apelación a un fallo mejor y más alto es clara y decidida, el criterio acerca de lo que constituye, en rigor, el criterio superior de medida no es siempre claro.

Para algunos, aquel factor “x” es su “concepción del mundo”. Aquí, no diremos nada contra esta expresión, pero sí contra la tranquilidad que se siente al pronunciarla. En realidad, hay que seguir indagando hasta ver qué es lo que se entiende, en puridad, por “concepción del mundo”. Como no puede significar más que un método absolutamente válido para determinar y dirigir de un modo unitario todas las experiencias concretas concebibles, surge el problema de definir con más precisión ese método de ordenación al que ahora se da el nombre de “concepción del mundo”, esclareciendo ante nosotros mismos su modalidad necesariamente condicionante.

Y aquí, los llamados a velar profesionalmente por el Derecho pueden brindar un magnífico ejemplo a cuantos les rodean. No es ésta la primera vez que se advierte que el estudio de la jurisprudencia es la mejor escuela para el estudio de la lógica y de la crítica del conocimiento en general. Pero la familiarización con la idea del Derecho es también un excelente medio para orientar el espíritu, en la misma dirección, hacia una concepción fundamental de la vida humana. Lo mismo como advertencia negativa que como consejo positivo.

Quien se esfuerce en sustraerse de las cuestiones concretas y limitadas y en encontrar un punto de apoyo firme e incondicionada, fácilmente se dejará arrastrar por un impulso fáustico. Investigará inútilmente en busca de un conocimiento que, teniendo como objeto una materia limitada, aspira a conseguir una validez absoluta. Esta contradicción lógica, irreductible, devorará los esfuerzos del investigador. Es la contradicción entre la idea y la realidad, la distinción entre la idea meramente ordenadora de la armonía absoluta de todas las experiencias concebibles y las percepciones materiales y las aspiraciones como materia sobre la que versa esa ordenación, la que se interpone aquí ante muchos y los opone fuertes dificultades.

La teoría crítica del Derecho puede ser el medio para resolver esas dificultades, pues constituye, evidentemente, el mejor ejemplo ilustrativo de aquella distinción. Demuestra la imposibilidad de un Derecho ideal que encierre a la par normas e instituciones de alcance limitado y una trascendencia absoluta para todos los tiempos y todos los pueblos (V,1). Y, por otra parte, no se aferra a la materia condicionada de lo concreto y lo positivo, sino que pone de relieve cómo todas las aspiraciones sueltas encuentran su unidad en un método formal siempre uniforme cuyo pensamiento directivo coincidente se llama Justicia.

Los juristas -dice ULPIANO al comienzo del “Corpu iuris”- somos sacerdotes, “pues velamos por la Justicia y difundimos el conocimiento de lo bueno y de lo justo”.

La idea absolutamente vigente no es, pues, ningún objeto de la experiencia material y sensible que ha de ir a buscarse allí donde, como dice el dicho, “los objetos chocan ásperamente unos con otros dentro del espacio”; la idea debe considerarse más bien como una estrella polar hacia la que se levanta la vista para orientarse por ella, pero no para alcanzarla. Por eso la función críticamente fundamentada del juez no debe perder de vista el Derecho de las condicionalidades históricas. La tramitación e incluso la simple descripción de un litigio jurídico revela la necesidad de abandonar las “nubes”, desde las que se atalaya el todo, para volver a hundirse en el polvo de las tareas cotidianas. “¡Mirad a las estrellas, pero sin perder de vista las calles!”

Cuanta mayor sea la nitidez con que se perciba el valor exclusivamente orientador de la idea, mayores serán la alegría y el buen humor con que se afrontará la elaboración original de la materia empíricamente condicionada de nuestra experiencia hasta sus más pequeños y nimios detalles. Las únicas dudosas son las generalizaciones relativas de posibilidades limitadas, rayanas no pocas veces en el peligro de una pseudociencia. Frente a este peligro, debe servir nuevamente de modelo y de estímulo para seguir ahondando en la reflexión la actuación del juez, cuando se halle metódicamente bien orientada.

En la actuación práctica, lo más importante es tener siempre presente, metódicamente, el enlace de la idea de unidad con los casos particulares. El lector recordará que la ley ordena frecuentemente al juez que elija la norma aplicable no por la vía técnica exclusivamente, sino en el sentido de la rectitud fundamental. Más arriba (V, 3ss.), hemos estudiado especialmente el proceder metódico del juez. Detengámonos a examinar aquí un poco más de cerca, en su aplicación, este aspecto de la función del juez.

2. El Derecho aplicable

El primer problema que se le plantea a la actividad práctica del juez es el del Derecho que debe servir de base al fallo. Es el orden jurídico del propio país, casi siempre, el que tiene que suministrar la norma para la decisión. Pero, a veces, él mismo se remite a un Derecho extranjero, y en asuntos internacionales, y en ocasiones también en asuntos eclesiásticos, puede plantearse la necesidad de atender al Derecho no nacional. Pero, dentro de los límites del Derecho del propio Estado, surge con fuerza renovada el problema de saber qué normas jurídicas serán las aplicables en el caso que se trate de ventilar.

Puede ocurrir que tras este punto de vista que se presenta inmediatamente pase a segundo plano o se borre por entero otro punto de vista de distinta modalidad, a saber: el del camino metódico por el que se puede fundamentar la rectitud fundamental de una determinada voluntad jurídica.

No hace falta pararse a demostrar que se trata de dos problemas totalmente distintos. La posibilidad de elegir con metódica seguridad la norma jurídica fundamentalmente justa constituye, evidentemente, la premisa lógica para que pueda realizarse, de hecho, esa opción; en cambio, las normas legales donde se dispone que se juzgue, no ateniéndose a los artículos técnicamente plasmados en la ley, sino con arreglo al Derecho justo que se elija como tal sienta, no menos evidentemente, la premisa práctica para que el juzgador pueda optar.

Hasta aquí, sólo nos hemos ocupado del primero de los dos problemas a que aludimos; examinemos ahora el segundo, que encierra no pocas consecuencias interesantes para una justa descripción y valoración de las funciones judiciales. En el Derecho alemán vigente, nos encontramos con un punto de vista divergente según la clase de Derecho de que se trate.

En el Derecho penal, prevalece, en cuanto a la punibilidad, el criterio de que sea el articulado de la ley el que decida. Una acción sólo es punible cuando el hecho se halle castigado con una pena por la ley en el momento de realizarse. Es una consagración consciente del principio del Derecho técnicamente elaborado. El recurso de los viejos tiempos de la justicia de Gabinete contribuyó mucho, indudablemente, a la implantación de este principio. Situaciones como las que se describen en “Emilia Galotti” o en “Cábala y Amor” llevaron a la conclusión de que era preferible exponerse a resultados objetivamente poco justos que no al peligro de la arbitrariedad subjetiva en la punición. Así se explica que en estos últimos tiempos haya podido discutirse la posibilidad del robo de electricidad con arreglo al Derecho penal, mientras que el problema de la indemnización de daños y perjuicios según el art. 826 del Código civil no ofrece la menor duda, en este caso como en los demás: quién, atentando dolosamente contra las buenas costumbres, infiere un daño a otro, está obligado a indemnizárselo.

El régimen del Código civil, en este punto, es un régimen de transacción. Muchas veces, incluso en los considerandos de las sentencias del Tribunal Supremo, cuando se emplea el giro del principio de la buena fe, que domina el Código civil, este giro sólo encierra un cincuenta por ciento de verdad. Dondequiera que se establezcan requisitos formales para un negocio jurídico, queda excluida su aplicación; hay, además, gran número de normas que establecen de modo imperativo los requisitos y los efectos de un acto jurídico, sin dejar el menor margen a la consideración de si su resultado es o no fundamentalmente justo. Ya más arriba (VI, 4) hemos tenido ocasión de ver que el legislador tiene que utilizar y valorizar con habilidad las dos posibilidades con que volvemos a encontrarnos aquí. La práctica judicial no puede perder de vista esto. En un litigio jurídico muy discutido, la parte que había hecho la oferta de contrato impidió fraudulentamente que se recibiese en tiempo oportuno la aceptación; lo justo, en este caso, sería reconocer, no la existencia de un contrato, sino un deber de indemnización por acto ilícito.

El Derecho administrativo va, en muchos respectos, más allá que el Derecho civil. Su modo de proceder recuerda a veces la situación en que se desarrolla la jurisprudencia clásica de los romanos. Aquí, los artículos técnicamente elaborados de la ley no desempeñan un papel tan importante como en el Derecho penal y el Derecho civil. Queda un margen mucho mayor para enjuiciar con arreglo al criterio de la rectitud fundamental. Un ejemplo notable lo tenemos en el art. 226 del Código civil, en el llamado artículo del embrollo: “El ejercicio de un derecho -dice el citado artículo- será ilícito cuando no pueda tener más finalidad que causar un daño a otro”. Esta norma fue introducida en el Código, a última hora, por la Comisión del Reichstag. Es una norma bien intencionada, pero no responde a su finalidad última. Toda intención egoísta dirigida a obtener una ventaja fundamentalmente injusta para el propietario convierte en lícito ante el Código civil un ejercicio del derecho de propiedad que en principio sería reprobable. Así concebido, aquel artículo aparece precisamente como una norma positiva del Código civil, que, por tanto, no es aplicable sin más en el Derecho privado de los diversos países del Reich, ni mucho menos en el Derecho administrativo. Aquí, a falta de preceptos especiales del orden jurídico en un sentido general, regirá el principio que el Código civil suizo (art. 2, 2) formula, en términos generales, así: “No se protege jurídicamente el abuso manifiesto de un derecho”.

El propietario de unos terrenos de huertas fundó una colonia obrera que acabó convirtiéndose en una plaga para toda la vecindad. Los obreros de la colonia pegaban fuego a cada paso a los campos vecinos. El hortelano prendió levantar una nueva colonia en una finca grande enclavada cerca de allí, construyendo barracas de trabajo, con dormitorio y cocina para los guardias. Ante la protesta de los vecinos, el Tribunal administrativo decidió denegar la autorización para la colonia, entendiendo que el interés superior era el que asistía a los demandantes y que la colonia proyectada suponía realmente un peligro para las fincas vecinas. No es difícil reconocer en los fundamentos bien razonados que sirven de base a esta sentencia los pensamientos metódicos fundamentales tantas veces subrayados aquí. En la práctica extensa de nuestros Tribunales administrativos brillan, por regla general, acertadamente, como en este caso, los principios del Derecho justo.

3. Disensiones en el Derecho

La campaña de los Siete contra Thebas había terminado con un fracaso. Los dos hijos del desgraciado Edipo habían perecido en fraticida lucha el uno contra el otro, uno defendiendo el solar patrio, otro atacando su propia patria, en delito de alta traición. El primero fue enterrado con solemnes honras fúnebres; el cadáver del segundo quedó insepulto, como botín de las alimañas, para que, según la fe de aquellos tiempos, su alma no encontrase el descanso ni la entrada en el mundo ultraterreno. Así lo dispuso, bajo pena de muerte, Creonte, tirano de Thebas, en uso del poder jurídico que lo competía. Pero el sentimiento piadoso de Antígona, la hermana de los muertos, no podía tolerarlo. Se dirigió subrepticiamente hasta donde estaba el cadáver de su hermano y, espolvoreándolo con tierra, lo rescató de la maldición que sobre él pesaba. Antígona fue descubierta y conducida ante el tirano. ¿No conocías las órdenes del Estado? -le preguntó éste-. ¿Porqué te rebelaste contra los dictados de la ley? Sí las conocía -contestó Antígona-, pero no las considero buenas ni justas. Esos dictados son palabras perecederas del hombre, contrarias a los mandatos de los dioses que llevamos grabados en nuestro corazón. “Y estos mandatos no son de hoy ni son de ayer; no, existen desde siempre y nadie sabe cuándo empezaron a regir”.

Y así, se traba un diálogo maravilloso y se cruzan pensamientos a cuyo lado palidecen como faltos de interés esos dramas psicológicos puramente descriptivos. Frente a aquella afirmación y al criterio al que se unen también Hemón y Teiresias, Creonte invoca la majestad del Derecho estatuido. No puede haber cosa peor para un Estado que la falta de poder y la fluctuante arbitrariedad; “en cambio, allí donde reina firmemente el orden la obediencia asegura la salvación de muchos hombres; por eso es necesario defender lo que está ordenado”.

He aquí, planteado en términos de gran emoción, el conflicto entre el Derecho positivo y la idea de la justicia fundamental. Este conflicto jamás puede eludirse por completo en las cosas humanas. El legislador no puede renunciar, en muchos casos, a formular por sí mismo la norma aplicable, y en interés de la seguridad jurídica se ve obligado a hacerlo, con frecuencia, de un modo imperativo (VI, 4). Pero, por mucho que se esfuerce en acertar, sus actos llevan siempre el sello de la debilidad inherente a toda obra humana: son siempre, por fuerza, imperfectos. Y por todas partes se oyen quejas y protestas porque la aplicación de las normas técnicamente elaboradas no consigue dar en el blanco de lo justo.

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