El Nuevo “LEHENDAKARI”: Una Elección que Refresca

El cambio que se acaba de producir en el gobierno del país vasco, en España, es de una gran trascendencia. Y refresca la política, en especial por la diferente actitud que asume el nuevo mandatario.

En efecto, el Parlamento vasco ha elegido, con 39 de 75 votos, al socialista Patxi López como “Lehendakari” –Presidente– de esa comunidad, poniendo fin a la hegemonía del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que se remontaba a 1936. El escogido es el primer socialista que, a lo largo de la historia democrática de Euskadi, llega a ser investido con el máximo poder como “Lehendakari”.

López reemplaza en el cargo a Juan José Ibarretze, controvertido como pocos, quien ha dominado Euskadi en los últimos diez años, y que se candidatizó una vez más, para encontrarse con la derrota. Ante ella, el líder nacionalista pronunció un fuerte discurso contra la alianza política entre socialistas y populares, que permitió el ascenso de López, diciendo que se trataba de una “cruzada contra la identidad vasca”. Por tanto, Ibarretze anunció inmediatamente su retiro de la actividad partidista: “Aquí comencé a hacer política y aquí es donde dejo de hacerla”, manifestó ante el Parlamento después de la elección.

Por su parte, el nuevo “Lehendakari” tuvo para los vascos y para los españoles palabras conciliadoras; proclamó la necesidad de buscar la paz, enfrentándose al terrorismo; dijo inaugurar un gobierno moderado; se comprometió a eliminar de los lugares públicos la simbología y la propaganda etarra; anunció que derogará los decretos vigentes que marginan el idioma castellano en las escuelas vascas, y proscribió el terrorismo de la ETA.

El saliente y el entrante encarnan filosofías y concepciones diferentes sobre la patria, la sociedad, el gobierno y la política: el que se va profesa el nacionalismo a ultranza, y mantiene aquello que los colombianos hemos dado en llamar “inamovibles”. El que llega muestra un espíritu y un ánimo abiertos, pero es enérgico frente al terrorismo, al punto de haberse propuesto borrar a la ETA del mapa político vasco. Habrá que ver si lo consigue, pero es indudable que muestra voluntad y vigor en su decisión.

Lo que ha ocurrido, mirado desde fuera, corresponde –según pensamos– a una corrección del rumbo; a una revisión de políticas; a un pacto entre partidos para luchar de consuno contra la violencia; a la búsqueda de una regeneración en el pensamiento y en la acción gubernamental; a una nueva formulación de relaciones entre los vascos y los demás españoles.

Quedamos a la expectativa. Haremos el seguimiento de este interesante proceso, que representa a no dudarlo un acto de responsabilidad histórica de los miembros de los grandes partidos hispanos –por encima de sus diferencias ideológicas–, para procurar que se acaben las exclusiones y las posiciones extremas.

Al fin y al cabo, los partidos cumplen una función y juegan un papel que, si asumen con seriedad y buena voluntad, les permiten a veces beneficiar a sus pueblos. (Mayo 6 de 2009).

Presión Norteamericana y Falsos Positivos

Como era de esperar, en los Estados Unidos ha repercutido –y con gran fuerza– el escándalo de los “falsos positivos”, sobre cuyos oscuros orígenes los colombianos todavía no tenemos la más leve información que sea fruto de las investigaciones en curso. Como en el caso de las interceptaciones ilegales efectuadas por la Policía y por el DAS, y como en el de la “yidispolítica”, no se conocerán decisiones prontas, y cuando se conozcan serán absolutorias para todo el mundo, entronizando la impunidad.

De lo que no nos damos cuenta es de que todos estos escándalos, que los funcionarios oficiales creen o logran evaporar con unas simples declaraciones en los medios de comunicación, tienen en el exterior gran resonancia, y traen sus consecuencias, en especial en lo que toca con ayudas económicas solicitadas por Colombia con el argumento de que las requiere para luchar contra la delincuencia.

Por eso, no es de extrañar la actitud asumida en estos días por el congresista demócrata Patrick Leahy, quien preside el Comité de Apropiaciones del Senado norteamericano, en el sentido de imponer condiciones para descongelar la entrega a nuestro Gobierno de 72 millones de dólares del Plan Colombia. Un Plan sobre cuya utilidad y necesidad no se han puesto de acuerdo el Presidente Uribe y su Vicepresidente, doctor Francisco Santos.

El condicionamiento establecido por esa comisión presupuestal estadounidense consiste precisamente en que se llegue a resultados concretos en las investigaciones y actuaciones judiciales relacionadas con los crímenes de todos esos jóvenes atraídos por señuelos laborales y después asesinados para presentarlos como guerrilleros caídos en combate.

No olvidemos que Patrick Leahy no es cualquier empleado de cuarto o quinto nivel. Se trata de un respetado congresista muy conocedor de la situación colombiana –y muy crítico en relación con falencias ostensibles de nuestro sistema en cuanto a la efectividad de la protección de los derechos humanos–, y de alguien que tiene en sus manos el visto bueno indispensable para que los recursos del Plan Colombia sean finalmente descongelados y desembolsados.

Pero, según Leahy, “la entrega o no de esos fondos dependerá, en parte, de cómo el Gobierno maneje el problema de los “falsos positivos”: si se castiga a los responsables o si continúan los ataques contra aquellos que tuvieron el coraje de revelarlos”.

Lo más grave del asunto es que no se trata simplemente de una traba o dificultad transitoria, ni de una excusa para perjudicar a Colombia, sino de una exigencia, con carácter imperativo y condicionante, orientada a lograr decisiones eficaces y prontas en la materia, si Colombia quiere –como lo ha manifestado el Presidente– los recursos del Plan Colombia.

Y en esto, para que no sigamos engañándonos, hay que decir que Leahy, aunque una vez más presiona sobre nuestras autoridades lesionando la soberanía que deberíamos ejercer a plenitud, esta vez tiene razón, por cuanto todo indica que, tal como van las cosas, vamos derecho hacia la impunidad por tales crímenes, y a que las víctimas jamás sean adecuadamente resarcidas.

Y tiene razón, además, en que su actitud es necesaria para que los funcionarios competentes se despierten y obren, ya que, en nuestro territorio, a lo dicho por los colombianos sobre el tema no se le presta atención alguna. Veamos si a Patrick Leahy se lo atiende, o si Colombia prefiere renunciar al Plan Colombia, como lo sugirió Francisco Santos. (Marzo 18 de 2009).

Una Injerencia que debe Rechazarse

Han protestado por la vía diplomática los Estados Unidos, en relación con los últimos conceptos emitidos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en materia de extradición. Les molesta que no haya dictaminado favorablemente sobre la extradición de alias “Gafas”, y reclaman por el hecho de que la Corte examine ahora si la persona solicitada en extradición ya ha sido juzgada por los mismos hechos, caso en el cual la Corte aplica el principio universal del non bis in idem.

Se trata de una injerencia inaceptable en la actividad judicial que, a nombre del Estado colombiano y con base en su soberanía, atañe a la Corte Suprema de Justicia, la cual no hace nada distinto de cumplir internamente con una función: la de emitir concepto dentro de un criterio constitucional de plena autonomía. Esta no le puede ser desconocida por funcionarios colombianos, menos todavía por autoridades foráneas.

Ya la Cancillería colombiana ha debido responder a los Estados Unidos que nuestro gobierno no tolera esa clase de interferencias en las funciones propias de los tribunales nacionales. Pero, a la inversa, la Embajadora de Colombia, Carolina Barco, ha admitido que pueda haber visitas del Departamento de Justicia, para que sus funcionarios hablen con los magistrados.

Por supuesto, y con razón, el Presidente de la Corte ha expresado de manera terminante que esa Corporación no se reunirá con nadie para discutir sus conceptos.

Se trata, ni más ni menos, de hacer valer la independencia, ya ni siquiera de la Corte sino del Estado colombiano.

No se necesita estar de acuerdo con la Corte Suprema, ni con el sentido de sus decisiones, para rechazar todo intento de manipularlas, de dirigirlas, o de negociarlas, como al parecer se quiere, y ello por cuanto, aparte de los contenidos –que se pueden o no compartir, según la propia perspectiva jurídica y con el debido acatamiento–, Colombia debe manejar sus relaciones internacionales fundada ante todo en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en los principios del Derecho Internacional que ha aceptado, como lo estipula el artículo 9 de la Constitución.

Un precedente en sentido contrario es muy peligroso, en cuanto significaría, hacía el futuro, permanente sacrificio de la dignidad colombiana. (Marzo 24 de 2009)

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