La Política de la Impunidad

La idea de justicia, desde Ulpiano, guarda relación entre lo que se recibe y lo que se merece. Dar a cada uno lo suyo, según la conocida definición.

En materia penal este principio se concreta en una proporcionalidad –medida por los jueces– entre las conductas punibles de las cuales se es culpable y la aplicación de las sanciones previstas en la ley.

Con independencia del análisis jurídico, que en algún momento deberá efectuarse para establecer responsabilidades –en cuanto a la legalidad de la toma de decisiones por parte del Presidente de la República en materia de libertad de procesados y ejecución de penas–, debe discutirse si la actual política, orientada a exonerar de todo castigo a los antiguos comandantes guerrilleros –como alias “Karina”– es la más acertada y justa en el proceso de lucha de la sociedad contra el delito.

En nuestro criterio, esa política no solamente contraría los propósitos teóricos de la política gubernamental contra las FARC –porque, cuando logra la captura o la entrega de los jefes subversivos, los suelta de inmediato, haciendo estéril toda la campaña llevada a cabo durante años–, sino que desalienta muy seguramente a muchos miembros de la Fuerza Pública que han arriesgado la vida durante esa guerra, y –lo más grave– transmite a la sociedad entera un mensaje desconcertante, equívoco y peligroso.

Con tal actitud, el Ejecutivo da a entender que el crimen paga; que da lo mismo delinquir que no hacerlo, o que quizá es más productivo delinquir; que no importan cuáles ni cuántos hayan sido los delitos cometidos por aquellos a quienes se favorece –incluidos los de lesa humanidad–, si ellos saben que finalmente –en aras de cumplir promesas improvisadas–, por un gesto al final, como la entrega –voluntaria o forzada–, en especial si llevan consigo a secuestrados, se les asegura el inmediato perdón –así se llama aunque le cambien de nombre– y el total olvido de sus faltas, aparte de los generosos premios que les quiera proporcionar el mismo Estado al que combatieron.

¿Qué pueden pensar, ante esta política de la impunidad –no otro nombre corresponde al sistema implantado–, los millones de colombianos honestos que siempre han vivido de su trabajo, que han persistido en el respeto a la ley, que pagan sus impuestos y que jamás reciben del Estado estímulo alguno? (Marzo 10 de 2009)

La Emancipación del Fiscal

Aunque no dio muy buenos resultados en el caso de la elección de seis magistrados de la Corte Constitucional, se ha conformado una Alianza de la cual harán parte la Corporación “Excelencia en la Justicia”, “Transparencia por Colombia”, “Congreso Visible”, la Misión de Observación Electoral y el Instituto de Ciencia Política, con el objeto de hacer el seguimiento del proceso de elección del nuevo Fiscal General de la Nación, ya que el doctor Mario Iguarán termina su período el próximo 31 de julio.

Desde luego, sin lesionar la autonomía del Presidente de la República para elaborar la terna a que se refiere el artículo 249 de la Constitución, ni la que corresponde a la Corte Suprema de Justicia para la escogencia del Fiscal, la verificación del proceso por parte de la ciudadanía es muy importante, en especial en lo que se refiere a la necesidad de asegurar que a tan importante cargo –Dios así lo quiera– llegue un jurista estructurado e independiente, que aun habiendo sido ternado por el Jefe del Estado, sea capaz de cortar desde el principio el cordón umbilical que ha permanecido en otros casos.

El sistema colombiano, aunque plasma algunos de los componentes del sistema penal acusatorio que rige en otros países, tiene sus propias características, y una de ellas consiste en que el Fiscal General hace parte de la Rama Judicial del Poder Público, y definitivamente –en un esquema de separación funcional– no depende del Presidente de la República, ni hace parte del Gobierno.

Algún ministro dijo en el pasado que el Presidente de la época tenía derecho “…a tener su propio Fiscal”. Nada más erróneo, si consideramos el contenido y los principios de la Constitución.

Entre otras cosas, sería bueno pensar hacia el futuro en quitar al Presidente de la República la función de elaborar la terna, pues en ese aspecto se equivocaron los constituyentes, en cuanto la independencia que quisieron garantizar por un lado la eliminaron por el otro.

El Fiscal debería ser totalmente ajeno al Gobierno. No debería haber laborado con él, bajo la dirección del Presidente. Y no debería salir de una terna de origen presidencial.

Empero, como esas posibilidades existen hoy, según las reglas constitucionales vigentes, es necesario depositar la confianza en las personas de los aspirantes, todos los cuales deberían comprometerse con la sociedad a ejercer su cargo, si son elegidos, de manera autónoma, sin contraer dentro del proceso de postulación y selección compromiso alguno distinto del de cumplir la Constitución y la ley, persiguiendo el delito.

En un momento en que la mayor parte de los órganos que deberían ser independientes se encuentran en manos de lo que Ferdinand Lasalle denominó “los factores reales de poder”, y muy concretamente “controlados” por el Presidente de la República, es deseable que el próximo Fiscal General de la Nación, elegido en el curso de un proceso transparente, vigilado por la sociedad, se emancipe desde el momento mismo de su postulación. (Junio 3 de 2009).

La Amenaza Nuclear

No es extraño que el hombre fuerte de Norcorea haya resuelto alarmar o amenazar al mundo mediante un segundo ensayo nuclear, desafiando a las Naciones Unidas, y probando de paso las habilidades de Barack Obama en el campo de la política internacional y su capacidad para preservar un mínimo equilibrio entre los Estados en cuanto a posesión de armas.

En efecto, el régimen de Pyongyang –que no se caracteriza precisamente por estar abierto al diálogo, ni por acogerse a las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU– no se contentó con efectuar un experimento nuclear el 25 de mayo –con una potencia de 20 kilotones, que según Rusia equivalen al poder de la bomba atómica arrojada sobre Nagasaki en 1945–, sino que el 26 de mayo lanzó otros dos misiles, cuando ya se había producido la reacción de la comunidad internacional por el ensayo nuclear del lunes: un misil tierra–aire y otro tierra–mar en la costa este, cerca de la ciudad de Hamhung, de un alcance de 130 kilómetros.

Lo que para Norcorea fue un “exitoso ensayo”, destinado a fines pacíficos, con el objeto de “fortalecer su poder de disuasión nuclear” (Agencia Oficial de Noticias KCNA), constituyó, en criterio del Presidente norteamericano, una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, por lo cual, según sus primeras palabras al respecto, “el peligro que suponen las actividades amenazantes de Corea del Norte se merecen una acción de respuesta por parte de la comunidad internacional”. Obama estima que el desafío al Consejo de Seguridad de la ONU significa que ese país se está enfrentando directa y temerariamente a la comunidad internacional.

La reunión de urgencia del Consejo de Seguridad presidido por Rusia, por petición expresa del Japón, tuvo por propósito el estudio de nuevas medidas, que deben ser adoptadas con prontitud para frenar el afán belicoso del Gobierno norcoreano.

Inclusive China, que se había mostrado ajena al asunto, expresó que su Gobierno está “firmemente opuesto” a la prueba nuclear con la cual los gobernantes norcoreanos sorprendieron a los lideres mundiales.

El embajador ruso, Vitaly Tchurkine, manifestó, a nombre del Consejo, la condena terminante al ensayo nuclear, clasificándolo como violación evidente de la Resolución 1718 de 2006.

La irresponsabilidad de Norcorea ha salido a flote una vez más, y se une a la actitud no menos irresponsable de Irán, cuyo Presidente Mahmud Ahmadinejad ha declarado en las últimas horas que se niega a discutir con las grandes potencias (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China, Rusia y Alemania) el programa nuclear en que está empeñado, que considera como no negociable por fuera de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).

En esta materia, quienes conducen la política internacional que a todos nos compromete –particularmente Estados Unidos– están obligados a tomar conciencia de la gravedad de estas amenazas, frente a las cuales las famosas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron en Irak, y que dieron lugar a la guerra merced al engaño de Bush, se quedaron en el nivel de juegos infantiles. (Mayo 27 de 2009).

La Crisis Institucional
Aunque de los comunicados del Gobierno se infiere que en el país no pasa nada, la dura realidad indica en forma persistente que sí pasa, y que lo que pasa es muy grave: una crisis institucional de proporciones mayúsculas, que no parece tener fin, y que, por el contrario, se extiende y agudiza día por día.

Y es que, de los muchos escándalos del régimen, sobre ninguno se ha llegado al punto final. Explicaciones –las más diversas y contradictorias se dan en forma constante, pero no convencen; y como a los escándalos antiguos se unen los nuevos, los colombianos nos estamos acostumbrando a vivir en la zozobra y en las tinieblas acerca de lo que realmente acontece.

Por supuesto, el Gobierno y sus amigos todo lo minimizan y, exhibiendo gran habilidad, lo hacen ver como normal, con la eficaz ayuda de los medios de comunicación.

El asunto de las interceptaciones ilegales y el desvío de los instrumentos institucionales concebidos con propósitos distintos, hacia la persecución y el seguimiento de los magistrados, periodistas y opositores, desde un Departamento Administrativo –que, como tal, depende en forma directa del Presidente de la República– no son cosas de poca monta, ya que implican que el aparato estatal se pone al servicio de intereses oscuros. Que la autonomía de los jueces desaparece. Que se pierde la independencia profesional de los comunicadores, y que periclita la libertad política.

Mientras tanto, a “trancazos”, el Congreso aprueba la ley que convoca a un referendo para reformar la Constitución una vez más y con nombre propio, llevando al país, de nuevo, hacía otra reelección, que no producirá efecto distinto a la profundización de la crisis.

En efecto, la “parapolítica”, la “yidispolítica”, los “falsos positivos”, las interceptaciones ilegales, la inclinación de la balanza oficial para beneficio de la familia presidencial, la atomización de los partidos, la concentración del poder mediante la cooptación de todos los organismos –que deberían ser independientes–, la paquidermia de las investigaciones, las absoluciones contra evidentes, los enfrentamientos con la Corte, para mencionar algunos de los males que nos aquejan, tienen que ver con la reelección. Más que el Presidente en sí mismo, es la figura y el manejo que de ella se ha hecho, lo que ha generado la gravísima perturbación institucional por la que atravesamos.

Y todavía el Procurador se extraña de que la Corte Suprema pida una relatoría de la ONU. (Mayo 19 de 2009).

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