Las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, fueron un grupo paramilitar y terrorista que comenzó sus operaciones en Colombia el 18 de abril de 1.997 hasta el 15 de agosto de 2.006 cuando se desmovilizaron. A las AUC se les atribuyen violaciones de derechos humanos y crímenes como masacres, torturas, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado, despojo de tierras, secuestros y narcotráfico. Asimismo, a las AUC se les atribuyen cerca de 95mil asesinatos, siendo el grupo armado que más víctimas ha dejado en el conflicto armado interno en Colombia. De hecho, las Naciones Unidas, asegura que las AUC son los responsables del 80% del asesinato de los civiles dentro del conflicto armado interno. (Ver también: Historia de las FARC.)
Antecedentes de las autodefensas unidas de Colombia, AUC
Las AUC se formaron bajo una ideología anticomunista, de extrema derecha y con el objetivo de combatir a los grupos guerrilleros de las FARC, el ELN y disidencias del EPL. Así como para combatir a los movimientos políticos de izquierda y a la población civil.
Fueron activos en varias regiones del país como Antioquia, Córdoba, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Cauca, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander; Sucre, Santander, Tolima, Valle del Cauca, y en la frontera con Venezuela.
Las AUC nacieron de la unión de las Autodefensas Campesinas de Urabá, Córdoba, el Magdalena Medio y los Llanos Orientales. Grupos que a su vez estaban creados desde mediados de 1.969 con el objetivo de tener una lucha contrainsurgente dada la ola de violencia que se vivía en Colombia desde el Bogotazo.
Formación de las AUC
Este grupo guerrillero y terrorista estuvo liderado por los hermanos Carlos Castaño y Vicente Castaño, y por Salvatore Mancuso. Carlos Castaño fue asesinado el 16 de abril de 2.004, al parecer por el guardaespaldas de su hermano Vicente. A él, se le atribuyen múltiples asesinatos y masacres como el asesinato del periodista Jaime Garzón y las masacres de El Salado, Mapiripán, El Aro, Segovia, Alto Naya, entre otras.
Por su parte, Vicente Castaño, se encuentra desaparecido, aunque se presume su muerte, no es un hecho seguro. Castaño está pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico. Después de la desmovilización de las AUC, Vicente junto con Daniel Rendón alias “don Mario” fundaron el grupo narcoparamiliar las “Águilas Negras”. Con la captura de don Mario en el 2.009 desapareció, pero sus integrantes pasaron a ser parte del Clan del Golfo, antes conocido como Clan Úsuga.
Salvatore Mancuso se desmovilizó en el 2005 y el 2008 fue extraditado a Estados Unidos por tráfico de drogas y terrorismo. En el año 2.020 Mancuso cumplió su condena en USA. A Mancuso se le acusa de ser el autor como comandante de múltiples masacres y asesinatos, como el de una niña de 22 meses y en total de 75 mil crímenes en Colombia.
Financiación de las AUC
Las Autodefensas recibían financiación de diferentes fuentes, la principal era el narcotráfico, de donde se decía que provenía al menos el 70% de los ingresos. También, recibían financiación de la extorsión a empresarios pequeños y comerciantes, del contrabando, del tráfico de armas, de la apropiación ilegal de ganado y tierra agrícola.
Adicionalmente, las AUC recibieron financiación de grupos ganaderos, terratenientes, narcotraficantes y otros que operaban en las regiones donde también operaban las AUC. Y quienes además recibían amenazas de otras guerrillas.
También contaron con la financiación y colaboración de algunos miembros de las Fuerzas Militares colombianas, políticos colombianos y multinacionales como Drummond y Chiquita Brands.
Crímenes de las AUC
Al grupo terrorista de las AUC se les acusa de violación de derechos humanos y crímenes atroces como secuestros, masacres, asesinatos selectivos, torturas, desplazamiento forzado y crímenes de guerra como asesinatos fuera de combate y reclutamiento de menores.
A las AUC se les atribuye la muerte de sindicalistas, indígenas, militantes de movimientos políticos de izquierda, civiles acusados de ser colaboradores de la guerrilla, entre otros. De hecho, se les acusan de ejecutar a más de 15 mil personas y apropiarse ilegal y militarmente de al menos 6 millones de hectáreas.
Las Autodefensas eran un grupo paramilitar extremadamente cruel. Se ha revelado que practicaban la tortura como táctica para obtener información, para causar terror y para entrenar a sus militantes. Practicaron el desollamiento y el descuartizamiento con machetes y motosierras. Incluso en campos de entrenamiento llevaban campesinos vivos amarrados para la práctica del descuartizamiento. También utilizaban serpientes venenosas para matar.
En cuanto al desplazamiento forzado, a las AUC se les acusa no solo de provocar el desplazamiento de millones de personas; sino la desaparición de al menos 25 mil personas. Estas personas eran incineradas, arrojadas al río, enterradas en fosas comunes o devoradas por cocodrilos y caimanes.
Parapolítica
En Colombia existen evidencias y acusaciones en las que se relaciona a políticos y miembros de las fuerzas militares con los paramilitares. Funcionarios de gobierno de Álvaro Uribe, como el exdirector del DAS, Jorge Noguera; y varios políticos como los congresistas Jairo Merlano, Zulema Jattin, Mauricio Pimiento, Erick Morris, Mario Uribe Escobar, entre otros. En total, fueron 44 los congresistas detenidos, con orden de captura o condenados por parapolítica.
Las investigaciones señalaron que estos políticos y miembros de las fuerzas militares se habrían beneficiado obteniendo cargos públicos, debido a la acción armada y la intimidación de las AUC en la población civil. También, se tuvo evidencia de que estos políticos filtraron información para facilitar la acción de las AUC para extender su poder mediante masacres, desplazamientos, y otros. Así como también se tiene el registro de dineros desviados por políticos para la financiación de estos grupos ilegales.
Justicia y reparación para las víctimas de las AUC
Uno de los mecanismos más importantes implementados en Colombia para abordar los crímenes de las AUC es la Ley de Justicia y Paz, promulgada en 2005. Esta ley establece un marco legal para la desmovilización de grupos paramilitares y busca garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas del conflicto armado.
Ley de Justicia y Paz
Justicia: la ley permite que los excombatientes de las AUC reciban penas reducidas a cambio de confesar sus crímenes y colaborar con las autoridades. Las penas pueden variar entre 5 y 8 años de prisión, significativamente menos que las condenas tradicionales.
Verdad: los desmovilizados deben proporcionar información detallada sobre sus actividades criminales, incluidas las ubicaciones de fosas comunes y detalles sobre las redes de apoyo. Esto ayuda a esclarecer los hechos y a identificar a otros responsables.
Reparación: se busca compensar a las víctimas mediante la restitución de tierras, indemnizaciones económicas y la implementación de programas sociales. También se promueve la memoria histórica y la no repetición de los crímenes.
Casos emblemáticos y estado actual de las reparaciones
Caso de la masacre de El Salado: en febrero de 2000, miembros de las AUC llevaron a cabo una de las masacres más brutales del conflicto, asesinando a más de 60 personas en el corregimiento de El Salado, Bolívar. Este evento es uno de los más documentados y ha sido objeto de múltiples investigaciones y juicios.
Gracias a la Ley de Justicia y Paz, varios de los responsables confesaron sus crímenes, proporcionando detalles cruciales que han permitido la identificación de víctimas y la ubicación de fosas comunes. Las víctimas han recibido reparaciones económicas y apoyo para la reconstrucción de sus comunidades, aunque muchos aún luchan por la restitución completa de sus tierras y la implementación de proyectos de desarrollo sostenible.
Caso de la masacre de Mapiripán: en julio de 1997, las AUC perpetraron la masacre de Mapiripán en el departamento del Meta, asesinando a decenas de civiles. Este caso también ha sido clave en el proceso de justicia transicional.
Salvatore Mancuso, uno de los líderes de las AUC, confesó su participación en esta masacre bajo el marco de la Ley de Justicia y Paz. Esto ayudó a esclarecer los hechos y a identificar a otros involucrados. Las reparaciones para las víctimas han incluido indemnizaciones económicas y la provisión de servicios de salud mental para los sobrevivientes.
Estado actual de las reparaciones
A pesar de los avances logrados con la Ley de Justicia y Paz, el proceso de reparación ha enfrentado numerosos desafíos. La restitución de tierras, en particular, ha sido lenta y complicada debido a la persistente violencia y la presencia de nuevos grupos armados.
Según la Unidad para las Víctimas, hasta 2023, se han indemnizado económicamente a más de 1 millón de víctimas. Y, también, se han implementado programas de vivienda, salud y educación para apoyar su reintegración.
La Comisión de la Verdad, establecida como parte del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, también ha jugado un papel fundamental en la recopilación de testimonios y la promoción de la reconciliación.
