Historia de los falsos positivos en Colombia

Falsos Positivos en Colombia

Los falsos positivos en Colombia sucedieron en el marco del conflicto interno armado en Colombia, dentro del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su política de seguridad democrática. También, como parte de un programa de incentivos a los militares del Ejército Nacional para que se mejoraran los resultados contra los grupos insurgentes activos del conflicto interno en Colombia.

¿Qué fueron los falsos positivos en Colombia?

Los falsos positivos fue el nombre con el que se designó al escándalo en Colombia, en donde las fuerzas militares asesinaron a al menos 6402 civiles y los hicieron pasar por “bajas en combate” durante los años 2002 y 2009. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene registros de ejecuciones extrajudiciales desde el año 1978. Se estima, que cerca de 1500 militares estuvieron involucrados en la práctica de estos falsos positivos, con el fin de obtener algún tipo de beneficio. Ya sea una retribución económica por cada “baja” presentada, días de descanso, condecoraciones, etc.

De hecho, la JEP señala que el 78% del registro de falsos positivos en la historia se produjeron durante el periodo de gobierno de Uribe. Y, que el 66% del total de víctimas se concentraron en 10 departamentos: Antioquia, Meta, Caquetá, Cesar, Norte de Santander, Tolima, Huila, Casanare, La Guajira y Cauca. (Ver también: Masacres del Conflicto Armado Interno en Colombia)

Etapa más crítica de los falsos positivos en Colombia

Aunque se tienen registro de los falsos positivos desde el año 1978 y hasta el año 2009, la época más crítica se considera entre el 2002 y 2008. De hecho, la JEP indicó que en el año 2.008 se reportaron 792 víctimas, y en el 2009 se redujo a 122 casos.

Y es que el 2008 fue el año en el que se dio a conocer este oscuro escándalo en Colombia, cuando familiares de las víctimas denunciaron y revelaron que fueron militares los que habían asesinado a civiles para presentarlos como guerrilleros caídos en combate.

Es el caso, por ejemplo, de los 19 jóvenes desaparecidos en el año 2008 del municipio de Soacha, Cundinamarca y encontrados muertos en el municipio de Ocaña, Santander. A estos jóvenes, con promesas de empleo, los engañaron y los trasladaron, luego los vistieron con uniformes camuflados, simulando ser guerrilleros y después los asesinaron. Los uniformes presentaban muy poco uso y algunos de ellos fueron asesinados 1 día después de su desaparición. El resto entre 3 y 4 días después.

Otro caso, es el de la masacre ocurrida en la vereda San José de Apartadó, en Antioquia en el 2.007. En operación conjunta entre militares y paramilitares, asesinaron varios civiles, entre ellos tres niños. Luego culparon a las FARC-EP de los hechos, presentando testimonios falsos. (Ver también: Narcotráfico en Colombia y Carteles de Droga)

Testimonios de los mismos paramilitares involucrados permitieron conocer la verdad de estos hechos; en los que además de descuartizar y degollar a los tres niños víctimas, reconocen que esta masacre fue en venganza por la muerte de 18 soldados y 1 oficial en Mutatá, Antioquia, perpetrada por las FARC. Por este caso, Armando Gordillo, capitán del Ejército y otros 10 militares fueron juzgados y condenados.

Evidencias de los falsos positivos

Entre las mayores evidencias de los falsos positivos se encuentran las botas de caucho. En Colombia, se cree que este tipo de calzado es frecuente entre los guerrilleros. Por tal motivo, los militares además de poner camuflado a las víctimas civiles, también les ponían este tipo de botas. Sin embargo, en varios casos, las víctimas presentadas calzaban las botas en el pie contrario. Esto se consideró como evidencia por parte de las familias de los falsos positivos.

Adicionalmente, los cuerpos de las víctimas les ponían armas, en ocasiones, las víctimas que eran zurdas aparecían con las armas en la mano derecha. Esto se consideró como otra evidencia de que los “muertos en combate” no eran guerrilleros, sino civiles.

Directiva Ministerial 029 de 2.005

Se trató de la directiva, firmada por el entonces Ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, en la que se ofrecía $3.800.000 millones de pesos por cada paramilitar o guerrillero muerto. Se considera, que esta iniciativa fue la que dio lugar a los falsos positivos en Colombia; lo que propició que, no solo los militares asesinaran civiles, sino también, en operaciones conjuntas entre militares y paramilitares.

Proceso judicial y consecuencias legales del escándalo de los falsos positivos

El escándalo de los falsos positivos en Colombia desató una serie de investigaciones y procesos judiciales destinados a llevar a los responsables ante la justicia. Este es un detalle del proceso judicial y las consecuencias legales asociadas con este caso:

Investigaciones y Diligencias Iniciales

Revelación del escándalo: el caso de los falsos positivos salió a la luz pública en 2008, cuando familiares de las víctimas denunciaron que civiles fueron asesinados por militares y presentados como guerrilleros caídos en combate. Las denuncias impulsaron una serie de investigaciones por parte de organismos nacionales e internacionales.

Investigaciones preliminares: la Fiscalía General de la Nación de Colombia fue la principal institución encargada de iniciar las investigaciones. A través de diligencias de investigación, entrevistas y recopilación de pruebas, se buscaron esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. La Procuraduría General de la Nación también jugó un rol en la supervisión y la fiscalización de las investigaciones.

Juicios y Procesos Judiciales

Proceso judicial inicial: en los primeros años tras la revelación del escándalo, se llevaron a cabo procesos judiciales contra varios oficiales y soldados implicados en los falsos positivos. La justicia colombiana enfrentó desafíos significativos, incluyendo la necesidad de probar la responsabilidad de los acusados y la dificultad de obtener testimonios debido a la presión y el temor dentro de las fuerzas armadas.

Creación de la JEP: en 2016, se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como parte del acuerdo de paz con las FARC-EP. La JEP se encargó de investigar y juzgar los crímenes graves cometidos durante el conflicto armado, incluidos los falsos positivos. Este tribunal busca ofrecer justicia transicional y reparar a las víctimas, proporcionando una plataforma adicional para abordar los crímenes relacionados con los falsos positivos.

Casos de alto perfil: varios casos emblemáticos se destacaron en el proceso judicial. Entre ellos, el juicio a militares de alto rango involucrados en la implementación de políticas que incentivaron los falsos positivos. Algunos de estos casos incluyeron altos mandos del Ejército que enfrentaron cargos por homicidio, tortura y otros delitos graves.

Condenas y sanciones

Condenas penales: a lo largo de los años, varios militares han sido condenados por su participación en los falsos positivos. Las condenas han variado desde penas de prisión hasta sentencias condicionales. En algunos casos, los condenados recibieron penas severas por su implicación directa en los asesinatos y manipulaciones.

Sanciones administrativas: además de las condenas penales, se impusieron sanciones administrativas a oficiales responsables de permitir o promover las prácticas de falsos positivos. Estas sanciones incluyeron la pérdida de rango y la expulsión de las fuerzas armadas.

Reparación a víctimas: la JEP ha implementado mecanismos para reparar a las víctimas de los falsos positivos, incluyendo compensaciones económicas y programas de apoyo psicológico. Se han llevado a cabo esfuerzos para ofrecer justicia restaurativa y reconocer el sufrimiento de las familias afectadas.

Instituciones Clave

Fiscalía General de la Nación: encargada de la investigación y de llevar los casos a juicio. Se ha enfrentado a desafíos en la recopilación de pruebas y en la persecución de los responsables.

Procuraduría General de la Nación: supervisó el proceso investigativo y proporcionó apoyo en la fiscalización de las investigaciones.

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): establecida para abordar los crímenes graves del conflicto armado, incluidos los falsos positivos. Ha jugado un papel crucial en la investigación y en ofrecer justicia transicional.

Comisión de la Verdad: esta comisión también ha contribuido al esclarecimiento de la verdad sobre los falsos positivos y ha ayudado a documentar las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado.

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