El Desarrollo Jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia Sobre el Sistema Penal Acusatorio

Mauro Solarte Portilla1

EL DESARROLLO JURISPRUDENCIAL FRENTE AL sistema acusatorio que me ha correspondido tratar se hará sobre la base de indicar:

(i) la perspectiva penal constitucional de interpretación, con el fin de mostrar cómo la Corte asume el estudio de los institutos desde una visión de los límites al poder punitivo, y no de la lectura gramatical de los textos penales, y
(ii) los principales avances jurisprudenciales sobre los concretos temas que con ocasión de la implementación del nuevo sistema ha tenido ocasión de tratar.

Respecto de la perspectiva penal constitucional de interpretación, en providencia de 19 de julio de 2005 radicado 23880, la Sala señaló en esencia, que “el derecho penal es una parte del sistema penal que realiza materialmente la política criminal concebida conforme a los valores y principios constitucionales de determinado modelo de Estado”.

Esta concepción, nuclear a la hora de concebir el sistema penal, parte de la idea que asume que a cada modelo de Estado corresponde un modelo de derecho penal; por lo tanto, la política criminal de un Estado democrático y constitucional sólo puede conducir a un derecho penal limitado por el respeto a los derechos humanos, o lo que es lo mismo, a un derecho penal de orientación garantista.

En ese orden, el derecho penal sustancial tiene la finalidad de ofrecer tutela a bienes jurídicos fundamentales2, sobre la base de la necesidad de su protección y de la proporcionalidad de la respuesta cuando aquellos han sido lesionados o puestos en peligro, como elementos de una política criminal inspirada en valores y principios propios de Estados cimentados en el respeto por la dignidad humana, cuya defensa compete a los jueces en el ámbito de su autonomía jurídica y política.

Así ha de concebirse también el sistema procesal. En este sentido, el pensamiento de la Corte ha sido nítido, pues según la Sala, “aun cuando con el modelo de Estado pueden ser compatibles diversos métodos de investigación y enjuiciamiento, no puede resultar desconocido que el modelo de procesamiento es fiel reflejo del modelo de Estado, de modo que, por ejemplo, en un Estado restrictivo de garantías, el principio general es la privación de la libertad en tanto que en un modelo respetuoso de los derechos fundamentales la regla general es la libertad del individuo y no su privación, la cual sólo se adopta como medida extrema.

“Del mismo modo, sólo pueden ser concordantes con un Estado social y democrático los procedimientos que establecen mecanismos de protección para quienes intervienen en los procesos penales, garantizan la efectividad del debido proceso y el derecho de defensa, y determinan como excepción reglas acerca de la detención preventiva, como elementos nucleares de una política criminal que también tiene como propósito, alcanzar eficiencia en el servicio de la administración de justicia”3 .

Eso significa, como comprenderán, que en la elaboración del derecho penal sustancial y procesal el legislador no es omnipotente, sino que se encuentra condicionado por la barrera infranqueable de los principios y valores del Estado contenidos en la Carta Política, la filosofía sobre derechos humanos y el bloque de constitucionalidad.

Se impone, entonces, desde esta perspectiva una primera conclusión:

Como en el proceso de creación de normas penales se obedece a una postura ideológica, política y filosófica del órgano legisferante, en el momento de su aplicación a casos concretos se requiere de un proceso de interpretación, el cual, en un modelo de Estado como el nuestro, sólo resulta legítimo si se lleva a cabo a la luz del plexo axiológico en que se inspira la Carta Política.

Es decir, hay que reafirmarlo, la interpretación judicial es legítima cuando se realiza de conformidad con los postulados de que da cuenta la Constitución Política.

En este orden de ideas, la Ley 906 de 2004, que contiene el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, debe interpretarse a partir de esta perspectiva, que no significa una ruptura epistemológica con el método de trabajo del pasado – ¡ ni más faltaba que lo fuera ! – sino que representa una línea que reafirma y hace énfasis en el contenido de los valores y de los principios e indica la manera como se ciernen sobre las categorías dogmáticas del derecho penal sustancial y de los institutos del sistema procesal.

A continuación, entonces, se precisarán algunos de los temas tratados por la Corte cuyo desarrollo no necesariamente corresponde con el orden de importancia que merece de acuerdo con su peso específico en el modelo, sino que atiende más bien a un criterio cronológico.

1. Gradualidad y Favorabilidad

En este punto hay que distinguir dos aspectos: (i) el concepto de coexistencia de leyes en el tiempo por virtud de la gradualidad de la ley, y (ii) la posibilidad de aplicar el principio de favorabilidad respecto de normas que regulan un instituto que es afín a los dos sistemas.

Pues bien:

La teoría del derecho penal tradicionalmente concibió el principio de favorabilidad como asunto de sucesión de leyes en el tiempo, de manera que desde esa visión no resultaba problemática la interpretación de los principios de legalidad y de favorabilidad de la ley penal. Sin embargo, el acto legislativo número 03 de 2002 y la ley 906 de 2004, desnudaron las limitaciones de ese modelo, pues la nueva legislación asumía su vigencia y efectos no a partir del clásico sistema, sino desde la perspectiva de su vigencia gradual y por lo tanto desde la coexistencia de sistemas procesales que son incompatibles en algunos casos, pero también similares en el tratamiento de otros institutos.

Además, la situación debía deslindarse desde el marco de un concepto de favorabilidad que no tomase en cuenta la ley vigente al momento de la actuación procesal (artículo 6 de la ley 600 de 2000), sino la norma vigente al momento de los hechos (artículo 6 de la ley 906 de 2004), lo cual implicó una modificación trascendente en torno al entendimiento y alcance del principio de legalidad, explicable por la decisión del constituyente de que la nueva forma de enjuiciamiento no opere de manera inmediata sino que se verifique paulatinamente en procura de ir proveyendo a los órganos de la jurisdicción de la infraestructura que el nuevo modelo requiere.

Ahora, en materia de interpretación del principio de favorabilidad, frente a la coexistencia de sistemas de procesamiento, lo primero que se debe advertir, como desde antiguo la Corte se había encargado de definirlo, es que la tradicional distinción entre normas sustanciales y procesales en materia penal es más retórica que real, pues muchas de aparente contenido ritual tienen una gran carga o efectos de derecho sustancial, sobre las cuales opera plenamente la garantía constitucional de la favorabilidad.

Esta visión no parece hoy ofrecer mayor dificultad, pero en sus inicios sí que causó traumatismos la interpretación jurisprudencial de instituciones coexistentes, sobre todo ante el concepto de vigencia gradual de la ley, pues ésta no estaría en principio vigente sino en cuatro distritos judiciales, tal como lo dispuso el artículo 530 de la ley 906 de 2004, con fundamento en el artículo 5 del acto legislativo 03 de 20024.

Lo anterior llevó a que la Corte precisara y distinguiera entre los conceptos de existencia, validez, vigencia e implementación de la ley, señalando al respecto que “la ley existe cuando ella se introduce en el orden jurídico luego de cumplir las condiciones y requisitos para su producción; es válida cuando formal y sustancialmente respeta normas superiores que le anteceden o le sobrevienen; está vigente cuando genera o produce efectos jurídicos; y se implementa mediante “una serie ordenada de pasos, tanto jurídicos como fácticos, pretederminados por la misma norma, encaminados a lograr la materialización, en un determinado período de tiempo, de una política pública que la norma refleja”5.

Esta decisión de la Corte por supuesto no corresponde a la simple reiteración de conceptos de orden constitucional, sino a una interpretación afín con el modelo unitario de Estado (artículo 1 de la Constitución Política), desde el cual se asume que las leyes están destinadas, por regla general, a regir en todo el territorio nacional desde que se promulgan (artículo 165 idem), de manera que por eso se dijo que la ley 906 de 2004 existe.

Distinto es que algunas de sus normas, como las que perfilan institutos exclusivos del nuevo sistema de investigación y juzgamiento, requieran de su indispensable implementación, lo cual es diferente a decir que la ley 906 de 2004 no rige ni es válida en aquellas materias relacionadas con el diseño de los principios constitucionales y con instituciones que son comunes con la legislación procesal precedente6.

Conviene resaltar, en este punto, que la Corte en aras de destacar la posible compatibilidad de instituciones afines de los dos sistemas, echó mano del principio de vigencia inmediata de los derechos fundamentales y de la fuerza normativa y política de la parte dogmática de la Constitución para sentenciar de manera definitiva que “si bien corresponde al ámbito de autonomía del legislador indicar la forma como la ley ha de entrar a regir, lo que no puede hacer, ni aún acudiendo a las facultades otorgadas por el artículo 5º, del acto legislativo 02 de 2003, que modifica la parte orgánica –que no la dogmática– de la Constitución, es restringir los alcances de los derechos fundamentales de aplicación inmediata como el de favorabilidad (artículo 85), ante la coexistencia de leyes que regulan de igual manera un mismo fenómeno.

“En efecto, ‘los valores, principios y derechos constitucionales deben ser garantizados por el legislador al ejercer su función de hacer las leyes y, concretamente, al regular temas atinentes a la política criminal del Estado. En consecuencia, si el constituyente dispuso la eficacia directa de los derechos fundamentales la ley no podría establecer cosa distinta’ ”7 .

En ese orden de ideas, desde la Constitución, pero también desde la ley 906 de 2004, se precisó que en lo que respecta al principio de favorabilidad8 , la ley rige en todo el país y permite aplicar las disposiciones que regulen los mismos institutos –no todo el código–, como por ejemplo el de las medidas de aseguramiento, en cuanto ellas hacen parte con sentido restrictivo del núcleo de la política criminal del estado social y democrático de derecho.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala entendió que el lenguaje de la gradualidad no es inusual en el derecho comparado y en particular en la América Latina, tributaria de una política destinada a materializar la idea de globalización de los procedimientos (la cual se debe asumir en clave garantista), y destacó como ejemplos casos como el ecuatoriano, cuyo código señala en la “disposición final” que el código entrará a regir 18 meses después de su promulgación, salvo los derechos constitucionales de aplicación inmediata9.

Resaltó que otros, como el código procesal Peruano, no solo acogen el sistema de gradualidad (primera disposición final), sino que admiten, con fundamento en el principio de favorabilidad, la aplicación de la figura de la sentencia anticipada para los procesos en curso (numeral 4 de la primera disposición final).

En conclusión, (i) la ley 906 de 2004 puede ser aplicada con efectos retroactivos respecto de situaciones anteriores a su vigencia cobijadas por una legislación que aún se encuentra en vigor (ley 600 de 2000), y (ii) esa aplicación no debe afectar lo vertebral del sistema acusatorio, esto es, de aquellos rasgos que le son esenciales e inherentes y sin los cuales se desnaturalizarían tanto sus postulados y finalidades como su sistemática10.

A éste tema es necesario agregar, para guardar la correspondiente sindéresis en el tratamiento de la vigencia de la ley penal y para ser congruente con el sistema de favorabilidad, que los incrementos de pena contemplados en la ley 890 de 2004 no tienen aplicación por fuera del sistema acusatorio11, con lo cual se estabiliza la respuesta punitiva y se vuelve simétrica dependiendo del lugar de ejecución de la conducta y del sistema sustancial y procesal aplicable allí en donde se ejecutó el comportamiento.

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