Defensa del campo colombiano

Reproducimos el texto de la columna del expresidente Alfonso López Michelsen, que fue publicada por el diario El Tiempo el pasado 10 de noviembre.

El pacto sobre estabilidad y crecimiento es estúpido”. Así lo dijo Romano Prodi, director de la Comisión de la Unión Europea, hace una semanas, saliéndose casi de casillas, pero ¿qué palabra podría describir mejor un régimen que les aconseja a las economías en crisis aumentar los impuestos y recortar el gasto?”. Editorial de The Economist (vocero del pensamiento liberal inglés), en su edición del 26 de octubre al 2 de noviembre del 2002.

Hace algún tiempo establecíamos un paralelismo entre la reducción de costos con los cultivos transgénicos y los subsidios en dinero de los países industrializados. Algunos de ellos, como los europeos, les cierran las puertas a los transgénicos con supuestos argumentos fitosanitarios
Estamos frente a la “globalización”, cuyas implicaciones en materia agrícola son verdaderamente funestas y justifican las manifestaciones con que, periódicamente, los países subdesarrollados dan prueba de su inconformidad. Entre nosotros, la política regional (CAN) de consolidación de los aranceles con un moderado espíritu proteccionista ha puesto sobre el tapete el tema ante el cual habíamos permanecido indiferentes, salvo una minoría de especialistas.

Nuestro ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, asumiendo un liderazgo a nombre de Colombia, en la reunión de Lima, sugirió la unificación de políticas en el seno de la Comunidad Andina, revisando una situación eminentemente inequitativa y obtuvo el apoyo y la solidaridad de nuestros socios. ¡Ahí fue Troya! Tan pronto como los Estados Unidos se percataron, no sólo de que íbamos a elevar nuestros aranceles sino del hecho político de que íbamos a obrar de consuno frente al Alca, puso al rojo la situación, que llegó al extremo de amenazársenos con retirarnos los beneficios del Atpa si perseverábamos en nuestro propósito. De ahí la importancia de poner en blanco y negro el alcance de nuestro viraje.

A mediados de los ochenta, se formuló el llamado “Consenso de Washington”, promoviendo la austeridad fiscal, la privatización de las empresas estatales y la libertad de mercados, como motores del desarrollo. Ya para final de la década, los países en desarrollo prefirieron el cambio hacia la total liberación comercial. Paralelamente, en 1995, el acuerdo de agricultura de la OMC le abrió el paso a la liberación comercial y profunda de la agricultura. Coincidió este paso con el lanzamiento del Alca, Area de Libre Comercio de las Américas, que se universalizó para el 2000 con el lanzamiento de la Ronda Milenio OMC. La respuesta fue el fortalecimiento de la integración CAN, MCCA y Capricom, amén de Mercosur, Nafta y G-3.

Cabe pregunta si se liberó la agricultura en el ámbito universal, o si se trata de una nueva apariencia hábilmente manejada por los países industrializados. En efecto, productos como el banano, café, flores y otros frutos y hortalizas tropicales que se califican como “no sensibles” en los países desarrollados, mantuvieron aranceles de ingresos bajos y algunas preferencias unilaterales importantes, sin ser objeto de políticas de desarrollo ni de ayudas de ninguna clase en los países desarrollados.

Defensa del campo colombiano

no podía ser más notorio: siguen protegidos y altamente subsidiados. Un cuadro sobre la protección de los países de la OECD, revela los coeficientes de asistencia al consumidor en los casos del arroz, el azúcar, la leche, las carnes de cerdo y de bovino, el trigo, los huevos, las oleaginosas y el maíz, que, además de la protección, cuentan con barreras fitosanitarias que les impiden a otros el acceso a los mercados.

Si a lo anterior se agrega el monto de los subsidios que otorga la Unión Europea (0.95 dólares) y los Estados Unidos (0.61 dólares), esto da idea de las distorsiones a que está sometido el mercado supuestamente liberado de los productos agrícolas. ¿Podrá calificarse de mercado libre y equitativo uno en que los precios están arbitrariamente configurados por los países ricos, frente a los países pobres? Los resultados demuestran que los precios internacionales de artículos como el algodón, la carne de pollo y el azúcar blanco siguen el curso descendente que les interesa a los consumidores, con el consiguiente reflejo en los aranceles andinos que no guardan relación ninguna con el mercado que se les impone. Y si agregamos el deterioro de la tasa de cambio, en términos de dólares, para países como Colombia, la urgencia de adoptar medidas verdaderamente proteccionistas no se puede ignorar.

La política adoptada en Lima, lejos de entrañar un reto frente a los países avanzados y, especialmente, frente a los Estados Unidos, es apenas la consecuencia lógica de la situación que aquí se describe.

El sector rural, a pesar de todos los contratiempos, sigue siendo clave en el desarrollo de la economía colombiana. Contrarrestar los efectos de la política veladamente proteccionista de los países desarrollados, es casi un deber patriótico, y las consecuencias para el país de retrotraerse a la posición anterior a lo acordado en Lima, no pueden ignorarse.

El Atpa es un sistema unilateral y voluntario de concesiones hechas a países afectados por la lucha contra el narcotráfico y mal pueden desviarse de este propósito humanitario hasta convertirse en un instrumento de presión al servicio de los Estados Unidos en negociaciones comerciales.

Por otra parte, cambiar Colombia de criterio equivale a aceptar que el país prefiere una concesión unilateral incierta, al derecho permanente y no condicionado que puede llegar a adquirir en las negociaciones del Alca. Indudablemente, Colombia se vería afectada por la pérdida de confiabilidad en cumplir compromisos al reversar la decisión de Lima, tomada por consenso al tenor de disposiciones legales en el marco de la OMC. Tan graves pueden ser las consecuencias, que no es imposible que la CAN deje de proceder como un solo grupo en la negociación del Alca, debilitando así la capacidad negociadora que adquiriría con la posición erguida adoptada en Lima.

Las solas cifras demuestran la gravedad de la situación. El sector agropecuario comprende no solo los 11 millones de personas que los conforman, sino también los 6 millones de empleos que genera para el sector rural.

Bien hizo el presidente Uribe cuando escribió, de su puño y letra: “Colombia se reserva el derecho de utilizar instrumentos para garantizar precios equitativos a los productores y para corregir subsidios de terceros países”.

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