La Academia: Informe de la Visita Realizada al Departamento de La Guajira entre los días 4 y 5 de febrero de 2016

Mario Hernández-Álvarez1 y Ximena Pachón-Castrillón2

Presentación

Por solicitud del Secretario de Salud del De-partamento de La Guajira, doctor Stevenson Maru- landa, se llevó a cabo la visita de acompañamiento para el análisis de la grave situación de salud y nutrición que se ha venido registrando en esa región, en especial, en el último año. Por parte de la Academia Nacional de Medicina, asistieron los doctores Juan Mendoza Vega, Presidente, y Germán Gamarra, Secretario. Por parte de la Universidad Nacional asistieron la profesora Ximena Pachón, del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Humanas, y el profesor Mario Her- nández, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina y coordinador del Doctorado Interfacultades en Salud Pública.

A continuación, se presenta el informe de la visita por parte de quienes participamos por parte de la Universidad Nacional de Colombia, en tres secciones: una síntesis de las actividades reali- zadas seguida de las conclusiones preliminares y una propuesta de recomendaciones en varias temporalidades y líneas de acción.

Síntesis de actividades realizadas

La visita se llevó a cabo en dos momentos:

1. Sesión de presentación de informes de dife- rentes instancias de gobierno y académicas sobre la situación de salud y calidad de vida en el Departamento.
2. Visita de campo a una de las rancherías del municipio de Manaure.

Presentación de la situación de salud en el Departamento

El día jueves 4 de febrero en horas de la tarde, en el auditorio del Centro Cultural de Riohacha, se realizaron las siguientes presentaciones:

1. Mauricio Ramírez, Secretario de Planeación del Departamento: sobre la visión general de la situación demográfica, nutricional y sanitaria del Departamento.
2. Carlos Acosta Medina, Director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de La Guajira (AESEGUA): sobre la situación de la red hospitalaria pública del Departamento.
3. Nidia McDaniel, funcionaria de la Secretaría Departamental de Salud de La Guajira: a propó¬sito de la situación financiera de los hospitales públicos (ESE) del Departamento.
4. Wilder Guerra, Antropólogo y Gerente del Ban¬co de la República en Riohacha: a propósito de la cultura Wayuu en el largo plazo y en la coyuntura crítica actual.
5. Alicia Soto Contreras, referente de salud infantil de la Secretaría Departamental de Salud de La Guajira: sobre las coberturas de vacunación de la población infantil del Departamento.
6. Martha Sabino, de la División de Aseguramiento de la Secretaría Departamental de Salud de La Guajira: acerca de la situación del aseguramiento en salud en el Departamento.
7. Stevenson Marulanda, Secretario Departamental de Salud de La Guajira: sobre las potenciali-dades del Decreto 2561 de 2014, por el cual se define el modelo de aseguramiento para la población del Departamento de la Guainía y las posibilidades de su aplicación en el caso de La Guajira.

Las presentaciones de estos funcionarios permitieron formular un balance de la situación general del Departamento en materia de calidad de vida y salud, una reflexión sobre la causalidad profunda que la genera y una aproximación al estado actual del sistema de seguridad social en salud para responder a esta crisis.

Visita a la ranchería de Calatainsumana del municipio de Manaure

En la mañana del viernes 5 de febrero, se realizó un acompañamiento a la caravana que haría la entrega de alimentos y agua potable a la población de la ranchería Calatainsumana, en la sabana central del municipio de Manaure, por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UGRD) y de la Presidencia de la República, en coordinación con la Gobernación del Departamento. Esta visita permitió apreciar en terreno algunos aspectos sobre el impacto de la prolongada sequía en estas zonas del Departamento, en especial, en lo respectivo a la situación nutricional y de salud de la población. Además permitió entrar en contacto con algunos líderes de las comunidades afectadas.

Síntesis de conclusiones preliminares

Tanto los aportes de los funcionarios como la visita de campo y las conversaciones con algunos líderes de las comunidades permitieron construir una visión preliminar sobre la crítica situación por la que pasa la población maternoinfantil del Departamento y la compleja causalidad que la sustenta, con el fin de proponer un ordenamiento inicial de la acción para responder a esta crisis de manera institucional, participativa y coordinada.

La situación puede analizarse en dos grandes ámbitos: el primero es el marco general de las condiciones de vida, desde el punto de vista material, cultural, económico y político. El segundo es la respuesta del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) frente a la grave situación de salud que afronta la población.

Marco general de condiciones de vida

El Departamento de La Guajira no es homogéneo. Se reconocen tres grandes áreas entre las cuales existen profundas diferencias: la Baja Guajira, la Media Guajira y la Alta Guajira. La Baja Guajira es la más cercana a las estibaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y cuenta con condiciones físicas y económicas similares a toda la sabana vallenata, se encuentra urbanizada y tiene una cultura compartida con el del Departamento del Cesar. Allí se encuentran los municipios de: La Jagua del Pilar, Urumita, Villa Nueva, El Molino, San Juan del Cesar, Fonseca y Distracción. La Media Guajira incluye los municipios de: Dibulla, Riohacha, Hatonuevo, Albania y Barrancas y cuenta con una población con mayor capacidad económica, dotaciones urbanas mejores y recursos e instituciones estatales. La Alta Guajira constituye el área más amplia, desértica, en peor condición y con la presencia mayoritaria de la etnia Wayuu e incluye los municipios de: Maicao, Manaure y Uribia, este último con una extensión mayor a la de departamentos como Atlántico y Quindío.

En La Guajira, habitan siete etnias de las cuales la más numerosa es la Wayuu con cerca de 270.000 personas. Esta etnia habita el territorio desde antes de la conquista y vive el desierto como ninguna otra. Era reconocida antes de la República como la «Nación Guajira» por parte de los pueblos del Caribe y tenía relaciones comerciales con varios de ellos. Los wayuu han vivido en el desierto con todas las calamidades y la escasez que esto implica. Si hoy se encuentran en condiciones extremadamente precarias, se debe a los cambios profundos en el clima y en el territorio que los ha sometido a las más extremas exigencias. Entre ellas, el cambio climático y el fenómeno de El Niño que han generado un verano de tres años en la Media y la Alta Guajira y una menor disponibilidad de agua, en los últimos años, relacionada también con la decisión de la desviación del rio Ranchería y la construcción de la Represa El Cercado en la Baja Guajira. Construcción con impactos aún poco estudiados desde el punto de vista ambiental y humano en toda la región.

Si bien estas condiciones han afectado a casi toda la península, no todas las familias han sido impactadas de la misma manera. La estructura social de la etnia Wayuu consiste en familias extensas que configuran clanes matrilineales, con jerarquías y diferencias muy profundas que se conservan en el tiempo. Las castas inferiores que tradicionalmente han accedido a pocos medios hoy son las más golpeadas por la situación extrema de la sequía. De manera que, cualquier respuesta focalizada debe partir del conocimiento de esta estructura clánica y de la identificación de cuáles familias están en peor condición.

Sin duda alguna, los saberes ancestrales de los Wayuu, como lo mostró en detalle el antropólogo Wilder Guerra, permitirían recuperar prácticas relacionadas con el manejo del agua, con la agricultura en el desierto, con las alternativas pastoriles y con la mejor utilización de los beneficios del mar para construir un modelo innovador de soberanía alimentaria. Este saber está en peligro y no ha sido suficientemente considerado en la comprensión de la problemática actual.

Si tal soberanía se ha perdido y está generando desnutrición crónica y muertes en la población infantil y materna de las comunidades Wayuu, no es por supuestas negligencias y rechazos culturales de ellas a las intervenciones del Estado o de organizaciones occidentales. Por el contrario, se deriva de la conjunción de procesos que producen y reproducen la exclusión sistemática y la precariedad en el largo plazo, sin dejar oportunidad alguna para acudir a los saberes ancestrales para superarlas.

En síntesis y a partir de los aportes de la corta visita, se pueden mencionar los siguientes procesos que, en todo caso, habrá que profundizar para su comprensión:

1. Se detecta el escaso reconocimiento de la población por parte del Estado y el subregistro de los afectados en situaciones de máxima precariedad. Esto ocurre tanto por la ausencia de un censo real de la población rural de la Media y la Alta Guajira, como por la falta de registro de casos de morbimortalidad que no llegan a los servicios de salud. En la microfocalización realizada entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Gobernación, se encontró que casi todos los indicadores se duplican en la realidad respecto de la información oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y del Ministerio de Salud y Protección Social. Por ejemplo, se reporta un 55% de personas con DNT crónica en niños y niñas menores de cinco años, 14,5% de partos de bajo peso al nacer en Manaure. Eso indica la desnutrición de las madres, mortalidad infantil de 54,26x 1.000 nv en Manaure y 53,81 en Uribia, mortalidad materna de 212x 100.000 nv en promedio, la más alta del país, pero con extremos de más de 600x 100.000 nv en Manaure y en Uribia.
2. Hay ocupación del territorio en un modelo de alta dispersión de familias extensas y clanes. La Gobernación ha identificado 22.037 puntos poblados en Uribia y 7.743 en Manaure. No se trata de poblaciones, sino de puntos en los que se encuentran entre una y diez viviendas que van conformando muchas ‘rancherías’ dispersas, lo que dificulta sin duda cualquier respuesta institucional del Estado.
3. Las conexiones entre estos puntos poblados se han hecho a través de trochas consuetudinarias que constituyen una red de 26.528 km en condiciones muy precarias, de manera que en invierno son prácticamente intransitables. Esta situación dificulta la salida de las personas en situación de emergencia, tanto como la entrada de cualquier apoyo o servicio de atención oportuna.
4. Las viviendas son en su mayoría de bareque, material que sin duda es mucho más adaptado al desierto que cualquier otro, pero que debido a la extensión del tiempo de sequía, han comenzado a deshacerse, sin que se implemente todavía alternativa alguna. Esta situación ha afectado mucho más a las familias de las castas inferiores de la etnia.
5. La escasez de agua y de alimentos es estacional. En invierno se producen suficientes alimentos para la subsistencia y para el intercambio. En la coyuntura actual, se prolongó demasiado el verano. El problema de la escasez de agua se resolvía con los jagüeyes (ojos de agua) y con algunos de los 200 pozos construidos en la década del cincuenta del siglo XX, pero estas alternativas han sido superadas en la sequía actual. El gobierno nacional avanza en la recuperación de varios de estos pozos, pero según la perspectiva de los funcionarios de la Gobernación, este esfuerzo es aún insuficiente.
6. Se presenta dependencia alimentaria y comercial de la Alta Guajira respecto de la economía venezolana. Las fuentes de trabajo ligadas al comercio legal e ilegal y la diferencia de precios en los alimentos, el combustible y otros elementos entre Venezuela y Colombia habían facilitado la superación de la precariedad en la Alta Guajira. El cambio de las condiciones de ese país y el cierre de la frontera ha puesto en evidencia la falta de fuentes de trabajo, la pérdida progresiva de la soberanía alimentaria del pueblo Wayuu y la ausencia crónica del Estado colombiano. La frontera ha dividido a un pueblo que por siglos ha compartido los territorios colombiano y venezolano desde la península de La Guajira hasta el Golfo de Maracaibo, sin opción alguna de sobrevivencia.
7. La corrupción público-privada ocupa un lugar, pero no parece ser la única ni la más impor-tante explicación de la situación. Se trata de una lógica de configuración del sistema político entre sectores clientelistas de los partidos tradicionales que se disputan los recursos y las instancias de gobierno o de representación y los contratos público-privados en los que opera
el Estado desde la reforma de los años noventa. Por ese motivo se ha dejado de lado a la mayoría de la población, tanto respecto de las decisiones como de los escasos mecanismos de redistribución de la riqueza. Es posible que esta lógica sea más intensa en La Guajira, pero existe en todo el territorio nacional en mayor o menor proporción y constituye un problema estructural del sistema político y del Estado colombiano.
8. Ciertas características de la etnia Wayuu no han sido reconocidas a la hora de establecer relaciones con diferentes instancias del Estado:
• La organización social y política es descentralizada debido a que la representación se basa en la organización familiar matrilineal, pero con liderazgo patriarcal, limitado a la ranchería, la fuente de agua y el cementerio. Esto hace que no existan líderes con representación única a la hora de tomar decisiones participativas con las comunidades.
• Tiene una justicia consuetudinaria de tipo restaurativo y no punitivo, de manera que importa más el daño que resulta de una acción y su restauración, que la identificación de la intención y la imposición de cárcel u otras penas al individuo. Esta labor la lleva a cabo el palabrero, quien ejerce una autoridad fundamental para la cohesión social y la superación de conflictos.
• Tienen una forma de ocupación del territorio vinculada a las huellas de los ancestros (cronotopos). Esto hace que el ordenamiento territorial tenga una lógica relacional y temporal que responde a criterios de ‘precedencia’ de los antepasados, ‘adyacencia’ de los recursos y ‘subsistencia’ frente a la precariedad.
9. Más del 60% del territorio de La Guajira corresponde a resguardos de propiedad colectiva de comunidades indígenas. Cualquier solución que
se proponga para mejorar la productividad y la soberanía alimentaria debe contar con este hecho y asumirlo como una enorme potencialidad, más que como un obstáculo. La lógica de propiedad privada en este territorio sería contraria a la historia de sus etnias y sería más problemática que benéfica para estos pueblos.


1 Médico, Bioeticista, Doctor en Historia. Profesor del Departamento de Salud Pública, Coordinador del Doctorado Interfacultades en Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia.
2 Antropóloga, DEA en Antropología, Etnología y Etnografía. Profesora del Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia.

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