Riesgos y oportunidades de usar Fuerzas Militares en la protección del ambiente

4. Los riesgos y oportunidades de usar a las Fuerzas Militares en la protección del ambiente

Las Fuerzas Militares tienen el potencial de convertirse en un importante actor para la protección
del ambiente en situaciones de posconflicto, entre otras razones porque sus miembros son, a menudo,
los primeros en intervenir las regiones que antes eran controladas por grupos armados ilegales. La experiencia internacional muestra que su involucramiento en estrategias a favor del ambiente puede producir resultados positivos —como sucedió en India y Nicaragua— en actividades de prevención de incendios forestales, reforestación, restauración de ecosistemas, investigación científica, educación ambiental y concientización de las comunidades.

Es importante recordar que la discusión sobre el papel de las Fuerzas Militares en la protección del
ambiente tiene como telón de fondo, en muchas ocasiones, posiciones antagónicas entre quienes consideran que en las áreas de especial importancia ecológica esta protección se debe hacer “sin gente” (preservacionismo o conservatismo estricto) y quienes, por el contrario, consideran que no es posible lograr estos objetivos sin consensos con los habitantes locales. Le pude interesar: Beneficios para militares en la compra de su carro. 

Para los primeros, la única alternativa es aplicar la ley a rajatabla, aunque eso implique desalojar las poblaciones que están en estos lugares. Para los segundos, esta debe ser la última opción (última ratio) y se deben explorar primero otras alternativas. Sobre todo cuando se trate de personas con legítima confianza o derechos adquiridos, como es el caso de antiguos pobladores en condición de vulnerabilidad.

La protección del ambiente, en clave de seguridad nacional, tiende a relacionase más con una tendencia hacia el preservacionismo y el endurecimiento de las políticas, que con unas estrategias de conservación más participativas y plurales. Sin embargo, la experiencia internacional —y lo que acontece en Colombia— demuestran que no solo es difícil, sino arriesgado, propender por la protección de las áreas de especial importancia ecológica, sin tomar en cuenta a las comunidades y actores locales.

Otro de los riesgos de la militarización verde es que, cuando las Fuerzas Militares se enfrentan a la presión por mostrar resultados inmediatos, la represión puede recaer directamente en los agentes más débiles (como campesinos y otras comunidades vulnerables). En la medida en que las operaciones contra actores poderosos y redes más sofisticadas requieren de inteligencia, capacidades, tiempo y concentración de recursos. La experiencia internacional muestra que este tipo de intervenciones, antes que generar las condiciones para la protección y recuperación de estas zonas, termina generando cuestionamientos a la legitimidad del Estado.

La discusión sobre el papel de las Fuerzas Militares tiene como telón de fondo, posiciones antagónicas entre quienes consideran que en las áreas de especial
importancia ecológica esta protección se debe hacer “sin gente”, y quienes consideran que no es posible lograr estos objetivos sin consensos con los habitantes locales

Esta no es una situacióna ajena a Colombia. Desde febrero de 2020 se han venido presentando protestas
en los departamentos de Caquetá y Meta, promovidas por campesinos y líderes sociales que rechazan las acciones de la Fuerza Pública en los parques Tinigua, Sierra de La Macarena y Cordillera de los Picachos, ubicados en el Área de Manejo Especial de La Macarena. Los manifestantes se oponen a los operativos y capturas de personas que, según ellos, apenas sobreviven con los cultivos de pancoger y ganadería que tienen en las áreas protegidas, y proponen una “salida negociada” a la ocupación de los Parques Naturales⁵⁶.

Esto muestra que, si bien la expectativa es que la militarización verde contribuya a la conservación de las áreas de especial importancia ecológica mediante la judicialización de quienes cometen delitos ambientales y la disuación de otros, en la práctica esta tarea resulta muy compleja y con una efectividad limitada, especialmente cuando se hace de manera intermitente y aislada.

Aunque la intervención de los militares puede ser una opción atractiva en el corto plazo, ya que permite realizar acciones concretas que se pueden presentar a la opinión pública —como sucede con las cifras e imágenes de las capturas—, sus impactos pueden ser poco sostenibles si no se realizan dentro de una
estrategia más amplia, que incluya el fortalecimiento del aparato de justicia y la transformación de las condiciones estructurales de las comunidades que habitan los territorios a conservarse.

También se puede caer en una falla común en los sistemas de justicia penal de los países en vías de desarrollo: su concentración en los eslabones más débiles de las cadenas criminales⁵⁷.

Mientras tanto, acciones contundentes contra las organizaciones y redes más sofisticadas, que cuentan con mayores recursos, no suelen ser comunes. Si las acciones represivas recaen exclusivamente o se concentran en los campesinos y las poblaciones vulnerables, se genera un ambiente de malestar social y resistencia a las instituciones, especialmente cuando no están acompañadas por medidas sociales y alternativas económicas.

El balance costo beneficio de estas intervenciones termina siendo desfavorable para el Estado. Algunas
estimaciones señalan que en un solo despliegue en el marco de la Operación Artemisa tuvo un costo
de 800 millones de pesos, dejando como balance 17 capturas de personas que en la mayoría de los casos
fueron dejadas en libertad.

Así las cosas, es importante identificar los efectos que puede tener la intervención de las Fuerzas Militares en pro de la protección de áreas de especial importancia ecológica, con el propósito de mitigar riesgos y efectos colaterales. Y garantizar un enfoque de acción sin daño. Sin duda, su participación es relevante y necesaria, pero debe ser muy bien diseñada y formar parte de una estrategia más amplia, que involucre a la totalidad del Estado y que avance de manera gradual, generando las condiciones para la protección de la biodiversidad, sin desconocer las realidades sociales.

Fuentes:

56. Semana Sostenible (2020). Crece tensión en Meta y Caquetá por operativo en el parque Tinigua. 24 de febrero. Obtenido de: https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/continua-la-protesta-campesina-por-operativo-en-el-parque-tinigua/48763
57. En muchos países, la probabilidad de ser arrestado y condenado por delitos ambientales es muy reducida, especialmente para los eslabones con más capacidad de corrupción e intimidación. Por ejemplo, en Brasil, México, Indonesia y Filipinas, la probabilidad de que se penalice el delito de tala ilegal es inferior al 0,082%. Dentro de las explicaciones se encuentran la descoordinación institucional, la poca claridad sobre las prioridades, las limitadas capacidades y también la corrupción y la connivencia de las autoridades. Pereira Goncalves, M., Panjer, M,. Greenberg,T., Magrath, W. (2012). Justicefor Forests. Improving Criminal JusticeEfforts toCombat IllegalLogging.Washington DC:World Bank

Contenido Fuerzas Militares y la Protección del Ambiente:

1. Introducción
2. Protección del ambiente en la fase de transición ¿Cuál es el problema?
3. El uso de las Fuerzas Militares en la protección ambiental
4. La experiencia internacional: riesgos y lecciones de la “militarización verde”
5. Los riesgos y oportunidades de usar a las Fuerzas Militares en la protección del ambiente
6. Recomendaciones