Nutrición: La Obesidad un Problema Económico

La obesidad puede ser vista como un problema de salud pública, de imagen corporal o como una enfermedad de causalidad múltiple, pero es importante considerar que también podría ser un “fenómeno económico”. Muchos de estos factores se han revisado; sin embargo, se ha estudiado poco el efecto de la contribución de las políticas económicas públicas y agrícolas o el efecto del medio ambiente, tanto en la agricultura como en los alimentos.

Históricamente, las políticas públicas efectivas para el suministro de alimentos se han establecido con objetivos completamente diferentes a la promoción de la salud pública y con una deficiencia importante de políticas efectivas del lado de la demanda y su correlación como uno de los factores ambientales causantes de la obesidad [85].

Philipson [86] considera que es fundamental hacer una investigación sobre las fuerzas económicas que contribuyen a la obesidad, debido a que es una situación diferente a otras de salud. Este descuido es lamentable, pues la obesidad es un factor importante de la economía de la salud y de las finanzas públicas. Comparativamente, hay muchos más obesos que fumadores, drogadictos o pacientes con enfermedades no relacionadas con la obesidad.

Existen varias razones económicas importantes que llevan a este camino de incremento de peso y obesidad. El cambio tecnológico ha disminuido el precio real de los alimentos y el gasto calórico físico por hora, tanto en la casa como en el trabajo. Es una paradoja que, mientras que el aumento en el precio de las calorías no es significativo, sí existe un incremento importante en los valores de todo lo relacionado con dieta y ejercicio. A nivel rural, a los jornaleros se les paga un salario por un trabajo en el cual tienen que hacer ejercicio y, por ende, consumir calorías. A nivel urbano, la tecnología ha disminuido el consumo calórico y ha liberado tiempo para realizar otras actividades, generalmente sedentarias. Más aún, hay información que indica que el efecto del ingreso en la ingestión calórica en los países ricos es muy poco flexible con respecto a los ingresos.

El estadista alemán Engel (1821-1896) formuló en 1857 la ley que lleva su nombre, la cual es una teoría económica que dice que la proporción de los ingresos que se gasta en alimentos decrece en la medida que los ingresos aumentan. Esta ley no sugiere en ningún momento que el dinero gastado en alimentos disminuya con el incremento del ingreso, sino que el porcentaje del ingreso utilizado en alimentos se incrementa más lentamente que el porcentaje del ingreso.

Los estudios del United States Department of Agriculture (USDA) mostraron un hecho muy preocupante, ya que las familias con menores ingresos económicos compraban productos de menor costo y gastaban sus escasos recursos en adquirir grasas, dulces y alcohol, con el objeto de obtener suficiente energía diaria a bajo costo [87]. Se debe tener en cuenta que los consumidores seleccionan los alimentos básicamente por el sabor, el costo y la conveniencia.

La percepción de inseguridad alimentaria puede conducir a los consumidores de niveles socioeconómicos bajos a consumir alimentos con alto contenido energético, se relacionaba con el origen racial, y era mayor en las familias afroamericanas (23%) o hispanoamericanas (21%), en comparación con los hogares encabezados por personas de raza blanca (9%). Otros factores estudiados fueron: el estado civil, si eran propietarios de viviendas y su nivel educativo; resultó mayor el porcentaje en divorciados, en quienes no tenían vivienda propia y en personas con menor nivel educativo [88].Esta selección sucede por tres razones claras: la primera, porque son menos costosos; la segunda, porque estos alimentos generan mayor saciedad y por un tiempo más prolongado; y la tercera, porque la densidad calórica es mayor.

Otro de los efectos secundarios de la inseguridad alimentaria es que las mujeres que la han padecido, como mecanismo de reacción, les ofrecen a los niños porciones más pequeñas, con el objeto de anticipar épocas de escasez. Esta práctica puede alterar la autorregulación, promoviendo el deseo de los niños hacia ciertos alimentos, incrementando el consumo calórico desordenado y, finalmente, llevando a un exceso de peso [89].

La recomendación más común a la intervención pública para combatir la epidemia de la obesidad, es la educación sobre los beneficios que trae el observar una dieta y hacer ejercicio. Infortunadamente, la inversión que se hace en educar el público se ve contrarrestada por la publicidad privada dedicada a incrementar el consumo de alimentos. Por ejemplo, en 1997 el gobierno federal de los Estados Unidos gastó cerca de US$ 330 millones de dólares en educación nutricional, mientras que el gasto de la industria de alimentos en publicidad fue de US$ 7.000 millones. Únicamente la publicidad en autos fue mayor que la de alimentos [86]. La única manera en que la regulación del gobierno sería exitosa es si la industria de alimentos estuviera fuertemente motivada para lograr la reducción de la obesidad.

Los esfuerzos deben fomentar la responsabilidad corporativa y la autorregulación, yendo aún más lejos, mediante la producción y la comercialización de alimentos más sanos [90]. Una discusión importante sobre este tema es la relacionada con el papel que tienen los subsidios agropecuarios en la configuración del suministro de alimentos de un país, en sus precios y en su disponibilidad. Un caso en particular es el subsidio a la producción del jarabe de maíz rico en fructosa, utilizado para endulzar la mayoría de los refrescos, de las bebidas azucaradas y otros alimentos con elevado contenido en azúcar.

Aunque se sabe que es políticamente problemático quitar estos subsidios, es de conocimiento general que esta medida podría alterar considerablemente el entorno de los alimentos.

El diseño de políticas públicas exitosas que hagan frente a la pandemia de la obesidad a nivel social, presenta enormes desafíos a los legisladores. En primer lugar, se necesita establecer políticas estratégicas que cubran toda la población para controlar el apetito exagerado en una comunidad que se encuentra fuertemente orientada hacia la comida. En segundo lugar, hay que convencer al público escéptico de que las iniciativas sobre obesidad le corresponden al gobierno, que debe asumir el liderazgo al respecto. En tercer lugar, el lograr una implementación exitosa de estas políticas en la vida diaria depende de que la población las considere seriamente, y que sean aceptadas cultural, económica y legalmente [85].

Existe una naturaleza dinámica entre la exploración de las fronteras de las leyes para combatir la obesidad y su relación con las leyes de salud pública y el medio ambiente cultural. Se encuentran varios ejemplos históricos en los cuales las leyes generan cambios sociales. Sin embargo, es poco probable que las leyes progresistas puedan implementarse si la costumbre cultural no es lo suficientemente favorable. Por lo tanto, las políticas sobre obesidad deben aumentar progresivamente y responder a las modificaciones ideológicas y políticas, y a las condiciones económicas y de salud. Inicialmente, se han basado en la modificación de la conducta, por medio de información sobre alternativas individuales, en vez de aplicar restricciones [90].

La obesidad es uno de los mayores contribuyentes al costo total de la atención en salud, generando costos directos, indirectos y personales. Los costos directos están relacionados con la desviación de los recursos de la comunidad hacia el diagnóstico y el tratamiento de la obesidad y de sus consecuencias. Los costos indirectos se relacionan con la disminución de la productividad, por el ausentismo, las pensiones de invalidez y la muerte prematura. Los costos personales dependen del país, ya que en algunos la cobertura de los gastos del tratamiento de la obesidad es parcialmente subsidiada por el Estado. Se ha visto que los obesos tienen menores ingresos que quienes no lo son, algunos tienen menor escolaridad, menores posibilidades de contraer matrimonio y, finalmente, el entorno social y la calidad de vida se ven afectados en forma importante [91].

El gran desafío para la salud pública del siglo XXI, es la elaboración de una estrategia reguladora que se pueda amoldar según las restricciones gubernamentales, pero que evolucione de acuerdo con el conocimiento de la obesidad y su prevención. Las políticas públicas futuras para prevenir la obesidad pueden requerir cambios significativos en la oferta y la demanda de alimentos, relacionándolas con programas formativos, educativos y de motivación.

Nestle [92] formula una serie de preguntas éticas relacionadas con la adecuada selección de alimentos. Éstas se pueden dividir de acuerdo con los métodos de producción, de comercialización y de asesoramiento. Entre los métodos de producción, se cuestiona si se protegen y se preservan los recursos naturales, si se evita la contaminación del agua, el aire y la tierra, si existen incentivos apropiados para los productos agrícolas básicos y si se promueve la calidad nutricional.

Entre los métodos de comercialización, se debe cuestionar si se evita hacerla con una orientación principalmente hacia los niños, si realmente se enfatizan los productos de alta calidad nutricional, si se informa en su totalidad el contenido de los productos, si existe publicidad engañosa, o si se utilizan mecanismos de presión sobre el Estado, los periodistas o los profesionales en nutrición.

En tercer lugar, están las preguntas éticas relacionadas con los métodos de asesoría; incluyen la estimación del balance de riesgos y beneficios, y si, por lo menos, se consideran los aspectos éticos o se promueven cuando es posible. Los individuos relacionados con el tema de la nutrición, la industria alimentaria y el gobierno,deberían tener en cuenta estas consideraciones antes de tomar decisiones
pertinentes.

En Colombia, el presidente Álvaro Uribe Vélez sancionó la ley contra la obesidad (Ley 1355 de 2009) [93], la cual declara esta enfermedad como un problema de salud pública. El objetivo de esta ley es ampliar la cobertura sanitaria mediante su inclusión en el POS, iniciar la prevención en la población estimulando una alimentación balanceada y saludable, como también, promover la actividad física en los adultos y en los planteles educativos.