La Salud en Ascuas

La Salud en Ascuas

Amylkar D. Acosta M[1]
¡La salud no es negociable!

Uno de los temas más espinosos de la negociación del TLC con los EEUU, es el que hace relación con la propiedad intelectual, sobre todo en lo atinente a los medicamentos. La posición de los negociadores de los Estados Unidos en las diferentes rondas ha sido inflexible e intransigente en este acápite, como también en lo tocante con los sectores agropecuario y avícola. Las mayores tensiones y desavenencias entre los equipos negociadores de los dos países se han originado justamente en estos aspectos, al punto que las discrepancias, insalvables en ocasiones, han puesto en grave peligro la continuidad de la negociación misma. El embrollo ha sido tal, que no sólo ha dado lugar a distanciamientos entre las partes negociadoras, sino entre los gremios y el equipo negociador de Colombia, fundamentalmente debido a las vacilaciones y a la debilidad de este. Ante tales dificultades, se ha optado por dejar de lado, para el final de las negociaciones, estos asuntos, considerados por el propio gobierno como los más sensibles; por ello, han estado ausentes de las últimas rondas. Todo indica que esta es parte de la estrategia negociadora de los EEUU para, al final, poner contra las cuerdas al equipo negociador de Colombia y así poder salirse con la suya. Como lo afirma Germán Holguín, director de Misión Salud, “el aislamiento del tema de medicamentos es una estrategia de los EEUU, como mecanismo de presión al final de la negociación”[2].

La mesa correspondiente a la propiedad ha estado plagada de incidentes, frente a los cuales ha quedado muy mal parado el equipo negociador de Colombia, que ha sido errático y pusilánime. En la ronda de Lima, por ejemplo, la Jefe del equipo negociador estadounidense, Regina Vargo, vetó a Carlos Correa, uno de los negociadores por Colombia de la mesa que se ocupa de la propiedad intelectual y la respuesta de Colombia fue la de removerlo y mandarlo al “cuarto de control” donde participan altos funcionarios. Posteriormente fue retirado por parte del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Jorge H Botero, su sucesor, Luis Angel Madrid, supuestamente por haber cambiado de manera “inconsulta” el texto de la propuesta nacional, cediendo ante las presiones de los negociadores estadounidenses. Llama poderosamente la atención que dicho funcionario, aunque fue retirado de las negociaciones sigue en la plantilla del Ministerio, como también el hecho de que, en últimas su propuesta terminó siendo formalizada ante los EEUU. Esta vez chocaron entre sí los ministros de Comercio y Protección, lo cual se repetiría a raíz de la renuncia de los tres asesores técnicos del Ministerio de Protección en la mesa de negociación, por considerar que “En cuanto a los temas de propiedad intelectual relacionados con la salud, no hubo ningún avance significativo en los asuntos de interés de Colombia”[3]. Mientras el Ministro de Comercio los tildó de desleales, el Ministro de Protección se solidarizó con ellos.

La propuesta presentada oficialmente por parte del Jefe del equipo negociador colombiano, Hernando José Gómez, no dista mucho del funcionario que cayó en desgracia y simplemente fue utilizado como chivo expiatorio, la que simplemente fue calificada como un “error técnico y de procedimiento” nada más. En efecto, con la propuesta que él entregó a los negociadores de los EEUU, Colombia mantendría vigente el decreto 2085 de 2002, que otorga exclusividad a las multinacionales farmacéuticas para el uso de la información por ellas suministradas como datos de pruebas de las patentes, hasta el año 2014 y aún más allá de dicho límite. Ya sabemos que dicho decreto fue expedido bajo la presión del Congreso de los Estados Unidos, en momentos en los que se estaba tramitando la aprobación del ATPDEA[4]. Esta norma contraviene la normativa andina y se sitúa por encima de los estándares establecidos por la OMC, pero va en la dirección de las pretensiones de los Estados Unidos de obtener un plus respecto a las mismas.

Luego de que los susodichos funcionarios renunciaron por considerar que les quitaron “todo espacio para defender el interés nacional”[5], la salud en Colombia ha quedado en vilo, a merced de las ambiciones de los negociadores estadounidenses en esta materia, que no conocen límites. En primer término, está en juego un mercado muy importante como lo es el de los medicamentos, que cada año mueve US $1.400 millones; de estos US $500 millones corresponden a los genéricos, que constituyen el busilis del problema planteado. ¿Por qué? Sencillamente, por que todas las presiones de las multinacionales farmacéuticas están encaminadas a impedir que sus productos de marca tengan que vérselas con los genéricos, los cuales, no obstante tener los mismos principios activos y por ello mismo sus sustitutos perfectos, son ostensiblemente más baratos. A ello apunta su obstinada posición, tendiente a obtener de Colombia, Ecuador y Perú, el que ellos accedan a ampliar la protección para sus medicamentos, ya sea por la vía de las compensaciones por los retrasos que se originen tanto en las entidades encargadas de expedir las patentes, como aquellas que tienen por función expedir los registros sanitarias. No contento con ello, exigen que se aumente a 10 años la protección de los llamados “datos de prueba”, es decir los estudios que se exigen a los laboratorios que quieren sacar nuevos productos; al tiempo que demandan patentes para “segundos usos”, que no es otra cosa que un subterfugio para extender ad infinitum la protección de las mismas. Eso sí, rehúsan comprometerse a una lucha frontal en contra de la biopiratería que tanto afecta a los países andinos y mucho menos reconocer el aporte de los conocimientos tradicionales asociados con los medicamentos.

Se dice por parte del gobierno que “Como resultado de las negociaciones del ALCA y el TLC, los colombianos no deben esperar un encarecimiento de los medicamentos. Por el contrario, y como debe ocurrir con muchos otros productos, al haber mayor oferta y mejores condiciones de competencia, los precios de los medicamentos en general deben tender al abaratamiento, favoreciendo el acceso de todos a las medicinas que requerimos”[6]. No obstante, admite que “…no puede negarse que, si la negociación conllevase un incremento desmedido del proteccionismo a las patentes de los medicamentos, existe la posibilidad de que algunos de ellos, para tratamientos específicos, puedan encarecerse”[7]. Y ello precisamente es lo que se columbra a consecuencia de las concesiones que ha venido haciendo el equipo negociador de nuestro país y es lo que tiene en ascuas a la salud pública en Colombia, que puede llevar la peor parte en estas negociaciones. Dicha protección retarda la entrada al mercado de los medicamentos genéricos, bloqueándolos, anulando la competencia y favoreciendo a los de marca, que sólo producen las multinacionales farmacéuticas. En el caso colombiano, a guisa de ejemplo, las dos terceras partes de los medicamentos que se consumen son productos genéricos manufacturados en el país; mientras que los de marca son todos importados. Las diferencias de precios hacen que mientras los de marca representan el 62% en valores del mercado farmacéutico en Colombia, los genéricos superan el 70% en unidades consumidas.

Y es que las diferencias de precio entre unos y otros son abismales. En el caso de la Atorvastatina, por ejemplo, se puede conseguir en 12 presentaciones (caja de 10 tabletas de 10 mgr. cada una) a precios que oscilan entre $16.000 y $60.000, según que se trate de genérico o de marca. El Enalapril de 5 mg, en los EEUU cuesta 32 veces más que en Bogotá y la Fluoxetina, por su parte, cuesta 15 veces más. De prosperar las pretensiones de los EEUU, los precios de los medicamentos se nivelarían por lo alto; para intuir lo que nos depararía una mala negociación en este aspecto, basta con mirar lo que sucedió en México una vez firmó su TLC con EEUU y Canadá (NAFTA).

Es que, como lo sostiene Germán Velásquez, director del Programa Mundial de Medicamentos de la OMS, “los medicamentos genéricos son significativamente más baratos que los medicamentos patentados en régimen de monopolio”[8]. Y no estamos hablando de naderías, es que el 95% de los que clasifica la OMS como “medicamentos esenciales” pueden conseguirse en genéricos; en el caso específico de Colombia, la mayor parte de los medicamentos contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (POS) son genéricos. Por lo tanto, el impacto que tendría la restricción de estos sería devastador para los colombianos del montón y sus letales efectos no se dejarían esperar. Con la extensión de la protección a las patentes, sólo “se protegen los intereses financieros de las multinacionales farmacéuticas, en detrimento de la capacidad para enfrentar problemas de su salud pública en el mundo subdesarrollado”[9].

Claro que para el ex ministro Hommes, de tan ingrata recordación, “la industria que debe estar muy preocupada por el TLC es la de productos genéricos de los EEUU. Si el público de los EEUU se entera de que existen genéricos de calidad comparable a los de los EEUU que le van a costar una décima parte de lo que cuesta adquirirlos en ese país, van a utilizar los medios disponibles para arbitrar entre los dos mercados”[10]. Pero, si ni siquiera Canadá ha podido penetrar ese mercado, será que Colombia sí tendrá posibilidades de llegar al mismo sin las cortapisas en las que son tan ingeniosas las autoridades aduaneras y sanitarias del Tío Sam. Ello no pasa de ser una quimera, pongamos los pies en la tierra para que no nos vayamos a ir de bruces. Una sola de las exigencias de los EEUU, la de los “datos de prueba” del decreto 2085 de 2002, según estudio de la OPS, aumentaría los precios de los medicamentos en US $630 millones en el 2020; si este gasto no eleva en esa proporción, el consumo se reduciría en 26% desde el 2010. Entre tanto, la prolongación de la vigencia de las patentes, por la vía de los “segundos usos” los incrementaría en US $420 millones desde el 2025. El régimen contributivo de salud tendría un gasto adicional de US $100 millones en el 2020, mientras que en el subsidiado será de US $18 millones para el mismo año[11]. Ello se podría traducir en más de 6 millones de usuarios del sistema de salud, que quedarían posibilidades de acceder a los medicamentos, a consecuencia de semejante despropósito. Con razón Marcela Meléndez, directora del estudio realizado por Fedesarrollo al respecto, advierte que los negociadores colombianos no deben “abrir la mano y entregar más de lo que ya hay en las normas que regulan la materia”[12].

Una de las cláusulas más temidas en esta negociación, si es que a ello puede llamársele negociación, es la de “Anulación y menoscabo” propuesta por los EEUU, la cual prevé que, en el evento de que a sus empresas no se le cumplan al dedillo sus expectativas de ganancias, atribuibles a medidas gubernamentales, habría lugar a indemnizaciones a las mismas. Esta cláusula es ventajosa para los EEUU y sería una fuente permanente de controversias, las cuales al tenor del TLC serían dirimidas por tribunales internacionales en los que la capacidad de lobby de los EEUU es infinitamente mayor que la que puede tener Colombia, con las consabidas consecuencias.

Pero, bueno, el gobierno dicho que “El gobierno está dispuesto a pagar los costos políticos que impliquen las determinaciones que adopte…desde el punto de vista técnico prácticamente no hay nada qué agregar…lo que se sigue y se requiere es coraje político para tomar decisiones y asumir los costos políticos de estas”[13]. Por su parte el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, ha sido enfático en decir que “Seguramente van a llover rayos y centellas…que se venga el mundo encima…lo vamos a firmar y lo vamos a aplicar rapidito”[14]. Aunque, últimamente hemos visto al Presidente muy dubitativo, lo cual es extraño en él. Ante los fundados temores ante las consecuencias que puede acarrear la firma de un mal tratado, el Presidente Uribe se muestra vacilante. “Qué responsabilidad tan grande, pero yo no sé que es peor si no firmarlo o firmarlo mal”[15], dijo. ¡Qué dilema!

El Jefe del equipo negociador de Colombia, Hernando José Gómez, aseguró el pasado viernes que la negociación está avanzada en un 90% (¡!), pero, a renglón seguido aclaró que el 10% que falta, además de ser “lo más complejo y delicado”, como lo son el sector agropecuario y propiedad intelectual, “ese 10 por ciento es lo que más le duele a las partes”[16]. Con ellos se nos puede ir la vida, así de álgidos son. Entonces, que Dios nos tenga de su mano; por lo pronto, quienes no tragamos entero tenemos derecho a reclamar que, en la eventualidad de que el Presidente cumpla su palabra y firme semejante adefesio, el texto del TLC sea sometido a una consulta popular. Además, no deberá ser este Congreso obsecuente y genuflexo el que tramite su ratificación, sino el Congreso elegido en marzo próximo, quien contaría con un mandato fresco para acometer tan ímproba empresa. ¡No por mucho madrugar amanece más temprano!

www.amylkaracosta.com
(Material remitido por la ex ministra María Teresa de Saade)

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