Reforma a la Justicia

José Gregorio Hernández Galindo

Así como en su momento resultaroncriticables el menosprecio oficialpor el ordenamiento jurídico, laactitud pendenciera del Gobierno enrelación con los altos tribunales y sufuriosa reacción ante las providencias-todo lo cual desinstitucionalizó alpaís-, complace ahora el rumbo quehan trazado el Presidente Juan ManuelSantos y su Ministro del Interiory Justicia Germán Vargas Lleras en loque concierne a un rápido restablecimientode las relaciones armónicasentre el Ejecutivo y la Rama Judicial,lo que no debería ser noticia porcorresponder a un comportamientonormal de los servidores públicos,pero que ha adquirido tal carácteren razón de los tempestuosos antecedentesinmediatos.

Desde luego, sentada esa primeray esencial base de mutuo respeto,comienza una etapa no ciertamentefácil, en la que se ha comprometido laAdministración entrante: la reformaal sistema de justicia.

Se trata de enmiendas de la mayorurgencia, que deben concertarse entreel Gobierno, las Cortes, el Congresoy la Academia, sin dejar por fueraa los funcionarios y empleados de la Rama Judicial en todo el país, que también, con su experiencia, tienenmucho qué aportar.

Del mismo modo, las asociaciones y colegios de abogados debenparticipar, como afectados directos, en razón de los muchos problemasy obstáculos que hoy impiden a los colombianos un acceso efectivo yoportuno a la justicia.

Lo que se requiere es un vuelco total, a partir inclusive de la estructurade la Rama Judicial, y ello tiene aspectos muy complejos que no pueden serresueltos simplemente con un articulado que reforme algunos preceptosconstitucionales.

Son muchos los puntos que se requiere abordar desde la perspectivalegislativa y administrativa, y a mi juicio, asuntos como la congestión, lamorosidad, la corrupción, el formalismo… son enfermedades que no porviejas resultan menos graves, y que están haciendo metástasis. Ellas nose curan, ni se alivian, simplemente aumentando el período de los magistrados,o cambiándole el nombre a un organismo.

La reforma a la justicia no puede ser cosmética, ni superficial. Tieneque ser profunda, muy bien diseñada y ampliamente debatida, de cara ala sociedad.

El Gobierno, que había elaborado un primer proyecto después aplazadopara el año 2011, tiene la palabra, y vemos su buena intención. Con ellano basta. Es necesario construir un buen proyecto integral, o con mayorprecisión, un paquete de proyectos que comprenda lo constitucional, lolegal y lo administrativo.

 Jurisprudencia y Doctrina Obligatorias

Como el Gobierno quiere opiniones acerca de su propuesta de reformaa la justicia, ahí van algunas inquietudes.

El artículo 9 del proyecto de reforma, mediante el cual se modificaríael 209 de la Constitución, contempla que “las autoridades administrativasestán sometidas a la Constitución, al ordenamiento jurídico,a la jurisprudencia y a su propia doctrina”. A lo cual añade el textoque “la ley definirá los casos en que la propia doctrina tendrá fuerzavinculante”.

El artículo 10 del mismo proyecto, modificatorio del 230 constitucional,prevé que “los jueces en sus providencias sólo están sometidos a laConstitución, al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia” y dice que“la ley definirá los casos en que la jurisprudencia tendrá fuerza vinculantepara todas las autoridades judiciales y administrativas”.

El Gobierno, con muy buena intención, quiere evitar los vaivenes jurisprudencialesy los cambios bruscos de doctrina, que afectan la seguridadjurídica.

Pero vale la pena preguntar si mediante esa obligatoriedad jurisprudencialy doctrinal se logra el propósito buscado, o si por el contrario, ademásde petrificar el Derecho, se siembran nuevos motivos de incertidumbre yde perplejidad para los administrados.

En efecto, que una misma jurisprudencia haya sido reiterada tres ocuatro veces no garantiza que sea una buena jurisprudencia; que realicea cabalidad los postulados de la justicia y del Derecho, ni que, habiendopodido ser idónea para resolver ciertos casos en situaciones pasadas, gocede la misma idoneidad para dilucidar conflictos futuros, en épocas y concircunstancias diferentes, o dentro de un ordenamiento jurídico que puedehaber ido sufriendo mutaciones por modificación de normas aplicables opor sentencias de constitucionalidad.

Nos imaginamos que las leyes correspondientes -y ojala sea ciertolo que nos enseñaban en primer año de Derecho en el sentido de que “ellegislador es sabio”- habrán de precisar varias cosas, en el evento de seraprobada la reforma:

– Si existirán grados o jerarquías jurisprudenciales y doctrinales. Porejemplo, puede ocurrir algo que no es difícil: que una jurisprudenciade la Corte Constitucional sea contraria en su contenido a unajurisprudencia del Consejo de Estado o de la Corte Suprema de Justicia;y -todavía peor- que una doctrina de la DIAN sea contraria a una de laSuperintendencia Financiera; o que sobre el mismo punto de Derechohaya varias posiciones jurisprudenciales o doctrinales, de distintostribunales o autoridades administrativas; ¿Cuál prevalecería?
– ¿Cómo podría una autoridad administrativa evolucionar en su doctrinasi está sometida a ella?;
– ¿La Corte Constitucional podría declarar inexequible una jurisprudenciaobligatoria de otro alto tribunal, o el Consejo de Estado anular unadoctrina administrativa obligatoria por chocar con la Constitución ola ley?
– ¿Si el Presidente de la República es suprema autoridad administrativa,podría modificar o revocar la doctrina administrativa de lasautoridades subalternas?

Estas son apenas algunas de las reflexiones que el tema suscita.

Las Víctimas y la Igualdad

Un elemento primordial en lo que respecta al contenido dela Ley de Víctimas que se proyecta, a la cual se le han atravesadoalgunos con vigor digno de mejor causa, es la igualdad.Según este postulado, que se encuentra expuesto de manera contundente en el artículo 13 de la actual Constitución y en los Tratados Internacionalesde Derechos Humanos ratificados por Colombia, todaslas personas tienen derecho al mismo trato de la ley y de las autoridades,sin ninguna discriminación. En cuanto personas, todos somos iguales ydebemos ser igualmente respetados y atendidos, y los compromisos delEstado se tienen con todas las personas residentes en Colombia, no conalgunas (art. 2 C. Pol.).

Es decir, conforme al principio de igualdad, en aquéllos casos en quehay una misma situación debe preverse y aplicarse la misma solución. Silas situaciones son diversas, naturalmente las soluciones deberán serdistintas.

Ahora bien, la Constitución es clara en lo siguiente: “El Estado protegeráespecialmente a aquellas personas que por su condición económica, físicao mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta (comolas víctimas de la violencia, agrego) y sancionará los abusos o maltratosque contra ellas se cometan” (art. 13 C. Pol.).

Pero es que en materia de víctimas de la violencia, como bien loha entendido el Gobierno, no podemos discriminar entre ellas segúnquien haya sido el victimario, que es lo que pretenden los enemigosde la Ley. Según ellos, las víctimas de agentes estatales o de laFuerza Pública no deben tener los mismos derechos de las víctimasde guerrilleros y paramilitares. ¿Por qué? Allí no hay ninguna razónplausible. No son víctimas de peor familia. Tienen la misma condición ydeben recibir igual trato.

Toda distinción injustificada es odiosa, y está todavía más. Decir quelos crímenes de los agentes estatales son menos graves que los de otros,es como si aceptáramos que, por ser de agentes estatales, fueron benignoslos crímenes de la S.S. y de la Gestapo en la Alemania nazi.

En Colombia, los falsos positivos corrieron a cargo de miembros de laFuerza Pública, aunque no haya habido una política trazada oficialmentepor el Estado, y los tres niños asesinados en Tame (Arauca), al parecer pormilitares, fueron víctimas de criminales, tan criminales como los demás,o peores.

El Sentido de las Proporciones

Se imponen a veces criterios jurídicos que, cuando se van a verificar frentea la normatividad, son equivocados o al menos altamente discutibles.

Ejemplos:

– El Presidente Santos acudió al Capitolio para presentar personalmenteel proyecto de ley de reparación a las víctimas de la violencia, con elobjeto de mostrar un sincero compromiso con la iniciativa.

Como los artículos 200 y 208 de la Constitución señalan que el Gobiernopresenta al Congreso los proyectos de ley “por intermedio de losministros”, no demoraron en aparecer los críticos espontáneos para decirque se había violado la Constitución y que el Presidente no podía presentarproyectos por ser una función ministerial y porque la Carta Política enninguna parte lo faculta para el efecto.

Con el debido respeto, se equivocan quienes así razonan. Los proyectosde ley o de Acto Legislativo de origen gubernamental son presentados pormedio de los ministros pero a nombre y en representación del Gobierno,cuya cabeza es el Presidente de la República. Si los ministros tienen esaatribución, la tienen en cuanto conforman el Gobierno con el Presidente(art. 115 C.P.). Y nadie más autorizado para presentar los proyectos queel propio Jefe del Gobierno.

Poner en tela de juicio la constitucionalidad del acto por el aludidomotivo no es otra cosa que perder el sentido de las proporciones.

– También perdió el sentido de las proporciones el señor Presidente delSenado, Dr. Benedetti, cuando en una sesión reciente de la plenariapronunció un sermón digno de mejor causa contra los viceministrosque estaban presentes en el recinto y les negó la participación enel debate a nombre de los respectivos ministros, quienes se habíanexcusado de asistir.

Dijo Benedetti que asumía esa actitud en guarda “de la dignidad delCongreso”, porque quienes debían acudir eran solamente los ministros. Yagregó que éstos no podían estar acompañando al Presidente en Cartagena-en la XII Cumbre de Tuxtla- sino que los martes y miércoles debíanhallarse por completo a disposición del Congreso.

Acerca de la dignidad del Congreso, se equivoca Benedetti cuandoestima que resulta ofendida por la presencia de un viceministro. ¿Por quéno se ofendió esa dignidad -y allí de veras- cuando hace unos años en elmismo recinto fueron recibidos y hablaron los jefes paramilitares?

En cuanto al “arraigo” ministerial de martes y miércoles, no ha lugar.

Los ministros no tienen la culpa de que los congresistas trabajen apenastres días a la semana.

Y en lo relativo a la participación de los viceministros en los debates,cito el artículo 208 de la Constitución: “Los ministros (…) toman parte enlos debates directamente o por conducto de los viceministros”.

El artículo 69 de la Ley 5ª de 1992 señala que podrán ingresar alrecinto durante las sesiones entre otros, “los ministros del despacho”.Pero según la disposición constitucional citada, ellos pueden actuar “porconducto de los viceministros”. Es cuestión de interpretación armónicade las normas.

¿Fuero o  Blindaje?

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes anunciaque investigará al ex presidente Uribe por los hechos relacionados con lasllamadas “chuzadas”.

Por supuesto, nadie cree –tampoco quien esto escribe- que esa investigaciónllegue a alguna parte.

En efecto, el Presidente de la República, y los ex presidentes en relacióncon hechos ocurridos durante el ejercicio de su cargo, gozan -junto conlos magistrados de las altas corporaciones de la justicia y con el Fiscal Generalde la Nación- del fuero constitucional especial, en cuya virtud, tantopenal como disciplinariamente, sólo el Senado los puede juzgar, previaacusación de la Cámara de Representantes, la que a su vez se funda en lainvestigación que haya adelantado su Comisión de Acusaciones.

Los juicios que se tramitan en el Congreso son de naturaleza política,y el Senado no puede imponer otra pena que la destitución, o la privacióndefinitiva o suspensión en el ejercicio de los derechos políticos. Si el Senadoencuentra que la conducta respectiva merece ser juzgada penalmente,remite el proceso a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pero ala Corte no llega el asunto si no ha pasado antes por la Cámara y por elSenado, como requisito de procedibilidad, según la jurisprudencia de laCorte Constitucional, basada en el propio texto de la Carta.

Por eso, en cuanto a un Presidente de la República, lo dicho significaque prácticamente está “blindado” contra procesos. Es muy difícil –casiimposible- que alguna vez tenga que responder por delitos ante la CorteSuprema, ya que ésta no puede asumir la investigación o el juzgamientosin que antes el Senado le envíe el asunto. Y si, como ha sucedido en lasúltimas administraciones, los congresistas encargados de investigar yjuzgar son los subalternos políticos del Presidente o ex presidente, yasabemos lo que pasará.

Por ello, si vamos a emprender en serio una reforma constitucionalsobre la administración de justicia, uno de los puntos por tratar deberíaser éste: que en el Congreso se adelanten los juicios políticos, y que sededuzca allí la responsabilidad política de los aforados, pero que la CorteSuprema pueda entrar directamente, sin pasar por el Congreso -como hoylo exige la Constitución- a la investigación y el juzgamiento de lo propiamentepenal, para que posibles delitos no queden impunes.

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