Editorial: Nuestras Reflexiones

Doctrina, Conceptos y Opiniones

José Gregorio Hernández Galindo

Tratamos a continuación tres temas deactualidad que preocupan a todos los colombianosy por supuesto a quienes hemos administradojusticia:

La crisis de valores en la sociedad colombiana.

El ex consejero de Estado y actual ProcuradorGeneral de la Nación, Dr. Alejandro OrdoñezMaldonado, ha dicho en estos días algunasverdades sobre las que debemos reflexionar.

Aunque hemos discrepado de él en algunoscasos, consideramos que vale la pena examinarel asunto por él tratado.

En reciente reportaje -que debería serampliamente reproducido- el Procurador hamanifestado con razón que la sociedad colombianaestá enferma; que las causas de susmales deben buscarse en la ausencia de una
pedagogía social de los valores; y que resultanecesario volver a ellos para evitar que sigamoshacia el despeñadero.

Hay que restablecer, pues, esa pedagogía.Ella, de acuerdo con el concepto de Ordóñez,“tiene que permitir la reconstrucción del tejidosocial y eso no se logrará sino con el reconocimientode la familia como célula vital”.

Agrega el Procurador que “cuando haydisolución de la familia, se generan violenciaintrafamiliar, drogadicción, delincuencia,irrespeto a la vida”, y presenta como ejemplos –alarmantes por cierto- los suicidios de adolescentes y los cada vez másfrecuentes casos de violencia escolar.

No se puede olvidar que el Procurador General es constitucionalmentepersonero y representante de la sociedad y de sus intereses, por lo cualsu voz debe ser escuchada cuando es precisamente el bien colectivo elque está en juego.

Cuando los ciudadanos vemos atónitos que en nuestro medio hay,detrás de cada contrato estatal, un sinnúmero de corruptos al acecho;que la mafia tenía acuerdos con funcionarios de Estupefacientes; queel delito prolifera en las entidades públicas; que militares deshonran lainstitución planeando y ejecutando los llamados “falsos positivos”, o queson capaces de violar a una niña de catorce años y de asesinarla junto consus hermanitos; que una menor de cinco años es violada por su padrastrocon el consentimiento de la madre; que un profesor portador del VIHataca sexualmente a los estudiantes…, concluye necesariamente que elProcurador tiene razón: una enfermedad muy grave afecta a la comunidadcolombiana y amenaza con extenderse.

¿Para qué negarlo? Se ha perdido a la familia como primer centro deformación de la personalidad del niño. Los padres han sido sustituidos porla televisión, los computadores y el Internet. En los colegios, se ha perdidola respetabilidad del profesor. Y la sociedad en su conjunto ha cambiadoradicalmente los valores y los principios tradicionales, y ha confundidola libertad con el libertinaje.

Es necesario que la sociedad entera reflexione sobre esto y que emprendamosla difícil tarea de restablecer los valores fundamentales y de poneren práctica los principios que orientan nuestra institucionalidad.

El aborto sigue siendo delito

La Corte Constitucional considera -y así lo ha proclamado tras susentencia C-355 del 10 de mayo de 2006 en materia de aborto- que sedebe hacer pedagogía sobre el contenido y los alcances del fallo y en tornoa eso que algunos han denominado con toda impropiedad “derechoal aborto”.

La Sentencia de la Corte debe entenderse y aplicarse de conformidadcon su objeto específico: resolver, como resolvió, en torno a una demandaciudadana instaurada contra varios artículos del Código Penal.

Según la regla de competencia -artículo 241, numeral 4, de la CartaPolítica-, la Corte tenía que decidir si las disposiciones acusadas vulnerabano no los preceptos constitucionales.

Concluyó la Corporación que unas de esas normas eran inexequibles yasí lo declaró. Y resolvió que el artículo 112 del Código Penal era exequiblepero en el entendido de que, si el aborto, con la voluntad de la mujer, tienelugar en los casos directamente señalados en la providencia -violación,inseminación artificial no consentida, traslado del óvulo fecundado sinconsentimiento de la mujer, o incesto; peligro para la salud o la vida dela madre, y grave malformación del feto que haga inviable su vida-, no seconfigura el delito y por tanto no puede haber pena.

Así, pues, lo que resulta del fallo es la exclusión del carácter delictivode la conducta en las hipótesis referidas. De ninguna manera ello significaque la mujer esté obligada a practicarse o a permitir que se le practiqueel aborto. En consecuencia, una mujer violada -por ejemplo- puede, siquiere, dar a luz. Pero si quiere abortar, puede hacerlo sin que por ellodeba enfrentar una causa criminal.

Dice la Sentencia: “Lo que determina la Corte en esta oportunidad, espermitir a las mujeres que se encuentren en alguna de las situacionesexcepcionales, que puedan (…) decidir la interrupción de su embarazosin consecuencias de carácter penal, siendo imprescindible en todos loscasos su consentimiento”.

El médico, por su parte, puede oponer la objeción de conciencia. Paraél no puede haber obligación de practicar el aborto, aun en esos casos,pues está de por medio un derecho fundamental suyo reconocido en elartículo 18 de la Constitución y en los Tratados Internacionales ratificadospor Colombia sobre Derechos Humanos: nadie puede ser obligado a actuarcontra su conciencia.

Así las cosas, el aborto sigue siendo un delito. Sólo quedó despenalizadoen los aludidos casos, pero no por ello se convirtió en obligación.

Desde luego, tampoco es un derecho. Insistimos: es un delito, con lassalvedades en mención.

La legalización de la droga

Los resultados de la votación del 2 de noviembre sobre el referendoconvocado en el Estado norteamericano de California indican que losvotantes, en su mayoría, decidieron rechazar la propuesta de legalización“recreacional” de la marihuana, la conocida como Propuesta 19.

Si, como muchos proclamaban dentro y fuera de California, la iniciativaconsultada hubiese alcanzado la mayoría de votos por el “sí”, lo tendríamosahora como el primer Estado en admitir plenamente la comercialización yuso de la mencionada sustancia, lo que habría sentado un precedente yhabría dado lugar a réplicas de la propuesta 19 en otros estados.

Esa decisión popular tranquiliza en grado sumo, porque mediante ellaha quedado al menos temporalmente protegida buena parte de la población,especialmente la juventud, que habría caído muy seguramente en ladrogadicción por cuanto la venta libre del producto habría estado acompañadade publicidad y de ese pernicioso elemento que llamamos “moda”,que despersonaliza y arrastra. Y eso que en los Estados Unidos se consideranmejor preparados que nosotros para asumir esa clase de desafíos,lo que de todas maneras es discutible si se cotejan los altos niveles dedelincuencia juvenil que allá se registran –también en Colombia- comoconsecuencia del consumo de estupefacientes.

Ya, en el caso colombiano, el Presidente Santos había anunciado conrazón que si esa propuesta se aprobaba nos veríamos en la necesidad derevisar nuestra política en materia de lucha contra los narcóticos, dada lainjusticia implícita en un esquema en que Colombia habría seguido poniendolos muertos y asumiendo los riesgos inherentes a esa lucha, peroen territorio californiano habría sido autorizada la distribución de lassustancias aquí prohibidas.

Afortunadamente, esa hipótesis no se configuró, pero en cambio eltema de la legalización de las sustancias alucinógenas se ha vuelto aplantear en el país, y aunque lo planteado en California no aludía sino ala marihuana, ya hay en Colombia quienes manifiestan su deseo de quese legalicen todos esos dañinos instrumentos de alucinación.

Para los partidarios de la legalización, el prohibicionismo no ha servidopara nada, y al abrir de par en par las puertas para la distribución legal delos sicotrópicos se acaba el negocio de los narcotraficantes.

No nos apartamos de eso. Probablemente tienen razón si hablamosen términos de mercado. Pero no podemos referirnos al tema desde esepunto de vista. Queremos estudiar el fenómeno desde la perspectiva dela sociedad, de las familias y de las propias víctimas de ese comercio infame,que aunque sea legal siempre será ilícito en cuanto destructor dela persona humana.

A nuestro modo de ver, la legalización implicaría necesariamente lafacilidad de adquisición por parte de todo el mundo; la puesta y ofertade las drogas en los establecimientos de comercio; la propaganda; el estímulode la última moda; las campañas de convicción organizadas por losvendedores –“pruébela, que no pasa nada”-; el consiguiente aumento delconsumo; el ingreso de muchos nuevos jóvenes y adultos a la cofradía de ladrogadicción y la dependencia; la destrucción de más familias; la pérdidade control por las autoridades, y el incremento de los delitos cometidosbajo el nefasto influjo de los narcóticos.

El panorama que ofrece la por muchos anhelada legalización de losestupefacientes no es halagador. Y, en nuestro criterio, aunque fuera benéfica, el Estado colombiano necesitaría tener muchos elementos listos parael tránsito entre el actual orden jurídico al respecto y el que se propone.Todo indica que no estamos preparados, ni en el campo de la educación,ni el de la salud, ni en el propiamente jurídico, para hacer frente a la avalanchade los traficantes, quienes intentarán desesperadamente expandirel consumo sin que les importen los efectos sociales. A ellos sólo interesansus ganancias.

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