Estatuto Orgánico del Sistema Financiero

Toma de Posesión y Liquidación Forzosa Administrativa

G Gobierno Nacional de Colombia

Parte XI. Procedimiento para la Toma de Posesión y Liquidación de las Entidades Sometidas al Control y Vigilancia de la Superintendencia Bancaria

Capitulo I. Toma de Posesión y Liquidación Forzosa Administrativa

Artículo 290. Ámbito de Aplicación.

Por las disposiciones de esta parte se regirá el procedimiento administrativo de toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de una institución vigilada por la Superintendencia Bancaria y el adelantamiento de los respectivos procesos liquidatorios.

En los casos de toma de posesión de instituciones que tengan por objeto la realización de negocios fiduciarios. La liquidación de cada uno de los patrimonios autónomos se regirá también por las disposiciones de esta parte.

Capitulo II. Toma de Posesión

Artículo 291. Principios que Rigen la Toma de Posesión.

<Artículo modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:>

Corresponde al Presidente de la República, en ejercicio de las funciones que le otorga el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, señalar la forma como se desarrollará el proceso de toma de posesión, y en particular la forma como se procederá a liquidar los activos de la entidad, a realizar los actos necesarios para colocarla en condiciones de desarrollar su objeto social o a realizar los actos necesarios. Para obtener mejores condiciones para el pago total o parcial de las acreencias de los ahorradores, depositantes e inversionistas.

La forma y oportunidad en la cual se deben presentar los créditos o reclamaciones. Las sumas que se pueden cancelar como gastos de administración.

La forma como se reconocerán y pagarán los créditos, se decidirán las objeciones. Se restituirán los bienes que no deban formar parte de la masa. Y en general, los actos que en desarrollo de la toma de posesión se pueden o se deben realizar.

Dichas facultades las ejercerá el Presidente de la República con sujeción a los principios y criterios fijados en el artículo 46 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y a las siguientes reglas generales:

La toma de posesión sólo podrá adoptarse por las causales previstas en la ley.

La misma tendrá por objeto la protección del sistema financiero y de los depositantes y ahorradores con el fin de que puedan obtener el pago de sus acreencias con cargo a los activos de la entidad y, si es del caso, al seguro de depósito.

Las decisiones que se adopten tomarán en cuenta la posibilidad real de subsanar las causas que dieron lugar a la toma de posesión y la necesidad de evitar situaciones que pongan en juego la estabilidad del sector financiero y de la economía en general.

La decisión de toma de posesión será de cumplimiento inmediato a través del funcionario comisionado para el efecto por el Superintendente y si la misma no se puede notificar personalmente al representante legal. Se notificará por un aviso que se fijará en lugar público de las oficinas de la administración del domicilio social. El recurso de reposición no suspenderá la ejecución de la medida.

Corresponderá al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras designar al agente especial. Quien podrá ser una persona natural o jurídica. Podrá actuar tanto durante la etapa inicial. Como en la administración o liquidación y podrá contar con una junta asesora con representación de los acreedores en la forma que fije el Gobierno.

Los agentes especiales desarrollarán las actividades que les sean confiadas bajo su inmediata responsabilidad.

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras realizará el seguimiento de la actividad del agente especial. Sin perjuicio de la vigilancia de la Superintendencia Bancaria sobre la entidad objeto de administración, mientras no se decida su liquidación.

Los agentes especiales ejercerán funciones públicas transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad. Cuando sea del caso, de las reglas del derecho privado a los actos que ejecuten en nombre de la entidad objeto de la toma de posesión.

Se propiciarán mecanismos de solución que permitan la participación del sector privado.

Las medidas que se adopten podrán incluir, entre otras, la reducción de capital, la emisión y colocación de acciones sin sujeción al derecho de preferencia. La cesión de activos o pasivos, las fusiones o escisiones, el pago de créditos por medio de la entrega de derechos fiduciarios en fideicomisos en los cuales se encuentren los activos de la entidad, el pago anticipado de los títulos. La creación de mecanismos temporales de administración con o sin personería jurídica con el objeto de procurar la optimización de la gestión de los activos para responder a los pasivos. Así como cualquier otra que se considere adecuada para lograr los fines de la intervención. Igualmente. Podrán cancelarse gravámenes sobre bienes de la entidad. Sin perjuicio del privilegio del acreedor sobre el valor correspondiente.

La liquidación de los activos de la entidad, cuando sea del caso, se hará a través de mecanismos de mercado y en condiciones que permitan obtener el valor en el mismo de dichos activos.

Podrá suspenderse el proceso cuando las circunstancias así lo justifiquen, con las consecuencias que señale el Gobierno, evento en el cual el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras podrá asumir la representación de la entidad para los efectos a que haya lugar.

Deberá establecer reglas destinadas a culminar la liquidación, cuando existan activos que no han podido ser enajenados o situaciones jurídicas que no hayan podido ser definidas. Dichos mecanismos podrán incluir, entre otros. La adjudicación de los activos remanentes a los acreedores como pago de sus créditos o a los accionistas, si es del caso, o la entrega de dichos activos a una determinada entidad en la cual aquellos y estos, si es del caso, convengan.

A los procesos de toma de posesión se aplicará lo previsto en los artículos 103 y 104 de la Ley 222 de 1995 y para tal efecto se entenderá que cuando dichas disposiciones hacen referencia al concordato se refieren a la toma de posesión. El agente especial podrá poner fin a los contratos existentes al momento de la toma de posesión si los mismos no son necesarios para la administración o liquidación.

La toma de posesión y en general los procesos concursales no impedirán cumplir las operaciones realizadas por la entidad o por cuenta de ella en el mercado de valores cuando ello sea conveniente para la misma. En todo caso, la toma de posesión no impedirá a la Bolsa de Valores correspondiente hacer efectivas, conforme a las reglas que la rigen. Las garantías otorgadas para cumplir una operación en que sea parte una entidad objeto de toma de posesión.

De las reclamaciones que se presenten oportunamente se dará traslado a los interesados y sobre ellas deberá decidir el agente especial por acto administrativo que se notificará por edicto.

Se podrán establecer mecanismos para compensar con cargo a los activos de la entidad la pérdida de poder adquisitivo o los perjuicios por razón de la pérdida de rendimiento que puedan sufrir los depositantes, ahorradores o inversionistas por la falta de pago oportuno.

La acción que intenten los ahorradores, depositantes o inversionistas contra las personas que hayan realizado las conductas irregulares que dieron lugar a la toma de posesión. Con el fin de obtener la reparación de los perjuicios causados. Se sujetará a las mismas disposiciones previstas por el numeral 3 del artículo 98 de este Estatuto.

Durante todo el proceso, incluyendo la administración de la entidad o su liquidación. Podrán celebrarse acuerdos entre los acreedores y la entidad intervenida. Los cuales podrán ser aprobados por el voto favorable del cincuenta y uno por ciento (51%) de las acreencias y como mínimo de la mitad más uno de los acreedores. Incluyendo en este cómputo el valor de los depósitos en que el Fondo se haya subrogado. En los demás aspectos dichos acuerdos se sujetarán en lo pertinente a las normas del régimen concordatario.