Eduardo Lora, vinculado al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, revela en este artículo, titulado originalmente Colombia: récord en lentitud judicial, que en Colombia se necesitan 500 días para cobrar un cheque devuelto y 527 para lograr el lanzamiento de un arrendatario moroso.
Una reforma revolucionaria de la Ilustración europea en el siglo XVIII fue hacer asequiible la justicia a todos los ciudadanos para evitar que los conflictos se resolvieran con métodos privados que resultaban ineficientes y socialmente dañinos. Esta idea radical permitió el establecimiento de un Estado de Derecho, en el cual los contratos y obligaciones se cumplen con el respaldo de la justicia, y no con recurso a la intimidación o la violencia.
Pues bien, la Ilustración no ha llegado a Colombia. No hablemos de los grandes conflictos políticos ni del enfrentamiento con la guerrilla y con los paramilitares, que difícilmente podrían resolverse en las Cortes. Hablemos de los conflictos de la vida ordinaria, que ocurren en Colombia como en cualquier otro lugar del mundo. Hablemos, por ejemplo, de cobrar un cheque sin fondos, o de sacar un inquilino moroso del apartamento arrendado.
En Colombia, pasan hasta 500 días entre el momento en que un cheque es devuelto y el día en que el beneficiario puede recuperar sus fondos. Pasan 527 entre el momento en que se inicia un proceso de lanzamiento y el día en el inquilino moroso está en la calle. Esta es la duración de los casos típicos, pero en circunstancias más complejas estos plazos son sustancialmente mayores.
La duración de los procesos judiciales en Colombia es la mayor de toda América Latina, otro récord para nuestra larga lista. En promedio, la recuperación de un cheque devuelto en otros países de la región toma 263 días, y 203 el lanzamiento de un inquilino moroso.
Suele decirse que la justicia cojea, pero llega. Sin embargo, la lentitud excesiva es equivalente a no tener justicia pública, o a tenerla sólo para quienes pueden incurrir en el costo y el tiempo de los procesos. En Colombia, la justicia es lenta pero no le llega al ciudadano común.
La lentitud judicial se debe en muy buena parte al formalismo de los procesos, como se demuestra en forma rigurosa en el proyecto Lex Mundi, del que provienen estas estadísticas. En países con sistemas legales basados en el Derecho Civil Romano, como el nuestro, las exigencias de procedimiento son sustancialmente mayores que en otros sistemas, como el inglés.
Sin embargo, para el caso colombiano, el formalismo de los procedimientos es sólo parte de la explicación. De hecho, Colombia no tiene procedimientos más complejos que el promedio de los países de la región. Según las comparaciones internacionales del proyecto Lex Mundi, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Guatemala y Venezuela son mucho más formalistas. Con todo, en estos países los procesos judiciales son más rápidos, a pesar de que algunos de ellos son más pobres y dedican pocos recursos a la justicia. Por consiguiente, a nuestra tradición jurídica se suma un grave problema de ineficiencia.
Las consecuencias de una justicia inoperante no deben desestimarse. Cuando la justicia es lenta, no hay incentivos para que se cumplan los contratos privados ni para que el gobierno respete sus compromisos. En estas circunstancias, las posibilidades de negocios son menores y no es posible desarrollar un clima de cooperación entre el sector privado y el gobierno. Y en el plano social, un sistema judicial lento y engorroso, que no es asequible para el ciudadano común, es un mecanismo para perpetuar las desigualdades y la arbitrariedad, y para alimentar la frustración y el descontento
