Las Boticas en el nuevo reino de granada a finales del período colonial Parte II

Títulos de Boticarios

2. Los títulos de boticarios: entre el empirismo y la formación académica

Médicos, cirujanos, barberos y boticarios hacían parte de los oficios alusivos a la salud en el periodo de dominio hispánico. Ya una cédula real promulgada en 1535 había señalado que “[…] ninguna persona de las prohibidas por las leyes del Reino Español pueda usar, ni ejercer oficio de médico cirujano, ni botica […] si no fuere examinado en algunos de los estudios y universidades apropiadas”29. El oficio de boticario fue reglamentado posteriormente por la Real Audiencia.

Desde un comienzo, siendo conscientes de un asunto tan delicado. En la ley se nota el esfuerzo de las instancias oficiales por establecer límites y competencias específicas en cada uno de los oficios del área médica. Muchos médicos establecieron sus propias farmacias aunque sobre este particular se fijaron en un comienzo ciertas restricciones.

En el capítulo 16 de la Pragmática del Rey Felipe III se estipuló que ningún médico ni cirujano podía hacer en sus casas purgas ni medicamentos para venderlos, por ser esa una función exclusiva de los boticarios30. Asimismo, la ley era muy clara en señalar que los boticarios no podían recetar sin prescripción médica aunque en la práctica esta medida fue transgredida en reiteradas ocasiones.

En particular, el manejo de los compuestos químicos generó innumerables inconvenientes en los boticarios, muchos de ellos poco diestros en estas labores. Algunos de los que desempeñaban estos oficios eran empíricos. Lo cual obligaba a las autoridades a estrechar las medidas con el fin de garantizar unos niveles aceptables de idoneidad. Lo que estaba en juego no era de poca monta: la vida humana y la salud pública.

Era tal la comple­jidad de esta profesión, que Guillermo Maldonado Pérez los calificaba como “verdaderas instituciones sociales, mezcla de sabios, brujos y alquimistas”31.

De alguna manera, los boticarios gozaban de reconocimiento social pues realizaban una función útil a la sociedad. Para desempeñarse como boticario había que cumplir una serie de requisitos: examen ante el Tribunal del Protomedicato. Demostrar la limpieza de sangre32, conocer el latín y tener como mínimo una experiencia de cuatro años. Dado que era un ejercicio que podía resultar rentable, no fue extraño encontrar personas que hacían todo lo po­sible con tal de aparentar ser boticarios, lo cual fue una preocupación constante para las autoridades.

En Tunja, el médico don Gaspar Martínez Mi­rueño solicitó a la Real Audiencia que en la ciudad solo se permitiera tener botica a los que estaban autorizados para ello por medio de examen. Todo esto en razón a que algunas personas con escasa preparación atendían enfermos poniéndolos en grave peligro, sin ningún reato ni temor a la justicia. Curiosamente, se descubrió que el denunciante tampoco era graduado y solo se había limitado a argumentar que sus títulos se hallaban extraviados33.

Hacia 1722 en la villa de Mompós a Isidro Las­so y Belmonte se le facultó por el Real Patronato para vender de manera exclusiva las drogas de su botica a los médicos y cirujanos que trabajaban en esa jurisdicción34.

Ante el gobernador de Cartagena don Diego Tabares Caballero, se presentó en 1754 el español don Francisco Javier Sáenz solicitando licencia para ejercer el oficio de boticario. Actividad que este hombre ya había desempeñado en la ciudad de Cádiz y ahora en Cartagena. Hizo énfasis en su petición toda vez que en ese momento no existía en aquel puerto caribeño un protomédico. (Ver: Situación en el Territorio que sería el Nuevo Reino de Granada)

Dentro de los trámites:

Sáenz fue sometido a un riguroso examen ante don Joseph Pablo Mansano, visitador de boticas, don Vicente Sánchez Rode­ro, maestro de boticarios y don Bernardo Guillén Bereterrechea, profesor de medicina y cirugía.

El examen consistía en hacerle leer un manual con base en el cual debía explicar las recetas en latín y responder varias preguntas sobre los medicamentos simples35 y compuestos, sus cantidades, efectos y modos de despachar los emplastos, ungüentos y otro tipo de drogas.

Sáenz aprobó el examen al comprobársele ser “hábil bastantemente capaz e instruido en su facultad”, decisión que fue comunicada a las auto­ridades y justicias locales. De igual manera, quedó plenamente habilitado para montar una botica en esta ciudad o en otra cualquier villa de la provincia sin excederse en los precios declarados en las ta­rifas oficiales, pagando los respectivos aranceles y comprometiéndose de antemano a entregar gratis los medicamentos que necesitaran los pobres del hospital de San Lázaro.

Después de otorgado el título que lo acreditaba como boticario, Sáenz debía elevar el juramento de  rigor ante el cabildo de la ciudad. En el cual expresara su firme y devota responsabilidad de “[…] defender la Purísima Concepción de la siempre Virgen María, Madre y Señora, y usar bien y fielmente del dicho arte de boticario”36.

Por esa misma época, se presentó en dicho puerto caribeño un litigio en el que pudieron obser­varse los intereses sociales, políticos y económicos que giraron en torno al establecimiento de boticas, presentándose a veces celos y rivalidades en la competencia del negocio.

Todo comenzó cuando don Antonio Paut:

Reco­nocido asentista de productos de droguería, abrió una botica en el barrio Getsemaní y pensó inaugurar otra sucursal en la esquina de la plazuela de la cárcel. A esta pretensión se opusieron rotundamente los dueños de tres de las boticas ya existentes: don Manuel Joseph Hidalgo, don Miguel Joseph Serrano y don Francisco Vicente Miranda.

El argumento de estos tres boticarios era que la licencia de Paut era nula por cuanto había sido examinado por dos maestros suyos y, según la ley, los drogueros no podían tener boticas ni siquiera a través de un oficial examinado que las administrase. Además, el ser boticario era una profesión honorífica y Paut no satisfacía esta condición porque, aunque era reconocido como blanco español. Estaba casado con una zamba, lo cual envilecía su prestigio y posición social. Se adujo además que las boticas existentes eran más que suficientes para atender todas las necesidades de la ciudad.

Los denunciantes exigieron el cierre de la botica de Paut, a cambio de lo cual ellos se comprometieron a: mantener contactos con un boticario reconocido en la ciudad de Cádiz que se encargaría de enviar medicinas que no se consiguieran en el  Nuevo Reino o que no pudieran elaborarse por falta de instrumentos. Adelantar gestiones para lograr una rebaja en los aranceles con el fin de hacer más favorables los precios de los medicamentos, despachar de limosna todas las recetas para los pobres con lo cual quedaba descargada la ciudad de la obligación de subvenir a estos gastos y expresaron además su interés en proveer toda la medicina requerida en las escuadras y hospitales a unos precios asequibles.

Las autoridades encargadas de revisar este proceso no consideraron sólidas las ideas esgri­midas por los tres boticarios inconformes y, en consecuencia, se le permitió a Paut seguir con su negocio37.

En esa misma ciudad costera, Juan Vicente Paut, de 19 años de edad, allegó una serie de cer­tificados emitidos por el protomedicato y por dos boticarios reconocidos, en los que se daba fe de su amplia experiencia como boticario. Paut solicitó a la Real Audiencia que se hiciera una excepción con él. Otorgándole el título de boticario aun cuando no hubiese cumplido los 25 años exigidos por la ley. De nada valieron estos argumentos ni los seis años de estudio en latín y filosofía, pues al final el fiscal de turno decretó que no podía aprobarse tal excepción38.

Hacia 1762, fueron expedidos en Francia los estatutos de Versalles que establecieron algunas pautas respecto al estudio y ejercicio de la profesión, y la organización espacial de las boticas. Estas normas sirvieron de referencia e incluso alcanzaron a aplicarse en el Nuevo Reino de Granada39.

Una década más tarde, el doctor Alejandro Joseph Gastelbondo, médico aprobado por el Protomedicato, fue instado por varias personas principales de Santa Fe para que trasladara su consultorio de Cartagena a esta ciudad en vista de la escasez de médicos facul­tativos. En el corto tiempo que llevaba en Santa Fe, Gastelbondo notó la falta de muchos medicamentos básicos, siendo los pobres los más afectados. Veía entonces con suma preocupación cómo había dis­minuido el número de boticas y operarios. En razón a estas circunstancias, pidió se le permitiera tomar la tienda de botica localizada en la plaza, la cual había sido cerrada por varios inconvenientes de sus administradores.

Se comprometió:

De antemano a proveerla con vasijas, trastos y demás instrumentos, teniendo la ventaja de que contaba con variadas y frescas porciones de medicinas traídas directamente de España, con lo cual, según él, podía ofrecer un mejor servicio y competir con los demás establecimientos instalados en la capital.

Hizo énfasis en que tenía muchos medicamentos que no podían conseguirse en Santa Fe. Confesó además contar con la suficiente capacidad para elaborar compuestos con la valiosa ayuda de los productos naturales que ofrecían estas tierras y creía que no le resultaría difícil alternar su labor de médico con el oficio de boticario.

Cabe anotar que Gastelbondo había recurrido al cabildo para hacer la solicitud y no al protomédico de la ciudad don Juan Joseph Cortés, debido a algu­nas discrepancias que mantenía con este hombre.

En aras de la equidad y el servicio público, el fiscal estimó procedente concederle la licencia pero con la condición de que debía comprometerse de antemano a no presionar a ninguno de sus pacientes a que tomara los medicamentos expendidos en su botica. Se advirtió además que era indispensable visitar el establecimiento y comprobar las capacidades del asistente encargado de atender allí.

Con el objeto de imprimirle mayor sustento a la decisión final, se pidió la opinión de don Salvador Salgado, prior del convento hospital de San Juan de Dios. Este religioso aclaró que la ciudad estaba suficientemente dotada en materia farmacéutica aun en tiempos de epidemia.

Las dos boticas existentes:

Siempre se hallaban debidamente surtidas. Hizo hincapié en el hecho de que el inconveniente no era la falta de farmacias sino que había un problema social de fondo, pues muchos pobres no tenían cómo costear sus medicamentos y con la autoriza­ción de la botica de Gastelbondo podía correrse el riesgo de verse perjudicadas las ventas de las dos boticas existentes, pudiéndose dañar muchos de los medicamentos.

Le parecía a Salgado útil que cada año se realizaran visitas para hacer seguimiento al proceso de elaboración de los remedios y que además se estipularan unas tarifas moderadas de conformidad con los costos y riesgos del transporte y la vigencia de cada compuesto. Finalmente, se acordó que Gastelbondo podía abrir su negocio siempre y cuando acatara las recomendaciones hechas40.

El 12 de mayo de 1797, el virrey José de Ezpe­leta recibió una cédula real en la cual se impartieron instrucciones para castigar con severidad a quienes ejercieran las profesiones de medicina, cirugía y farmacia sin contar con el título que los acreditara. La multa era de 50 pesos por la primera vez. Por la segunda 100 pesos y destierro a veinte leguas, y si volvía a reincidir era desterrado por el término de seis años a un presidio de África41.

La mirada inquisidora también se concentró en los médicos de dudosa reputación. En 1790 don Sebastián José López Ruiz denunció ante la Real Audiencia el abuso de algunos “charlatanes” y curanderos que estaban atendiendo pacientes sin contar con el certificado de médicos o cirujanos, lo  cual iba en flagrante contradicción con la ley.

Ante esta situación

El Rey recordó la pena vigente que multaba con 6.000 maravedíes a quienes cometieran tal delito la primera vez y el doble de este monto y destierro para los reincidentes.

La tendencia mos­traba que, aun con estas multas, seguía todavía esa práctica ilícita e incluso se sabía de algunos casos en los que los falsos médicos perseguían y amenazaban a los delatores. Se hizo un llamado especial a la población para que no fuera indiferente frente a esta anomalía y denunciara a aquellos defraudadores como impostores ante los jueces y tribunales42.

2.1. El caso del boticario don Miguel Ávila

A continuación, será expuesto un estudio de caso en el que puede advertirse el dispendioso y complejo proceso para obtener la licencia de boti­cario. Don Miguel Ávila solicitó en 1793 en Santa Fe este título tras argüir que tenía la suficiente ins­trucción para desempeñar de manera independiente esta tarea.

En vista de que la ciudad carecía en ese momento de Protomedicato, habían quedado por tanto “refundidas” las funciones de esta instancia en el cabildo. Por consiguiente, suplicó a este cuerpo capitular que se le permitiese realizar el examen correspondiente. Hizo énfasis en el beneficio pú­blico de su petición en vista de que en el momento existían tres boticas en la ciudad y recientemente se le había reprobado el examen al aspirante Juan Pulgar, religioso del Convento de Predicadores.

El concepto del procurador general conminó a Ávila a presentar algunos testimonios que certificaran su experiencia. En los cuales debía especificarse “[…] el tiempo que ha asistido en su botica, si ha sido en calidad de practicante, si ha demostrado  aplicación y si ha adquirido conocimientos”43.

El boticario don Antonio Garraes certificó que Ávila llevaba seis años trabajando como practicante en su establecimiento y que contaba con sobrada ha­bilidad y experiencia para realizar el oficio, elaborar compuestos y despachar recetas.

El cabildo procedió entonces a nombrar a Miguel de Isla, médico del hospital, y al boticario Joaquín Bohórquez como examinadores y, adicionalmente, se designaron dos diputados a manera de testigos: el alcalde ordinario de primer voto y el alcalde mayor provincial don Antonio Nariño44. El 22 de octubre se reunieron en la sala del ayuntamiento en donde el aspirante respondió algunas preguntas de carácter teórico y posteriormente pasaron a la botica del hospital a concluir el examen con ejercicios prác­ticos.

Los evaluadores dictaminaron que Ávila se hallaba:

“Medianamente instruido en dicho arte” y que podía encargarse del despacho en la botica siempre y cuando tuviera por espacio de un año el acompañamiento de un boticario certificado a quien pudiera elevar cualquier consulta. Esta prevención se hizo “para mayor seguridad en el ejercicio de una profesión tan arriesgada a perjudicar la salud pública”.

Ante algunas reservas proferidas por el cabil­do, se propuso mejor como requisito previo que una comisión de médicos y boticarios visitara la botica que se pensaba abrir y que además el inte­resado presentara una lista completa de todos los medicamentos que serían allí ofrecidos para que fueran debidamente certificados y revisados por una comisión de expertos.

Finalmente, con base en todos los anteceden­tes y opiniones, la Real Audiencia determinó que  para mayor seguridad Ávila debía pasar a la botica de San Juan de Dios “a acabar de instruirse en la farmacopea” por espacio de un año, después de lo cual, quedaba facultado para abrir las puertas de su establecimiento.

Ávila cumplió con el año de práctica pero al parecer esto no tranquilizó del todo a las autorida­des, ya que el fiscal decidió el 1º de agosto de 1795 nombrar al célebre científico don José Celestino Mutis45 para que en calidad de protomédico y, de conformidad con la ley 6ª, título 6º, libro 5º de las leyes municipales46, procediera a examinar si efectivamente Ávila estaba apto para desempeñar sus funciones.

Mutis:

En consenso con dos expertos, dicta­minó que las autoridades podían franquearle a Ávila el respectivo título de oficial de botica con la condición de que no podía abrir su propio local sin que fuera primero visitado. Debiendo presentarse de nuevo a exámenes al cabo de dos años para evaluar sus progresos en la aplicación y manejo práctico de acuerdo a los libros instructivos que el grupo de examinadores le habían entregado para el efecto. Solo después de haberse verificado todo esto, finalmente podía otorgársele el título de maestro boticario.

Vale la pena insertar aquí apartes del concepto emitido por Mutis, en el cual se pone de presente la importancia de la profesionalización del oficio y el desfase entre los avances científicos registrados  en los países europeos y los vacíos y escasas po­sibilidades que se daban en este lado del Atlántico:

[…] El pretendiente se halla medianamente versado en la práctica de aquella parte de la farmacia llamada galénica, que es la más interesante y casi la única necesaria en las boticas de América, donde está introducida por necesidad y costumbre, como imposibi­litado el recurso de instrumentos costosos para las operaciones químicas, el surtimiento de los medicamentos de este último ramo, haciéndolos venir de Europa juntamente con las drogas simples. Atendidas pues todas las circunstancias del actual estado de la medicina sencilla, la falta de medios en el común de las gentes para soportar los remedios costosos y la escasez de mancebos boticarios, en quienes se vaya propagando siquiera unos conocimientos medianos de esta profesión en beneficio del público por no esperar a que falten los actuales maestros y quedar la ciudad expuesta a la contingencia de los intrusos advenedizos, parece conveniente que V. Exc. se sirva mandar que se franquee licencia […] Si en las presentes circunstancias nos hemos conducido por la necesidad de alguna indulgen­cia ha sido ciertamente combinando la equidad con la justicia, y con la principal mira de hacer útil al público un sujeto que si hubiera tenido las proporciones de las escuelas de Europa, no sería entonces acreedor a esta graciable habilitación para que no abandone su carrera47
3. Las visitas oficiales

Por orden del gobierno peninsular, las visitas se instituyeron en América desde el siglo XVI con el fin de establecer controles al funcionamiento de las boticas. En estas diligencias había que comprobar que estos establecimientos estuvieran al frente de boticarios experimentados y que los medicamentos allí ofrecidos contaran con las calidades óptimas de calidad, almacenamiento y elaboración son pena de severas sanciones48.

El órgano encargado de realizar esta misión era el Real Protomedicato49 que, además de vigi­lar a los boticarios, se encargaba de examinar el desempeño de los médicos, cirujanos, barberos y parteras, entre otros. Hacia 1589 fue instaurada esta instancia de control en tierras neogranadinas.

Particularmente, durante el marco de la dinastía borbónica en el siglo XVIII, se observó una mayor preocupación por la salud y la higiene50 bajo una concepción ilustrada en donde la salud era vista como un problema colectivo.

No obstante, los documentos consultados indican que en estos dominios hispanoamericanos existió una mayor relajación en los controles, en com­paración con lo observado en la sede del Imperio51. Desde luego, las labores de fiscalización incluían la verificación del estado de los medicamentos tanto locales como importados.

En las boticas adscritas a los conventos eran las mismas autoridades de esas comunidades religiosas las encargadas de ejercer una vigilancia previa aunque no siempre con la máxima rigurosidad.

El Real Protomedicato contaba entre sus fun­cionarios con un visitador de boticas. La inspección no era solo de carácter científico sino que también incluyó algunos representantes del poder político local, particularmente en el propósito de garantizar que no existieran factores que pudieran alterar la salud pública.

Hacia 1807:

El alcalde de Santa Fe acusó al médico Jaime Serra por tener su botica en la plaza al lado de una chichería, ambos locales conectados por una pequeña ventanilla, lo cual representaba un riesgo para las condiciones de limpieza y aseo que debían cumplirse en aquellos establecimientos de venta de medicamentos. El ca­bildo amenazó con retirarle la licencia de boticario52.

Hacia 1791 don Antonio Joaquín Froez adelantó en la ciudad de Santa Fe una visita, acompañado del regidor don Joaquín Chacón. En esta diligencia los comisionados ordenaron destruir los medicamen­tos inútiles y dieron la instrucción de no preparar cantidades excesivas debido a la facilidad con que se descomponían, perdiendo de esta manera sus efectos curativos y generando un gran riesgo para la salud pública, tal como se venía denunciando casi a diario.

Asimismo, se advirtió a los boticarios que en adelante les quedaba completamente prohibido preparar en sus establecimientos Theriaca, dias­cordio, confesión, hyaunthos, alkermes y otros medicamentos más, porque había indicios claros de que en esta ciudad no era posible conseguir la mayor parte de los elementos indispensables para su elaboración. Muchos de estos ingredientes debían traerse de Europa y, en razón al largo tiem­po de la travesía trasatlántica y al impacto de los marcados contrastes en los climas de tránsito, por lo general esas sustancias llegaban ya en estado de putrefacción.

La recomendación era que debían importarse tales compuestos pero empacados bajo unas condiciones favorables para que pudieran ser utilizados por largo tiempo sin ningún peligro. Finalmente, el visitador hizo énfasis en las funestas consecuencias que resultaban de la impericia de los asistentes de las boticas, ya fuera por negligencia o por ignorancia en los procedimientos.

La botica del convento del hospital de San Juan de Dios:

Salió muy bien librada ya que se comprobó que estaba apropiadamente surtida de los medica­mentos indispensables. Muy a menudo el boticario viajaba a España a adquirir los compuestos. El Padre Bohórquez era el encargado de administrar este establecimiento y sus virtudes y habilidades ya habían sido comprobadas por don Juan Cortés, protomédico de esta ciudad. Este religioso cumplía cabalmente su oficio de despacho de medicamen­tos no solo en la capital sino en muchas partes del Nuevo Reino.

El problema era que Bohórquez andaba muy achacado de salud y sus ocupaciones divinas le impedían dedicarse de lleno a la labor como botica­rio, circunstancia por la cual el visitador recomendó que el Prior de la comunidad solicitara a Bohórquez enseñar cuidadosamente los secretos de su oficio a religiosos jóvenes a fin de que permanecieran constantemente en la botica dos o tres de estos aprendices para que le ayudaran en las labores de despacho. De todas maneras, la orden era que ninguno de estos ayudantes podía despachar recetas sin la presencia y acompañamiento del Padre Bohórquez.

El continuo trabajo y el dilatado tiempo que implicaba la preparación y despacho de medicamen­tos, hacía que las labores se acumularan incluso después de las diez de la noche. En este sentido, la otra recomendación del visitador consistía en que el Padre Bohórquez y su ayudante durmieran en una pieza baja junto a la botica, con ventana a la calle. Así, había posibilidades de garantizar el servicio permanente a los pobres y al público en general, especialmente por ser esa la botica más completa de la ciudad.

Respecto a la botica de don Antonio Garraez:

Se precisó que estaba regularmente surtida de los medicamentos más usuales, pero el problema radicaba en que él no asistía allí como era debido ya que se dedicaba a muchas otras ocupaciones. Un joven ayudante era a quien Garraez le confiaba las delicadas funciones de farmacéutico, lo cual representaba un atentado a la salud pública.

Aun cuando contaba con los títulos de botica­rio debidamente expedidos por el protomédico de Cartagena, a Felipe Antodilla se le cuestionó por el hecho de que le faltaba mucho más estudio para perfeccionar su oficio.

Por lo tanto, se le previno que debía abstenerse de despachar aquellas recetas sobre las que tuviera algún tipo de duda, estando obligado en este caso a elevar la respectiva consulta previa al médico que las había prescrito. Su local estaba escaso de algunos medicamentos pero se le permitió continuar con el servicio al público dado el poco número de boticas existentes en la ciudad.

Sobre la botica de la comunidad de los padres dominicos se denunció el hecho de que el religioso boticario no tenía la experiencia necesaria ni los títulos ni la licencia expedida por el Tribunal. Ade­mas se le sumaba el impase de que el joven que lo reemplazaba en sus ausencias también adolecía de la debida instrucción y manejo.

En atención a estas circunstancias, el visitador sugirió a las auto­ridades virreinales que el boticario se abstuviera de seguir despachando hasta tanto no se presentara a tramitar el examen de idoneidad o permiso legal para ejercer su oficio.

Otro de los puntos señalados por el comisio­nado era:

Que en todas las boticas solían venderse toda clase de medicamentos a cualquier persona que los requiriera, de lo cual se derivaban graves daños. Por eso, la recomendación consistía en que los boticarios no despacharan medicamentos sin la receta y firma de los médicos, y aquellos fabricados con ingredientes venenosos solo los podían vender a personas de reconocida probidad.

Finalmente, el visitador puso de presente el hecho de que ningún boticario tenía lista de tarifas de medicamentos, motivo por el cual cada quien ofrecía sus productos al precio que le pareciera.

En este caso, se propuso tener como referencia la lista de precios que utilizaba el protomédico de Madrid, adaptándolos teniendo en cuenta los costos adicionales generados por la importación53.A principios de 1797, la sala capitular de San­ta Fe designó a Honorato Villa como visitador de boticas en reemplazo de Froez quien había viajado a Europa54.

A principios del siglo XIX, se contemplaron nuevas pautas respecto a la forma de efectuar las visitas a las boticas. Hacia 1804, don José Celes­tino Mutis propuso como nuevos visitadores a Gil de Tejada y al Padre Bohórquez.

Por esta época, seguían las censuras contra Garraez por las largas ausencias de su botica, situación que ya había sus­citado quejas de varios enfermos. Sin embargo, se decidió por el momento no tomar ninguna medida sancionatoria bajo el argumento de que no existía ningún problema en que las recetas simples fueran preparadas por los ayudantes55.

En 1807, por orden del virrey Antonio Amar y Borbón se llevó a cabo una nueva visita a las boticas de Santa Fe, misión que esta vez le fue encomendada al regidor Fernando de Benjumea y al facultativo Honorato Villa.

El establecimiento de don Jaime Serra se hallaba aprovisionado de los medicamentos más útiles, todos ellos frescos y en buen estado.

Serra era cirujano del batallón auxiliar de esta ciudad y se había graduado en 1795 en el Colegio de Barcelona en los dos ra­mos del arte de curar: la química y la botánica. Por tanto, contaba con la suficiente solvencia académica en la materia. Aprovechó entonces su formación para preparar meticulosamente en España varios compuestos y con ellos armó un botiquín que trajo a estas tierras americanas.

El único y grave inconveniente detectado era que Serra no tenía licencia para vender medica­mentos. El se defendió aduciendo que había tenido la iniciativa de abrir botica con la loable finalidad de servir al prójimo, especialmente a los pobres, pero ignoraba que se requiriera de un permiso oficial, pues por esos años la ciudad carecía de Proto­medicato que era la instancia oficial encargada de la regulación de dicha actividad.

De todos modos, reconoció que atendía de manera informal y arbi­traria y por eso prometió tramitar lo antes posible la respectiva licencia. Desestimó de manera enfática la acusación que se le imputaba de ser médico y boticario al mismo tiempo ya que sus otros dos co­legas desarrollaban también de manera simultánea ambas actividades. Las autoridades lo conminaron a cerrar el local mientras adelantaba los respectivos trámites de permiso.

La segunda botica inspeccionada fue la de don Antonio Gorrás. El dictamen del par de comisiona­dos indicaba que en el local pululaba el desorden y el desaseo pues mantenía varios ingredientes de dudosa calidad que habían sido vetados en una visita realizada allí mismo ocho años atrás, razón por la cual se consideraba que Gorrás había incurrido en un “fraude continuado” al mantener abierto su establecimiento en esas deplorables condiciones.

A él también se le reprochó el hecho de contravenir la ley al atreverse “impunemente” a recetar debiendo los pacientes surtirse de los medicamentos según su voluntad y capricho.

La única botica que resultó exenta de críticas y señalamientos fue la del convento del hospital que, pese a las restricciones existentes en las relaciones comerciales con la península, de todas maneras mantenía una completa provisión de medicamentos y antídotos llegándose a afirmar que, dado el caso, este establecimiento podía fácilmente abastecer todo el Nuevo Reino.

Allí primaba el orden y el aseo. Asimismo, fue resaltado el esmero y competencia del Padre boticario José Antonio Bohórquez quien, según se dijo, sobresalía por su responsabilidad al frente del establecimiento ya que él mismo se ase­guraba de supervisar a toda hora a sus ayudantes56.

A pesar de los controles ejercidos en esta serie de visitas, a fin de cuentas en la práctica resultaba complicado medir el verdadero alcance y efectividad de estas diligencias oficiales pues muchos boticarios optaron por aplicar hábilmente algunas estrategias al saber que pronto serían inspeccionados, todo con el objeto de aparentar que cumplían cabalmente con las normas prescritas57.

A manera de conclusión

El desarrollo de las boticas durante el período colonial fue un tema complejo en el que se conjugó lo profano y lo religioso, lo empírico y lo científico. Se experimentó además una especie de mestizaje en los medicamentos, al incluirse sustancias traídas de Europa con sustancias propias del territorio ame­ricano, usadas milenariamente por los indígenas. A esto se le sumaba la sabiduría y las prácticas terapéuticas traídas por los negros esclavos58.

La rentabilidad del negocio fue un factor de gran trasfondo social, una situación que generó una cerrada competencia en el intento por mantener el monopolio en las ventas a nivel local y provincial. Celos, señalamientos, acusaciones mutuas y la implementación de algunas estrategias, hicieron parte del juego de poder entre los boticarios.

Pese a los controles aplicados, fue muy difícil erradicar a quienes querían hacerse pasar como boticarios experimentados. Los vacíos legales en la materia daban campo a los excesos y a las irregulari­dades. Era además evidente una falta de continuidad y coordinación institucional que sirviera de respaldo en materia de vigilancia y fiscalización de la actividad.

Lento fue entonces el camino hacia la modernidad59, proceso en el cual las boticas se inscribían en un contexto tendiente a la secularización, la consolidación del espíritu científico y el beneficio público.

Como era apenas de esperarse, el período de las guerras de la Independencia afectó a práctica­ mente todos los sectores sociales y económicos y, desde luego, los boticarios no fueron la excepción. Sobre esto, bien vale traer a colación el caso del farmaceuta Jorge López, quien se vio precisado a huir de Cartagena en 1815 tras la llegada del Ejército de Reconquista bajo el mando del Pacificador Pablo Morillo.

Estos acontecimientos políticos implicaron para este boticario la pérdida total de su negocio y de sus inversiones.

Con el apoyo económico de dos amigos, López solo pudo volver hacia 1822, una vez restablecido el régimen republicano en esta ciudad. En esta oportunidad instaló de nuevo su botica en la calle de San Agustín, justo en el mismo sitio donde había funcionado siete años atrás60.

En 1823, a su paso por Colombia, el viajero inglés Charles Stuart Cochrane denunció el estado lamentable de las boticas y de muchos otros as­pectos concernientes al sector de la salud. Según la percepción de este europeo, los precios de los medicamentos ofrecidos en las boticas manejadas por los monjes y por los particulares eran escan­dalosos y los productos eran con frecuencia de mala calidad61.

En los años posteriores de la época republicana se observó un mayor interés por organizar la pro­fesión del farmaceuta como oficio independiente62. Un primer impulso para ello fue el decreto dictado en 1826 por el vicepresidente Francisco de Paula Santander, quien dispuso que todas las universi­dades contaran con laboratorios de química y far­macia dentro de su infraestructura, lo cual implicó una amplia difusión de la práctica farmacéutica63.

Referencias

Fuentes primarias
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  • 2. Biblioteca Nacional de Colombia, Fondo Manuscritos.
  • 3. Boletín de Medicina, Cirujía y Farmacia, Madrid, Sociedad Médica General de Socorros Mutuos, 1842.
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Fuentes secundarias
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  • 2. Cochrane, Charles Stuart, Viajes por Colombia 1823 y 1824, Bogotá, Banco de la República, 1994.
  • 3. Davis, Charles y María Luz López Terrada, “Proto¬medicato y farmacia en Castilla a finales del siglo XVI: edición crítica del catálogo de las cosas que los boticarios han de tener en sus boticas, de Andrés Zamudio de Alfaro, protomédico general (1592-1599)”, en: Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, Vol. LXII, No. 2, julio-diciembre de 2010, pp. 579-626.
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  • 5. Ibáñez, Pedro María, Memorias para la historia de la medicina en Santafé de Bogotá, Bogotá, Imprenta Nacional, 1968, 2ª edición.
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  • 9. Maldonado Pérez, Guillermo, La Botica de los pobres y de boticas y farmacias, Santafé de Bogotá, Fondo Cultural Cafetero, 1991.
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Otras Fuentes Secundarias 
  • 11. “Medicina y beneficencia”, en: Historia de Bogotá, Bogotá, Salvat-Villegas Editores, 1989, tomo III.
  • 12. Mendoza Pérez, Diego, Expedición Botánica de José Celestino Mutis al Nuevo Reino de Granada y memorias inéditas de Francisco José de Caldas, Londres, Forgotten Books, 2013.
  • 13. Miranda Canal, Néstor, “La medicina en Colombia”, en Gran Enciclopedia de Colombia, Bogotá, Círculo de Lectores, tomo 8.
  • 14. Narváez Eraso, María Teresa, “Un viaje histórico por la farmacia”, en: Revista Unimar, Vol. 28, No. 3, San Juan de Pasto, Universidad Mariana, 2010, pp. 35-41.
  • 15. Palacios, Félix, Palestra pharmaceutica, chymico-galenica, Madrid, Por Joachin Ibarra, 1763.
  • 16. Pérez Miranda, Royman, Rómulo Gallego Badillo y Luis Iván Rincón Pabón, “Estudios sobre la historia social de las ciencias y origen de la Escuela Normal Superior de Colombia”, en: Studiocitas, Vol. 4, No. 2, Bogotá, Universidad Católica de Colombia, agosto de 2009, pp. 40-41.
  • 17. Recopilación de leyes de los Reynos de Indias, Madrid, Consejo de la Hispanidad, 1943, tomo II.
  • 18. Rivera Sandoval, Javier, De todo como en botica. Balance de los productos ofrecidos en las boticas de los hospitales de la orden San Juan de Dios en los puertos neogranadinos del siglo XVIII, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2011.
  • 19. Rivero Seña, Maryelis, “La botica Román en Carta¬gena de Indias”, en: Credencial Historia, No. 218, Bogotá, Revista Credencial, 2008, pp. 1-5.
  • 20. Ronderos, Paula, “El arte de boticarios durante la primera mitad del siglo XVII en el Nuevo Reino de Granada, en: Fronteras de la Historia, No. 12, Bogotá, ICANH, 2007, pp. 175-196.
  • 21. Soriano Lleras, Andrés, La Medicina en el Nuevo Reino de Granada, durante la Conquista y la Colonia, Bogotá, Editorial Kelly, 1972.
  • 22. Sotomayor, Hugo A. [et al], El medicamento en la historia de Colombia, Bogotá, Schering-Plough, 1997.
Otras Referencias Secundarias
  • 23. Tejeda Rosales, María Elena, “Supervisión de boticas durante los siglos XVI y XVII”, en: Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, Vol. 45, No. 3, México, D.F., Asociación Farmacéutica Mexicana, 2014, pp. 45-53.
  • 24. Tovar Pinzón, Hermes, Convocatoria al poder del número, Santa Fe de Bogotá, Archivo General de la Nación, 1994.
  • 25. Tromsdorff, Johann Barthelemi, Arte de recetar conforme a los principios de la química farmacéu-tica o diccionario manual portátil para los médicos, cirujanos y boticarios, Barcelona, En la oficina de Manuel Texero, 1807.

Recibido: Abril 8, 2015
Aceptado: Julio 23, 2015
Correspondencia:
Roger Pita Pico
rogpitc@hotmail.com

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