Medicina, Violencia en el hogar

Medicina, Violencia, sociedad y salud. Foro del 11 de Mayo

Doctora María Cristina Ocampo de Herrán

Directora Instituto de Bienestar Familiar Destaca el hecho de que una institución tan prestigiosa como la Academia haya tomado parte en este tema de la violencia doméstica, de la violencia cotidiana. El Instituto de Bienestar Familiar no es una institución de investigación sino, más bien, una institución de prestación de servicios en general y parece que se ha quedado corto en cuanto a conocimiento científico de esta temática.

Si bien se ha avanzado en la epidemiología social, con algún tipo de conocimiento en ésta, se ha quedado muy corto: la sociedad y, en este caso, el Estado, debería ocuparse de la materia.

Es sorprendente que al querer buscar investigaciones con una mayor profundidad para responder al llamado de ustedes, me encuentro con la ingrata sorpresa de que la investigación disponible es apenas una muy breve que data del año 90, que fue publicada en el año 93 y que tan solo recoge un análisis sobre 4.247 historias socio-legales en tomo a las solicitudes y demandas hechas al Instituto a través de sus centros zonales. (Lea también: Violencia Cotidiana. Impacto Social)

Qué bueno que la gente, que la sociedad civil y las sociedades científicas, se están ocupando de este tema y nos coloque a nosotros, los representantes del estado, en la penosa situación de decirles que no tenemos un conocimiento científico suficiente para interpretar la realidad y por lo tanto para intentar transformarla.

Este hecho nos obliga a iniciar un proceso de investigación en la materia, que probablemente va a damos grandes sorpresas, desafortunadamente desfavorables.

La reflexión, más que una descripción de la problemática, se realiza en tomo a la relación entre el Estado y la violencia intrafamiliar. La primera gran preocupación es probablemente de índole jurídico. ¿Qué tanto puede el Estado intervenir en las relaciones de los particulares?

Hasta dónde puede el Estado penetrar en el entorno de la cotidianidad de una familia para decirle a un padre o a una madre que no maltrate a su niño; a un maridú que no maltrate a su mujer, a un hijo que no maltrate a sus padres? Debería poder intervenir.

El asunto del maltrato de los más débiles debería ser un asunto del Estado y sin embargo, la primera preocupación jurídica lo conduce a uno a decir que no existe una penalización, como delito o como contravención del maltrato y la violencia intrafamiliares.

Es sorprendente que a pesar de los altos volúmenes de violencia doméstica que se vive en esta sociedad, la situación tenga que pasar a las comisarías o a los juzgados como lesiones personales; como si no hubiera una diferencia entre un pleito de borrachos y una pelea entre marido y mujer, no solamente por la naturaleza del daño que se produce, sino además por este entorno de intimidad que tiene esta pelea entre marido y mujer versus la pelea de borrachos en la cantina.

La primera disquisición en tomo a la parte jurídica tendría que conducimos a la necesidad de tipificar la violencia intrafamiliar y también de intentar tipificar formas de penalización a los actos de los ciudadanos. Se refiere a la clara asociación entre el concepto de autoridad, manifestación perversa de dicho concepto en el hogar, al que se extrapola una manifestación perversa de la autoridad colectiva que se expresa en forma de violencia al interior de la familia.

Además de ese elemento de la autoridad, hay una especie de carencia sociológica con el ejercicio de la violencia o por lo menos con lo que alcanza a verse de la violencia.

Nos encontramos con que uno podría tipificar regiones geográficas, de las ciudades y de los campos, de alto riesgo de violencia. Obviamente en las zonas rurales hay alto riesgo de violencia asociada a la violencia social y también a la manifestación de valores culturales en tomo a la autoridad.

La nueva violencia de los hogares urbanos, asociada en primer lugar muy claramente, por lo que en la violencia se logra llegar a ver, con los estratos de pobreza: habría una relación directamente proporcional entre pobreza y violencia al interior de la familia.

Es probable que formas más sutiles de manifestación de la violencia se den en los estratos medios y en los estratos altos, pero hay una clara correlación entre el uso de la violencia física y la pobreza; una clarísima correlación de hogares de alto riesgo, no solamente de violencia física sino de abuso sexual y de abandono en los hogares.

El país no se ha dado suficiente cuenta del papel tan grande que ha dejado de cumplir el varón en la sociedad colombiana. Colombia es uno de los países que estadísticamente tiene mayor número de hogares con mujeres jefes de hogar-entre el 28 y el 32%-. La ausencia del varón como padre conduce a una presencia del hombre como marido o como compañero temporal que termina necesariamente en violencia contra los menores de edad.

Esto además se asocia con factores clarísimos de ignorancia en la mujer, dado el bajo nivel de ingresos de ésta y, sobre todo, en un entorno que toca lo psicológico, que es el problema de la autoestima en esa mujer que –en una sociedad machista donde ha sido abandonada por el hombre- o nunca la tuvo o fue transitoria. Desaparece entonces la autoridad y es reemplazada por una mezcla de entorno cultural machista y ausencia del hombre para hacer frente a los problemas.

La madre necesita del marido para sentirse autoestimada y reconocida socialmente y, además, remunerada o acompañada dentro de su pobreza y, paradójicamente, permite el maltrato sistemático que conduce al abandono.

En los 280 centros zonales de este país se atienden miles de consultas diarias. En ciudades como Bogotá, en zonas como Ciudad Bolívar o Kennedy o Bosa, hay filas desde las 4 de la mañana, de mujeres la mayoría –el 90%-, que esperan a que abran el centro zonal para decirle a un abogado defensor de familia que el marido le pegó o el marido violó la niña, o el marido la botó de la casa.

Es el resultado de ese hogar en donde no puede penetrar el Estado porque no existe una jurisdicción que se lo permita: es la situación del Estado impotente que recibe la problemática.

El resultado es el de 35.000 niños abandonados, en peligro. El país no se da cuenta que mientras tenemos 40.000 ciudadanos como población carcelaria en Colombia, de estos 40.000, 5.000 son jóvenes menores de 18 años privados de la libertad y hay 35.000 expedientes que se abren cada año de jóvenes menores de 18 años infractores de la ley penal. ¿Qué es lo que hace que los jóvenes menores de 18 años sean victimarios pero también víctimas?

La intervención del estado y de la sociedad, tiene que ser preventiva. Una intervención en lo que se llama la categoría de familias de alto riesgo, básicamente ubicadas en las grandes zonas urbanas y en las zonas semirrurales de alto conflicto social-zonas fronterizas entre la guerrilla, el narcotráfico, los paramilitares y otras formas de violencia social-o Se necesita un acompañamiento de educación social y familiar.

Para eso se están preparando varios miles de mujeres de la comunidad; madres comunitarias también, bachilleres, debidamente entrenadas para hacer un acompañamiento pacífico al interior de estas familias de alto riesgo.

Una segunda intervención tiene qué ver claramente con la utilización productiva del tiempo libre de los jóvenes. Prevenir conductas sociales en estos adolescentes porque mal puede el Instituto de Bienestar Familiar prevenir la desnutrición o la muerte por accidente de los menores de 7 años y ponerlos muy sanos y muy bien nutridos para que los maten los sicarios de las grandes ciudades.

Otra intervención que no debe comprometer sólo al Instituto de Bienestar Familiar sino al Estado en su conjunto y, por supuesto, a la sociedad civil, es la de que realmente hay que entrar a cambiar los códigos de ética a nivel de los grandes medios de comunicación.

Es inaudito el papel pervertidor que tienen los medios de comunicación, desde la telenovela y los comerciales hasta los programas de opinión y los noticieros: es el bombardeo de la violencia, el bombardeo de los antivalores, el bombardeo de mostrar lo que no toca, el bombardeo de mostrar cómo ganan los malos todo el tiempo en una sociedad con violencia y la ausencia total de valores, de tolerancia, de convivencia con el mal. Se necesita un medio de comunicación que transmita valores positivos para la convivencia ciudadana.

Estamos trabajando con el señor Ministro de Comunicaciones para que, por lo menos en un minuto de televisión podamos pasar cuñas que transmitan valores. Si no cambiamos los códigos de ética comunicativa, esta sociedad se quedará sin alternativa.