Desarrollo Minero-Energético con Responsabilidad Ambiental y Social

A. 

Cuando un país dispone de recursos naturales, es fundamental que las rentas y la productividad generada por estos recursos se reinviertan en la creación de bienestar para la sociedad.

En Colombia, los beneficios generados a partir del desarrollo de proyectos minero-energéticos podrán seguir apoyando la financiación de la solución a grandes necesidades (i. e. infraestructura, formación y preservación de capital humano, gestión de

riesgos de desastres naturales, impulso a la investigación, desarrollo, innovación y transformación rural), en las regiones y para el país en general.

Para ello, se dinamizará el sector minero-energético, con la creación de las condiciones que potencien la producción actual de recursos e impulsen el aumento de la exploración, con rigurosos estándares técnicos, ambientales y sociales, con el fin de lograr mayores niveles de producción y beneficios (rentas, empleos, inversiones), sobre la base de una actividad responsable ambientalmente, incluyente, competitiva y generadora de recursos, que apoyen la transformación de necesidades en iniciativas de crecimiento económico y mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes a escalas local y nacional.

En este propósito, el Gobierno implementará estrategias y mecanismos que mejoren la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno desde el nivel central hasta las regiones productoras, así como entre las instituciones públicas de competencia minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y el desarrollo de una actividad con altos estándares técnicos y socioambientales por parte de los operadores, con miras a concretar oportunidades para el desarrollo territorial.

Al tiempo, mejorará las condiciones que inciden en el desempeño competitivo del sector minero-energético, al ajustar el marco regulatorio e institucional para una gestión ágil, oportuna y coordinada, que promueva operaciones legales, formales, productivas y responsables.

1.Diagnóstico

La importancia del sector minero-energético se refleja en las principales variables macroeconómicas. Para 2017, el PIB del sector ascendió a $44,2 billones (DANE, 2018), equivalente a un 5,35 % de participación en el total; aportó regalías por $ 6,9 billones (SGR, 2018); exportaciones por USD 20,9 billones de dólares FOB1 (DANE, 2018), equivalentes al 55 % del total de exportaciones del país, y representó USD 4,1 billones en inversión extranjera directa (6,65 % del total) (gráfica IX-1).

En los últimos dos años, las cifras de producción, exportaciones e inversión

Han presentado síntomas de recuperación después de la caída generalizada de los precios internacionales de los productos de origen minero-energético en años anteriores; no obstante, estos niveles de desempeño económico continúan siendo menores a los de hace poco más de cinco años (gráfica IX-1). El níquel creció un 9 % durante todo 2017, mientras que la producción de carbón ha oscilado alrededor de 90 millones de toneladas.

Por su parte, la producción reportada de oro descendió de 62,1 toneladas, en 2016, a 42,1 toneladas en 2017 (ANM, 2018). En cuanto a la producción de hidrocarburos, en 2017 se registraron 854.000 barriles diarios de petróleo y 909,8 MPCD2 de gas, cifras menores a las registradas en 2013 a 2014, periodo que logró superar el millón de barriles y pies cúbicos diarios de producción (ANH, 2018).

En materia de titulación, a septiembre de 2018 el país registraba 8.635 títulos mineros, compuestos en un 64 % por pequeña minería; un 34 %, mediana minería, y un 2 %, gran minería3 (ANM, 2018). Para la misma fecha, el número de solicitudes por resolver a cargo de la ANM era de 9.450. Sin embargo, la ANM está avanzando en la puesta en marcha del Nuevo Sistema Integrado de Gestión Minera en 2019, que permitirá agilizar y fortalecer el proceso de respuesta a estas solicitudes (gráfica IX-2).

En materia de hidrocarburos, en el periodo 2010-2018 la ANH adjudicó 159 áreas para la evaluación técnica, exploración y explotación. A junio de 2018, el país registraba 326 contratos vigentes.

Uno de los grandes retos del sector es el relacionamiento con las comunidades

Prueba de ello es la realización de múltiples consultas populares que se oponen a la realización de actividades del sector minero-energético (a noviembre 2018 se han realizado 9 consultas, 7 se encuentran suspendidas, 19 están sin fecha de consulta y 67 se encuentran en proceso) (gráfica IX-3).

Entre los factores que se han destacado como motivadores de dichas acciones se encuentran los siguientes:

• 1) los beneficios de las actividades minero-energéticas recaen sobre la mayoría de la población del país pero no se compadecen con los costos sociales y ambientales que recibe el territorio4;
• 2) los costos locales de las actividades minero-energéticas son de un orden de magnitud que supera las capacidades de las autoridades territoriales para su mitigación y gestión;
• 3) la institucionalidad minero-energética no está presente de manera sistemática en el territorio;
• 4) la gestión y los impactos socioambientales de la industria generan tensiones en los territorios productores.

En este mismo sentido, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han emitido las sentencias judiciales C-123/14 C-273/16, C-389/16, T-445/16 y SU-095/18, las cuales establecen la necesidad de contar con un mecanismo orientado a armonizar los usos del suelo y el subsuelo para la explotación de los recursos naturales no renovables en los territorios.

El país también ha avanzado en gobernabilidad sectorial.

En 2014, Colombia fue aceptada como miembro candidato a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), la cual fomenta la rendición de cuentas a la ciudadanía, la transparencia en los impuestos y regalías que pagan las empresas y las que percibe el gobierno, así como la creación de un grupo de trabajo conformado por la institucionalidad pública sectorial, las empresas y la sociedad civil. A la fecha, el país ya es miembro en firme de EITI y ha presentado tres informes que abarcan cuatro vigencias fiscales (2013-2016)5, los cuales han revelado que las 34 empresas participantes6 le aportan al país cerca de $ 9,4 billones por concepto de impuestos y regalías, más del 90 % de los ingresos del sector.

Colombia fue evaluada recientemente, y obtuvo la calificación de “progreso satisfactorio”

Así, se convirtió en el primer estado de América y el quinto en el mundo en alcanzar dicho estatus. En este sentido, es importante seguir avanzando para alcanzar la categoría “sobresaliente”. Para cumplir este objetivo, es indispensable seguir trabajando para alcanzar mayor trazabilidad a escala subnacional y sobre el uso de la renta minera en Colombia, así como ampliar el número de empresas vinculadas a la iniciativa.

Así mismo, se han presentado avances en el control y seguimiento a la producción. La fiscalización minera realizada durante 2017 alcanzó una cobertura del 95 % mediante la inspección de campo y del 85 % mediante revisión documental total de títulos vigentes, con una frecuencia promedio de dos visitas anuales.

De igual forma, se hizo seguimiento en campo al 84,6 % (586) de los títulos en proceso de formalización. Ahora el reto es mejorar los niveles de cumplimiento de los hallazgos realizados a los proyectos mineros y garantizar la articulación de estos con el desarrollo de los territorios en que operan.

El seguimiento y control de los aspectos ambientales

Por parte de las autoridades competentes es precario por la baja capacidad institucional ambiental, la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros, el desconocimiento de las condiciones ambientales de los territorios, entre otras razones. Estos aspectos deben ser resueltos con el fin de tener una adecuada gestión ambiental del sector.

En materia de competitividad de la industria y atracción de la inversión se presentan varios retos. Entre ellos se encuentra la baja percepción sobre la claridad en las reglas de juego, pues según la Encuesta minera anual, realizada por el Instituto Fraser de 20177, Colombia pasó de tener un puntaje de 62,75 en 2015 en el índice de atracción de inversión, a uno de 56,10 en 2017; la principal causa es la incertidumbre respecto al marco regulatorio aplicable.

Este hecho contrasta con la percepción positiva que existe sobre el potencial mineral en Colombia; por ello, se necesita una estrategia liderada por el Gobierno nacional que modernice el marco normativo, acompañado de acciones de fortalecimiento y coordinación institucional.

Así mismo, se han presentado avances en materia de formalización. Hasta la fecha, se han asistido 1.520 unidades de producción minera (UPM), lo que ha llevado a 6.933 mineros de la ilegalidad a la legalidad, mediante procesos de mediación exitosos (MinEnergía, 2018).

Sin embargo, es necesario mejorar los niveles de eficiencia y efectividad de esta estrategia (Contraloría, 2018).

Entre los programas de asistencia técnica para:

La promoción de prácticas productivas más eficientes y responsables, se destaca el programa para la eliminación del uso de mercurio en las actividades mineras, en el marco de la Ley 1658 de 2013. Como resultado, se apoyaron 39.000 mineros y 71 plantas de beneficio, lo que evitó la descarga de 86 toneladas anuales de mercurio (MinEnergía, 2018).

No obstante, el uso de mercurio en actividades mineras es un reto por resolver dado que aún se usa el mercurio en la explotación de oro aun cuando su uso es ilegal a partir de julio de 2018. En ese sentido, se requiere fortalecer los programas orientados a impulsar producciones más limpias y la lucha frontal contra la explotación ilícita de minerales (Pacto por la Legalidad).

En lo referente al control de la ilegalidad, se han presentado avances con la expedición de normatividad que ayuda a mejorar el control a la comercialización de minerales, la debida diligencia en la cadena productiva del sector y el fortalecimiento del registro único de comercializadores de minerales (RUCOM). El reto persiste, pues se ha determinado que en cerca de 14 departamentos se presentan indicios de explotación ilícita de oro, con afectaciones de aproximadamente 84.000 hectáreas (UNODC, 2016).

Por lo tanto, es necesario continuar con el fortalecimiento de los instrumentos de control a la explotación ilícita, al transporte y a la comercialización de los recursos minerales. Aunado al fortalecimiento del marco legal, la cooperación y coordinación interinstitucional, se fortalecerá para la lucha frontal contra la criminalidad ambiental en general y en particular frente la explotación ilícita de minerales (Pacto por la Legalidad).

En materia de información, el avance en conocimiento geocientífico del territorio realizado

Por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha logrado delimitar 516 bloques con potencial para minerales estratégicos sobre 20 millones de hectáreas del territorio nacional, en 20 departamentos distribuidos en la zona Andina, el Chocó y la zona Oriental. El reto es profundizar en el conocimiento a detalle de esas zonas, con el fin de identificar el potencial de recursos y promover su aprovechamiento ordenado y responsable (Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación).

2. Objetivos y estrategias

a. Objetivos

Con el objetivo de desarrollar un sector minero-energético con los más altos estándares de responsabilidad, se establecerán los siguientes objetivos:

• (1) consolidar el sector mineroenergético como dinamizador del desarrollo de territorios sostenibles;
• (2) promover el desarrollo y la competitividad de la industria minero-energética, para garantizar el aprovechamiento ordenado y responsable de los recursos naturales no renovables.

Como elemento transversal para el cumplimiento de estos objetivos, se fortalecerá la institucionalidad y la coordinación minero-energética, ambiental y social del país, para garantizar la implementación de las mejores técnicas y estándares de aprovechamiento de los recursos minero-energéticos, así como los mejores estándares socioambientales a nivel mundial.

b. Estrategias

1) Objetivo 1. Consolidar el sector minero-energético como dinamizador del desarrollo de territorios sostenibles 

El sector minero-energético es fuente generadora de recursos para la Nación y las regiones, y genera empleos con ingresos por encima del promedio nacional. Por lo tanto, tiene el potencial de ser uno de los activos más relevantes de la nación y de los entes territoriales, para consolidar o apalancar transformaciones productivas y sociales que contribuyan con el bienestar de largo plazo para el país.

Si bien se han implementado avances para fortalecer el marco legal, institucional y asegurar el cumplimiento de los más altos estándares técnicos, ambientales y sociales, aún se presentan retos frente a estos temas con el fin de consolidar al sector como aliado del desarrollo de los territorios y los territorios aliados del sector.

a) Gobierno nacional como aliado del desarrollo de los territorios y los territorios aliados del sector 

Como apuesta fundamental del sector minero-energético, el MinEnergía pondrá en marcha un nuevo modelo de relacionamiento entre el Gobierno nacional y los entes territoriales, basado en los principios de coordinación y concurrencia nación-territorio.

Dicha estrategia se desarrollará con base en el diálogo recíproco, con enfoque territorial, con información sólida, garantizando el desarrollo minero-energético del país, en armonía con los usos del suelo y los ecosistemas estratégicos. Así mismo, se promoverán los instrumentos que garanticen la participación ciudadana, con base en información previa, permanente, transparente, clara y suficiente, al igual que herramientas de medición para el monitoreo y mejora de dicho relacionamiento8.

Para este propósito, la institucionalidad minero-energética y ambiental se encargará de generar y proveer la información sectorial y ambiental pertinente, y tomará en cuenta la que sea generada desde otros sectores y los territorios9 (Pacto por la Legalidad).

Así mismo, la institucionalidad minero-energética incluirá en sus procesos de planificación, el conocimiento y la información geocientífica del suelo y subsuelo (potencialidades y restricciones), los determinantes ambientales, las oportunidades para el desarrollo económico de la región, la multifuncionalidad de los usos en el territorio y la coexistencia entre las diferentes actividades productivas, para avanzar así en la inclusión de la variable minero-energética en los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental. Bajo esta línea, se incorporará el análisis de riesgo en todas las etapas de la cadena productiva del sector minero-energético.

En este contexto, el MinEnergía fortalecerá la estrategia de transparencia de información de la industria extractiva

Particularmente en torno a los recursos públicos generados por esta, mediante la continuación de la implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) con las entidades de Gobierno y los grandes proyectos minero-energéticos, lo que incluye evaluaciones de cumplimiento en materia socioambiental. Para ello se fortalecerá el seguimiento al uso de las regalías distribuidas.

Se buscará involucrar a la mediana y pequeña minería en la implementación de estas buenas prácticas de transparencia.

Para garantizar un mejor aporte al desarrollo territorial de los recursos de regalías, en especial en aquellas regiones que los generan, el Gobierno nacional impulsará acciones que logren un mayor y más efectivo aprovechamiento de los recursos del SGR. Para esto, el DNP fortalecerá las capacidades de los actores regionales y territoriales para la estructuración de proyectos, y desarrollará medidas que agilicen la ejecución de estos recursos.

Así mismo, se estudiará la posibilidad de que las empresas minero-energéticas inviertan un porcentaje del pago de regalías, por medio de la ejecución de proyectos en las regiones bajo el instrumento obras por regalías vinculadas a los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal.

b) Operaciones minero-energéticas más responsables ambientalmente e incluyentes en el territorio 

En lo que respecta a los proyectos mineros, se fortalecerán los criterios de idoneidad de los titulares mineros, de manera que el país cuente con operadores mineros calificados que realicen la actividad con rigurosidad técnica, económica, social y ambiental.

Para este propósito, MinEnergía velará por la inclusión de nuevos criterios de idoneidad que, entre otros, permitan una mejor articulación de las actividades minero-energéticas en el territorio y propendan por mejorar las condiciones socioeconómicas de la población.

Así mismo, se buscará asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de aquellos mineros que cuenten con autorización legal para realizar su actividad. Para ello, la autoridad minera fortalecerá su gestión y herramientas de fiscalización, por medio de las siguientes acciones:

• 1) mejoramiento de la calidad de los estudios de exploración, con el uso, entre otras herramientas, de la figura de recursos y reservas que el Gobierno nacional establezca para este fin;
• 2) optimización del control a la producción, por medio de la incorporación de herramientas tecnológicas para su seguimiento en tiempo real;
• 3) adopción de un enfoque diferencial por tipo de minería y de mineral, en especial para los casos de formalización y pequeña minería;
• 4) fortalecimiento del régimen sancionatorio;
• 5) articulación con la autoridad ambiental para el adecuado control al seguimiento, al cierre y abandono progresivo, temporal y definitivo de minas;
• 6) desarrollo de mecanismos para la fiscalización a figuras como los títulos de reconocimientos de propiedad privada y autorizaciones temporales; y
• 7) verificación e intercambio de información con las entidades de control sobre los niveles de consumo de productos químicos, explosivos, madera, combustibles y maquinaría amarilla, y su coherencia con los planes de trabajo y obras (PTO), que confirmen, así mismo, que su uso cuente con los permisos correspondientes.

Por otra parte, para la fiscalización de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos,

La ANH desarrollará herramientas informáticas que modernicen dicho proceso de fiscalización. Finalmente, el DNP adelantará una evaluación de los beneficios que se han generado en materia de fiscalización y de conocimiento geocientífico del subsuelo con recursos de regalías. 

Como parte de su nuevo modelo de relacionamiento, la institucionalidad mineroenergética, ambiental y social, así como la de desarrollo industrial y comercial, en conjunto con las demás instituciones pertinentes, trabajarán en el diseño de estrategias que promuevan el desarrollo local y regional a partir de encadenamientos, dinamización y diversificación productiva, fomentando el surgimiento de nuevos negocios mineroenergéticos, mediante la formación para el trabajo en los oficios y/o las profesiones que requiera el sector.

Así mismo, se adelantarán programas de reconversión productiva en las zonas en las que no se podrán adelantar proyectos mineros o aquellas donde deje de ser viable a futuro esta actividad, con base en las vocaciones territoriales.

Para este propósito, el MinEnergía y sus entidades adscritas promoverán la adopción de agendas pro desarrollo, construidas entre las comunidades, empresas del sector y otros sectores productivos y autoridades locales y nacionales, como una herramienta flexible y de alta potencia para que el sector pueda integrarse de manera profunda con el desarrollo territorial, el fortalecimiento institucional de los territorios y las vocaciones territoriales.

La Nación debe establecer incentivos para estimular el cumplimiento de las metas de los programas acordados en las agendas intersectoriales de las zonas que determine como priorizadas para el desarrollo del sector minero-energético.

Entre los incentivos de interés para la articulación sectorial se encuentra la articulación de la oferta institucional, la asistencia técnica, las acciones de capacitación y de desarrollo de capacidades a las entidades territoriales participantes en el acuerdo.

Así mismo, el MinEnergía establecerá lineamientos estratégicos para la implementación de las mejores prácticas

Para la gestión ambiental y social del sector minero-energético, incluido el caso de los proyectos costa afuera. La ejecución de los planes que se enmarquen en esta estrategia se deberá articular con la planeación territorial. En la misma línea, se desarrollarán mecanismos que ayuden a las empresas del sector y las entidades territoriales a la puesta en marcha de este tipo de planes.

Finalmente, el MinEnergía impulsará la adopción de procedimientos de debida diligencia por parte de las empresas del sector minero-energético, tal como los contenidos de la “Guía para la debida diligencia en cadenas responsables de suministro de minerales” desarrollada por la OCDE10, con el fin de realizar un mejor seguimiento a la cadena de valor, así como a identificar y prevenir posibles impactos sociales derivados de las actividades. El Gobierno nacional promoverá la incorporación de estas prácticas mediante herramientas adecuadas, teniendo en cuenta tamaño, tipo de recurso extraído y método.

Los proyectos de pequeña minería recibirán asistencia técnica y se evaluarán mecanismos propicios de financiamiento para su adopción, e incluirán aquellas herramientas que apoyen la implementación de la política de derechos humanos del sector minero-energético incluyendo el enfoque étnico, de género y diferencial.

(Lea También: Seguridad Energética para el Desarrollo Productivo)

2) Objetivo 2. Promover el desarrollo y la competitividad de la industria minero-energética

Para asegurar que la industria minero-energética contribuya al desarrollo de territorios sostenibles y del país en general, resulta fundamental contar con un marco normativo e instituciones que promuevan el desarrollo competitivo de la industria minero-energética, por medio del aprovechamiento ordenado y responsable de los recursos naturales no renovables.

Para este fin, se requiere adelantar acciones que aseguren agilidad y oportunidad en la toma de decisiones de las entidades gubernamentales, nacionales y regionales. Se buscará la coherencia administrativa entre los diferentes niveles del Estado, así como en acciones de fomento, emprendimiento y un mejor conocimiento del potencial minero-energético del país.

a) Marco legal claro y estable con instrumentos ambientales diferenciados 

Ante los nuevos retos técnicos, ambientales y sociales de la actividad minero-energética, el Gobierno nacional desarrollará un marco legal claro y estable, que abordará los siguientes retos:

• 1) ajustar las normas aplicables a mecanismos de otorgamiento de derechos, su modificación, sus prórrogas de cualquier régimen y cesión de derechos, así como la liberación de áreas, integración de áreas, liquidación de contratos y cierre de minas;
• 2) optimizar los procedimientos para garantizar la debida relación entre titulares y propietarios de predios;
• 3) ajustar y fortalecer la figura de áreas de reserva especial, las figuras jurídicas para la formalización minera y la implementación de nuevos mecanismos para la formalización, incluidas las comunidades étnicas;
• 4) instaurar un contrato especial para la pequeña minería en proceso de formalización y para comunidades étnicas; y
• 5) fortalecer la normatividad aplicable a la minería de subsistencia.

En cuanto a los instrumentos de control y seguimiento ambiental (permisos y licencia ambiental), el MinAmbiente o la entidad que este delegue, avanzará en los siguientes frentes:

• 1) ajuste de los términos de referencia en que estos se basan y de su trámite, de manera que se adecúen al tamaño de los proyectos, método de producción y tipo de mineral incluyendo11 parámetros de cumplimiento asociados con los procesos de cierre, para mitigar, compensar y prevenir los impactos ambientales durante el desarrollo de los proyectos mineros; también, para prevenir la configuración de riesgos ambientales y sociales, producto de la inadecuada finalización y al abandono de aquellos;
• 2) definición de los instrumentos ambientales que serán aplicables a los procesos de formalización; y
• 3) expedición por parte del MinEnergía, con apoyo del MinAmbiente, de la normatividad minero ambiental aplicable a la minería de subsistencia.

b) Institucionalidad moderna y coordinada 

Con el fin de mejorar la administración y gestión integral del recurso minero, la ANM continuará con la implementación de los proyectos de modernización y eficiencia, como la implementación del nuevo Catastro Minero Colombiano y su articulación con el Catastro Multipropósito, la radicación web y el expediente minero digital. Esto aportará mayor eficiencia y efectividad a los tiempos de respuesta a las solicitudes actuales y represadas.

Así mismo, el MinEnergía, junto con las demás entidades del sector, realizarán los esfuerzos necesarios para lograr la interoperabilidad de los sistemas de información sectorial, bajo los estándares y lineamientos que define el MinTIC en la materia, bajo el marco de los servicios ciudadanos digitales, con el fin de contar con herramientas eficientes y canales de comunicaciones transparentes. Estos esfuerzos serán complementados con gestiones para alcanzar la interoperabilidad con los sistemas de información de otros sectores, como el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC).

El Gobierno avanzará en el establecimiento de espacios de gestión intersectorial para atender la diversidad de temáticas que inciden en la competitividad del sector minero-energético, los cuales comprenden asuntos ambientales, étnicos, de infraestructura, sociales, económicos, entre otros.

En estos espacios, se fortalecerá la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos (CIIPE), como instancia de coordinación que permita construir una única agenda pública sobre las actividades minero-energéticas y gestionar de manera efectiva asuntos críticos, incluyendo aquellos proyectos de interés regional estratégico (PIRES).

Adicionalmente, se adelantará un trabajo articulado entre la institucionalidad mineroenergética y ProColombia para atraer inversión al sector en aquellos países que sean identificados de interés estratégico.

El espacio de articulación entre los sectores minero-energético y ambiente deberá abordar distintas temáticas

Como procedimientos eficientes para la respuesta a solicitudes de sustracción de áreas de la Ley 2 de 1959, la declaratoria de áreas protegidas, la incorporación de la información minero-energética en las herramientas de planificación ambiental y de esta en la planeación minero-energética, así como la definición de una estrategia coordinada entre las diferentes instituciones del Gobierno para la intervención de pasivos ambientales huérfanos generados por actividades mineroenergéticas, incluyendo mecanismos para facilitar su gestión por parte de agentes públicos o privados, y una fuente de financiación fija para su remediación y/o mitigación (Pacto por la Sostenibilidad).

Finalmente, es indispensable avanzar en el conocimiento y levantamiento de información que ayude a mejorar los grados de efectividad y orientación de esfuerzos de la política pública.

Por lo anterior, se considera indispensable la realización del censo minero por parte del DANE con el apoyo técnico de las entidades del sector, incorporando información sobre las características técnicas, ambientales, socioeconómicas, organizacionales y administrativas, así como la situación real de explotaciones mineras y el número de mineros de subsistencia, entre otros. Así mismo, se debe avanzar en la creación y adopción de una cuenta satélite del sector de recursos naturales no renovables.

En esta misma línea, y como parte de la estrategia de diversificación de la matriz de producción de minerales, el sector elaborará estudios de mercado que le permitan al país definir con mayor precisión los nuevos minerales estratégicos, y focalización de esfuerzos de promoción de encadenamientos productivos, de acuerdo con los cambios tecnológicos y de política ambiental que afectan el mercado global de los minerales.

Fomento, emprendimiento y apertura a mercados financieros

Se fortalecerá el programa de formalización y fomento minero con la incorporación de una visión de emprendimiento e inclusión financiera del negocio minero, comprendiendo innovación tecnológica, tecnologías duras, modelos de acceso a recursos de inversión, entre otros.

El MinEnergía implementará proyectos y programas de asistencia técnica para los pequeños mineros, con la exigencia de estándares y buenas prácticas mineras, enfocados en producción más limpia, transferencia tecnológica, capacitación y acompañamiento técnico, con el fin de promover mejores condiciones laborales y prácticas productivas más eficientes y responsables con el medio ambiente, que contribuyan a generar confianza en el sector minero y a tener mejores operadores en el territorio.

Asimismo, el MinAmbiente implementará mecanismos de seguimiento para monitoreo de sustancias químicas provenientes de la actividad minera en cuerpos de agua, en cumplimiento del Convenio de Minamata y demás normatividad vigente (Pacto por la Sostenibilidad).

De igual manera, se definirán dimensiones, hitos y plazos

Para las distintas etapas del proceso de formalización y esquemas de seguimiento por parte de la Autoridad Minera, de manera que se garantice la efectiva formalización de los mineros.

También se realizarán acciones de fortalecimiento de la institucionalidad minera y ambiental, con miras a garantizar la implementación del seguimiento y monitoreo minero ambiental de los proyectos, del nuevo programa de formalización y de mecanismos de evaluación integral, la eficiencia en el uso de los recursos públicos, los resultados globales sobre los beneficiarios y la identificación de las oportunidades de mejora a que haya lugar incluyendo la simplificación de trámites.

En línea con lo anterior, la ANM ejecutará el programa de formalización y fomento minero, de acuerdo con las políticas fijadas por el MinEnergía, encaminado al desarrollo de una pequeña y mediana minería rentable financieramente, sostenible ambientalmente, con responsabilidad social y con altos estándares de seguridad minera.

En línea con lo anterior, el Gobierno nacional evaluará la creación de una institución, organización o empresa

Con el fin de asegurar la viabilidad y sostenibilidad de la pequeña y mediana minería, incluyendo los mineros informales en proceso de formalización.

Adicionalmente, se fortalecerá la estructura normativa, institucional y operativa para la comercialización de minerales.

Para ello, las primeras acciones de MinEnergía se concentrarán en metales preciosos, e incluirá el diseño de mecanismos de comercialización de minerales para la minería de subsistencia y de pequeña y mediana escala, basados en buenas prácticas de la trazabilidad de la cadena, considerando especialmente aquellas requeridas por los principales compradores mundiales, y fortaleciendo la implementación de las guías de debida diligencia en la cadena de abastecimiento de minerales de la OCDE (Pacto por la Legalidad).

Así mismo, la ANM buscará emprender las siguientes acciones:

• 1) potencializar y optimizar la herramienta Registro Único de Comercializadores (RUCOM), con mecanismos de seguimiento, control y sanción12;
• 2) depurar los listados de mineros de subsistencia, para lo cual se realizará el cruce de información con bases de datos de la DIAN, el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Subsidios Sociales (Sisbén) y el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)13, para contar con información en tiempo real, que evite sobrepasar los topes establecidos para este tipo de minería;
• 3) fortalecer el registro de transacción minera, a partir de transacciones electrónicas e identificación biométrica.

Por otra parte, la Autoridad Ambiental deberá incluir los permisos e instrumentos de control ambiental en el seguimiento de la legalidad de la explotación minera.

El fortalecimiento del proceso técnico minero

También debe generar lineamientos de política para asegurarle al país que el cierre minero permita garantizar el tránsito hacia nuevas cadenas productivas y de sectores económicos, por ejemplo, el turismo, que sigan generando los recursos económicos, financieros, condicionantes de empleabilidad para los territorios y protección del ambiente y las comunidades en las zonas de influencia del proyecto mineroenergético que esta próximo al cierre.

c) Consolidación del conocimiento geocientífico 

El conocimiento geocientífico, que incluye conocer potencialidades en recursos del subsuelo (minerales, hidrocarburos, aguas subterráneas, geotermia) y restricciones por amenazas de origen natural (sismos, volcanes, deslizamientos), es fundamento y premisa básica para poder tomar decisiones sobre el uso y la planeación del desarrollo de los territorios (Pacto por la sostenibilidad).

Para ello, resulta indispensable la consolidación del conocimiento geocientífico por parte del SGC, que ampliará y mejorará el conocimiento y la información geológica, geoquímica y geofísica del subsuelo a las escalas y características adecuadas, lo que permitirá planear y mejorar el aprovechamiento de los recursos no renovables del país; en especial, desarrollará la determinación de áreas con potencial mineral y de hidrocarburos.

Así mismo, se podrá generar conocimiento geocientífico (geología, geoquímica, geofísica, metalogenia) sobre los yacimientos, en áreas de pequeña minería o zonas priorizadas por el MinEnergía, con el fin de adoptar procesos más eficientes de exploración, explotación, beneficio, transformación y cierre minero.

Con el fin de profundizar en el conocimiento de los yacimientos y fortalecer la trazabilidad de minerales a lo largo de la cadena, se impulsará el mecanismo de huella digital de minerales.

Por otra parte, el Gobierno nacional pondrá en marcha el estándar colombiano de recursos y reservas de minerales14, herramienta que, además de mejorar la información, contribuirá al conocimiento integral del recurso mineral del país, y al mejoramiento de altos estándares en el desarrollo de la actividad minera, al facilitar el acceso a servicios y mercados financieros.

Finalmente, se evaluará la creación de instrumentos contractuales para promover el conocimiento geológico con participación de inversión privada.

 

3. Metas

 

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• 1 El valor solo incluye exportaciones de carbón, petróleo y sus derivados, y ferroníquel.

• 2 MPCD: millones de pies cúbicos diarios (unidad de volumen de gas).

• 3 Fuente: ANM. Clasificación de títulos con corte a septiembre de 2018; no incluye títulos a cargo de la Gobernación de Antioquia.

• 4 Se han encontrado 498 áreas mineras en estado de abandono, ubicadas en 12 municipios, de los cuales el 25 % corresponden a áreas sin título vigente (UNAL, 2018).

• 5 El Informe 2016 fue presentado en una plataforma 100 % digital e interactiva, de fácil acceso para consulta pública.

• 6 EITI es un mecanismo de participación voluntaria.

• 7 Instituto de investigación canadiense que publica los resultados de su Encuesta anual de compañías mineras (en inglés, Survey of Mining Companies), el cual contiene el ranking de atracción de la inversión, una de las herramientas con más alta reputación en el sector.

• 8 Recomendación Consejo Nacional de Planeación.

• 9 Corte Constitucional, comunicado 40 del 11 de octubre de 2018, sobre la Sentencia SU-095/18, el cual determinó que, de conformidad con las competencias atribuidas por la Constitución Política a la nación y a las entidades territoriales, las decisiones relacionadas con la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables del subsuelo deben ser adoptadas de manera concurrente y coordinada por las autoridades nacionales, con la participación de las autoridades territoriales, mediante los mecanismos que establezca la ley.

• 10 Guía elaborada por la OECD, originalmente en inglés, Due Diligence Guidance for Responsible Mineral Supply Chains from Conflict-Affected and High-Risk Areas, la cual Colombia se comprometió a implementar el 23 de mayo de 2012.

• 11 Recomendación Consejo Nacional de Planeación.

• 12 Para el fortalecimiento del RUCOM se tomarán como referencia las recomendaciones incluidas en Guía elaborada por la OECD, originalmente en inglés, Due Diligence Guidance for Responsible Mineral Supply Chains from Conflict-Affected and High-Risk Areas, la cual Colombia se comprometió a implementar, el 23 de mayo de 2012.

• 13 Recomendación Consejo Nacional de Planeación.

• 14 Reporte público de resultados de exploración, recursos y reservas minerales (ECRR), el cual tiene reconocimiento a escala internacional por parte del Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO). Exigibles a las compañías para cumplir con las normativas del International Accounting Standard Board (IASB).