Políticas e Inversiones para el Desarrollo
A. Políticas e inversiones para el desarrollo, el ordenamiento y el fortalecimiento de la asociatividad
La Constitución Política de 1991 emprendió acciones de descentralización política, administrativa y fiscal, orientadas especialmente al fortalecimiento de las competencias municipales y departamentales, 27 años después, y a pesar de los beneficios. Aún existen retos importantes por concretar para que sea un verdadero instrumento que permita lograr mejoras en el bienestar, crecimiento y equidad en el territorio nacional.
La persistente desarticulación en la llegada al territorio de las políticas e inversiones, particularmente del Gobierno nacional. Junto con la proliferación de instrumentos de desarrollo y ordenamiento, ha ocasionado duplicidad e ineficiencia en los procesos.
A pesar de que la Carta Política incorporó el concepto de regiones, solo recientemente, con la adopción de la Ley 1454 de 2011, se reglamentó parcialmente esta visión.
Este vacío ha causado el desaprovechamiento de los niveles regionales de planeación, al tiempo que ha menguado sus capacidades para promover el desarrollo eficiente. Así como la concurrencia de fuentes de recursos para financiar distintas iniciativas.
El nivel regional en Colombia tiene potencial para conectar territorios, es capaz de aprovechar los vínculos urbanos-rurales, consolidar los sistemas de ciudades, potenciar la funcionalidad territorial, y promover clústeres productivos y economías de escala en provisión de servicios e infraestructura.
De esta manera cualquier intervención es más eficaz en términos de resultados y alcance de los impactos esperados.
Aunque la Ley 1454 de 2011 fue un paso fundamental en procura de las innovaciones requeridas para fortalecer el nivel regional, ya que reconoce competencias de ordenamiento territorial a los departamentos, y da funciones específicas a los Esquemas Asociativos Territoriales (EAT)6, aún hay retos importantes en materia institucional, normativa y en los esquemas de incentivos para fortalecer la asociatividad territorial.
Esta línea presenta las apuestas para el desarrollo regional:
Las cuales comprenden: un arreglo institucional para la articulación y gobernanza multinivel; políticas que favorezcan el adecuado ordenamiento territorial y su alineación con el desarrollo; y políticas que fortalezcan los esquemas asociativos de planificación, incluyendo su creación, incentivos y sostenibilidad.
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Diagnóstico
El modelo de descentralización colombiano se aleja del modelo teórico del federalismo fiscal y enfatiza progresivamente en elementos de coordinación, complementariedad, concurrencia y subsidiariedad7, los cuales se concretan en los diferentes niveles subnacionales y en las iniciativas de asociatividad territorial e integración regional.
La pertinencia de este enfoque regional y subregional enfatiza en la importancia de una gestión de recursos y de esquemas de incentivos, orientados a promover inversiones de escala regional, de manera que sea posible economías de escala e incentivar sinergias y alianzas competitivas, y lograr objetivos de desarrollo sostenible, en beneficio del nivel local.
Sin embargo, a pesar de los avances en estos mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno y en las iniciativas de asociatividad territorial, persisten tres retos que impiden su consolidación, los cuales se describen a continuación.
a. Baja coordinación en la planeación e inversión para el desarrollo territorial
A pesar de los esfuerzos recientes, la planeación, inversión e implementación de proyectos del Gobierno nacional, continúa realizándose de forma descoordinada en el nivel territorial y sin criterios diferenciadores según las particularidades de cada nivel.
Este hecho limita el impacto de las políticas en favor del desarrollo territorial, la transparencia y la evaluación de la inversión. Por otra parte, obstáculos operativos dificultan la concurrencia de fuentes de inversión en proyectos de impacto regional8.
Los Contratos Plan son un instrumento creado para el desarrollo regional en lo que respecta a la gobernanza, coordinación y concurrencia de inversiones.
Sin embargo, estos presentan retos metodológicos, de enfoque y operación. Por un lado, se perdió de foco la priorización de proyectos estratégicos de alto impacto regional, y la flexibilidad para promover iniciativas subregionales9. Por otro, se perdió el objetivo de concurrencia de recursos en tanto los sectores y las entidades territoriales no están concurriendo en la cofinanciación de proyectos de inversión.
Esto lleva al incumplimiento de los compromisos estratégicos territoriales, desvirtúa el carácter estratégico de la figura y desconoce su potencial para la cooperación horizontal entre entidades territoriales y la Nación10, lo que compromete su utilidad para focalizar mejor la inversión sectorial, concretar la gobernanza para el desarrollo y asegurar la prestación de servicios públicos e infraestructura con impacto regional.
b. Deficiente armonización entre la planeación para el desarrollo y la planeación para el ordenamiento territorial
A pesar de la normativa existente, y de algunos avances en la articulación sectorial11, actualmente no hay una clara alineación entre los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial continental y oceánico12.
Así mismo, no existe un sistema de seguimiento que garantice la convergencia espacial de los planes y programas implementados en el territorio13 y, entre tanto, persisten conflictos de uso del suelo y se agudizan la deforestación y los hechos de corrupción en el ordenamiento territorial municipal.
En materia de ordenamiento sobresalen dos retos.
El primero es que pese a la inexistencia de una política pública
Que opere como sombrilla conceptual integradora de todos los instrumentos de ordenamiento territorial, persisten ejercicios de ordenamiento sectorial carentes de articulación, que ocasionan traslapes de distintas zonificaciones y denominaciones para el ordenamiento, lo que complejiza la competencia de ordenamiento territorial de los departamentos y municipios.
Entre tanto, confluyen dinámicas económicas y sociales que inciden en el uso y la ocupación del territorio, que no se ajustan a las condiciones del entorno natural y amenazan con la sostenibilidad. La Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), como instancia llamada a organizar el tema, carece de función decisoria e incidencia en la toma de decisiones.
Por otra parte, tampoco se han desarrollado los lineamientos técnicos para la formulación de planes de ordenamiento a una escala subregional como, por ejemplo, los Planes Estratégicos de Ordenamiento Metropolitano o los Planes de Esquemas Asociativos Territoriales, como tampoco la reglamentación para los Planes de Ordenamiento Departamental.El segundo reto está relacionado con la desactualización:
De los Planes de Ordenamiento Territorial en el nivel municipal (POT), y sus persistentes deficiencias en información e incorporación de estudios básicos de riesgo de desastres. Así como el poco avance en implementación de instrumentos de gestión y financiación del suelo.
Lo anterior se debe en gran parte a la desactualización en la información esencial para la planificación territorial como la cartográfica14 y de catastro15. Las cuales no interoperan con el registro de la propiedad ni con los demás sistemas de información territorial.
Este problema genera riesgos de inestabilidad jurídica, sobrecostos y dificultades en la implementación de políticas públicas, y limita la autonomía y capacidad de gestión de los territorios16.
Este rezago en la actualización catastral17 se ha profundizado, entre otros factores, por la falta de recursos para su financiación.
El catastro se constituye actualmente como una función pública, a pesar de que tiene elementos propios de los servicios públicos, tales como:
(1) es un conjunto de actividades mediante las cuales se busca satisfacer necesidades de interés general,
(2) el Estado tiene el deber de asegurar su prestación eficiente, regular y continua en igualdad de condiciones para toda la sociedad y
(3) puede satisfacerse en forma directa o mediante el concurso de los particulares o comunidades organizadas. A lo anterior se suma que su establecimiento como servicio público permite el uso de instrumentos de financiación, como tasas y tarifas por la prestación del servicio.
c. Escasa consolidación del nivel regional (intermedio) de planeación y gestión, y bajos incentivos a la asociatividad territorial
El nivel regional de planeación y gestión se concreta en los EAT, e incluye las formas de gobernanza. Así como las competencias y responsabilidades en la ejecución asociada de proyectos estratégicos de desarrollo territorial.
Fortalecer y profundizar estos niveles de planeación presupone retos importantes para Colombia, ya que los instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación no están adaptados a estas formas de gobernanza y no se han definido con claridad las responsabilidades, competencias y formas de sostenibilidad para garantizar la articulación multinivel.
Adicionalmente, los EAT enfrentan dificultades de acceso a fuentes de recursos, ya que no se ha consolidado la opción de suscribir Contratos Plan18. Ni cuentan con acceso directo a los recursos del Sistema General de Regalías (SGR)19 o a la presentación y ejecución de proyectos como esquema asociativo.
Además de los tres retos anteriores, persisten los siguientes cuellos de botella: multiplicidad de normativa sobre las responsabilidades de cada nivel de gobierno. Asignación de competencias sin fuentes para su financiación (Bonet, Pérez & Ayala, 2014). Falta de claridad en el ámbito de la aplicación de las competencias; y dificultades para el fortalecimiento de los mecanismos de delegación vigentes20 entre niveles de gobierno.
Esto, por ejemplo, afecta procesos como la actualización catastral. También se debe señalar la debilidad técnica y administrativa del nivel departamental.
Todas estas problemáticas evidencian la necesidad de revisar el esquema descentralizador del país. -
(Lea También: Estimular tanto la Productividad como la Equidad)
Objetivos y estrategias
a. Objetivos
El fortalecimiento de políticas e inversiones para el desarrollo regional debe hacer frente a los retos antes mencionados a través de la articulación de las inversiones sectoriales para optimizar su llegada a territorio. La armonización de los instrumentos de ordenamiento con los de desarrollo en todos los niveles de planeación; y, asociado a lo anterior, la consolidación de los EAT.
Para tal efecto, es necesario el logro de tres objetivos: (1) definir un arreglo eficiente de coordinación y la articulación de las políticas e inversiones sectoriales para el desarrollo regional; (2) armonizar la planeación para el desarrollo y la planeación para el ordenamiento territorial; y (3) consolidar el nivel regional de planeación y gestión, incentivando la asociatividad territorial.
b. Estrategias
1) Objetivo 1. Definir un arreglo eficiente que garantice la coordinación y la articulación de la planeación e inversiones para el desarrollo regional
Es necesario definir los criterios y lineamientos de articulación de la inversión. Así como la llegada al territorio de todas las apuestas sectoriales y de las fuentes de recursos (Presupuesto General de la Nación (PGN), SGR, Sistema General de Participaciones (SGP)), con énfasis en la implementación de proyectos de impacto regional.
Dado el carácter y la misión del Departamento Nacional de Planeación (DNP), este debe generar los lineamientos y criterios para una adecuada inversión territorial, alineando los intereses sectoriales con los territoriales.
Así mismo, desarrollará los lineamientos para garantizar la concurrencia y complementariedad entre las fuentes de financiación y el desarrollo de incentivos de asignación de recursos por resultados.
Una estrategia esencial para el logro de lo anterior será potenciar los contratos Plan, ahora denominados; “Pactos Territoriales”. Entendidos como instrumentos efectivos, articuladores de decisiones multinivel y de inversiones para desarrollo de proyectos de impacto regional.
De este modo el cumplimiento del objetivo se concreta en tres estrategias, a saber:
a) Focalización y articulación PGN, SGR, SGP
Esta estrategia se desarrollará mediante dos acciones:
(1) El DNP en coordinación con las entidades del Gobierno nacional optimizará la focalización territorial del PGN bajo criterios adicionales al poblacional, alineados a las prioridades de los niveles subnacionales. En particular los identificados en los capítulos regionales del Plan; e
(2) Implementará la estrategia para la articulación de los instrumentos de planeación y programación presupuestal. Así como de los estándares, procedimientos y sistemas de información de las diferentes fuentes de inversión PGN, SGP, SGR y recursos propios.
b) Generación de Incentivos a los proyectos de impacto regional
Esta estrategia comprende las siguientes acciones:
(1) Con el liderazgo del DNP y en coordinación con MinHacienda se revisarán y propondrán instrumentos de financiación por resultados para el desarrollo territorial;
(2) El DNP, en coordinación con FONADE, acompañará técnicamente a los territorios, (en particular a departamentos y esquemas asociativos) para orientarlos en la implementación de mejores prácticas y en la estructuración y ejecución de proyectos que tengan un claro impacto regional;
(3) El DNP creará un criterio de priorización de proyectos de impacto regional en el marco del PGN, SGR y los Contratos Plan;
(4) Realizará un proceso de mejora operativa en el SGR, en especial con la racionalización de la instancia de los OCAD. De tal manera que facilite los tiempos de presentación, aprobación de losproyectos de inversión y la implementación de estrategias para agilizar y mejorar la ejecución de los mismos; y
(5) Promoverá el mejor desempeño en la gestión de proyectos de regalías.
c)Fortalecimiento de la figura de los Contratos Plan, ahora denominados, Pactos Territoriales
Esta estrategia se desarrolla mediante las siguientes acciones:
(1) El DNP evaluará y restructurará, de ser necesario, la operatividad y ejecución de los Contratos Plan y del Fondo de Contratos Plan21;
(2) Así mismo, creará mecanismos para que los sectores y las entidades territoriales honren los compromisos de concurrencia de fuentes y los tiempos establecidos para la estructuración de proyectos22; y
(3) Promoverá pactos territoriales en dos escalas: un nivel regional /departamental de proyectos estratégicos de gran envergadura y un nivel subregional con EAT en subregiones funcionales.
Para garantizar el adecuado desarrollo de las tres estrategias indicadas, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. A través de la Alta Consejería Presidencial para las Regiones, desarrollará los “Talleres Construyendo País”.
A través de estos, se impulsará la implementación de los mecanismos de gestión y coordinación entre las entidades competentes del orden nacional y territorial para la ejecución de políticas, planes y proyectos estratégicos. Se identificarán las características y necesidades propias de cada región. Y se realizará el seguimiento permanente a los compromisos del Gobierno nacional.
De este modo, se creará confianza para generar credibilidad en la ciudadanía, y se fortalecerá y promoverá la transparencia en la gestión pública.
Objetivo 2. Armonizar la planeación para el desarrollo y la planeación para el ordenamiento territorial
Para garantizar el logro de este objetivo será necesario emprender una estrategia de política pública con enfoque integrador. Para su efectiva implementación se requerirá de desarrollos reglamentarios para los niveles regionales (departamentos y EAT). Complementada con el fortalecimiento del ordenamiento territorial y la generación de cartografía y catastro en el nivel municipal.
Lo anterior se enmarcará en un sólido sistema de seguimiento al ordenamiento y el desarrollo para identificar acciones de mejora, buenas prácticas y alertas tempranas sobre conflictos de uso del suelo y corrupción en el ordenamiento territorial. En línea con lo anterior, se implementarán dos estrategias:a) Adoptar la Política General de Ordenamiento Territorial (PGOT), y la reglamentación de los instrumentos de ordenamiento de nivel intermedio de planeación
Esta estrategia comprende dos acciones:
-El Consejo Superior para la Administración del Ordenamiento Territorial (COT fortalecida) adoptará la PGOT que deberá contener:
(1) La creación de un Sistema de Ordenamiento Territorial que armonice las competencias de todos los actores, competencias e instrumentos para el ordenamiento;
(2) La implementación de un arreglo institucional eficiente del (COT fortalecida). El cual unifica las funciones de la actual Comisión de Ordenamiento Territorial y el Consejo Superior para la Administración del Suelo Rural, con mayor incidencia en la resolución de conflictos de ordenamiento;
(3) La generación de lineamientos e incentivos de ordenamiento con enfoque regional y diferenciado, que incluya la propuesta de convergencia de los instrumentos de ordenamiento y desarrollo y, en especial, de ordenamiento ambiental, rural y del sistema de ciudades.
Estos tres componentes se articularán con la adopción de los criterios y arreglos institucionales entre los sectores integrados con catastro. Finalmente, para el seguimiento y evaluación de la política, se implementará el Observatorio de Ordenamiento Territorial, alimentado por las plataformas de información para la planeación, el desarrollo y la ocupación del territorio.
El plan de ejecución de la política será de obligatoria inclusión en el plan de inversiones del PND en cada cuatrienio.
– El Consejo Superior para la Administración del Ordenamiento Territorial liderará la reglamentación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) para Planes de Ordenamiento Departamental e instrumentos de ordenamiento de los EAT.b) Implementar una estrategia integral y diferenciada para la actualización de los planes de ordenamiento territorial, cartografía y catastro municipal
Esta estrategia se conseguirá con el desarrollo de tres acciones:
– El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MinVivienda),
En coordinación con las entidades del Consejo Superior para la Administración del Ordenamiento Territorial (COT fortalecida). Según competencias, impulsará la actualización e implementación de planes de ordenamiento territorial municipal a partir de:
(1) El fortalecimiento de los actores que participan en su formulación mediante la creación de un sistema de certificación en POT23;
(2) El acompañamiento al POT con un enfoque diferencial, según su estado deavance y las necesidades de cada territorio;
(3) La entrega de información estratégica en la toma de decisiones: cartografía básica, actualizada y a escalas. Según necesidades del territorio, y estudios básicos de riesgo;
(4) La implementación de una plataforma transaccional para el ordenamiento territorial municipal24 (esta estrategia tendrá en cuenta la debida incorporación de las determinantes de superior jerarquía del ordenamiento);
(5) MinVivienda, en coordinación con el DNP, generará los incentivos para la implementación de POT de calidad con instrumentos de gestión y financiación.
– Con el Liderazgo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
Se ejecutará el Plan Nacional de Cartografía y se avanzará en la actualización de la información catastral con enfoque multipropósito en los municipios priorizados (dentro de los cuales se incluyen los municipios PDET) y agrupados por regiones funcionales.
Desde el punto de vista institucional, la actualización catastral se debe basar en fortalecer el rol del IGAC en sus funciones de regulación, garantizando la separación de la inspección, vigilancia y control, y en abrir espacios para otros actores en esta actividad, de manera que se aprovechen las capacidades de otras entidades (territoriales y nacionales) y de privados para agilizar la implementación de la política.
Este proceso deberá contar con el acompañamiento de las entidades territoriales, con el objetivo de generar capacidades en el uso de la información catastral para la planeación y la gestión territorial.
Adicionalmente, la política de actualización catastral deberá:
(1) Seguir principios de costo-eficiencia, sostenibilidad y coordinación interinstitucional;
(2) Ser implementada por fases, mediante un enfoque gradual e incremental, que incorpore innovaciones tecnológicas;
(3) Promover la adopción de estándares internacionales como el Modelo Colombiano de Dominio para la Administración del Territorio (LADMCOL) y la integración catastro-registro, con la aplicación del Número Único Predial Registral (NUPRE);
(4) Definir el catastro como un servicio público susceptible de prestarse a través de la habilitación de gestores catastrales que pueden ser entidades públicas nacionales o territoriales (incluyendo, entre otros, esquemas asociativos territoriales). Las cuales podrán contratar operadores catastrales (personas jurídicas de derecho público o privado), sujeto a la regulación que se defina para tal fin25;
(5) Habilitar a las entidades territoriales y a los esquemas asociativos territoriales que ya tienen catastros descentralizados o delegados, para que presten el servicio catastral y servicios asociados a otros municipios, sujeto a la regulación que se defina para tal fin;
(6) Definir un esquema de financiamiento, en el cual se determine tanto las fuentes como los mecanismos de concurrencia.
– Con el liderazgo del Consejo Superior para la Administración del Ordenamiento Territorial (COT fortalecida)
Se realizará una reglamentación / reforma a las Leyes 152 de 1994, 388 de 1997, 1454, y al Decreto 1077 de 2015. Para garantizar la convergencia de instrumentos de planeación en el desarrollo y el ordenamiento. Así como la simplificación, estandarización, participación y transparencia en ordenamiento.
El desarrollo técnico de la reforma estará a cargo de las entidades con competencias en cada materia.
3)Objetivo 3. Consolidar el nivel regional de planeación y gestión, incentivando la asociatividad territorial
La consolidación del nivel regional mediante EAT requiere de un esfuerzo de reglamentación que fortalezca su potencial para la planeación y el desarrollo.
Tal esfuerzo debe complementarse con facilidades de acceso a recursos de financiación para programas y proyectos. De lo contrario, los esquemas no podrán emprender proyectos de impacto regional en beneficio de las entidades asociadas. Por lo anterior es necesario emprender dos acciones.
a) Reglamentar los EAT y crear un sistema de registro y seguimiento
Para el desarrollo de la primera estrategia el Ministerio del Interior (MinInterior) reglamentará la Ley 1454 de 2011, actividad que contempla como mínimo:
(1) Las competencias y facultades de los esquemas asociativos de manera diferenciada y de acuerdo con su grado de madurez y especialización. Los procedimientos para su conformación y sostenibilidad; y los mecanismos del financiamiento e incentivos (esto incluye, entre otros, la definición de funciones de las autoridades regionales de transporte, y los mecanismos para asegurar el desarrollo de la competencia de la autoridad de transporte en las áreas metropolitanas);
(2) La definición de hechos regionales, así como de los mecanismos para articulación horizontal entre EAT para ejecutar proyectos conjuntos entre estas;
(3) Estímulo a otras formas de integración entre entidades territoriales que se puedan crear para proyectos regionales comunes, sin necesidad de formalizase como esquemas asociativos; y
(4) La creación del sistema público de registro e información sobre la conformación y el estado de los esquemas asociativos con administración en cabeza del DNP y MinInterior.
b) Facilitar el acceso de los esquemas asociativos, que tienen objetivos planificación y desarrollo de proyectos de impacto regional a fuentes de financiación (SGR, SGP, PGN)
Para el desarrollo de la segunda estrategia, además de la generación de incentivos a proyectos de impacto regional (indicadas en el objetivo 1, se realizarán las siguientes acciones:
(1) El DNP alineará los Contratos Plan con EAT;
(2) Habilitará a aquellos EAT que tienen objetivos de planificación para el desarrollo de prestación de servicios y realización de proyectos y obras de impacto regional, y demuestren suficiente capacidad institucional y de ejecución de recursos. Para presentar proyectos al SGR (en el marco de los planes estratégicos de mediano plazo de los EAT);
(3) En coordinación con el MinHacienda, reglamentará la estrategia y parámetros para que las entidades territoriales puedan financiar de manera conjunta y concertada iniciativas de gasto por fuera de su jurisdicción. Para la ejecución de proyectos de inversión de impacto regional. Siempre y cuando estos beneficien a las entidades territoriales que financian la iniciativa; y
(4) El DNP brindará el acompañamiento técnico continuo para que los EAT conformados, que tengan los objetivos enunciados y puedan formular proyectos de impacto regional.
Para consolidar los tres objetivos anteriores será necesario revisar en paralelo los aspectos susceptibles de mejora en el esquema de descentralización administrativa, fiscal y política del país.
El DNP, en coordinación con MinHacienda realizará una “Misión de Descentralización”, que evaluará los resultados del esquema actual y definirá los principales ajustes al modelo descentralizador del país.
Cubrirá aspectos como la visión regional, la definición y el esquema de competencias entre niveles de gobierno y la coordinación de inversiones a nivel territorial. Este ejercicio proporcionará insumos para avanzar en la delegación de competencias.
La misión deberá tener en cuenta la necesidad de avanzar
En el fortalecimiento de la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios públicos. Así como, cuando sea necesario, en la simplificación administrativa del nivel central. De acuerdo con las capacidades y criterios de funcionalidad territorial.
Sin embargo, también es necesario que el Gobierno nacional adelante acciones para definir mecanismos para la transferencia de recursos en la delegación de competencias del nivel nacional a niveles subnacionales.
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Metas
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6 Incluye: regiones administrativas y de planificación, regiones de planeación y gestión, asociaciones de departamentos, áreas metropolitanas, asociaciones de distritos especiales, provincias administrativas y de planificación, y asociaciones de municipios (Ley 1454 de 2011).
7 Cabe mencionar, entre otros, la conformación de Regiones Administrativas de Planificación (RAP), la promoción de la asociatividad territorial, la reforma al SGR, la implementación y aplicación de diferentes modalidades de Contratos Plan y la delegación de competencias y la Ley de Áreas Metropolitanas.
8 SGP, SGR, PGN, y recursos locales de municipios y departamentos. Cada fuente de recursos tiene diferentes tiempos, procedimientos, estándares y sistemas de información en el ciclo de inversión.
9 Actualmente funcionan por demanda de los departamentos, y esto no se contrarresta con un ejercicio de planeación o priorización regional a partir de la cual se construya una visión regional o subregional. Adicionalmente los Contratos Plan están siendo mayormente financiados por el Fondo de Contratos Plan y no por los sectores del nivel nacional y las entidades territoriales.
10 Ejemplo de ello es que sigue pendiente el desarrollo procedimental del Decreto 740 de 2016 en lo que respecta a la suscripción de Contratos Plan con las RAP.
11 Un ejemplo de ello son los avances en el Estatuto de Zonificación y Uso Adecuado del Suelo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente).
12 Es decir, articulación entre instrumentos de ordenamiento y desarrollo, en el interior de cada nivel de planeación (nacional, departamental y municipal) y a su vez, articulación entre estos niveles.
13 No se cuenta con ninguna herramienta capaz de hacer seguimiento a la implementación y los avances de los planes de ordenamiento de nivel municipal departamental. Ni mucho menos un seguimiento a su integración con los respectivos planes de desarrollo.
14 Solo el 1.7 % del área del país donde se requiere cartografía con escala 1:10.000 cuenta con información vigente 2017-2018.
15 28,32 % del territorio está sin formar, 829 municipios están desactualizados, y el promedio de desactualización del país es de 12,4 años. Además, la institucionalidad encargada del catastro en Colombia presenta baja capacidad y rezagos importantes en sus sistemas de información.
16 Debido a que se afecta el recaudo de recursos por impuesto predial y la dinámica económica e inmobiliaria de los territorios.
17 La desactualización afecta especialmente a las zonas rurales y a los municipios víctima el conflicto y con extensas zonas de protección ambiental.
18 Si bien existe el marco normativo para ello, este aún no se ha desarrollado ya que los Contratos Plan se han suscrito en su mayor parte con departamentos y no con esquemas asociativos. El único contrato de carácter interdepartamental. El Contrato Atrato Gran Darién (primer Contrato Plan celebrado), que cubre 25 municipios de Chocó, Antioquia y Córdoba.
19 Solamente las entidades territoriales, no los esquemas asociativos, están habilitados para presentar proyectos a los OCAD.
20 Se identificaron tres principales obstáculos en el proceso de delegación de competencias del nivel nacional al territorial: (1) dificultades para identificar competencias delegables por la múltiple normativa y duplicidad de competencias entre niveles; (2) inflexibilidades presupuestales para la transferencia de recursos en delegaciones; y, (3) falta de interés para delegar por parte de las entidades del nivel nacional.
21 Con el fin de mejorar su gestión, priorizar los sectores más idóneos para participar en estas figuras, y su capacidad de articulación entre niveles y sectores de planeación. Así como las reglas para su suscripción y aportes.
22 Uno de los mecanismos es definir asignaciones concretas en el presupuesto de las entidades sectoriales para lograr el efectivo cumplimiento de los compromisos de la Nación previstos en el CONPES 3822 de 2014. En el Pacto Territorial cada sector registrará el código BPIN del proyecto correspondiente. Así mismo, se implementará un monitoreo al Pacto Territorial en la etapa de ejecución con el fin de verificar el cumplimiento de los porcentajes comprometidos por cada sector en este.
23 Para el efecto se creará una certificación en ordenamiento territorial para actores involucrados en la formulación de POT: estructuradores, formuladores, consultores, alcaldes y secretarios de planeación. Se tomará como base la plataforma KIT de OT en su módulo de pruebas de aprendizaje. Esta actividad se desarrollará en coordinación con la ESAP, SENA, DNP y entidades con competencias en OT.
24 La cual se detalla en la línea E del presente pacto, sobre sistemas de información.
25 Requisitos que son diferentes de los requisitos de idoneidad de las personas naturales para las profesiones y oficios ya regulados por el Congreso de la República.
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