Decisión

VII

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

Declarar EXEQUIBLE la expresión “Los casos de que trata el numeral 3° del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”, contenida en el inciso primero del artículo 533 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que el legislador debe separar, dentro de la misma Corte Suprema de Justicia, las funciones de investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia, para las conductas punibles cometidas a partir del 29 de mayo de 2008.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase.

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente

Con salvamento de voto

JAIME ARAÚJO RENTERÍA MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado Magistrado
Ausente en comisión

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado Magistrado

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO MARCO G. MONROY CABRA
Magistrado Magistrado

Ausente en comisión

NILSON PINILLA PINILLA CLARA I. VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrado Magistrada

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General

Salvamento de voto del Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto a la Sentencia C-545 De 2008

Referencia: Expediente 6960

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 533 (parcial) de la ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

Magistrado Ponente:

Nilson Pinilla Pinilla

Con el acostumbrado respeto, el suscrito Magistrado disiente de la decisión mayoritaria en virtud de la cual se declaró “EXEQUIBLE la expresión “Los casos de que trata el numeral 3º del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”, contenida en el inciso primero del artículo 533 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que el legislador debe separar, dentro de la misma Corte Suprema de Justicia, las funciones de investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia, para las conductas punibles cometidas a partir del 29 de mayo de 2008”. Considero que no había lugar a condicionar el contenido normativo examinado, pues debió declararse su constitucionalidad pura y simple por las razones que expongo a continuación.

1. En primer lugar, encuentro que la sentencia de la referencia contraría uno de los principios fundamentales de la argumentación jurídica, el principio de coherencia, pues, por una parte, desconoce los precedentes sentados por esta Corporación en la materia sin dar cuenta suficiente de las razones que justifican del cambio de postura jurisprudencial. Adicionalmente presenta una contradicción insuperable en su estructura argumentativa, pues a pesar de que se sostiene reiteradamente a lo largo de la decisión que el enunciado normativo acusado se ajusta a la Constitución, finalmente se condiciona su exequibilidad a que se introduzcan cambios significativos en el procedimiento de investigación y juzgamiento de los congresistas. En otras palabras, a pesar de encontrar el precepto acusado a los contenidos de la Constitución Política, finalmente la mayoría lo declara inexequible –pues este es el sentido del condicionamiento introducido en la parte resolutiva–, por lo tanto existe una evidente contradicción entre la parte motiva y el decisum de la sentencia en cuestión. Hubiera sido en todo caso mucho más coherente con el sentido de la decisión declarar la inexequibilidad del enunciado normativo demandado, lo cual por otra parte también habría guardado mayor consonancia con los argumentos expuestos durante el debate del proyecto de sentencia en Sala Plena, pues la mayoría de las intervenciones de los magistrados que se pronunciaron en contra de la constitucionalidad de la disposición acusada, como consta en el Acta No. 25 de la sesión celebrada el día veintiocho (28) de mayo.

2. Me detendré inicialmente en la segunda de las inconsistencias antes bosquejadas, es decir, las contradicciones entre la motivación del fallo y lo decidido. En efecto, en la sentencia de la referencia se afirma: (i) Qué el fuero de los congresistas en materia penal, consistente en que su investigación y juzgamiento corresponde a la Corte Suprema de Justicia, constituye “un privilegio protector de la investidura”, el cual “asegura al máximo la independencia en el juicio”, el cual se encuentra “avalado en los actuales postulados doctrinarios” (fundamento 3 de las consideraciones); (ii) Que el fuero especial es uno “de los elementos característicos de los estados democráticos, que protege a ciertos altos funcionarios del Estado, de modo que se pueda garantizar la dignidad del cargo y de sus instituciones, al igual que su independencia y autonomía, para que puedan desarrollar las funciones que les han sido encomendadas”; (iii) Que los procesos especiales adelantados contra los funcionarios aforados pueden apartarse de los procedimientos ordinarios señalados en la Carta Política sin que ello suponga vulneración del principio de igualdad. Por las anteriores razones se concluye en la primera parte de la decisión que “no le asiste razón a los demandantes cuando refieren que el aparte censurado del artículo 533 de la Ley 906 de 2004 vulnera el derecho a la igualdad, al contemplar que los procesos adelantados en contra de los senadores y representantes a la Cámara deben tramitarse por el procedimiento consagrado en la Ley 600 de 2004 por no encontrarse esos aforados en una situación equiparable con la correspondiente a los otros sujetos pasivos de la acción penal”. Incluso más adelante se reitera que “tradicionalmente se ha entendido que la dual función investigadora (…) y juzgadora de la Corte Suprema, no afecta las garantías fundamentales de los Congresistas, quienes siempre gozan del derecho al debido proceso (…)”.

Sin embargo, luego de arribar a tales conclusiones en el segundo acápite de la parte considerativa de la sentencia C-545 de 2008 se da otra vuelta de tuerca argumentativa (parafraseando la famosa novela de Henry James) y se arriba justo al desenlace contrario, esto es que el enunciado normativo demandado no está acorde con los recientes desarrollos doctrinarios en materia de imparcialidad objetiva de los funcionarios judiciales y por tal razón se termina por condicionar su constitucionalidad. Pero aquí es donde la contradicción de la sentencia de la referencia se hace más notoria pues la mayoría no declara el precepto examinado inexequible sino que afirma que se encuentra ajustado a la Constitución pero que en todo caso su entendimiento debe ser condicionado. Textualmente se consigna: “si bien el aparte demandado del artículo 533 de la Ley 906 de 2004 es exequible, la dinámica del derecho impone que a partir de la expedición de esta providencia, para efectos de los procesos adelantados contra quines ostenten la calidad de aforados conforme al artículo 235.5 superior , por conductas punibles cometidas con posterioridad a la misma, el legislador adopte en ejercicio de las facultades estatuidas en el artículo 234 ibidem las medidas necesarias para que sea separada, dentro de la misma Corte Suprema como juez natural en estos casos, la función de investigación de aquella correspondiente al juzgamiento”.

A pesar de la alambicada redacción del aparte antes trascrito es evidente que la mayoría encontró que el precepto demandado no se ajustaba a la Constitución, pues de no ser así no hubiera sido necesario condicionar su contenido, causa sorpresa sin embargo que la razón invocada para tal decisión sea la “dinámica del derecho”, concepto cuya vaguedad e indeterminación son evidentes. Para mayor confusión mas adelante se sostiene que el precepto acusado no contraviene la Constitución Política ni los tratados internacionales de derechos humanos, lo que nuevamente suscita el mismo interrogante: ¿Si el aparte demandado del artículo 533 de la Ley 604 de 2004 está ajustado al bloque de constitucionalidad por qué se requiere una modificación legislativa dirigida a separar las funciones de instrucción de las de juzgamiento?

3. Es necesario en todo caso detenerse brevemente en la “dinámica del derecho” esgrimida por la mayoría para justificar el condicionamiento del enunciado normativo demandado. Parece que tal expresión hace referencia a la “conveniencia” de adecuar el precepto demandado a los recientes desarrollos que se han producido en la materia en la doctrina y en el derecho comparado. En este sentido se sostiene:

“Como la carta política sigue avalando y obligando a la Corte Suprema a investigar y sancionar, ella misma, a los Congresistas, la total exclusión del servidor judicial, también en este ámbito, de cualquier actividad previa en el asunto que vaya a ser sometido a su juzgamiento, no es en Colombia un imperativo constitucional, sino una conveniencia emanada de la doctrina y del derecho comparado, recomendable para extremar la adecuación de los procedimientos a las evoluciones internacionales, hasta donde resulte razonable”. (negrillas y subrayados agregados).

Según el parecer de la mayoría, a pesar de que no configura una vulneración a la Constitución la asignación a la Corte Suprema de Justicia de las funciones de investigación y enjuiciamiento de los congresistas, existen unas razones de “conveniencia”, derivadas de la doctrina y del derecho comparado, que llevarían a condicionar la exequibilidad de la norma legal acusada, en el sentido de que el legislador deberá separar las mencionadas funciones en el seno de la Corte Suprema de Justicia.

Sobre el particular cabe recordar que en Colombia existe un control constitucional de naturaleza judicial y no política, motivo por el cual le está vedado a la Corte Constitucional adelantar juicios de conveniencia sobre las normas sometidas a su examen. Aunado a lo anterior, se olvida que la doctrina y el derecho comparado no constituyen parámetros para adelantar el mencionado control, como quiera que, de conformidad con el artículo 230 Superior, constituyen tan sólo criterios auxiliares de la actividad judicial. En otras palabras, resulta insostenible argumentar que una determinada disposición legal se ajusta a la Constitución pero que, al mismo tiempo, por motivos de conveniencia, debe ser declarada exequible de manera condicionada, a efectos de ajustarla a las últimas tendencias del derecho comparado y de la doctrina foránea. Esta conclusión no es correcta desde los postulados básicos y elementales de la justicia constitucional, equivale a afirmar que una ley, no obstante sea constitucional, puede ser expulsada del ordenamiento por desconocer o estar en contra de autores extranjeros o con regulaciones constitucionales y legales en materia procesal de otros países.

En este orden de ideas, me parece absolutamente desacertado sostener que “por evolución doctrinal el cumplimiento futuro de las funciones de investigación y juzgamiento debe escindirse de los miembros de la corporación constitucionalmente investida de esa competencia integral”, tanto más en cuanto aquello que en el fallo se entiende por “doctrina”, no corres-ponde realmente a la opinión de expertos internacionales en temas procesales, sino que alude a algunos extractos inconexos de fallos proferidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional español y la Corte Suprema de Argentina, los cuales versan sobre temas totalmente disímiles; es decir, ni siquiera se recurrió a los pronunciamientos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de imparcialidad de los jueces, sistema regional de protección de derechos humanos del cual el Estado colombiano sí hace parte y cuyos fallos constituyen un criterio auxiliar de interpretación relevante. Es más, recurrir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español en materia de sistema penal acusatorio es incorrecto por cuanto, (i) el modelo proceso español no es paradigmático realmente en materia de sistema acusatorio, como sí podrían ser el americano o el alemán; y (ii) tal y como se dejó sentado en sentencia C-591 de 2005, en el Acto Legislativo 03 de 2002 no se acogió un sistema acusatorio “puro”, motivo por el cual las referencias al derecho comparado deben ser muy puntuales y con beneficio de inventario.

4. Saltan a la luz las contradicciones internas de la decisión de la cual me aparto, sin embargo, esos no son los únicos motivos de mi disentimiento, pues como antes afirmé la sentencia C-545 de 2008 también vulnera el principio de coherencia argumentativa al separarse de fallos previos de esta Corporación que habían encontrado ajustado a la Constitución el fuero especial de los congresistas y que la investigación y juzgamiento fueran adelantados por la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia.

Baste citar aquí la sentencia C-934 de 2006 en la cual se recapitula la línea jurisprudencial de esta Corporación en la materia –sentada entre otras decisiones en las sentencias C-142 de 1993, C-561 de 1996, C-411 de 1997, C-873 de 2003– de la siguiente manera:

Según la línea jurisprudencial recordada, (i) el juzgamiento de altos funcionarios por la Corte Suprema de Justicia no desconoce el debido proceso, porque obedece a las previsiones establecidas por el legislador en desarrollo de lo estatuido en la propia Carta30; y (ii) el Legislador goza de potestad de configuración (a) para definir los cargos de los funcionarios que habrán de ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia,31 como quiera que el texto constitucional autorizó expresamente al legislador para atribuir funciones a la Corte Suprema de Justicia;32 (b) para distribuir competencias entre los órganos judiciales (artículo 234, CP);33 (c) para establecer si los juicios penales seguidos ante la Corte Suprema de Justicia serán de única o doble instancia, dado que el principio de la doble instancia no tiene un carácter absoluto, y el legislador puede definir excepciones a ese principio;34 y (d) para definir los mecanismos a través de los cuales se pueden corregir eventuales errores judiciales, como quiera que el legislador puede establecer las acciones o recursos disponibles para impugnar decisiones adversas o contrarias a derecho.

Adicionalmente, cabe destacar que el juzgamiento de altos funcionarios por parte de la Corte Suprema de Justicia constituye la máxima garantía del debido proceso visto integral-mente por las siguientes razones: (i) porque asegura el adelantamiento de un juicio que corresponde a la jerarquía del funcionario, en razón a la importancia de la institución a la cual éste pertenece, de sus responsabilidades y de la trascendencia de su investidura. Por eso, la propia Carta en el artículo 235 Superior indicó cuáles debían ser los altos funcionarios del Estado que gozarían de este fuero; (ii) porque ese juicio se adelanta ante un órgano plural, con conocimiento especializado en la materia, integrado por profesionales que reúnen los requisitos para ser magistrados del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria; y (iii) porque ese juicio se realiza ante el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, quien tiene a su cargo la interpretación de la ley penal y asegurar el respeto de la misma a través del recurso de casación.

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