Conceptos y Opiniones: Diecisiete años de Jurisprudencia

José Gregorio Hernández Galindo*

Como se ha dicho en Cartagena, en el marco del Cuarto Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, la tarea de la Corte Constitucional en estos diecisiete años no ha consistido solamente en dejar sin efectos jurídicos las normas expedidas contrarias al Ordenamiento Fundamental, sino también en adaptar todo el edificio normativo –incluidas las disposiciones preconstitucionales, es decir, las expedidas antes de 1991– a los postulados esenciales plasmados por la Asamblea Constituyente, y en construir, hasta donde la coherencia y la lógica han podido llegar –es necesario reconocer que no todas las sentencias proferidas en este tiempo corresponden bien a esos dictados–, una jurisprudencia armónica e innovadora.

En buena parte esa tarea ha consistido en realizar materialmente la Constitución, para que no se quede en letra muerta. Escribir normas es una cosa, desde luego esencial, pero otra más difícil consiste en hacerlas reales, y en lograr que los valores plasmados; los principios trazados; las reglas básicas ideadas; los mandatos dictados por el Constituyente; los derechos y libertades consagrados y los criterios adoptados en la literalidad de la Carta Política, rijan en verdad, en medio de costumbres arraigadas y de convicciones de suyo opuestas a la Constitución.

Basta citar como ejemplo el concepto de Estado Social de Derecho, que implica todo un universo de principios acerca de la actividad económica del Estado; de planeación; de presupuesto; de gestión financiera, como elementos orientados hacia la satisfacción efectiva de las necesidades y propósitos del ser humano y su realización en un contexto social, frente a los criterios neoliberales imperantes. Hay que ver, aparte de las diferencias de enfoque, las enormes dificultades que ha debido superar la Corte para conseguir que se entienda que la salud y la seguridad social, o el derecho a una vivienda digna; o la remuneración mínima, vital y móvil de los trabajadores, …tienen unos componentes constitucionales esenciales que obligan al Estado y a los particulares a la luz del Estado Social de Derecho.

El trabajo de la Corte no ha sido fácil. Con frecuencia, no se entiende muy bien que ella actúa en el plano de la norma jerárquicamente más alta dentro del orden jurídico, y por tanto, cuando examina la constitucionalidad de una ley o de un decreto, y cuando declara que una u otro son inexequibles, no invade la órbita del Congreso o del Presidente, sino que su función consiste entonces –y así la cumple– en preservar un orden fundamental.

Reclutamiento de Menores

José Gregorio Hernández Galindo*

Una de las conductas más graves y reprochables por la cual son responsables los grupos armados que han venido azotando nuestro territorio es el reclutamiento de menores para vincularlos a sus filas, a la guerra contra la sociedad, a la violencia y al crimen.

Ya conocemos que esta odiosa práctica ha sido convertida en tradicional en la guerrilla, tanto en las FARC como en el ELN, y también se sabe que los paramilitares no se han quedado atrás.

Inicia la Fiscalía las diligencias orientadas a exigir a jefes paramilitares que declaren en los procesos acerca de ese vergonzoso reclutamiento que ha tenido lugar a lo largo de dos décadas.

Si estamos en el marco del proceso de Justicia y Paz, los “paras” deberán declarar la verdad, pues de lo contrario –al menos en teoría, pues ya vimos que en la práctica les otorgan la extradición para que negocien sus penas en los Estados Unidos– perderán los beneficios allí previstos.

Según las informaciones que se conocen, las autodefensas deberán responder por al menos 2.000 niños (que podrían ser 4.000, según cifras extraoficiales), que, como lo informó el diario EL TIEMPO hace dos semanas, fueron ocultados por los delincuentes y enviados a sus casas, sin pasar por ninguna institución oficial, ni haberse acogido a procesos de desmovilización. Sólo 450 menores fueron declarados oficialmente por las autodefensas y se desmovilizaron. Es decir, se le mintió a la justicia desde el comienzo, dejando a esos menores en la total desprotección, en un verdadero “limbo” respecto a Justicia y Paz, y sin ningún futuro; y eso, aparte del reclutamiento, de la “pedagogía” criminal y del efectivo secuestro de muchos de esos niños, constituye a su vez un verdadero crimen.

Lo más aberrante es que los menores, según dicen investigadores, fueron sacados de sus hogares, presionados y amenazados con el fin de que se incorporaran a la delincuencia. Obviamente, después, ya en el interior de esos ejércitos, fueron entrenados para el mal, obligados a cometer delitos y usados como “carne de cañón” en eventuales enfrentamientos con el Ejército o con la guerrilla, que a su vez hace lo propio.

Esta es una de las modalidades más crueles de acción delictiva, y una vulneración flagrante y permanente de elementales principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y, claro está, de nuestra propia Constitución.

Las preguntas que a estas alturas podemos formular son, entre otras: ¿Hasta ahora se dá cuenta el Estado Colombiano? ¿Cómo pudo ocurrir esto durante 20 años y haber omitido el Estado su deber, cuando los jefes paramilitares se paseaban orondos en ciudades y campos sin que nadie les llamara la atención? ¿Qué se va a hacer ahora con esos 2.000 o 4.000 menores?

El Mito de Sísifo

José Gregorio Hernández Galindo*

Una información exótica proviene del Consejo de Estado: y la Corte Suprema de Justicia: han proferido sentencias según las cuales cabe la tutela contra las sentencias de la Corte Constitucional, pese a que hay norma expresa en el sentido de que contra ellas no procede recurso alguno.

La Constitución no contempla ni remotamente esa posibilidad, y, por el contrario, confía a la Corte Constitucional la función de revisar eventualmente los fallos de cualquier juez o tribunal –incluidos la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura– en materia de tutela. La revisión no es una instancia, sino el mecanismo para unificar, en la cúspide, la jurisprudencia sobre tutela y sobre derechos fundamentales. El fallo de revisión es el más alto, y último que se puede dictar en la materia, y pone fin a toda controversia acerca del asunto tratado en las instancias. Por eso, carece de sentido que ese fallo pueda ser a su vez objeto de nueva tutela.

El Consejo de Estado, la Corte Suprema, y todo otro tribunal carecen de competencia, y también de jurisdicción, para fallar sobre sentencias de la Corte Constitucional. De modo que cualquier pronunciamiento de ellos al respecto configuraría una clara vía de hecho, en cuanto se extralimitarían en el ejercicio de sus funciones.

De abrirse paso esta posibilidad, se produciría un efecto “cascada”: contra el fallo de la justicia ordinaria de primera instancia, apelación; contra el de segunda instancia, casación; contra el de casación, tutela; contra el de tutela de primera instancia, uno de segunda instancia; contra éste, revisión de la Corte Constitucional; y, si esta absurda tesis prospera, contra el fallo de revisión, uno de primera instancia; contra él, impugnación; contra él nueva revisión de la Corte Constitucional; y, como en la recordada obra de Albert Camus, “El mito de Sísifo”, volver a comenzar, para jamás llegar a una decisión definitiva. Totalmente lo contrario de la pronta y cumplida justicia que la Constitución proclama. Lo opuesto al derecho de acceso a la administración de justicia.

Además, se contraría la tesis de la Corte Suprema y del propio Consejo de Estado respecto a la tutela contra sus providencias, que consiste en que no cabe el amparo contra los órganos de cierre, como lo es la Corte Constitucional, en lo relativo a la Carta Política órgano de cierre de las decisiones de los órganos de cierre.

La Ruptura de las Instituciones

José Gregorio Hernández Galindo*

Hay una quiebra de las instituciones, como antes no se había presentado, de la que no nos hemos dado cuenta o hemos preferido no hacerlo.

Enceguecidos por el manejo mediático del gobierno, la mayoría de los colombianos no ha tomado conciencia sobre la gravedad de la crisis institucional que nos afecta. Para decirlo con franqueza, lo que hay no es otra cosa que una quiebra de las instituciones, como antes no se había presentado, y de la cual no nos hemos dado cuenta o hemos preferido no darnos cuenta.

En efecto, lo acontecido en el último año, este largo conflicto entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, específicamente la Corte Suprema de Justicia –y concretamente su Sala de Casación Penal– tuvo origen en la apertura de procesos penales contra congresistas y otros servidores públicos por haber establecido vínculos con organizaciones criminales, en razón y por causa de los cuales se falseó la voluntad popular en las elecciones y las instituciones fueron infiltradas por tales fuerzas criminales. Llevar a cabo los juicios respectivos era un deber de la Corte Suprema en desarrollo de las normas constitucionales vigentes, y un proceso que ha debido contar con el respaldo y la colaboración activa del Ejecutivo y del Congreso, si quienes ejercen el poder en Colombia observaran de verdad los postulados del Estado Social de Derecho.

DESDE 2002

De hecho, ha debido conmocionar al país, y concitar el afán de los órganos judiciales, de control y ejecutivos, y alarmar al propio Congreso el anuncio que hicieran las propias Autodefensas en su página de Internet en 2002 en el sentido de que tenían más del 30 por ciento del Congreso en sus manos. Es decir, nos notificaron que ellos, con su poder malévolo –conseguido a base de delitos, crímenes de lesa humanidad, narcotráfico y terrorismo–, habían logrado elegir más de la cuarta parte de la Rama Legislativa. Después lo confirmó uno de sus líderes: Vicente Castaño. Y Mancuso nos lo confirmó por televisión pocos días antes de ser enviado a los Estados Unidos por el Gobierno, a negociar su pena.

Pero en 2002 nadie se inmutó. Quienes hablaron del tema, reclamando investigaciones, fueron silenciados por una colectividad que ya desde entonces puso de moda ese un animismo asfixiante que señala y condena a cualquiera que opine por su propia cuenta, y en general a quien piense, como amigo de las FARC.

No nos dimos cuenta de la gravedad de semejante acontecimiento político, que desvirtuaba por completo el sistema democrático. El Gobierno ha debido asumir en ese momento el liderazgo orientado a verificar de manera exhaustiva y pronta si eso era cierto. La Fiscalía ha debido cumplir desde entonces su función e iniciar las averiguaciones indispensables, para que, si estaban comprometidos congresistas, la Corte Suprema asumiera los procesos contra ellos, y en todo caso proseguir los fiscales las investigaciones respecto de gobernadores, alcaldes, concejales, diputados que hubieran podido resultar elegidos también mediante votación manipulada por las organizaciones criminales.

Pero no. Nada pasaba. Y, por el contrario, se inició el proceso –culminado pocos meses después en el Congreso– de aprobación de una ley –que paradójica y falsamente se denominó “de justicia y paz”–, orientada a lograr que se consagraran las penas más bajas posibles a favor de los paramilitares, y, peor aún, a obtener que la normatividad calificara sus crímenes como políticos –como sedición–, sin mayor énfasis en la reparación de las víctimas. Aun sin que en ese momento hubiese ley todavía, se dio principio a la famosa “desmovilización”, con el compromiso teórico de los paramilitares de entregar sus armas, y de “no volver a delinquir”. Pero –lo dice ahora el Gobierno– continuaron delinquiendo desde las cómodas cárceles que les fueron señaladas (con celulares y computadores a su disposición, los mismos que después, cuando fueron extraditados, desaparecieron misteriosamente, a diferencia del computador de alias “Raúl Reyes”, que todos los días entrega al país nuevos datos).

La Corte Constitucional declaró exequible la Ley de Justicia y Paz, que consagró penas máximas de ocho años aplicables a quienes cometieron los peores crímenes contra miles de colombianos, cuyos cadáveres se siguen encontrando hoy en fosas y más fosas esparcidas por el territorio nacional. Pero declaró inexequible –aunque por razones formales– la norma que trataba a los paramilitares como delincuentes políticos.

Sólo en 2007 se iniciaron en serio, merced a la actividad de la Sala Penal de la Corte –el Gobierno dice que como efecto de la política de seguridad democrática– los primeros procesos por parapolítica. Y aunque los sindicados y poco a poco detenidos eran congresistas, no funcionarios del Gobierno, salvo el ex director del DAS, Jorge Noguera, a medida que avanzó el proceso de la parapolítica, se fueron resquebrajando las relaciones entre el Ejecutivo y la Corte Suprema.

LOS CHOQUES

Vinieron después los bochornosos acontecimientos provocados por la contradicción entre las versiones del Presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia, y del Presidente de la República, Álvaro Uribe, acerca de los términos de una conversación telefónica en que, de acuerdo con el segundo, el primero indagó por el proceso iniciado contra su primo, el senador Mario Uribe. El hecho fue negado por el Jefe del Estado; negativa seguida de una denuncia presidencial contra el Presidente de la Corte ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Luego vinieron las denuncias de la ex congresista Yidis Medina sobre compra de su voto, por funcionarios del Gobierno, en 2004, cuando se tramitaba la reforma constitucional que hizo posible la reelección del actual Presidente; la iniciación del proceso penal contra ella en la Corte Suprema; su condena; el llamado de atención de la Corte, en la sentencia, acerca de la desviación de poder que ese cohecho propio había significado; y la airada reacción presidencial ante el fallo, proponiendo entonces un referendo para repetir el proceso electoral de 2006.

Ya el país se había sorprendido con la irrupción intempestiva del Presidente de la República en varios medios de comunicación, sindicando al Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, coordinador de las investigaciones sobre parapolítica, de haber querido manipular a un procesado de apodo “Tasmania” para que declarara que el Presidente había contratado a un paramilitar con el fin de que diera muerte a otro paramilitar. Asunto bastante tenebroso, traído sin embargo de los cabellos, que después, al retractarse el paramilitar en referencia, llevó al Fiscal General a declarar que se trataba de un montaje, al parecer de un abogado y unos políticos, contra el Magistrado.

La exoneración de Velásquez de ese grave cargo hizo recrudecer las intenciones de sacarlo, como fuera, del proceso de la parapolítica: apareció una grabación extraña, tomada por la ex presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez, de un investigador del CTI; supuestos testimonios sobre manipulación de pruebas; y lo más grave: afirmaciones gaseosas, sin nombres ni datos, y menos pruebas, del propio Presidente de la República sobre solicitudes de dinero por funcionarios de la Rama Judicial en el curso de procesos.

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