Análisis Jurisprudencial: Una sentencia de la corte interamericana de derechos humanos

EL CASO DE LOS “19 COMERCIANTES VS. COLOMBIA”

Jorge Salcedo Segura
Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia

PREVIAMENTE Y PARA ILUSTRACIÓN DE QUIENES SE interesen sobre este asunto, debemos hacer una breve síntesis sobre el origen de la citada Corte.

De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Inicialmente se aprobó en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual creó una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que según su artículo 35 representa a todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta Convención fue aprobada por Colombia mediante Ley 16 de 1972.

De la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Posteriormente mediante Resolución No. 448 de la Asamblea General de la OEA en su noveno período de sesiones celebrado en la Paz, Bolivia, en octubre de 1979, fue creada la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se le dio como sede la ciudad de San José de Costa Rica.

El Reglamento de la Corte

Más de 20 años después de creada la Corte ésta dictó en noviembre de 2000 su propio Reglamento, contentivo de escasas reglas de procedimiento que deben gobernar los procesos que ante ella se tramiten. Las reglas procesales contenidas en este Reglamento, no aprobado ni por la Asamblea de la OEA ni por ninguno de los Estados que la integran, ¿son obligatorias para éstos? Este interrogante debe absolverlo nuestra propia cancillería.

De conformidad con el artículo 61 de la Convención, “Sólo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.” Según el artículo 44 de la misma los particulares que se sientan lesionados por la violación de los Derechos Humanos deben presentar su queja o denuncia ante al Comisión y ésta tomará la decisión de demandar. Por tal razón en el proceso que nos ocupa la Comisión fungió como demandante. En consecuencia los comerciantes a que se aludió en la referencia de la sentencia no son los actores, es decir, no son ni podían ser parte en el proceso. Y si bien se mira la cuestión, siendo así que la Comisión que demandó representa entre otros Estados a Colombia, este proceso tuvo como demandante representada por la Comisión y simultáneamente como demandada a Colombia.

Procedencia de la Condena en Perjuicios en Estos Procesos

El inciso primero del artículo 63 de la Convención dispone: “1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.” (Lo resaltado fuera del texto). Una epiqueya liminar del texto trascrito conduce a que hay casos en que la condena en perjuicios es procedente y desde luego en otros no. ¿Cuándo sí y cuándo no? En el apartado 221 de la sentencia la Corte trató de hacer una interpretación de esta norma, pero inexplicablemente pasó por alto el sentido de la frase que en la trascripción de la norma se resaltó.

Sobre el particular dijo así la Corte:

“221. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados. El Estado obligado no puede invocar las disposiciones de derecho interno para modificar o incumplir sus obligaciones de reparar, las cuales son reguladas en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el Derecho Internacional.”

¿Cuándo, entonces, sí es procedente y cuándo no la condena en perjuicios? La Corte inexplicablemente guardó silencio sobre este tema, luego es imposible saberlo.

La Condena en Perjuicio a Favor de Quien No Fue Demandante

Según el artículo 64 de la Convención de 1969 le corresponde a la Corte la interpretación de la misma y desde luego ha debido hacerla en la sentencia que se comenta, pero no lo hizo así; simplemente aplicó el artículo dejando la duda de si era procedente disponer de la indemnización de perjuicios. Ante este silencio de la Corte estimamos que el tema debe llevarse al seno de la Asamblea General de la OEA para hacer tal interpretación. Por lo pronto vale la pena preguntar: ¿Cuándo, en un proceso en que los particulares no son parte, es procedente una condena a su favor? ¡Nunca! ¡Jamás podrá haber una condena a favor de quien no fue parte en el proceso! Y no fue parte porque a los particulares le es imposible demandar. Eso es un principio universal de derecho procesal conocido como la congruencia, en virtud del cual la sentencia no puede conceder lo no demandado, ni nada más que lo demandado, y siempre de conformidad con los hechos que fueron invocados y probados.

Principio antiquísimo; por ejemplo en el “DICCIONARIO RAZONADO DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA POR DON JOAQUIN ESCRICHE”, edición de La Librería de Ganier Hermanos, ruedes saints-pères, n° 6, edición del siglo XIX, en la voz “SENTENCIA nula”, se lee, refiriéndose a distintas legislaciones: “4ª Fallo sobre cosas no comprendidas en la demanda” (página 1.524) y “8° Fallo sobre cosas no pedidas, y acerca de puntos absolutamente extraños o inconexos con lo deducido y probado en autos” (página 1.525). ¿Será que ahora, más de siglo y medio después, es válida la condena a favor de quien no es demandante? En un proceso no puede haber condenas a favor de quienes no son parte y por consiguientes de quienes jamás pudieron recabar esa pretensión precisamente por no serlo. Recuérdese que la Comisión que demandó representa exclusivamente a los Estados pero no a los particulares eventualmente perjudicados y, por consiguiente, no podía representarlos porque carecía de potestad para ello. Y si se dijere que no existiendo representación institucional podía configurarse una voluntaria, la verdad es que ello no ocurrió así y no podía ocurrir, pues la Comisión por ética no podría ejercer un poder otorgado por un particular en contra del Estado a quien representa por mandato de una norma superior. He ahí un tema que ameritaba por la parte demandada y condenada por lo menos una solicitud de aclaración, ya que el asunto no es de poca importancia conceptual. Lo anterior indica que tanto las demandas de la Comisión como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en punto a indemnizaciones a particulares sólo pueden ser declarativas para que con fundamento en ellas los particulares puedan incoar las respectivas condenas frente a los Estados condenados, sujetos a todas las reglas propias de esos procesos, en donde se demuestre la cuantía del perjuicio y todo lo que les sea anejo.

La Comisión No Deprecó Condena A Favor de los No Demandantes

Lo anterior fue una conclusión en abstracto derivada del estudio de las normas. Veamos ahora lo que ocurrió en el proceso: El 24 de enero de 2001 la Comisión Interamericana presentó demanda en la cual se pidió, según relata la sentencia:

“…La Comisión solicita a la Corte que concluya y declare que

“1. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personales en perjuicios de …, protegidos por los artículos 4 y 7 de la Convención Americana.

“2. El Estado es responsable de violar el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas, previsto en el artículo 5 de la Convención Americana.

3. El Estado es responsable por la violación del derecho al acceso a la justicia y la protección judicial de las víctimas y sus familiares consagrados en los artículos 8 (1) y 25 de la Convención Americana así como de incumplir su obligación de asegurar el respeto de los derechos previstos en ella conforme (a) su artículo 1 (1).

“Con base en estas conclusiones la Comisión solicita a la Honorable Corte que ordene al Ilustre Estado

“1. Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a los responsables de la ejecución extrajudicial de…

“2. Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de las víctimas reciban (una) adecuada y oportuna reparación e indemnización por las violaciones (…) establecidas.

“3. Se imponga al Estado Colombiano el pago de las costas y gastos en que han incurrido los familiares de las víctimas para litigar este caso en el ámbito interno así como ante la Comisión y la Corte y los honorarios razonables de sus abogados”.

El anterior petitum fue trascrito de la providencia de la Corte de 12 de junio de 2002, en virtud de la cual se decidió una excepción preliminar propuesta por Colombia por no haberse cumplido los propósitos de la Convención. Luego, en la sentencia definitiva de 5 de julio, ya no se hizo alusión a lo que se pidió en la demanda. Teniendo en cuenta lo que como demandante la Comisión deprecó, resulta que las declaraciones y condenas están en un todo de acuerdo con lo inicialmente analizado en este estudio. Lo cual, desde luego, hace mucho más grave el pecado de incongruencia que intuíamos, porque la Corte se separó completamente de lo demandado e hizo condenas no solicitadas. En efecto, en virtud de la sentencia del 5 de julio del 2004, el Estado colombiano fue condenado a ofrecer el homenaje del bronce o del mármol a unos occisos que fueron víctimas de particulares, no de funcionarios públicos del Estado demandado, y a pagarles ingentes cantidades de dólares a agnados, cognados y allegados jamás pedidas en la demanda.

La Causa Para Pedir

¿Cuál fue la causa para pedir que se invocó en la demanda? En el acápite

“II HECHOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA” del citado auto de 12 de junio de 2002 en que se resolvió la excepción preliminar se encuentra escrito lo que sigue: “2. La Comisión Interamericana expuso en su demanda que alrededor de las once horas del 6 de octubre de 1987 los comerciantes… fueron requisados por el Ejército cuando pasaron por el caserío de Puerto Araujo. Esta requisa constituye la última indicación oficial sobre su paradero, antes de que ingresaran al Municipio de Boyacá (sic) y a la finca el Diamante, zona que supuestamente se encontraba en ese momento bajo el control total de un grupo paramilitar. Hacia el anochecer del mismo día los comerciantes fueron retenidos por un grupo paramilitar que operaba en el Municipio de Boyacá (sic), y fueron ejecutados esa misma noche o al día siguiente. La detención, desaparición y posterior ejecución de los comerciantes fue planeada conjuntamente por el grupo paramilitar que operaba en la zona y miembros de la V Brigada del Ejército. Posteriormente, el 18 de octubre de 1987… y …, quienes se hallaban recorriendo la zona en busca de los 17 comerciantes desaparecidos, fueron detenidos y asesinados por el grupo paramilitar que operaba en la zona. Con posterioridad a la ejecución de las presuntas víctimas, sus cuerpos fueron destruidos de manera brutal con el objeto de impedir su identificación. Asimismo, La Comisión señaló que la actividad judicial emprendida por los órganos del Estado, concretamente las jurisdicciones ordinaria y militar, durante más de una década, no satisface los estándares establecidos en la Convención Americana en materia de protección judicial. A la luz de lo anterior, la Comisión hizo notar que el juzgamiento de los oficiales del Ejército, presuntos autores intelectuales de la masacre, ante la justicia militar culminó con la cesación de procedimiento y que el juzgamiento de los civiles responsables por la autoría material de los hechos aún se encuentra pendiente. “A raíz de lo anterior, la Comisión presentó este caso con el objeto de que la Corte decida si el Estado violó los artículos 4 (Derecho a la Vida) y 7 (Derecho a la Libertad Personal de la Convención Americana por la detención, desaparición y ejecución de los comerciantes…, el 6 de octubre de 1987, y de … y … el 18 de octubre de 1987, en el Municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, región del Magdalena Medio (sic). Asimismo, la Comisión solicitó al Tribunal que decida si el Estado es responsable por la violación de los artículos 5 (Derecho de la Integridad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en perjuicio de las mencionadas presuntas víctimas y sus familiares; así como por el incumplimiento de las disposiciones del artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho tratado.”

Obviamente la Comisión, que tan bien había redactado las pretensiones, en cuanto a la causa para pedir debió ceñirse a lo que le informó la Comisión Colombiana de Juristas, que fue la entidad que hizo la denuncia. Las gravísimas afirmaciones contenidas en los hechos de la demanda están sujetas a lo que resulte del debate probatorio.

La Prueba Testimonial Convertida en Prueba Documental para Impedir el Contrainterrogatorio de Los Testigos

Antes de adentrarnos al examen de la sentencia, es menester examinar el brevísimo Reglamento que se dictó la propia Corte sobre las pruebas.

En el primer lugar el inciso 2º del artículo 42 del Reglamento de la Corte dispone que los testigos podrán ser interrogados por las partes.

En segundo lugar el inciso 2º del artículo 44 dispone que las pruebas rendidas ante la Comisión serán incorporadas al proceso si fueron recibidas “en procedimientos contradictorios”. En tercer lugar según el artículo 47, inciso 3º, la Corte puede autorizar que los testigos rindan su declaración ante fedatarios públicos (notarios), pero una vez recibida la declaración se le trasladará a la parte contraria “para que presenten sus observaciones”.

Si ellas consisten en la necesidad de contrainterrogar, ¿cómo debe proceder la Corte según su propio Reglamento? Nada dice sobre el particular.

Vamos ahora al texto de la sentencia de 5 de julio en lo pertinente. En el párrafo o apartado 25, folio 5, se dice que la Comisión solicitó que se recibieran las declaraciones juradas de doce familiares de las presuntas víctimas ante notario público o funcionario judicial. En el apartado 27 se dejó constancia de la autorización para que los testimonios fueran recibidos ante autoridad judicial o notario. En el apartado 28 se dejó constancia de que Colombia aceptaba que la declaración de los testigos se recibiera ante funcionario judicial o notario, siempre y cuando se le garantizara el derecho a contrainterrogar.

En el apartado 29 se dejó constancia de una determinación de la Corte que para mayor claridad trascribimos:

“29. El 22 de abril de 2003 el Presidente de la Corte emitió una Resolución, mediante la cual resolvió admitir las declaraciones juradas por escrito de doce familiares de las presuntas víctimas, propuestas por la Comisión Interamericana, y requirió que éstas fueran rendidas bajo juramento de forma escrita ante notario público o funcionario judicial.
Asimismo, el Presidente requirió a la Comisión Interamericana que coordinara y llevara a cabo las diligencias necesarias para que se tomaran las referidas declaraciones juradas escritas, así como que las remitiera a la Corte Interamericana, a más tardar el 22 de mayo de 2003. Además, el Presidente solicitó a la Secretaría que, una vez recibidas las declaraciones juradas escritas, y de conformidad con el derecho de defensa y el principio del contradictorio, las transmitiera al Estado para que, en un plazo improrrogable de veinte días, contado a partir de su recepción, presentara las observaciones que considerara pertinentes.”

Con esa decisión la Corte en primer lugar se apartó totalmente de los principios sobre la prueba testimonial que había consagrado en su propio Reglamento y en segundo lugar garantizó que no hubiese contrainterrogatorio para los testigos, porque ¿cómo se contrainterroga a un testigo que envía su escrito a un notario, redactado indudablemente por sus abogados y a lo mejor enviada por correo? Con esa decisión se violó el Derecho Fundamental del debido proceso porque se impidió que los testigos declarasen ante la Corte y fuesen contrainterrogados. En el apartado 30 se da cuenta de que Colombia interpuso contra esa decisión el recurso de reposición Y en el 31 se da cuenta de la forma como la Corte lo decidió, denegándolo, que para mayor claridad trascribimos:

“31. El 6 de mayo de 2003 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado que:

“a) el valor que tienen ante la Corte las declaraciones jurídicas escritas, requeridas a la Comisión Interamericana mediante Resolución del Presidente de la Corte de 22 de abril de 2003, es el de prueba documental. Ésta es la razón por la cual se le da el mismo trámite que se da a la prueba documental y no así el que se da a la prueba testimonial y pericial, la cual se recibe con la presencia del Tribunal, la Comisión Interamericana y el Ilustrado Estado. Es por ello que no procede la solicitud del Estado colombiano; y

“b) el plazo otorgado al Ilustrado Estado para la presentación de sus observaciones y prueba sobre las eventuales reparaciones y costas en el caso es independiente del plazo otorgado para la presentación, por parte de la Comisión Interamericana, de las declaraciones juradas escritas y, por parte del Estado, de las observaciones que considere pertinentes. Si el Estado requiere una prórroga para la presentación de las observaciones ya mencionadas, por favor hágalo saber a esta Secretaría, a la brevedad.”

¡Increíble! ¡La Corte por sí y ante sí dispuso que la prueba testimonial se convirtiera en prueba documental! ¡Así quedó garantizado que los testigos no compareciesen ante la Corte y que no fueran contrainterrogados! ¡En otras palabras, así quedó asegurada la condena a Colombia!

El Análisis de la Prueba

Al empezar el examen de la prueba, en el apartado 64, folio 11, la Corte hizo esta importante manifestación:

“64. En primer lugar, es importante señalar que en materia probatoria rige el principio del contradictorio, en el cual se respeta el derecho de defensa de las partes, siendo este principio uno de los fundamentos del artículo 43 del Reglamento, en lo que atañe a la oportunidad en que debe ofrecerse la prueba con el fin de que haya igualdad entre las partes.”

¿Cómo puede la Corte afirmar que en este proceso rige el principio del contradictorio después de haber convertido la prueba testimonial en prueba documental para impedir que los testigos comparezcan ante los jueces y que sean contrainterrogados?

En el apartado 71 del folio 12 se dijo:

“71. La Comisión remitió las declaraciones juradas de las señoras Carmen Rosa Barrera de Sánchez, Lina Noralba Navarro Flórez, Luz Marina Pérez Quintero, Miryam Mantilla Sánchez, Ana Murillo Delgado de Chaparro, Suney Dinora Jáuregui Jaimes, Ofelia Sauza Suárez de Uribe, Rosalbina Suárez Bravo de Sauza y Marina Lobo Pacheco y del señor Manuel Ayala Mantilla, familiares de las presuntas víctimas, rendidas por escrito ante notario público (supra párr. 33), de conformidad con lo dispuesto por el Presidente mediante Resolución de 22 de abril de 2003 (supra párr. 29).” (Las subrayas fuera del texto).

A continuación la Corte presenta una síntesis de las declaraciones de los familiares de las presuntas víctimas anteriormente anotadas y otras recibidas también en escritos. En verdad, aún sin contrainterrogatorios, la mayoría de los testigos, familiares de las víctimas, relatan los indecibles sufrimientos a que se han visto sometidos como consecuencia de la desaparición de sus allegados, sin mencionar para nada como eventual responsable al Estado Colombiano como consecuencia de hechos de militares, luego esos testimonios rendidos con violación del principio de contradicción no sirven en absoluto para fundar en ellos una condena. Algunos testigos sí hacen imputaciones al Ejército. Esas declaraciones las trascribo textualmente y son las siguientes:

“Luz Merina Pérez Quintero. La testigo afirma que recibió un escrito de su esposo en la época de los sucesos en el cual le informaba que estaba bien, pero “alegó que la firma que contenía el escrito no era la de su esposo, sino que “estaba firmada por el Comandante del puesto de policía de Puerto Araujo”.

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