Protección Jurisprudencial de los derechos de las Personas con Discapacidad

En Situacion de Desplazamiento en la Corte Constitucional1

Omar Huertas Díaz2
Lina Paola Gómez Gómez3
Juan David Rojas Gómez4
Juval Antonio Vásquez Simbaqueba5

Resumen

Por medio de este artículo, se pretendehacer un análisis respecto la protección de diferentes derechos quela Corte Constitucional ha otorgadoa los discapacitados en situación dedesplazamiento forzado. Para ello,en el primer aparte se realizará unaaproximación teórica sobre el desplazamientoforzado. Luego, se haráuna breve exposición sobre los instrumentosjurídicos que versan sobre eltema a nivel nacional e internacional.
Después, se hará referencia a la progresividad en la salvaguarda de estos derechos, y para finalizar, se darán
a conocer las conclusiones.
Palabras Claves

Desplazados Forzosos o Internos, Dignidad Humana, trato diferencial,Corte Constitucional, Constitución Política, diversamente hábiles.

Abstract

By means of this article, one tries to do an analysis to the protection ofdifferent rights that the Constitutional Court has granted to the disabledpersons in situation of forced displacement. For it, in the first section atheoretical approximation will be realized on the forced displacement.
Then, a brief exhibition will be done on the juridical instruments thatturn on the national and international topic. Later, one will refer to theprogressivity in the safeguard of these rights, and to finish, the conclusionswill be announced.

Key Words

Forced displacement or internal, human dignity, people with disabilities,diferencial treatment, Constitutional Court, Constitution, various skills.

Introducción

Durante años, variadas situaciones han llevado a que diferentes sectoresde la población de Colombia se vean afectados en una gran cantidad desus derechos, sobre todo fundamentales. En el caso de los desplazadosforzosos, quizá el factor detonante más visible, es el conflicto armado.

En este contexto, es pertinente señalar que dentro del grupo de desplazados,se ha venido dando a conocer la situación de personas que no solohan sido perjudicadas por el desplazamiento forzado, sino por su condiciónde discapacidad. Y aunque en el ordenamiento jurídico colombianoexisten leyes y políticas públicas para proteger sus derechos, se observaque estas disposiciones son insuficientes para menguar los padecimientosde esta población, puesto que se enfocan en la salvaguarda de los desplazados,dejando de lado los casos de las personas discapacitadas.

Pero el problema no para allí, pues día a día crece la pobreza, aumentala mendicidad y el hambre, se reduce considerablemente el acceso a laeducación y por consiguiente la educación misma, escenario en el cualse ha generado una especie de indolente despreocupación frente a estaproblemática, dejando a estas personas a la deriva y caridad que a bientenga proporcionar el Estado, sobre todo si se trata de personas con algúntipo de discapacidad.

Desde esta perspectiva, si se tiene en cuenta la normatividad actualsobre las personas desplazadas, tan solo se alcanza a cubrir lo que ladoctrina ha denominado mínimos vitales, y que la Corte Constitucionalha tenido en cuenta desde hace ya algún tiempo6. Dado lo anterior, sepodría llegar a pensar que la Ley 387 de 1997 no tuvo ni la efectividadni el alcance esperado, por lo que el menoscabo de los derechos de losdesplazados y de los discapacitados se siguió dando durante varios años,haciendo necesaria la intervención de la Honorable Corte Constitucional,que ha empezado a manifestarse sobre el tema.

Por tanto, en el presente artículo se tratará de evidenciar el alcance jurisdiccionalde los pronunciamientos de la Corte Constitucional, en relacióncon la protección de los derechos de las personas desplazadas en situaciónde discapacidad, a través de una breve exposición sobre el tema.

1 Artículo de reflexión producto de la investigación que los autores realizan en el “Grupode Investigación en Derechos Humanos Antonio Nariño y Álvarez”, Registro COLCIENCIASCOL0053849, Categoría A, Universidad Pedagógica Nacional.
2 Abogado Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Pedagogía (UNAD). Másteren Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, Magister © enEducación Universidad Pedagógica Nacional. Magister en Derecho Penal Universidad Libre.Coordinador de la Escuela de Derechos Humanos Antonio Nariño y Álvarez. Profesore investigador Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Autónoma y Libre SedeBogotá.
3 Estudiante de Derecho de la Universidad Libre de Colombia, Seccional Bogotá, sedeCandelaria. Auxiliar de investigación del “Grupo de Investigación en Derechos HumanosAntonio Nariño y Álvarez” (Registro COLCIENCIAS: COL0053949) – Categoría A
4 Estudiante de Derecho de la Universidad Libre de Colombia, Seccional Bogotá, sedeCandelaria. “Grupo de Investigación en Derechos Humanos Antonio Nariño y Álvarez”(Registro COLCIENCIAS: COL0053949) – Categoría A.
5 Abogado Universidad Libre, Magister en Derecho Penal Candelaria. Coinvestigador “Grupode Investigación en Derechos Humanos Antonio Nariño y Álvarez” (Registro COLCIENCIAS:COL0053949) – Categoría A.