Del conflicto armado interno colombiano se ha dicho casi todo. Se ha escrito un sinnúmero de críticas y se han elaborado muchos diagnósticos sobre las causas del mismo, en las que no pretendo profundizar. Sin embargo, considero evidente que gran parte del conflicto armado está basado en una profunda desigualdad social y económica entre los colombianos, que nos lleva, día a día, a aglutinarnos en dos polos opuestos, a saber: El de los ricos (una minoría), cada vez más ricos, y el de los pobres (la mayoría), cada vez más pobres, esquema en el cual la llamada clase media parece estar condenada a desaparecer.
Las cifras que arroja un reciente estudio económico efectuado por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA son, por decir lo menos, escalofriantes[31]:
· “El país ha retrocedido diez años en la concentración de la riqueza”;
· “El 20 por ciento de los hogares más ricos del país concentra el 52 por ciento de los ingresos totales de la nación”;
· “El 59.8 por ciento de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza”; y
· “11 millones de colombianos no perciben ingresos de ninguna índole, o viven con menos de un dólar al día y la indigencia rural bordea el 40 por ciento (…)”.
De otra parte, un estudio adelantado por el Programa Nacional de Desarrollo Humano, Descentralización y Focalización de los Servicios Sociales, que fue difundido en agosto de 2.001[32], arroja las siguientes cifras:
· En los últimos tres años, la tasa de desempleo se disparó, llegando a tasas promedio del 20%;
· Al comenzar la década de los 90, el 10% más rico de la población del país ganaba 40% más de lo que recibía el 10% de los más pobres. Una década después, el mismo porcentaje de ricos recibe 70% más de lo que ganan los pobres.
Ante esa explosiva realidad colombiana, la cual con seguridad supera las anteriores cifras, cada día más se recrudece la guerra y se alejan las probabilidades de lograr la paz. Quién sabe cuántos años más de guerra y destrucción nos esperan, antes de que la semilla de la paz pueda germinar en Colombia.
Ahora bien, lo cierto es que hoy vivimos en medio de una despiadada guerra, que no tiene parangón en el mundo, en la que, en especial, sus actores armados al margen de la ley (guerrilla y paramilitares) violan los derechos humanos y también las reglas del Derecho Internacional Humanitario, que prohiben y sancionan, entre otras conductas, la violencia sexual perpetrada en contra de las mujeres, en medio de un conflicto armado.
Es una guerra en la que se impone la fuerza sobre la razón; en la que se reproducen los mismos roles de género y, por tanto, los hombres son sus protagonistas y actores (guerreros y soldados); y en la que, desgraciadamente, se presentan frecuentes y gravísimas violaciones a los derechos humanos de las mujeres, cuyos cuerpos sirven de botín de guerra, y de instrumentos para debilitar al enemigo, como en todas las guerras que ha librado la humanidad, pues “(…) ellas son el trofeo para el triunfador. (…); lesionarlas es también lesionar a través de ellas al vencido”[33]. En Colombia, los nuevos nombres de los raptos y los intercambios de mujeres que se practicaban en las antiguas guerras, son el secuestro o retenciones de las mujeres; “(…) apropiación que toma la forma de confiscación de los úteros, de preñeces obligadas, de violaciones, de acosos sexuales y de torturas que comprometen el cuerpo, la psique, los afectos y las relaciones conyugales, fraternas, filiales o de amistad.
“La apropiación de los cuerpos de las mujeres es por tanto un obstáculo evidente para la construcción de su autonomía y al mismo tiempo práctica sistemática para amedrentar a la población civil, en cuanto los cuerpos de las mujeres se convierten en escarnio para sus familias, sus vecinos, para quienes las aman, las conocen o simplemente las observan. Algunos relatos de mujeres combatientes dan cuenta además de cómo esta estrategia es también utilizada dentro de las organizaciones armadas, en donde tienen lugar la violación y el acoso sexual por parte de los altos mandos a las mujeres que ocupan rangos subordinados.
“(…).
“En Colombia, (…) se ha hecho explícita la estrecha relación entre los conflictos armados locales y la violación de los derechos sexuales y reproductivos, que bien podrían nombrarse como los derechos que cada mujer y cada hombre tienen sobre su ser, sobre sus cuerpos y sobre sus deseos. Es necesario poner en circulación los hallazgos y las interpretaciones derivadas de estudios recientes que dan cuenta de la violencia sexual que se ejerce sobre la población civil en las zonas de combate; es necesario crear condiciones para que sea posible la denuncia imprescindible para hacer real y no solamente formal y legal los propósitos de eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer (…)”[34].
Si bien, la guerra colombiana está prácticamente monopolizada por los hombres, en una mínima proporción las mujeres también entran a engrosar las filas de los grupos armados (excepto militares). “En Colombia se calcula que en las FARC[35], el 30% de sus integrantes son mujeres jóvenes”[36]. Sin embargo, en el seno de esas organizaciones, las mujeres son nuevamente objeto de violaciones a sus derechos humanos. Oigamos el relato que , al respecto, hace una ex-guerrillera colombiana:
“En las Farc había más machismo que en el Eme[37] y en el ELN[38]. En las Farc los hombres eran de verdad quienes mandaban, y las mujeres quienes obedecían. Ellas eran sumisas, no discutían mucho. Las ponían a cocinar y a pagar guardia. Las consideraban como de su propiedad.
“Había una muchacha que se llamaba Milena. Tenía diecisiete años. Su única falta había sido no acostarse con el jefe de la escuadra. Entonces el hombre tomó represalias: le dio carga extra, la puso a cocinar y a prestar guardia muchos días. En las Farc había una discriminación contra la mujer, una especie de rechazo soterrado por haberse atrevido a incursionar en un terreno tan propio de los hombres.
“Sólo ví una pareja estable en los seis meses que estuve cerca de las Farc. Los tipos cambiaban con frecuencia de compañera. Apenas terminaban con una, otro tenía licencia para abordarla. Era como si dijeran: ‘Yo no tengo ya nada con ella, hágale usted. Ya la usé, ahora es su turno’.
“(…)”[39].
En suma, fuera de los efectos naturales de la guerra, como la muerte, el dolor, la desolación y la pérdida de tierras y bienes materiales, entre otros, ella representa para la mujer una gran sobrecarga, pues “(…) arrasan el cuerpo, la ilusión, la autonomía y el futuro de las mujeres convertidas en viudas, abandonadas, desplazadas, padecientes de todos los efectos bélicos. La violación sexual, la mutilación de las partes y órganos que comprometen la capacidad reproductiva de la mujer, así como forzarla a presenciar acciones violentas, devastan simbólica y físicamente la matriz de lo que acoge, preserva y prolonga la vida individual y colectiva –el orden simbólico femenino- (…)”[40].
Son muchas y variadas las formas de violencia que, en medio de un conflicto armado, se ejerce contra la mujer, a saber[41]: Pueden ser directas o indirectas. Pueden ser la consecuencia de vivir en un lugar en donde se desarrolla el conflicto, o de tener relaciones afectivas con algún actor del mismo, o de participar activamente en la vida social y política de una comunidad, entre otras causas. La mayoría de las veces, se concreta en una violencia sexual (acceso carnal violento, aborto forzado, anticoncepción forzada, o esclavitud sexual forzada), dada la degradación del conflicto armado, como también en el secuestro temporal de las mujeres con fines sexuales, o para la atención de actividades domésticas. Otras prácticas más sutiles de violencia contra las mujeres tienen que ver con ser obligadas a recibir y a alimentar a los diferentes actores armados, o en el control que se ejerce sobre sus cuerpos, en los cuales simbólicamente se ataca a los opositores y se les castiga. Esa situación es mucho más grave en las mujeres que pertenecen a grupos étnicos minoritarios y, también discriminados de la población, tales como, indígenas, agrocolombianas o campesinas. Se sabe que los actores del conflicto armado, al margen de la ley, han llegado al punto, no solo de controlar a poblaciones y comunidades enteras, sino a definir cuáles actividades les están permitidas ó prohibidas a las mujeres, como por ejemplo, en su forma de vestir. Lo anterior nos da apenas una idea de la magnitud y las dimensiones que ha adquirido la violencia de género, en medio del conflicto armado colombiano.
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