Problemáticas Asociadas a la Mortalidad Materno Perinatal en el País

La mortalidad materna perinatal es con­siderada una de las expresiones más claras de la desigualdad e inequidad social de la mujer en Colombia. Pone al descubierto la injusticia social y la discriminación de género como fac­tores violatorios de los derechos de las mujeres, especialmente de las más pobres. En un país como Colombia, donde impera una sociedad de tipo patriarcal, las mujeres muchas veces no tienen el poder para tomar las de­cisiones y actuar libremente dada la subordinación hacia sus compañeros. A lo anterior, se agrega la actuación aún ineficiente del Estado en relación con la protección de la mujer y la ges­tante, así como de las niñas. A conti­nuación se describen las problemáti­cas de mayor relevancia asociadas a la mortalidad materna perinatal en Colombia.

Cobertura y calidad del control prenatal. La atención prenatal por profesionales (médicos y enfermeras) ha aumentado de un 82% en 1998 a 93,5% en 2005.(6) Este es un indicador que acompaña muy de cerca a la dis­minución de la mortalidad materna perinatal alcanzada en los últimos años, ya que mediante la atención pri­maria, como lo indica Herrera (2002)(14) se logra identificar el riesgo biológico, psicológico y social de la gestante; el seguimiento de los parámetros básicos de evolución de la gestación e identi­ficar las principales complicaciones que se puedan presentar con la mujer y el feto; así como el desarrollo de ac­ciones específicas de prevención de la enfermedad y la promoción de es­tilos de vida para el bienestar del bi­nomio madre-hijo.

Sin embargo, cabe la duda sobre la calidad y el acceso real y cultural de la atención primaria a las gestantes, sobre todo en las zonas rurales.

Gestación adolescente. La gestación adolescente continúa siendo una pro­blemática en Colombia. Según el Mi­nisterio de la Protección Social (2006),(6) las cifras en el país son desalentado­ras: la tasa de fecundidad en este gru­po fue de 90 por cada 1.000 nacimien­tos en el 2005, aumentado considera­blemente en comparación con 1990, que fue de 70. La proporción para el 2005 de adolescentes que alguna vez estuvieron embarazadas fue de 21%, siendo mucho mayor en zonas rurales (26,9%) que en las urbanas (18,5%). Es de resaltar que el embarazo y la tasa de fecundidad en adolescentes han mantenido un aumento sostenido des­de la década pasada.

Diferentes investigaciones han resal­tado que las adolescentes presentan mayor dificultad para controlar su fe­cundidad y favorecer la aparición de embarazos. Los factores influyentes son: el nivel educativo, el índice de ri­queza, y el lugar de residencia y el sis­tema educativo inciden directamente sobre el embarazo adolescente.(15)

Según Hernández (2003),(16) el emba­razo en las adolescentes desde el pun­to biológico se comporta con mayores riesgos para el proceso y su producto. En la gestante adolescente se presen­tan complicaciones como anemia, ges­tosis, incompetencia cervical y pre­disposición al parto distócico que son factores que contribuyen a la morta­lidad materno perinatal o dejando se­cuelas en el niño como retraso men­tal, desarrollo deficiente y secuelas de la prematuriedad.

Además, todo embarazo adolescente implica el aumento del riesgo emo­cional y psicológico. Una adolescente embarazada significa un proyecto de vida truncado por las responsabilida­des que debe asumir y para la cual no está preparada ni ella ni su familia. Supone, además, el abandono o de­serción escolar y por ende, una mujer con una escasa preparación para en­frentar económica e intelectualmente su vida futura y la de su hijo. También se relaciona con el rompimiento y di­ficultades en el plano familiar y de las relaciones de la pareja; así como de violencia de género contra la mujer.

El análisis de este evento descrito es necesario relacionarlo a la luz de la educación en los derechos sexuales y reproductivos desde la niñez, lo cual se comporta como un factor pro­tector que influye de forma significa­tiva en la disminución de la edad de inicio de la primera relación sexual, en la prevalencia y prevención del embarazo no deseado y en la forma de resolución cuando éste se presen­ta.

Uso de métodos de planificación familiar. La planificación familiar en­tendida como un proceso que comien­za durante el inicio de la vida sexual y reproductiva y que implica la deci­sión libre e informada por parte de la pareja de la utilización de algún mé­todo para decidir cuántos y cuándo desea tener sus hijos, en Colombia es bastante cuestionada. Para 2005, sólo 56,4%(6) de las mujeres en edad fértil utilizaban algún método anticoncep­tivo. Esto es más complejo si se tiene en cuenta el bajo porcentaje de su uso antes del primer embarazo y en es­pecial en adolescentes.

Según Profamilia (2005),(13) la planifi­cación familiar ofrece una forma mé­dica de reducir el número de emba­razos no deseados, que en otras con­diciones, podrían desembocar en la muerte de la madre o en lesiones oca­sionadas por procedimientos aborti­vos peligrosos. Específicamente, se pue­de reducir la mortalidad materna me­diante la disminución del número total de embarazos de cada mujer, de na­cimientos de alta paridad, de partos de las mujeres jóvenes y las de edad mayor; el uso del aborto para la ter­minación de embarazos no deseados y el embarazo de mujeres con proble­mas importantes de salud.

Plantea Palacios (2004),(17) que la falta de acceso a los métodos de planifica­ción familiar expone a las mujeres a gestaciones no deseadas en edades extremas, abortos inducidos y com­plicados; a un mayor número de em­barazos con los riesgos que impone cada gestación y a mayor pobreza que aumenta con el número de hijos que tenga cada mujer.

Violencia de género. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses (2007),(18) reportó que el número de mujeres que fueron sometidas a exá­menes sexológicos durante 2007 fue de 19.592. Lo anterior, teniendo en cuen­ta que sólo una de cada veinte muje­res sometidas a delitos sexuales denun­ció el hecho. Además de ser un acto violatorio de los derechos humanos y sexuales de las mujeres, la violencia de género entraña mayor perversidad al ser un grupo blanco el de las niñas en edades comprendidas entre los 10 a 14 años, seguido por el grupo de 14 a 45 años. La tasa nacional de emba­razos asociada con una violación en el mismo año fue 5%.

También es importante la violencia contra la mujer durante la etapa de la gestación. En 2005, según Profami­lia,(13) 18,5% de las mujeres entrevistas en la Encuesta nacional de salud sexual y reproductiva y que alguna vez ha­bían estado embarazadas, refirieron haber sido objeto de episodios de vio­lencia física durante este período, tan­to por parte del esposo o compañero, o de otra persona diferente. Este tipo de hechos fueron más frecuente entre las de más edad y las de menor nivel educativo.

La violencia de género, y en especial la de tipo sexual, se asocia a relacio­nes asimétricas de poder entre hom­bres y mujeres y para estas últimas, implica dificultades para el ejercicio de su autonomía respecto de su cuer­po, su salud sexual y reproductiva y sus derechos reproductivos, además de una mayor exposición a gestacio­nes no deseadas y por tanto, con re­chazo; y al contagio de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas, el virus de inmunodeficiencia humana. A esto, se le suma el efecto aniquila­dor de la mujer como sujeto repro­ductor de la sociedad.

Choques o diferencias culturales. La cultura, según Lipson (2000),(19) de­fine la visión del mundo, lo cual es una parte importante que se convier­te en el significado del universo en­tero experimentado por un grupo cultural específico, es decir, es la vi­sión que sobre la vida tienen. Ésta se construye desde la cultura y los fac­tores sociales, económicos y políticos, y que determinan las conceptualiza­ciones de estar sano y enfermo; así como las acciones para cuidarse. Es claro que el punto de vista de cada grupo cultural es diferente al del lego o científico.

Así, cada cultura interpreta y da sig­nificado a su propia existencia y al mundo que la rodea, pensando y or­ganizando la realidad de una manera determinada. Lo anterior se aplica a todos los eventos de la vida entre los que se cuenta la maternidad, que en este sentido se ve revestida de valores culturales, sociales y afectivos; ade­más de las creencias, mitos y tabúes.

Varios estudios han demostrado la in­fluencia del comportamiento cultural en los eventos reproductivos de la mu­jer. La cultura como modeladora del pensamiento y comportamiento de un grupo social, define y tipifica las ac­ciones de cuidado y autocuidado de la mujer gestante consigo misma y su hijo. Así, la problemática reside en la incompatibilidad de los cuidados que se brindan a la mujer en un espacio cultural particular y los definidos por el sistema sanitario formal y sus pro­fesionales.

A pesar de los grandes esfuerzos por la institucionalización de la atención de la gestación, el parto y el puerpe­rio, estos aún continúan siendo con­siderados como eventos íntimos que involucran el pudor y son asumidos como cosas propias de las mujeres. Además, son importantes los proble­mas de acceso cultural a los servicios de salud dado por el desacuerdo de las mujeres por la infraestructura fría, poco cómoda, la imposibilidad de es­tar acompañada por su familia y el tra­to de los profesionales de la salud. (20)

Esto deriva en las diferencias o cho­ques culturales entre el conocimiento profesional y el no profesional, que se enmarcan en el desconocimiento de la diversidad cultural y el irrespe­to por los ancestrales saberes y com­portamientos culturales de las formas de cuidarse de los grupos sociales, con­llevando a un alejamiento de ambas, partes y finalmente, a una atención profesional y cuidados de enfermería no beneficiosos.

Trabajar en pos del desarrollo de las competencias culturales de los profe­sionales de la salud tendría un efecto positivo, y la investigación en este tema sería de gran relevancia que contri­buiría a la disminución de la morta­lidad materno perineal si se tiene en cuenta que por esta causa, en las zo­nas rurales y mujeres residentes en zonas urbanas pero de origen cam­pesino, prefieren los cuidados domés­ticos durante la gestación y puerperio y en la atención del parto.

Derechos sexuales y reproducti­vos. Los derechos sexuales y derechos reproductivos son de conceptualiza­ción reciente y se consideran “…los más humanos de todos los derechos y representan el pilar fundamental para el ejercicio de la ciudadanía, entendi­da más allá de la simple posibilidad de tomar decisiones en el ámbito pú­blico ya que implica la posibilidad de mujeres y hombres de tomar decisio­nes autónomas sobre su propio cuer­po y vida en los campos de la sexua­lidad y la reproducción.”(21)

La situación de la mortalidad materna, según la Agencia de los Estados Uni­dos para el desarrollo internacional (2007),(22) debe evaluarse desde las perspectivas de derechos humanos y equidad social. Las oportunidades de alcanzar un nivel satisfactorio de sa­lud reproductiva, así como de ejercer los derechos sexuales y reproductivos libres de coerción, violencia y discri­minación, están estrechamente liga­das a las condiciones de vida, a un clima cultural respetuoso de la equidad de género y a la diversidad de valores éti­cos propios de una sociedad democrá­tica. También, condicionados a la implementación de políticas públicas eficaces orientadas a reducir las bre­chas de género, sociales y sanitarias, en el acceso a información y a servi­cios de salud reproductiva.

Quizás, como se ha resaltado a lo lar­go del texto, la problemática actual de la mortalidad y morbilidad de la población materno perinatal se rela­cionan con violaciones a los derechos humanos y en especial a los de tipo sexuales y reproductivos. Aspectos como la falta de formación desde la niñez en derechos, de la calidad en la atención profesional a la población y la inequidad en ésta, el irrespeto a la diversidad cultural son algunos ejem­plos de la violación que sucede en Co­lombia y que están impactando direc­tamente en este indicador.

En ese sentido, Carrillo (2007)(1) afir­ma, al concluir un análisis de la mor­talidad materna en Colombia, que este indicador en la última década demos­tró las consecuencias de la no garan­tía por parte del Estado colombiano a la salud de las colombianas; y que la imposibilidad de éste de asegurar avances necesarios en reducir la bre­cha de inequidad, el incremento de los índices de pobreza, las altas cifras de desempleo y subempleo los cuales han tenido un impacto sobre los de­rechos a la salud y la seguridad social.