Comentarios: Acceso a Medicamentos y la Propiedad Intelectual

Álvaro Zerda Sarmiento
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

En 1990, por invitación de la asociación de la industria farmacéutica nacional tuve la oportunidad de coordinar el primer estudio hecho en Colombia sobre el impacto que la modificación de la legislación de patentes (PI) tendría sobre el acceso a medicamentos en el país en ese momento, en consideración de las deliberaciones de la ronda Uruguay del GATT, que culminarían años después con la constitución de la Organización Mundial de Comercio – OMC (CID, 1990).

Corrían los tiempos del fundamentalismo de mercado liderado desde los años 70 del siglo XX por los académicos de la Escuela de Chicago y llevado a la práctica en los años 80 por los gobiernos de Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos.  En el país, en donde al decir del poeta “todo nos llega tarde…”, en esos momentos se lideraba una acelerada adecuación a los principios del libre mercado y la apertura económica, que eran planteados como la panacea que solucionaría todos nuestros problemas de país atrasado en la marcha por la senda del desarrollo.

Los  resultados del estudio daban pistas ya entonces  del profundo impacto que tendría la adopción del acuerdo sobre “Aspectos de propiedad intelectual  relacionados con el comercio” (ADPIC; en ese momento todavía no se conocía como tal) en la legislación del país, sobre el acceso a medicamentos y sobre la posibilidad de apropiar y desarrollar conocimiento en el campo farmacéutico nacional.  Huelga decir que –al igual que sucedería años más tarde con la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, los tomadores de decisiones de ese momento prestaron oídos sordos a las recomendaciones del estudio.

En su lugar, cuando la OMC fue constituida y el ADPIC firmado, los gobiernos de la Comunidad Andina, liderados por Colombia, se apresuraron a adoptar la legislación de propiedad intelectual en el 2000 (Decisión 486 de la CAN), haciendo caso omiso, entre otras cosas, del plazo que la misma OMC había dado para que los países la asumieran, en aras del necesario proceso de “adaptación”, que era hasta de 10 años para los denominados “países de desarrollo medio” o países en desarrollo.

Casi 20 años después los tozudos hechos muestran que aquellas rudimentarias premoniciones y advertencias no  estaban mal fundamentadas.  Por el contrario, como ha sido reconocido, uno de los factores críticos presentes en la crisis  del Sistema de Seguridad Social en Salud (SSSS) colombiano ha sido el alto precio de los medicamentos y las trabas levantadas por el mismo sistema para acceder a ellos.  Altos precios que tienen su origen en la existencia de un régimen de protección a la propiedad intelectual pero también en las prácticas de comercialización y mercadeo instrumentadas por algunas casas farmacéuticas.  Todo ello agravado desde luego por el tipo de decisiones de política tomadas durante el periodo y ciertas maniobras de corrupción establecidas que ya son bien conocidas por la opinión pública.

Para el estudio que traigo a cuento, fueron de especial importancia las fuentes documentales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en aquel momento y desde la distancia de la exploración se veía como muy lejana  (pero al mismo tiempo cercana a los intereses de los ciudadanos y pacientes).  El centro de atención por aquella época era el de los Programas de medicamentos esenciales, que se constituían, junto con la configuración de listados mínimos de medicamentos claves,  en el principal instrumento del diseño de política para garantizar  que los sistemas de salud llegaran a la mayoría de la población con soluciones adecuadas y  en condiciones costo – asequibles.  Valga aquí señalar también el papel de importancia que la OMS ha desempeñado en todo este tiempo para apoyar a los países en el diseño de su política de salud, pero en particular en la configuración de políticas farmacéuticas que permitieran el acceso de la población a los medicamentos en condiciones seguras.

La aparición del llamado libro rojo de la OMS en 1998 (Velásquez and Boulet, 1997) significó para el equipo de investigación del CID y me atrevería a  especular que para muchos estudiosos y personas preocupadas por la salud en todo el mundo, un espaldarazo a las advertencias que se hacían sobre las consecuencias que tendría aumentar la protección a la PI,  para los pacientes de todo el mundo, en particular para los habitantes de los países en desarrollo.

Esta  publicación causó en su momento tanto alboroto porque sus críticos exageraban los temores frente a lo que de sus enunciados se pudiera derivar.  Lo que hacían sus autores era básicamente poner al alcance de un público amplio, no experto en temas jurídicos de propiedad intelectual ni de negociaciones internacionales, el contenido del texto aprobado.   El documento se orientaba  a “examinar el acuerdo solamente desde la perspectiva de la salud pública y el acceso a medicamentos”  en dos partes: la primera ofrecía “una introducción al sistema de comercio internacional desde el GATT (Acuerdo general sobre comercio y aranceles) hasta la conformación de la OMC.  La segunda parte analizaba la sección sobre patentes del acuerdo ADPIC en relación con el acceso a medicamentos esenciales.

En esa segunda parte los autores se encargan de señalar que la homogenización internacional de la legislación de protección a la propiedad intelectual obedecía a las condiciones de desarrollo de los países industrializados y que no necesariamente era apropiada para los diferentes niveles de desarrollo de los países, por lo cual “deberían considerarse aspectos de salud pública al momento de implementar el Acuerdo” (Velásquez and Boulet, 1997: 7).

También el documento de la OMS se encargaba de destacar los grados de libertad que dejaba el Acuerdo para modificar las regulaciones nacionales, en cuanto a la misma definición de los términos de invención y descubrimiento, las excepciones posibles de otorgar en la Ley, la viabilidad de las importaciones paralelas y las licencias obligatorias justificadas por el interés público.

En últimas el documento se encargaba de poner piezas de conocimiento a disposición de una audiencia más amplia que la ya informada sobre el asunto.  Y sabemos bien qué tan peligroso es el conocimiento para los poderes económicos o políticos establecidos.  Pero el llamado “libro rojo”, después azul, lo hacía con el sano propósito de advertir cuáles pueden ser las consecuencias de adoptar un conjunto de medidas que de hecho tendrían graves repercusiones sobre el acceso a la salud y cuáles precauciones deberían tomar los encargados de aplicar esas nuevas reglas del comercio en relación con los aspectos de salud pública.

He enfatizado la referencia hecha en el documento leído por el Doctor Velásquez a esta publicación de la OMS porque ella es el punto de partida para un largo trabajo en relación con la vigilancia sobre las condiciones de acceso a medicamentos por la organización, como ya quedó claro de la misma exposición.

Queda clara la razón por la cual una organización multilateral del  ámbito de las Naciones Unidas tiene que dedicarle tanto tiempo y trabajo a un tema puntual como el de la propiedad intelectual.  En buena medida la respuesta está ilustrada en el documento del Doctor Velásquez y considero que el auditorio reunido esta noche tiene plena conciencia de las razones existentes, pero no sobra hacer aquí una breve reflexión al respecto.

Antes que todo, valga resaltar la introducción de la dimensión económica del fármaco efectuada por el  Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (PAME) a mediados de los años noventa.  El momento no podía ser más propicio si tenemos en cuenta que para esa época se estaba dando el embate de la ofensiva neoliberal mundial (del cual aún hoy somos testigos) para que todos los bienes y servicios (y hasta los valores, sin que me esté refiriendo a los que se transan en las bolsas) pasen por el mercado.  El propósito era (y es)  que el mercado sea el espacio social por excelencia.  Hay que recordar que cuando a la señora Thatcher se le reclamaba que tuviera en cuenta la sociedad para la toma de sus decisiones de política, ella respondía que no necesitaba de ese concepto, puesto que tenía y bastaba el de mercado.  Pues bien, en ese momento y aun hoy era urgente considerar el aspecto económico ligado a la producción y circulación del medicamento, no solo por cuestiones de racionalidad en el uso de recursos, sino fundamentalmente para poder contestar ese criterio que devino dominante en términos del eficientismo y el afán de lucro para todas las actividades humanas, incluidas las más nobles y críticas como las que tienen que ver con la salud.

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