Informe Especial Ecuador

En las elecciones de 1996 Rosalía Arteaga resultó elegida a la vicepresidencia de Ecuador.

Actualmente cuatro de los 70 diputados de provincia son mujeres y los 12 cargos de diputados nacionales están ocupados por hombres. En su comunicación del 19 de marzo de 1997, el Gobierno informó a la Comisión que en el Gabinete de Gobierno actual han sido hombradas dos mujeres como Ministras de Estado. El porcentaje de mujeres elegidas para las legislaturas municipales y provinciales es aproximadamente de 5%(9). Varias mujeres tienen cargos ejecutivos en la administración pública. Se informó que a partir de 1996 se había nombrado a una mujer como magistrado de la Corte Suprema. Las cifras publicadas por el Tribunal Superior de Quito, en 1994, indican que había pocas mujeres en todo el sistema judicial(10). Según informes, a partir de 1994 el 4,3% de las posiciones de embajadores en el servicio diplomático de Ecuador estaban ocupadas por mujeres(11).

Violencia contra la mujer

La violencia contra la mujer, como ha sido señalado por la Comisión Interamericana, es un problema generalizado en el hemisferio y afecta todos los niveles de la sociedad ecuatoriana, e incluye entre sus manifestaciones la violación y otras formas de violencia de índole sexual, violencia en el hogar, tanto física como psicológica, y asedio sexual en el trabajo y en varias instituciones. En el caso del Ecuador, aunque hasta la fecha los estudios son limitados, éstos dan un indicio del alcance del problema. Un estudio de 1992 de tres de los sectores marginales de Quito, realizado por el Centro de Planificación y Estudios Sociales reveló que 64% de las mujeres declararon que habían sido agredidas por sus maridos o compañeros. Una encuesta de CEDATOS, que tuvo lugar en 1994 entre las mujeres de Quito y Guayaquil, mostró que 58% de las encuestadas sabían de una parienta o amiga que había sido víctima de violencia. El 82% de los ejemplos mencionados por las mujeres había tenido lugar en el hogar(12).

Los sectores gubernamentales y no gubernamentales han colaborado en el logro de avances notables en la protección del derecho de la mujer a vivir libre de violencia. En 1994 el Gobierno creó las Comisarías de la Defensa de la Mujer y de la Familia. La Dirección Nacional de Mujer, DINAMU, tiene a su cargo la coordinación de la labor de las Comisarías, que funcionan como proyectos piloto en Guayaquil, Esmeraldas, Quito, Cuenca y Portoviejo. La Fundación María Guare informó que durante su primer año la Comisaría en Guayaquil recibió 6.101 denuncias de individuos (96% de mujeres)(13). Más del 75% de las denuncias tenían relación con incidentes de violencia a manos del esposo o el compañero.

Durante sus primeros seis meses de funcionamiento, la Comisaría en Quito recibió 5.820 denuncias, todas relacionadas con maltrato físico(14). Sin embargo, aunque las Comisarías pueden recibir denuncias, carecen de autoridad para proceder. El Gobierno señaló en sus observaciones al presente informe que se encuentran en operación seis Comisarías, distribuidas en diversas provincias del país.

Las ONG y otras organizaciones del sector privado han desempeñado un papel decisivo en la ayuda a las mujeres y los niños que han sido víctimas de violencia. Las ONG han proporcionado servicios tales como: capacitación de personal para los sectores público y privado; servicios de salud integrados para la mujer sometida a violencia; refugio para mujeres y niños maltratados físicamente y opciones de servicios de abogado para la mujer necesitada. La DINAMU y las ONG coordinan sus esfuerzos en varios campos para fomentar los derechos de la mujer y proveerles los servicios necesarios. Por ejemplo, luego de la creación de las Comisarías, la DINAMU auspició una serie de reuniones para personal y miembros nuevos de las ONG que trabajan en este campo, tanto para efectos de capacitación como para intercambiar experiencia(15). UNFPA, UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud también colaboran en forma activa en esta cuestión con sus contrapartes en Ecuador.

El 5 de julio de 1995, una coalición de ONG sometió al presidente del Congreso Nacional un anteproyecto de ley sobre la violencia contra la mujer y la familia. En diciembre de 1995 entró en vigencia la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Una vez más la DINAMU y las ONG colaboraron en pro del avance de la protección de la mujer y de la familia. La DINAMU ayudó en varias fases del proceso: en la preparación de la ley, en crear conciencia entre los congresistas sobre su importancia y en la coordinación de las tareas entre las ONG(16). Como el Gobierno explicó en sus observaciones, el propósito de esta ley es “hacer efectivo el principio de igualdad en la vida privada, ya que tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y la sanción” de tal violencia. Entre sus efectos, la ley mencionada tipifica la agresión contra el cónyuge, autoriza a los tribunales a sacar del hogar al agresor y establece tribunales de relaciones familiares. Además, la ley requiere medidas destinadas a establecer políticas y programas tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia; recursos de refugio y tratamiento para las víctimas; programas para rehabilitar a los agresores; programas de capacitación incorporando la perspectiva del género para el personal involucrado en la función judicial y el Ministerio de Gobierno; y un banco de datos a nivel nacional para desarrollar recursos informativos sobre esta problemática.

No obstante los avances extraordinarios realizados en este campo, la mujer sigue encontrando obstáculos en la plena realización de su derecho a vivir libre de violencia. La tipificación de la violación, mencionada anteriormente, significa para la mujer que se le exige una resistencia heroica cuando se ve enfrentada a este delito e impide que algunas mujeres presenten denuncias. Los informes indican que aunque la violación es delito común rara vez se le sigue juicio. Este hecho se atribuye a una serie de factores, entre ellos los sistemas jurídico y procesal que se emplean(17). El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza a toda persona “el derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales” reconocidos por la legislación nacional o la Constitución. Las barreras legales al derecho de protección judicial, como las descritas, son claramente incompatibles con la Convención Americana.

En septiembre de 1995 Ecuador depositó su instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). La Comisión confía en que al esfuerzo de todas estas medidas positivas adoptadas por el Estado, con el estímulo y la colaboración de muchas ONG, será seguido por otras iniciativas para llevar a la práctica este nuevo compromiso.

Recomendaciones

La Comisión recomienda:

* Que el Estado adopte todas las medidas necesarias para garantizar que la mujer que haya sido sometida a discriminación o a cualquiera otra violación de sus derechos protegidos por la Convención Americana cuente con un recurso sencillo y rápido a la protección judicial efectiva.

* Que el Estado tome medidas adicionales encaminadas a modificar los modelos de conducta social y cultural de hombres y mujeres, tales como el diseño y ejecución de programas de educación, a fin de contrarrestar los prejuicios y prácticas basados en la imagen de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y en las funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

* Que el Estado continúe y amplíe iniciativas que fomenten la participación de la mujer en el proceso de toma de decisiones a todos los niveles en el ámbito público y privado.

* Que el Estado continúe y amplíe su labor de capacitación de la fuerza de policía y de las demás autoridades encargadas de hacer cumplir la ley sobre el derecho de la mujer a vivir libre de violencia y sobre las causas concretas y las consecuencias de la violación de este derecho, así como la reacción que se requiere a dicha violación. Asimismo, deben tomarse medidas para prevenir la violación, el abuso sexual y demás maltratos que sufre la mujer que se encuentra bajo custodia oficial.

* Que el Estado lleve a cabo estudios e informe sobre el predominio de la violencia contra la mujer y de la violencia en el hogar en particular, para precisar las prioridades en la solución de las necesidades de las mujeres, los hombres y los niños que son afectados.

* Que el Estado tome las medidas judiciales y administrativas debidas para garantizar que las denuncias sobre violencia contra la mujer se investiguen rápida y debidamente; que los transgresores sean sometidos al proceso judicial correspondiente; y que las víctimas reciban una justa compensación.

* Que el Estado adopte las disposiciones del caso para asegurar que la mujer sometida a violencia tenga acceso a los recursos debidos para atender sus necesidades físicas y psicológicas, y en particular, de atención médica.

* Que el Estado tome los pasos necesarios para enmendar o derogar la legislación actual y modificar prácticas legales y de otra índole que permiten o dan base para la violencia contra la mujer. Ello implicaría, por ejemplo, iniciar el proceso legislativo correspondiente para derogar toda disposición que haga referencia a la “honestidad” de la víctima en cuanto a la tipificación de un delito penal. Requeriría también que se adopten todas las disposiciones que sean necesarias para garantizar que la mujer que ha sido sometida a violencia tenga acceso efectivo a los recursos judiciales, en especial a las medidas de protección.

Notas

1 Comité Ecuatoriano de Cooperación con la Comisión de Mujeres (de la OEA) (CECIM), Diagnóstico de la Situación de la Mujer en el Ecuador, 7 (Quito, 1994).

2 Boletín Red contra la Violencia, No.5, pág.12, Sept. 1994.

3 Véase: artículo 509 del Código Penal; los artículos 505-507 hablan de los atentados contra la modestia y la castidad de la mujer (“pudor”).

4 Id.

5 Artículo 512, Código Penal.

6 En 1982 el analfabetismo entre los hombres era 13,1% y entre las mujeres 19,7%. En 1990 las cifras eran 9,5% y 13,8% respectivamente. CECIM, supra n. 1, pág. 19-20.

7 Se ha citado un estudio realizado por la Fundación Esquel para UNICEF, según el cual los salarios de las mujeres están 22% por debajo de los de los hombres.

8 CECIM, supra n. 1, pág.30-31. De 1982 a 1990 el porcentaje de mujeres que trabajaban por cuenta propia subió 7%, de 14,54% a 22,19% del total, y el porcentaje de mujeres empleadoras o accionistas activas subió 4%, de 15,38% a 19,91%.

9 Id., pág.25.

10 No había mujeres miembros de la Corte Suprema, y en los tribunales superiores y distritales sólo había 2,8% del total. El porcentaje de mujeres jueces presidentes en otros tipos de tribunales oscilaba entre el 7% y el 14%, salvo en los tribunales laborales y de arrendadores y arrendatarios, donde tenían una representación aproximada de 34% y 50%, respectivamente, en el número total de los jueces. Id., pág. 209.

11 Id., pág. 26.

12 Id., pág. 197.

13 CEDHU, “Derechos del Pueblo”, No. 90, pág. 11, noviembre de 1995.

14 Id.

15 CEDHU, “Derechos del Pueblo”, No. 92, pág. 3, marzo de 1996.

16 Id. pág.4.

17 Diagnóstico, supra, pág. 186 (de los casos de violación denunciados entre 1984 y 1988 sólo un tercio llegó a los tribunales).

DÉJANOS TU COMENTARIO

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!