Informe Especial México

Capítulo VII,- La situación de los pueblos indígenas y de sus derechos

511. En lo educacional, mientras la población en general de México tiene altos índices de escolaridad primaria y preprimaria, los niños indígenas están en desventaja. El 59% de los niños indígenas de edad de cinco años, no concurre a la preprimaria, y el 28% de los de 6 a 14 años no concurre a la escuela. En consecuencia, el 43% de los indígenas mayores de 15 no tienen instrucción formal alguna, una tercera parte de ellos no logró completar la escuela primaria, y poco más del 10% cuenta con algún grado de instrucción postprimaria.

Mientras que el índice de analfabetismo en la población adulta general es del 12,4%, en el caso de los indígenas tal índice es del 46%.

512. En lo habitacional, de las localidades predominantemente indígenas sólo el 32% tiene agua corriente, y sólo el 10% tiene drenaje de cloacas. Ocho de cada diez hogares indígenas no tienen siquiera techo de lámina, y sólo tienen piso de tierra. Es importante destacar, sin embargo, que el 94% de los habitantes indígenas de esas localidades en las que son predominantes, son dueños de su tierra y vivienda, condición que sólo alcanza el 77% del resto de la población.

513. Las mujeres indígenas son las que sufren la mayor marginación, pues en ellas se expresan los índices mas elevados de analfabetismo, rezago educativo, desnutrición y problemas de salud.

514. Los indígenas son los que están sufriendo de manera más dramática la crisis económica del agro mexicano, y la caída de los precios de los productos agrícolas. Uno de los indicadores de la crisis es que en Baja California, por ejemplo, hasta el 35% de los jornaleros son niños. En Hidalgo, debido a la necesidad de integrarse al trabajo productivo, unos 5 mil niños indígenas abandonan sus estudios anualmente.

Capítulo VIII.- Los derechos económicos, sociales y culturales

591. El Informe sobre Desarrollo Humano de 1997, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), coloca el Indice de Desarrollo Humano (IDH) (161) de México en el número 50. Por otra parte, durante la Conferencia Anual sobre Desarrollo Económico en América Latina y el Caribe, celebrada a fines de junio de 1998 en El Salvador, el Banco Mundial afirmó que la pobreza y la desigualdad en la sociedad mexicana alcanzaron ya “grados alarmantes” (162). Conforme a lo manifestado por el Banco Mundial, la pobreza alcanza los niveles más altos en las áreas rurales, donde el 47% de la población se encuentra en tal condición; la situación se considera alarmante en las comunidades indígenas, donde el 80% de los habitantes sobreviven en situación de pobreza. Cerca de 28 millones de personas, un tercio de la población, vive en la pobreza; de ellos, ocho millones se encuentran en pobreza extrema, indicó el organismo internacional en la oportunidad señalada. Todo esto refleja el gran desequilibrio existente en México entre distintos sectores sociales, lo que obliga al Estado a fijar políticas y a desarrollar estrategias tendientes a disminuir tales brechas.

592. Es importante destacar la crítica situación que vivió México durante 1995, producto de la crisis financiera que se produjo a finales de 1994. La puesta en práctica de un drástico programa estabilizador de emergencia y de medidas sucesivas para controlarla, así como la fuerte contracción de los flujos de capital foráneo y la presencia a lo largo del año de una serie de situaciones de incertidumbre, determinaron que la economía atravesara en 1995 por una depresión sin precedentes en la historia moderna del país.

593. El programa de emergencia económica aplicado en México a raíz de la crisis financiera, indujo una severa recesión en la demanda interna, amortiguada por el dinamismo de las exportaciones, lo que evitó la caída aún mayor del Producto Interno Bruto (PIB) que disminuyó 7% en 1995. El magro desempeño económico llevó a un fuerte aumento del desempleo abierto. La tasa de desempleo que había bajado a 2,7% en 1990, subió a 6,3% en 1995. El Informe sobre Desarrollo Humano de 1996, señala que la devaluación del peso causó la peor crisis de desempleo de las últimas seis décadas en México. El número de nuevas contrataciones bajo fuertemente, se redujo el nivel de ocupación, y los niveles de desempleo abierto subieron a niveles muy altos, produciéndose asimismo, una caída de los salarios reales de un 13,2 %(163).

594. El PIB per cápita, que era de US$ 3.610 en 1993 disminuyó a US$ 3.320 en 1995. El crecimiento anual del PIB per cápita que entre los años 1965-1980 fuera de 3,6%, cayó entre 1980 y 1993 a 0,5%, según el Informe sobre Desarrollo Humano de 1996.

595. La CIDH valora los esfuerzos de México en el área educativa, donde se ha logrado incrementar en las últimas décadas el número de personas incorporadas en el sistema educativo. En este sentido, las inscripciones en las instituciones de educación primaria entre 1970 y 1993 se incrementaron de menos de diez millones a quince millones de personas. En educación secundaria se incrementaron de 1.4 millones en 1972 a 4 millones en 1993. Un rápido incremento también ocurrió en la educación superior, donde entre 1959 y 1993 el nivel de inscritos en las universidades aumentó de 62.000 a 1,2 millones de personas(164). Asimismo, los gastos públicos en educación tuvieron un pequeño aumento de 4,7% del producto interno, en 1980, a 4,9%, en 1990. A pesar de esto, de acuerdo al informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de 1996, también aumentó el número de niños que empiezan a trabajar más temprano. En 1970, el 6,2% de los niños entre 10 y 14 años de edad estaban empleados. Este número casi fue duplicado a 12,3% en 1990, manteniéndose elevado en 1995 con un 11,1%(165).

Ello lleva a que un importante porcentaje de jóvenes mexicanos carezca de oportunidades de progreso, y que se encuentren frente a una situación propicia al delito y la violencia, empeorando la situación de los derechos humanos.

596. La salud también fue severamente afectada por la situación económica. En 1970 había 1,4 camas para mil habitantes, mientras que en 1993 había la mitad (0,7). Este es uno de los claros resultados de la disminución de gastos públicos en este sector. En 1980 le fue asignado el 0,4% del PIB, disminuyendo al 0,3% en 1990(166).

597. Según el PNUD, el 26% de la población mexicana vive en zonas rurales; las condiciones de vida de los habitantes de las áreas rurales son marcadamente inferiores a los de zonas urbanas. Sólo el 60% tiene acceso a centros de salud, el 62% a agua potable y apenas el 17% a servicios sanitarios. Sin embargo, una parte significativa de la población urbana también tiene problemas graves con la prestación de los servicios básicos. El 20% de la población no tiene servicios de salud, el 9% no tiene acceso a agua potable y el 30% no tiene servicios sanitarios(167).

598. A pesar de que estos índices son más bajos que en décadas anteriores, siguen siendo motivo de preocupación y demuestran lo mucho que queda por avanzar en estas áreas. De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Mundial de 1997, publicado por el Banco Mundial, entre 1991 y 1995, el 14.9% de la población mexicana vivía con un presupuesto de menos de U.S.$1 por día. El mismo Informe muestra que en 1990, el 23% de la población rural y el 43% de la población urbana vivía en estado de pobreza (168).

599. El proceso de desregulación y apertura económica que se ha desarrollado en México desde los años ochenta ha incluido la desregulación de los salarios. La consecuencia de este proceso ha sido un crecimiento en la desigualdad de los salarios de los trabajadores mexicanos. En 1984, antes de la reforma, el coeficiente de desigualdad era de 0.43, subiendo a 0,48 en 1992(169). La CIDH estima que el desafío de la globalización está en aprovechar las oportunidades de expandir empleos, aumentar ingresos y ayudar a aquellos que pueden ser marginados o desplazados, a fin de que puedan adquirir las calificaciones necesarias para competir en un nuevo ambiente global.

600. México es un país multiétnico conformado por un 60% de mestizos, 30% de indígenas, 9% de caucásicos y 1% de otros grupos(170). La desigualdad en los ingresos ha hecho que se produzcan grandes diferencias entre las distintas etnias. La existencia de diferencias sociales y económicas, son por lo general causantes de conflictos al convertirse intolerante convivir con tan distintos modos de vida.

601. El 16 de abril de 1996, el Estado mexicano ratificó el protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). En el mismo, los Estados reafirman su propósito de… consolidar, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre y considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen, una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse las violaciones de unos en aras de la realización de otros.

602. El Estado mexicano ha indicado a la CIDH que reconoce la importancia de los rezagos y carencias que afectan al país en materia económica, social y cultural. A fin de romper con el círculo de la pobreza, dicho Estado considera que se requiere de múltiples acciones dirigidas a los grupos sociales de menores recursos: abatir las altas tasas de fecundidad, proporcionar suficiente educación y capacitación, combatir la desnutrición, la morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias, propiciar oportunidades de empleo productivo, y mejorar las condiciones de vida con servicios de cultura, deporte y esparcimiento.

603. El Plan Nacional de Desarrollo establecido para el quinquenio 1995-2000 en México señala “la necesidad de avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda en todo el país, las oportunidades de superación individual y comunitaria, bajo los principios de equidad y justicia, a fin de privilegiar la atención de grupos, comunidades y zonas geográficas que padecen las más graves desventajas económicas y sociales”. Cabe mencionar igualmente una serie de medidas legislativas y administrativas adoptadas en México entre 1992 y 1996:

Reforma de los artículos 3 y 130 constitucionales, que establecen una nueva relación entre las iglesias y el Estado (enero de 1992); Acuerdo Nacional para la modernización de la educación básica (mayo de 1992); Nueva reforma del artículo 3 constitucional, para establecer la obligación del Estado de impartir educación preescolar, primaria y secundaria, y promover todos los tipos educativos, incluso el superior, necesarios para el desarrollo nacional (marzo de 1993); Aprobación de la Ley General de Educación, que regula la enseñanza por parte de las instituciones oficiales y las particulares autorizadas o reconocidas; Reforma del sistema de salud, para ampliar la cobertura de los servicios, que incluye la descentralización total de la secretaría de Salud, a fin de “fortalecer los sistemas estatales, disminuir las brechas regionales y estatales de atención, y fomentar una mayor participación social en el autocuidado de la salud”; Reforma del sistema de seguro social, que reafirma la responsabilidad del Estado para contribuir a la extensión y mejoramiento de la cobertura de los servicios, la garantía de pensiones dignas a los trabajadores, y estímulo al incremento del ahorro interno (julio de 1997).

604. La Comisión continuará prestando atención a las iniciativas como las arriba resumidas, tendientes a la reducción de las grandes diferencias sociales y económicas que existen en México, y a los correspondientes indicadores que permitan evaluar su incidencia en el desarrollo de dicho país. Igualmente, seguirá informándose acerca de las nuevas acciones que emprenda el Estado para brindar mayor apoyo a los sectores más necesitados, y prestar los servicios básicos necesarios para tal efecto.

Recomendaciones

605. En virtud del análisis precedente, la CIDH formula al Estado mexicano las siguientes recomendaciones:

606. Que incremente las inversiones en el área de la salud, con el objetivo de garantizar a toda la población el acceso a los servicios básicos.

607. Que continúe las inversiones y mejore las condiciones, en general, en el sector de la educación, con el propósito de aumentar los índices de atención escolar, y desarrollar programas específicos de alfabetización para los adultos e indígenas.

608. Que expanda los servicios básicos de infraestructura doméstica o servicios públicos básicos (agua potable en tubería, alumbrado eléctrico, servicios sanitarios), a la totalidad de las viviendas urbanas, y que preste particular atención al desarrollo de la infraestructura en zonas rurales.

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