Informe Especial Colombia

Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia

Introducción

a. Antecedentes

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”, “la CIDH” o “la Comisión Interamericana”) ha observado la situación de los derechos humanos en Colombia durante casi veinte años, conforme a las disposiciones contenidas en la Carta de la OEA, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estatuto y su Reglamento. La Comisión ha puesto especial énfasis en la situación que se vive en Colombia, dada la violencia y los enfrentamientos endémicos que han afectado a ese país y las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos recibidas en las cuales se atribuye responsabilidad directa o indirecta al Estado colombiano.

2. La Comisión realizó su primera visita in loco a Colombia en abril de 1980. Esa visita tenía el propósito específico de permitir que la Comisión examinara la situación general de los derechos humanos y que presenciara las actuaciones orales en las cortes marciales celebradas bajo la Constitución y las leyes colombianas. También se pidió a la Comisión que durante la visita observara las investigaciones que se llevaban a cabo en torno a presuntos abusos de autoridad vinculados con los derechos humanos, denunciados en un documento emitido por Amnistía Internacional el 1º de abril de 1980.

3. Durante la visita de abril de 1980, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cumplió una función fundamental en la solución de una situación difícil que se planteó cuando un comando del Movimiento 19 de Abril (“M-19”) ocupó la Embajada de la República Dominicana el 27 de febrero de 1980. Más de 50 personas fueron tomadas como rehenes durante la acción, incluyendo diplomáticos de diferentes países, funcionarios gubernamentales y ciudadanos colombianos. La Comisión actuó en esta crisis a solicitud del Gobierno colombiano, de los gobiernos de los países cuyos diplomáticos habían sido tomados como rehenes, de la Santa Sede y de los dirigentes del M-19.

4. Como condición del proceso de negociación que permitió la liberación de los rehenes, se acordó que la Comisión ofrecería una supervisión internacional en los juicios contra los grupos disidentes armados M-19 y FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

A raíz de ello, varios equipos de abogados de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión viajaron a Colombia, en forma rotativa, para estar presentes, observar las actuaciones y brindar un informe al respecto. Estas visitas del personal de la CIDH se efectuaron durante algo más de un año después de la visita in loco, hasta el mes de mayo de 1981.

Capítulo III Los derechos económicos, sociales y culturales

B. La vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales

8. La situación socioeconómica prevaleciente en Colombia la ha colocado tradicionalmente entre los países con mejores índices en la materia en el contexto de América Latina. Así, la mayoría de los índices utilizados para medir la situación económica y los niveles de vida en Colombia son generalmente mejores que los de la región en su conjunto.

9. Sin pretender hacer un análisis exhaustivo, la Comisión ejemplifica lo dicho con algunos datos concretos. Mientras el índice de analfabetismo en América Latina y el Caribe es del 12% para hombres y 15% para mujeres mayores de 15 años, en Colombia ambos índices son del 9%. Mientras el porcentaje de población con acceso a servicios sanitarios y a agua potable es del 57% y 73% respectivamente en la región latinoamericana y caribeña, se eleva de manera notable al 63% y 76% respectivamente en Colombia(6).

10. La Comisión entiende que los indicadores reseñados a manera de ejemplo, aunados a otros, han permitido que los derechos económicos, sociales y culturales en el país tengan una mayor vigencia que en otros Estados de la región: La Comisión resalta esta situación e insta al Gobierno colombiano a que la mantenga; sin embargo, no puede dejar de señalar que ha recibido información confiable que demuestra que la situación económica en Colombia se encuentra en un proceso de deterioro que en algunos aspectos la coloca en inferioridad con relación al resto de la región. Así, el desempleo ha crecido a niveles que no se conocían en el pasado, incrementándose la tasa de desempleo del 7.6% (443.574 desocupados) en el tercer trimestre de 1994 a 12.7% (798.748 desocupados) en marzo de 1997(7). Los servicios de la deuda externa que para el año 1996 representaron el 6.1% del Producto Bruto interno del total de la región, en Colombia representaron el 6.6%(8). La deuda externa asciende a US $31.665 millones de dólares(9) y el déficit en la balanza comercial asciende a 4.100 millones de dólares en 1995, a 4.756 millones de dólares en 1996 y a 4.790 millones de dólares en 1997(10). La Comisión se encuentra especialmente impresionada por el hecho de que el índice de mortalidad infantil en Colombia es más del doble que en el resto de la región (11) y considera que el Gobierno debe tomar enérgicas medidas para garantizar que la mortalidad infantil sea reducida a un número acorde con la realidad económica descrita anteriormente.

11. Los principios reconocidos, entre otros, en los artículos 1 y 24 de la Convención Americana acerca de la no discriminación e igual protección ante la ley, se aplican también a los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, en Colombia existen profundas diferencias en el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales que dividen a la población rural de la población urbana por una parte, y por otro lado se encuentra presente una distribución profundamente inequitativa entre los sectores más ricos y más pobres del país, así como un altísimo porcentaje de colombianos que viven por debajo de la línea de pobreza.

12. En Colombia, la pobreza se encuentra en aumento y con porcentajes diferenciados entre el campo y la ciudad. Mientras en 1991 el 29% de la población rural se encontraba por debajo de la línea de pobreza, un año después ese porcentaje subió al 31.2%; para el mismo período, la población urbana por debajo de esa línea era del 7.8% y 8% respectivamente(12).

13. Mientras al 10% de la población le corresponde tan sólo el 1% del total del consumo, el 10% más alto de la población absorbe el 46.9%(13). La Comisión recomienda que el Estado adopte cuantas medidas sean necesarias para asegurar que las inequidades se reduzcan en Colombia y que el Gobierno asegure que los sectores más pobres de la población colombiana podrán vivir en condiciones que aseguren que sus necesidades básicas serán satisfechas.

14. Estas inequidades en la distribución de la riqueza y los niveles de pobreza en aumento también afectan el acceso a la educación, una de las causas principales de la deserción escolar es el costo de la educación. Aunque la escuela en sí es gratuita, muchas familias no pueden sufragar los gastos asociados con la educación, como por ejemplo la compra de materiales y ropa y el pago del transporte. En 1991, el costo de la educación fue identificado como la causa primaria de la deserción escolar de niñas entre 6 y 11 años de edad, por lo tanto las personas pobres tienden, a tener niveles educativos más bajos. En 1992, los años promedio de educación de la población pobre eran de 4.32 en comparación con los 7.54 años promedio de la población no pobre. Dado que el nivel educativo tiene un efecto directo sobre el nivel de los ingresos, la educación es un aspecto importante en un ciclo de pobreza. Los niños de familias pobres reciben menos años de educación que los niños no pobres y, por lo tanto, reciben ingresos más bajos al ser adultos. Sus familias tienden a permanecer en la pobreza, haciendo probable que sus niños también reciban menos años de educación.

15. La Comisión también ha recibido información indicando que la calidad de la educación en Colombia no es adecuada. Más de la mitad (52.5%) de los docentes tiene un nivel educativo solamente de secundaria, mientras una baja proporción (0.5%) tiene una educación primaria. Un factor adicional que afecta la calidad de la educación es la remuneración inadecuada de los maestros, pues según la Federación Colombiana de Educadores, el salario mensual promedio de los maestros es de $292.000 pesos (aproximadamente $185 dólares), y el 55% del total de profesores gana menos de $250.000 pesos (aproximadamente $158 dólares)(14).

16. La CIDH ha recibido información acerca del Plan Nacional de Desarrollo para el período 1994-1998, denominado “El Salto Social”, implementado por el Gobierno, así como de las metas fijadas por el mismo. Sin embargo, ha podido acreditar que muchas de los ambiciosos resultados esperados no se han alcanzado. Así, mientras se proponía crear un millón y medio de nuevos empleos, a principios de 1997 sólo hubo un saldo neto de 180 mil nuevos empleos, es decir apenas un 12% de la meta (15). Por estos motivos, la Comisión hace suya la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en el sentido de “que se realicen esfuerzos concertados para mejorar la eficacia de los programas de desarrollo económico y social de Colombia”(16).

D. Recomendaciones

Con base en lo anterior, la Comisión formula las recomendaciones siguientes al Estado colombiano:

1. Que a través de programas de desarrollo económico y de otro tipo, aborde el problema de la distribución inequitativa de la riqueza en Colombia, con el propósito de combatir efectivamente la pobreza que caracteriza la situación de numerosos segmentos de la población. El Estado también debería emprender un esfuerzo concertado para mejorar la eficacia de los programas de desarrollo social y económico vigentes.

2. Que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales no sea disminuida en ningún aspecto con el transcurso del tiempo.

3. Que adopte todas las medidas necesarias para mejorar las condiciones materiales del personal docente y de las escuelas del país y para garantizar el derecho efectivo a una educación primaria gratuita para todos. El Estado debería adoptar medidas para mejorar la calidad de la educación a todos los niveles.

4. Que dé prioridad a las tareas encaminadas a paliar las condiciones económicas, sociales y culturales extremadamente difíciles de los desplazados internos.

Capítulo IV: Violencia y Violaciones del Derecho Internacional Humanitario

Actos y prácticas prohibidos en hostilidades internas

81. Debido al alcance general de este informe, es simplemente imposible para la Comisión examinar y atribuir responsabilidad por todas y cada una de las violaciones de derechos humanos y/o de derecho humanitario que han sido cometidas por diferentes partes en el conflicto interno en Colombia desde la publicación en 1993 de su Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. En su lugar, la Comisión se concentrará en aquellas violaciones que son más representativas de las prácticas ilícitas empleadas por las partes del conflicto.

82. Sin embargo, la Comisión considera necesario identificar, basada en la discusión precedente de las reglas, principios, decisiones judiciales y comentarios relevantes, las limitaciones y prohibiciones consuetudinarias cruciales aplicables durante todo conflicto armado interno. Aunque puede no ser un listado exhaustivo, los siguientes tipos de ataques, prácticas, órdenes o acciones están prohibidos en la conducción de dichas hostilidades: ataques directos contra la población civil como tal, o contra personas civiles individuales; ataques indiscriminados que afecten a la población civil o a bienes civiles a sabiendas de que dichos ataques causarán pérdida de vidas, lesiones a personas civiles o daños a bienes civiles que sean excesivos; ataques contra una persona a sabiendas de que está fuera de combate; violencia contra la vida, salud y bienestar físico y mental de las personas, en especial, homicidio, asesinato o desaparición forzada; tortura, incluida la violación sexual, y otros tratos crueles y degradantes, ultraje a la dignidad personal, incluyendo el trato humillante y degradante, tal como la prostitución forzada y otros actos de violencia sexual de gravedad similar; la toma de rehenes; la ejecución de personas civiles o combatientes sin un juicio previo y apropiado ante tribunales independientes e imparciales que ofrezcan todas las garantías del debido proceso generalmente aceptadas; castigos colectivos; pillaje; actos de perfidia, tales como el asesinato o lesión de personas civiles o combatientes a traición; o el uso pérfido del emblema distintivo de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja o de otros signos y señales de protección reconocidos por el derecho internacional humanitario; órdenes para que no haya sobrevivientes; hacer padecer hambre a los civiles como método de combate, específicamente ataques cuyo propósito sea destruir, remover, inutilizar objetos indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como víveres, sembradíos, ganado e instalaciones de agua potable; el reclutamiento de niños menores de 15 años en el conflicto armado, o permitir que ellos participen en las hostilidades; el uso de personas civiles y/o de bienes civiles para escudar objetivos militares de ataques; ordenar el desplazamiento de la población civil, a menos que la seguridad de los civiles o razones militares imperativas así lo requieran; ataques contra monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto que constituyan el legado cultural o espiritual de las gentes; ataques contra edificios, materiales, unidades y transportes médicos y personal con derecho a portar el emblema distintivo de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja; emplear armas, proyectiles o materiales diseñados para causar sufrimiento innecesario; ataques y amenazas de ataques, que sean lanzados o anunciados con la intención de aterrorizar a la población civil. En la medida en que los ataques son lanzados o anunciados única o principalmente con fines políticos, son ilegales y violan los principios de inmunidad civil, humanidad y proporcionalidad.

Capítulo X Los derechos de los indígenas

B. Recientes avances en el reconocimiento y desarrollo de los derechos humanos de los indígenas

7. El Gobierno colombiano informó a la Comisión(3) que la política consagrada en el Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998, “El Salto Social”, se orientaba a consolidar los derechos de los pueblos indígenas, garantizando su participación en la vida nacional, articulando las instituciones y espacios de coordinación existentes, y creando los nuevos espacios necesarios para lograr el respeto de sus particularidades sociales y culturales, como también el respeto de sus propias formas organizativas.

8. En desarrollo de lo anterior el Consejo Nacional de Planeamiento Económico y Social (“CONPES”) aprobó el 5 de abril de 1995 el “Programa de Apoyo y Fortalecimiento Étnico de los Pueblos Indígenas de Colombia 1995-1998”, cuyas estrategias involucran: los desarrollos legales referidos a sus derechos; el reconocimiento de sus propios sistemas de control y regulación social, incluyendo la articulación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional; la adopción de programas territoriales y sectoriales de apoyo concentrados con las comunidades indígenas; la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas (“ETI”); la continuación de la legalización y saneamiento de los territorios indígenas; el conocimiento y la comprensión por parte de entes estatales sobre sus valores, usos y costumbres; y la vinculación de las comunidades a los programas gubernamentales de desarrollo social y económico.

9. La Comisión observa con interés el alcance amplio que el Gobierno colombiano asigna a algunos derechos incluidos en el “Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”,(4) por considerar dicho Proyecto orientador para el avance interamericano en esta área. En consonancia con su ordenamiento jurídico, el Gobierno colombiano indica el alcance que asigna a algunos de esos derechos de la siguiente manera:

* El derecho a la identidad como pueblo indígena, que involucra el derecho a la diferencia y la no-discriminación en sus relaciones con el Estado y la sociedad.

* El derecho al territorio, entendido como hábitat y espacio suficiente para su reproducción cultural como pueblo.

* El derecho a la autonomía, en las distintas esferas de su vida como pueblo: gobierno, justicia, educación, salud, reproducción social y económica, etc. para regular su reproducción étnica y sus cambios culturales.

* El derecho a la participación, en las distintas esferas de la vida nacional, y derecho de consulta previa sobre las medidas, planes, programas y proyectos que puedan afectar su integridad étnica, sus territorios o los recursos naturales ubicados en éstos.

* El derecho al desarrollo propio, en el sentido del desenvolvimiento futuro de sus grupos sociales, de su cultura y del mejoramiento de su propia calidad de vida según sus sistemas culturales y sociales, como también de los planes de vida que elaboren o agencien como pueblos, en cuento a su relación intercultural con el desarrollo nacional.

10. Para poner en práctica estos principios, el Gobierno colombiano ha aprobado distintos instrumentos legales, entre ellos el Decreto 1396 de 1996, por el que se crea la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (adscrita al Ministerio del Interior), con amplia representatividad estatal y de las organizaciones indígenas.

11. Dicho decreto convoca a la OIT, a la CIDH, y a la Conferencia Episcopal de Colombia a participar, según sus mandatos, en dicha Comisión, la cual posee amplias atribuciones para velar por la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas y sus miembros, y en especial de sus derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad. Una de las primeras intervenciones de este nuevo ente ocurrió a raíz de la masacre de trece miembros del pueblo indígena Coreguaje en agosto de 1997, y de la amenaza latente que sufría dicho pueblo por parte de las fuerzas participantes en el conflicto bélico interno. La CIDH nota que, hasta ahora, los intentos de cooperación entre este órgano y la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas no han sido fluidos, debido en gran parte a que la CIDH no ha recibido información completa y actualizada sobre los temas que la Comisión está tratando y las reuniones que se llevan a cabo. La CIDH desea hacer conocer su profundo interés en colaborar con la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en el futuro.

12. En lo educativo, la política de respeto a los derechos indígenas está siendo puesta en práctica a través del cumplimiento del Acta 115 de 1996, por la cual el Ministerio de Educación desarrolla un “Programa Nacional de Educación Étnica”, que establece el marco para la enseñanza de los lenguajes y culturas de los varios grupos étnicos en sus territorios.

13. Planes iniciados a principios de los 90 para facilitar la formación de profesionales indígenas están comenzando a dar frutos. Están inscritos 176 indígenas actualmente en la Universidad Nacional de Bogotá. Otras universidades (como la de los Andes, de Amazonia, la del Cauca y de Antioquia) han iniciado programas específicos sobre la cultura y los lenguajes indígenas. Por su parte el Departamento de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior ha llevado a cabo un programa para apoyar y fortalecer étnicamente a los pueblos indígenas de Colombia en el período 1995-1998, cubriendo temas de educación étnica, mejoramiento de los servicios de salud incluyendo medicina tradicional, y de la asignación de tierras a las comunidades donde aún no les habían sido econocidas. El programa tiende igualmente a la protección de los ecosistemas y forestas ubicadas en territorios indígenas.

El Estado colombiano ha informado que el Gobierno del Presidente Pastrana ha diseñado una serie de políticas para tratar muchos de los problemas enfrentados por las comunidades indígenas. Estas políticas están incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002. El plan para los indígenas incluye un compromiso para promover formastradicionales de resolución de conflictos y para desarrollar la jurisdicción especial indígena.

El Gobierno también se ha comprometido a delimitar más claramente las respectivas competencias del Estado y de las comunidades indígenas en relación con los recursos naturales y el medio ambiente, poniendo énfasis en la consulta previa cuando se trate de la exploración y la explotación de los recursos naturales.

J. Recomendaciones

Sobre la base de lo que antecede, la Comisión formula las siguientes recomendaciones al Estado colombiano:

1. Que siga adoptando medidas especiales para proteger la vida y la integridad física de los indígenas. Estas medidas deben incluir la investigación y sanción de quienes perpetren actos de violencia contra los indígenas.

2. Que adopte las medidas apropiadas para garantizar que el proceso de demarcación legal, reconocimiento y otorgamiento a las comunidades indígenas de título de propiedad sobre la tierra y para el uso de los recursos naturales no se vea obstaculizado o demorado por dificultades burocráticas.

3. Que asegure que las comunidades indígenas gozan del control efectivo de sus tierras y de los territorios designados como territorios indígenas, resguardos y demás tierras comunitarias sin interferencia de personas que procuren mantener o tomar el control de esos territorios mediante violencia o por cualquier otro medio, en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas.

4 .Que asegure que antes de autorizarse la explotación de los recursos naturales que se encuentren en las tierras de los indígenas se celebren las consultas pertinentes con las comunidades indígenas afectadas y, en la medida en que sea jurídicamente necesario, se obtenga el consentimiento de éstas. El Estado también debe garantizar que dicha explotación no cause daños irreparables a la identidad y derechos religiosos, económicos o culturales de las comunidades indígenas.

5. Que asegure que los proyectos de desarrollo importantes que se lleven a cabo en las tierras indígenas, en zonas de poblaciones indígenas o en sus cercanías, previo cumplimiento de los requisitos y autorizaciones de ley, no causen daños irreparables a la identidad y los derechos religiosos, económicos o culturales de las comunidades indígenas.

6. Que adopte medidas especiales en relación con las acciones que emprenda contra el tráfico y la producción de drogas ilícitas a fin de garantizar la seguridad física de los indígenas y de respetar sus otros derechos, sus tierras, bienes, cultura y organización.

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