Informe Especial República Dominicana

A. Introducción

El presente informe especial tiene por objeto analizar la situación de los derechos humanos en la República Dominicana (el Estado dominicano). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión o la CIDH), en tanto que órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA), está encargada de la protección y la promoción de los derechos humanos. Su competencia deriva de la Carta de la OEA, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual la República Dominicana es Estado Parte desde el 19 de abril de 1978. Este informe tiene como propósito asistir al Gobierno de la República Dominicana en el examen de la situación de los derechos humanos en ese país y formular recomendaciones que tiendan a mejorar el cumplimiento y respeto de los derechos humanos de toda persona bajo su jurisdicción.

Condiciones en los Centros Penitenciarios

C. Sobrepoblación carcelaria

256. Los centros penitenciarios en la República Dominicana fueron construidos para un cupo de 6.000 reos; sin embargo, la población carcelaria pasa la cantidad de 12.000 reclusos(128).

En algunos centros penitenciarios, la sobrepoblación es aún más acentuada. Por ejemplo, en la Cárcel Preventiva de Najayo, en junio de 1997, se encontraban detenidas 2.059 personas en una institución construida para 700. En la cárcel de La Romana, construida con una capacidad para 89 personas, se alojaban 384(129). El hacinamiento crea una situación extremadamente difícil en los centros penitenciarios para el mantenimiento del orden y estimula la ocurrencia de los motines que han tenido lugar. Durante la visita in loco de la Comisión, se realizó uno de estos motines en la Procuraduría del Distrito Nacional en Santo Domingo. La situación de extremo hacinamiento, falta de espacio y sobrepoblación fue constatada por la Comisión al visitar el centro penitenciario La Victoria y la cárcel de San Pedro de Macorís. Se pudo comprobar también que además de celdas sobrepobladas los presos se encontraban amontonados en otros espacios, tales como una vieja cafetería.

257. Durante la visita in loco de la Comisión, el Gobierno le informó que estaba considerando la construcción de cuatro cárceles nuevas a nivel nacional, incluyendo una cárcel preventiva para 500 mujeres en el Distrito Nacional(130). Asimismo, que estaba restaurando viejas cárceles para agregarles más capacidad. Según el informe del Gobierno sobre la evolución de los derechos humanos en la República Dominicana, del 30 de diciembre de 1997, se adicionó a la cárcel de San Pedro de Macorís una capacidad mínima de 500 plazas y se modernizó la cárcel de San Francisco de Macorís, sumando más de 300 plazas a su capacidad.

258. En sus observaciones al Proyecto de Informe de la CIDH, el Gobierno dominicano señaló que con motivo de las ampliaciones y remodelaciones en los recintos carcelarios, se habían agregado 3.000 plazas; sin embargo, reconoció que aún continuaba el alto nivel de hacinamiento, debido al crecimiento de la población penitenciaria(131).

259. Por otra parte, el Gobierno ha informado a la CIDH que está haciendo esfuerzos para disminuir la población carcelaria, adoptando medidas para: 1) agilizar los procesos judiciales, lo que permite que algunas personas sean absueltas y puestas en libertad; 2) asegurar que las personas que tienen derecho a salir en libertad provisional mediante el pago de una fianza puedan beneficiarse de ello; 3) dejar en libertad a las personas que no habían salido de las cárceles, por diferentes razones, a pesar de tener una orden de libertad en su favor; 4) dejar en libertad a los detenidos que llevan en prisión preventiva más tiempo que el que habrían sido recluidos si hubieran sido encontrados culpables y condenados a la pena máxima prevista por el crimen de que fueron acusados. Dichas medidas permitieron, por ejemplo, bajar en pocos meses la población del centro penitenciario La Victoria de 6.000 a 4.000 presos. En septiembre de 1999, el Gobierno indicó que el número de reclusos había descendido a 3.300 en ese centro penitenciario(132). La Comisión reconoce que las medidas tomadas, y/o anunciadas constituyen pasos iniciales importantes para resolver la penosa situación de hacinamiento existente en el sistema penitenciario en la República Dominicana.

260. Sin perjuicio del valor de las medidas señaladas anteriormente, la Comisión debe señalar que algunas de las soluciones mencionadas son necesariamente parciales e insatisfactorias. Por ejemplo, el dejar en libertad a una persona que ha estado en prisión preventiva durante más tiempo que la pena máxima prevista para el presunto crimen implica que el acusado —cuya inocencia debe presumirse—, deba cumplir la sentencia máxima que podría haberle sido impuesta, sin que tenga condena en su contra. Tampoco le es reparado el daño causado por estar encarcelado, esperando su juicio, durante un tiempo excesivo. Es urgente que se agilicen los procesos penales para decidir sobre las acusaciones que pesan en contra de los presos que se encuentran en prisión preventiva, de conformidad con el debido proceso y dentro de un período aceptable, de acuerdo con los estándares internacionales en la materia(133).

261. La existencia generalizada de la prisión preventiva sin juicio agrava la sobrepoblación de las cárceles dominicanas. Según se informó a la Comisión, ha sido necesario en algunas circunstancias, por la situación de sobrepoblación, distribuir a los presos cuyos procesos penales pertenecen al Departamento Judicial de Santo Domingo, a las diferentes cárceles de la República Dominicana, en vez de recluirlos en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, que corresponde al Departamento de Santo Domingo. Esta distribución de presos fuera de su jurisdicción trae como consecuencia que sus procesos judiciales no sean conocidos a tiempo(134). La reubicación de presos a cárceles lejanas de la jurisdicción donde les corresponde ser juzgados, aunado a la falta de logística para su traslado, resulta en que en ocasiones los reclusos citados por los jueces no son llevados al tribunal.

262. Este problema se agrava por la escasez de medios de transporte de reclusos desde la prisión a los tribunales(135). El Gobierno ha señalado que este problema ha sido resuelto con la contratación de vehículos privados. Sin embargo, los prisioneros han señalado que este servicio no se aplica en forma general y sólo se benefician aquellos que pueden pagarlo.

263. A ese respecto, el Gobierno dominicano señaló en sus observaciones que los medios de transporte para los reclusos habían experimentado una mejoría, toda vez que actualmente contaban con cinco autobuses con capacidad para ochenta pasajeros y varios microbuses. Existían también contratos con empresas privadas, en los municipios del interior del país, para el traslado local de los reos a los tribunales. Sin embargo, el Gobierno manifestó que a pesar de los esfuerzos realizados, todavía persistían ciertas fallas (136).

264. La sobrepoblación carcelaria se agrava, según denuncias recibidas, porque las personas que reciben órdenes de libertad en su favor siguen teniendo problemas para lograr salir de las cárceles. Algunas de estas personas no pueden pagar las multas pecuniarias que les han sido impuestas además de sus sentencias de prisión y son, por lo tanto, obligadas a servir tiempo adicional en la cárcel antes de salir(137). En otros casos, no son liberadas inmediatamente por dificultades burocráticas.

G. Condiciones de Salubridad y Alimentación

287. Durante la visita in loco de 1997, la Comisión tuvo la oportunidad de constatar las condiciones precarias y deficientes de salubridad en que viven los presos en las cárceles que visitó. La Comisión observó que la basura no era tratada de manera higiénica, que existía escasez de agua potable y que los presos alojados en espacios más amplios (pabellones, cafeterías, etc.), construían pequeñas divisiones con telas sucias, cartón y otros materiales. Se pudo constatar en las cárceles visitadas que la lluvia entraba en las celdas y otros espacios de las prisiones, acumulándose el agua en los lugares en que habitaban los presos, creando una situación de riesgo para su salud.

288. Los proyectos de construcción y remodelación de las cárceles están dirigidos a corregir estos problemas. Por ejemplo, en La Victoria, la Comisión pudo ver que en la sección de la cárcel recientemente construida las condiciones higiénicas se preservaban más cuidadosamente.

289. El Gobierno señaló en sus observaciones de septiembre de 1999 que se había mejorado el problema de higiene en la mayoría de los recintos, con la instalación de zafacones, recolección diaria de basura. El servicio de fumigación de las cárceles se había establecido a fines de 1997 y continuaba funcionando.

290. La Comisión recibió importante información sobre la falta de una adecuada atención médica y tratamiento psicológico para los presos. Los presos denunciaron que no existía suficiente personal médico y que, aún en las prisiones con poblaciones grandes, no había presencia permanente de un médico. Las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas disponen que todo establecimiento penitenciario “dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos”(158). Las prisiones generalmente no tenían medicamentos disponibles, sino que los debían pedir de la capital para casos específicos(159). La Comisión también recibió quejas según las cuales era muy difícil conseguir el transporte a un hospital en caso de grave enfermedad dado que existía una carencia de vehículos para transportar a los internos al médico u hospital. Al respecto, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas disponen que los reclusos enfermos que requieren un tratamiento especial deben ser trasladados a instituciones especializadas o a hospitales civiles(160).

291. A este respecto, el Gobierno informó sobre la existencia de un cuerpo médico de la Dirección General de Prisiones, integrado por 40 médicos, 4 psicólogos, un psquiatra, 24 enfermeras, una bioanalista y una odontóloga. El Gobierno indicó que en el período de enero-julio de 1999 se habían efectuado aproximadamente 8.000 chequeos médicos en los hospitales públicos y se atendieron 22.946 reclusos en el interior de las cárceles. En relación a las dificultades para transportar los reclusos enfermos a los hospitales, el Gobierno señaló que todavía no contaba con una ambulancia, pero se habían asignado tres microbuses a La Victoria, Najayo y Monte Plata(161).

292. La Comisión recibió también denuncias indicando que los enfermos de SIDA y de tuberculosis no son separados de los demás presos y que no reciben un tratamiento adecuado para sus graves enfermedades. Fue anunciado que se daba libertad a los enfermos terminales de SIDA y tuberculosis, pero los presos de la Penitenciaria Nacional La Victoria denunciaron que seguían en dicho centro personas con estas enfermedades(162). La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la República Dominicana señaló a la CIDH la existencia de más de 200 reclusos enfermos de SIDA y tuberculosis en las cárceles del país.

293. El Gobierno dominicano indicó, en sus observaciones, que en efecto había varios reclusos afectados de SIDA y tuberculosis; sin embargo, estaban recibiendo un tratamiento médico. Igualmente, el Gobierno señaló que en la cárcel La Victoria se había establecido un consultorio de odontología y se estaba construyendo un dispensario médico(163).

294. La Comisión recibió información indicando que los presos dominicanos no recibían adecuada alimentación. Las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos señalan que todo recluso “recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas”(164).

295. El Gobierno informó a la Comisión durante su visita que el presupuesto para la alimentación en las cárceles había aumentado y los presos entrevistados señalaron que el programa de almuerzos había mejorado levemente. Sin embargo, el mismo Director General de Prisiones expresó que era necesario obtener más presupuesto para la alimentación de los reclusos. Varias fuentes informaron a la Comisión, además, que en algunas instituciones carcelarias los presos no recibían siempre el desayuno y la cena o que estas comidas eran exiguas. También informaron que en muchas prisiones los reclusos no recibían comida los días domingo. En muchos casos, los presos dependían de sus familias, quienes les llevaban comida, para recibir la alimentación necesaria(165).

296. La Comisión pudo constatar, en las cárceles que visitó, que algunos de los presos dormían en el suelo. Los presos explicaron que no recibían camas de la administración de prisiones, de modo que debían comprar ellos mismos colchones para dormir.

Capítulo IX Situación de los trabajadores migrantes haitianos y sus familias en la República Dominicana

A. Introducción

a) Antecedentes

313. Miles de haitianos participan en la zafra azucarera dominicana cada año, contratados por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) para el corte de la caña. Históricamente, las condiciones en que viven los braceros y el trato del que son víctimas han dado origen a numerosas denuncias. Así, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la CIDH han incluido el tema en sus informes, presentando una evaluación sobre el seguimiento de las normas y convenciones internacionales que rigen la materia.

314. La preocupación internacional ha trascendido el plano exclusivamente laboral, y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos también han publicado informes que denuncian la participación de fuerzas policiales y militares en los reclutamientos de braceros y de la existencia de prácticas abusivas de las autoridades del CEA dentro y fuera de los períodos de zafra(173).

b) Visita in loco de la CIDH en 1991

319. El 11 de junio de 1991, la organización no gubernamental Americas Watch denunció ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos las violaciones de derechos humanos que sufrían los cortadores de caña haitianos, empleados en la República Dominicana, señalando, en particular, lo que consideraba el régimen de trabajo forzado que sufrían los niños haitianos en las plantaciones del Consejo Estatal del Azúcar.

320. Días después de las renovadas denuncias sobre maltratos de haitianos y de que una cadena de televisión estadounidense (178) mostrara imágenes de las deplorables condiciones de vida de los cortadores de caña haitianos, el Presidente Balaguer emitió el Decreto 233, el 13 de junio de 1991, mediante el cual se repatriaría a los haitianos indocumentados menores de 16 años y mayores de 60 años que se encontrasen en la República Dominicana.

321. A partir del 18 de junio de 1991, el Gobierno dominicano llevó a cabo expulsiones masivas de haitianos, las que se contaron por miles, y en ellas se denunciaron prácticas violatorias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

B. Expulsiones masivas de haitianos y domínico-haitianos

325. Durante la visita in loco que realizó la CIDH, en junio de 1997, recibió denuncias de expulsiones masivas de haitianos e incluso de algunos dominicanos de origen haitiano durante los primeros tres meses de ese año. Grupos de derechos humanos que trabajan en el tema se reunieron con la Comisión y señalaron que durante los meses de enero y febrero el Gobierno habría deportado alrededor de 25.000 haitianos.

326. Asimismo dichos grupos informaron a la CIDH que las deportaciones continuaban, aunque en números mucho más pequeños. En la mayoría de los casos el Gobierno había negado a los deportados la oportunidad de demostrar que residían legalmente en la República Dominicana. Tampoco les habría dado la oportunidad de probar cuánto tiempo habían estado en el país, ni su situación de empleo o lazos familiares con el país.

327. Las denuncias presentadas a la Comisión señalan que la forma violenta y apresurada en que se llevan a cabo las deportaciones no permiten a los trabajadores migrantes llevarse sus pertenencias, ni tampoco cobrar su salario. Se ha indicado que algunas empresas y los ingenios en especial aprovechan la deportación de sus trabajadores para no pagarles los salarios adeudados.

328. Según fue denunciado, los deportados son detenidos en establecimientos donde reciben escasa o ninguna comida durante los días de confinamiento y en algunos casos han sido golpeados por las autoridades dominicanas. En ningún momento se les permite informar de su expulsión a sus familiares. En repetidas ocasiones se señaló ante la Comisión que los niños eran sacados por la fuerza de sus casas cuando los padres se encontraban trabajando. Igualmente, las esposas eran deportadas cuando sus maridos se encontraban fuera de casa. En algunos casos, las expulsiones masivas habrían traido consigo la separación forzada de familias, afectando a la niñez.

329. Con motivo de las elecciones presidenciales de 1996, la Comisión recibió varias denuncias en donde se señalaba que las autoridades dominicanas habían efectuado redadas, destruyendo cédulas y documentos de identidad de trabajadores haitianos y los habían forzado a regresar a Haití. En numerosos casos denunciados, los expulsados habían nacido en la República Dominicana, donde habían residido por numerosos años, y les correspondía constitucionalmente el derecho de nacionalidad. La Comisión recibió enuncias además sobre deportaciones realizadas en comunidades periféricas al Distrito Nacional, como Palave, Palmarejo, Duquesa, Guarícano, Guanuma y los bateyes del Ingenio Ozama, San Luis, Matamamón, Boca Chica y Muñoz de Puerto Plata, durante los meses de julio y agosto de 1998.

C. Condiciones de trabajo y vida en los bateyes

335. Las condiciones de trabajo y de vida en los bateyes son extremadamente difíciles.

Según la misión de asistencia técnica a la República Dominicana del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, “Es frecuente que los cortadores de caña sufran abusos por parte de las autoridades de migración y las autoridades militares, y además los niños y las mujeres carecen de existencia jurídica”(184).

a) Condiciones de trabajo

336. Durante su visita in loco, grupos de derechos humanos que trabajan en este tema señalaron a la Comisión que la situación de los braceros haitianos había mejorado levemente con el actual Gobierno; sin embargo, posteriormente indicaron que a partir de 1998, los trabajadores haitianos y los dominicanos de origen haitiano, al igual que sus mujeres y sus hijos, continuaban siendo víctimas de discriminación racial y de violaciones de derechos humanos(185). “Los trabajadores haitianos de las plantaciones de caña de azúcar siguen enfrentando restricciones en su libertad de movimiento. Esto incluye la presencia de guardias armados en los campos de caña, quienes vigilan a los braceros para que no huyan de las plantaciones”(186).

340. El Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas y Anti-Slavery International denunciaron ante la Comisión que en algunos lugares, cortadores de caña continuaban siendo pagados con vales (vouchers) y no con dinero. Estos vales no eran aceptados en los comercios locales; sólo podían ser utilizados en el almacén de la propia compañía(189). Los salarios eran muy bajos y los trabajadores y sus familias difícilmente podían subsistir. Su remuneración era asimilada al de un jornalero agrícola y se les pagaba RD$42.00 pesos dominicanos (aproximadamente $3.00 US dollares) por tonelada de caña cortada, y el monto total dependía de la habilidad del bracero.

341. Se indicó a la Comisión que el pesaje de la caña determinaba el monto del pago. En el pasado existían denuncias de que las balanzas estaban arregladas y los braceros no obtenían un peso justo. Durante la visita de la CIDH, en junio de 1997, los braceros señalaron la presencia de inspectores domínico-hatianos cuando se pesaba la caña, lo cual les daba cierta seguridad. Sin embargo, recientemente organizaciones no gubernamentales indicaron que en la última zafra, las autoridades del CEA habían expulsado a los inspectores domínico-hatianos y los trabajadores no tenían quiénes los representaran y tampoco tenían acceso al proceso de pesaje de caña(190). Surgieron nuevamente las quejas de que no se les había acreditado el total de la caña cortada. Ante la falta de inspectores, los braceros carecían de mecanismos eficaces para encontrar solución a sus quejas(191).

b) Condiciones de vida

342. Durante su visita in loco, la CIDH visitó cuatro bateyes: San Joaquín, Culata y Mata los Indios en las cercanías de Santo Domingo, y el batey Nº 5 en la provincia de Barahona.

La Comisión verificó algunos avances con la llegada del nuevo Gobierno, como la electrificación en algunos bateyes y planes de mejoras de caminos y establecimientos de escuelas que en la actualidad son escasas.

343. En general, la Comisión observó las precarias condiciones de los bateyes, enclaves donde viven los trabajadores del corte de caña. A pesar de que las viviendas son gratuitas, éstas son inadecuadas, no cuentan con energía eléctrica, ni evacuación de aguas negras.

El hacinamiento, la falta de higiene, de agua potable, y de letrinas constituyen gravísimos problemas. Estas deficiencias crean condiciones para enfermedades como la diarrea, malaria y tuberculosis.

344. La Comisión observó también que no existían dispensarios médicos. Numerosos niños tenían síntomas de desnutrición y la mayoría no iban a la escuela por ayudar a sus padres a lograr un sustento miserable(192). Esto creaba un ciclo trágico en que el futuro de miseria es prácticamente inescapable(193).

345. Al final de su visita in loco, la Comisión señaló que no ignoraba las condiciones de pobreza que afectaban a otros sectores de la vida nacional. Sin embargo, la CIDH quería destacar especialmente la situación de los trabajadores de los bateyes, ya que los mismos trabajan para el Estado y residen en propiedades del Estado, por lo cual las condiciones de trabajo, vivienda, salud, educación y seguridad de los trabajadores y sus familias son responsabilidad directa del Estado.

c) Situación de la mujer haitiana en los bateyes

346. La situación de la mujer haitiana en los bateyes es aún más vulnerable, pues su presencia no es reconocida ni en los bateyes ni en los campos de la caña. Comúnmente, se cree que sólo los hombres llegan a trabajar como braceros a la República Dominicana.
En consecuencia las haitianas no poseen por sí mismas el derecho a la vivienda, ni a servicios de salud, por limitados que éstos sean.

347. El trabajo de la mujer haitiana en los campos de caña es discriminado.
Aproximadamente un 5% de los cortadores de caña son mujeres, a quienes se les paga la mitad de lo que reciben los hombres. Según se señaló, el Consejo Estatal del Azúcar no tiene registro de las mujeres que viven en los bateyes y la única función que les atribuyen es la de que garanticen la presencia de los braceros en las siguientes zafras.

348. Así, la inmigrante haitiana, al no ser reconocida su existencia, no puede obtener documentación ni ningún otro tipo de beneficio o prestación, y en consecuencia ella y sus descendientes están condenados a una situación de ilegalidad y explotación permanente.

La misma situación se presenta si su esposo muere o es deportado; ella y la familia quedan completamente desamparadas.

349. Según el Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas, al quedar solas las mujeres haitianas son víctimas de violaciones sexuales y no tienen a quién recurrir, pues incluso los jefes de bateyes, guardias campestres y agentes de migración abusan de ellas, amenazándolas con deportarlas a ellas o a sus familiares si no acceden a sus requerimientos.

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