Proceso 8.000 en Colombia

Proceso 8.000 en Colombia

El proceso 8.000 en Colombia se refiere a un acontecimiento de corrupción entre los años 1.995 y 1.996 en donde se le acusa al presidente de la época Ernesto Samper de recibir financiación del narcotráfico para su campaña presidencial. Se llamó proceso 8.000 porque ese fue el número del expediente de la fiscalía de Cali en la que se encontraban los documentos del allanamiento; hecho a un contador chileno vinculado con el cartel de Cali.

El proceso 8.000 en Colombia tuvo importantes consecuencias, tanto a nivel nacional como internacional, no solo para el expresidente, sino para los colaboradores cercanos. Finalmente, el proceso contra Samper precluyó cuando la cámara votó con 111 a favor y 43 en contra; y ya ni la Corte Suprema ni el Senado lo podían juzgar por falta de pruebas.

Ver También: El Palacio de Justicia: un Hito en la Historia de Colombia.

Historia del Proceso 8.000 en Colombia

En el año 1.994 se definía en segunda vuelta el próximo presidente de Colombia entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana, éste último le entregó al entonces presidente César Gaviria unos casetes que; a su vez, él le entregó a Gustavo de Greiff, el entonces Fiscal General de la Nación.

Sin embargo, estos solo se conocieron a la luz pública en 1.995 cuando el nuevo Fiscal General, Alfonso Valdivieso los dio a conocer. ¿Por qué? Porque esos casetes eran las pruebas del ingreso del dinero del narcotráfico a la campaña de Samper y Mónica de Greiff, hija del entonces Fiscal General, pertenecía a esa campaña presidencial.

En esos casetes estaban los audios entre los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali y el periodista Alberto Giraldo. En los audios se escuchaban conversaciones sobre dineros que este cartel le daría a la campaña presidencial de Samper para apoyarla.

El proceso 8.000 en Colombia comenzó con el testimonio de Santiago Medina, el tesorero de campaña quien confirmó la entrada de ese dinero ilegal a la campaña. Y, aunque Samper siempre negó su conocimiento y participación; las pruebas recolectadas apuntaban a que toda la directiva de la campaña tenía conocimiento del ingreso de ese dinero ilícito.

De hecho, se conoció también una llamada telefónica entre Elizabeth Montoya de Sarria conocida como “la monita retrechera” y Ernesto Samper; en la que el candidato presidencial de ese entonces daba pistas sobre la relación entre políticos del partido liberal y narcotraficantes para la financiación de esa campaña presidencial y con la intermediación de la misma “monita retrechera”. Meses después, ella fue asesinada.

Consecuencias

En Colombia, el 28 de mayo de 1.996 se realizaron varias marchas estudiantiles pidiendo la renuncia de Ernesto Samper y de parte de sus colaboradores. Esta marcha se tornó especial, porque usaron una carroza en forma de elefante con 8 mil mogollas dentro; el elefante fue en alusión a las declaraciones del arzobispo Pedro Rubiano Sáenz que dijo que el hecho de que Samper no se hubiera dado cuenta del ingreso de grandes cantidades de dinero a su campaña era como si un elefante entre a la casa y no se dan cuenta.

Otra consecuencia grave atribuida al proceso 8.000 en Colombia fue la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, quien a través de columnas daba a conocer su opinión firme en contra de Samper. A Gómez Hurtado lo asesinaron el 2 de noviembre de 1.995.

Finalmente, el proceso contra Ernesto Samper precluyó, no solo por la falta de pruebas del ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña presidencial; sino por falta de pruebas de que Samper supiera. Pero Fernando Botero Zea, director de la campaña y Santiago Medina, tesorero de la campaña, sí estuvieron retenidos por varios años acusados de enriquecimiento ilícito a favor de terceros.

A nivel internacional, el proceso 8.000 en Colombia también tuvo consecuencias. Las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y otros países en América Latina se afectaron seriamente; de hecho, Estados Unidos no solo descertificó a Colombia, sino que le quitó la visa a Samper y otros políticos.

La descertificación la hizo el gobierno de USA señalando que Colombia mostraba corrupción en los niveles más altos del poder ejecutivo.; además de acusar a las autoridades colombianas de permitir que los carteles de droga siguieran operando, aún desde la cárcel.

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