Pobreza y Desigualdad en Colombia
EDUCACIÓN
La educación hoy en día es vista como una herramienta de equidad, además tiene un fuerte impacto sobre la eficiencia económica. Así mismo, existen ciertas inequidades en Colombia en cuanto a las oportunidades para acceder a este aspecto como: el difícil acceso al crédito, las diferencias en las coberturas educativas entre personas de ingresos altos y personas de ingresos bajos.
Los principales resultados son: mejoramiento de las aulas y la preparación de los maestros en primaria, con el paso de los años, se ha ido mejorando la cobertura secundaria y la oferta terciaria.
Igualmente, en el año 94 se aprobó la Ley General de Educación que fijó en 9 años la obligatoriedad de educación, además se implementaron estrategias de medición y de aumento de la calidad.
El impacto de las políticas educativas durante los últimos 50 años son: el incremento en la escolaridad promedio de un año por década.
Por otro lado, el 39% de los menores entre 3 y 4 años van al preescolar, el 78% de menores entre 5 y 6 años asiste a la escuela, entre los menores de 7 y 11 años, el 92% asiste a la escuela, finalmente, entre los menores de 12 y 17 años, sólo el 78% asistió a la escuela.
También el número de estudiantes en el año 2002 es de 10 millones frente a la cifra de 1985 cuando solo eran 6.35 millones.
La educación en Colombia es esencialmente pública, el número de docentes también se ha implementado. La relación alumno/docente que es un buen indicador de la educación, ha caído más en los planteles privados (de 30.1 alumnos por docente en 1985 a 16.8 en 2001) que en los públicos (de 33.1 a 26.7)
La educación se financia en un 70% por el Estado, el gasto en primaria y secundaria se realiza directamente en cada departamento y municipio, mientras que la educación terciaria está a cargo del gobierno central quien traslada directamente los recursos a las universidades.
De igual forma, estas políticas son controladas por el Ministerio de Educación Nacional. Algunos municipios como Bogotá han realizado alianzas público-privadas para la administración de las escuelas. Del total del gasto en ecuación, la primaria recibe el 43%, la secundaria el 33% y la terciaria el 24%.
Las conclusiones son: los individuos que terminan la ecuación secundaria no son los más pobres, y la población de recursos menores tiene una mayor presión para ingresar al mercado laboral en caso de terminar la secundaria.
SALUD
Existen muchas fallas de mercado que generan problemas de eficiencia y equidad. En primer lugar, existe poca competencia entre los proveedores ya que el número de hospitales y clínicas es limitados, sobretodo en las ciudades pequeñas; por esto, el Estado debe regular la calidad y las tarifas.
En segundo lugar, los servicios médicos son muy heterogéneos, en tercer lugar, existen enfermedades que generan externalidades negativas, por último, el acceso a la salud no debe ser excluyente ni depender de la capacidad de pago de las personas. Todas estas son razones suficientes que justifican la intervención del Estado.
La ley 100 de 1993 busca mejorar los problemas del sistema de salud y por esto incluye 2 regímenes: El contributivo conformado por los trabajadores que cotizan en el sistema se seguridad social en salud, se financia con un aporte mensual del 12% de los ingresos (8% empleador y 4% trabajador).
Cada contribuyente elige la EPS, ésta a su vez, contrata a las IPS para que atiendan al afiliado y a su familia. En segundo lugar, existe el régimen subsidiado que financia la salud de los pobres y vulnerables. Las entidades que prestan el servicio son las ARS.
La salud se financia a través del FOSYGA, los departamentos y los municipios y el Estado central. Todo esto nos lleva a pensar que el régimen contributivo es una excelente herramienta de solidaridad pues redistribuye recursos hacia los grupos más pobres.
Los resultados son: 60% de la población afiliada, la cobertura ha crecido en las zonas rurales, el 78% es un gasto en salud de seguridad social frente a un 22% individual o de bolsillo. Todavía faltan los trabajadores informales e independientes, aumentar los límites a los servicios cubiertos por el POS y la eliminación de los periodos mínimos de cotización.
PENSIONES COMO PARTE DE LAS INEQUIDADES EN COLOMBIA
Los trabajadores que primero tuvieron acceso al sistema de pensiones fueron los del sector público a través de la Caja Nacional de Previsión, no realizaron aportes lo que hizo que las entidades no tuvieran reservas para realizar los pagos.
En 1967 para cerrar esta brecha se creó el Instituto de Seguro Social donde se implementó el pago de mesadas por parte de los trabajadores para el pago de las pensiones.
La Ley 100 del 93 introdujo el sistema dual en el cual compiten el régimen de ahorro individual (el trabajador tiene asegurados unos beneficios) y la contribución definida (se sabe cuánto aporta pero no cuánto recibirá).
Las contribuciones de los trabajadores van a un fondo de pensiones (AFP) que invierte los recursos para garantizar un rendimiento mínimo real sobre los ahorros.
La estructura actual del sistema de pensiones:
Para acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima se deben cumplir 2 requisitos. El primero, se debe tener una edad mínima (62 años para hombres y 57 para mujeres); en segundo lugar, se deben haber cotizado por lo menos durante 1.1150 semanas (22 años aprox.). Así mismo, existen las pensiones por muerte o invalidez.
SERVICIOS PÚBLICOS Y LAS INEQUIDADES EN COLOMBIA
Las tarifas de servicios públicos tienen un sistema de subsidios implícito cruzados; con el objetivo de redistribuir recursos a favor de los grupos de menores ingresos. En las zonas rurales la cobertura es menor debido a la dispersión de la población.
Hasta 1990 la política tarifaria estaba enfocada a subsidiar a los hogares de bajos niveles de consumo, más que aquellos de bajo nivel de ingreso.
El Estado era el propietario, operados y regulador del mercado. Con la Ley 142 del 92 se reformó los subsidios haciendo que los hogares más pobres; tuvieran un costo menor que los hogares de ingresos más altos; a esto se le llamaron las contribuciones solidarias.
La herramienta para la focalización utilizada es la estratificación socioeconómica de las viviendas; el objeto final de la clasificación son las viviendas y no las personas que las habitan. Existen hogares que no necesitan tener subsidio pues cuentan con un buen nivel de ingreso.
El Estado debe reducir los riesgos que enfrenta la población de menores recursos, por ejemplo los subsidios de desempleo o enfermedad. La idea es mitigar el círculo vicioso de que las personas pobres hoy seguirán siendo personas pobres en el futuro.
El papel de la protección social se divide en 2 áreas. La primera, son los programas dirigidos a personas que enfrentan casos críticos de pobreza; y la segunda, son programas e iniciativas que ayudan a asumir riesgos de las personas, familias y comunidades. Es decir, los riesgos de la economía no deben perjudicar el bienestar de los individuos.
Para definir el papel del Estado es necesario identificar si los eventos adversos son de carácter individual o si le ocurren a varias personas al tiempo (covariado). Los riesgos covariados son los de interés a las políticas públicas como las redes de protección social que provean seguros de salud y desempleo.
El Ministerio de Protección Social es la principal entidad responsable de las iniciativas. Existen además otras entidades como el ICBK, CCF, RSS, etc. En Colombia la protección social principalmente ha girado en torno a los contratos laborales y a la regulación laboral.
Existe un problema pues no se ha tenido en cuenta a los trabajadores informales quienes no cotizan en salud, pensiones y cesantías.
Otro tipo de iniciativas son las transferencias condicionadas como el programa de Familias en Acción; donde se le entrega a cada hogar un subsidio siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones. La idea de estos programas es reducir la pobreza estructural causada por la pobreza por ingresos.
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