Pacto Región Caribe

XVIII. Pacto Región Caribe: Una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad 

Introducción

Para aliviar las demandas sociales y reducir la pobreza extrema en la región, con especial énfasis en el departamento de la Guajira, las estrategias enmarcadas en este capítulo se articulan con las del Pacto por la equidad. En especial las líneas de “Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición”. “Viviendas y entornos dignos e incluyentes” y la estrategia de de acciones coordinadas para la reducción de la pobreza “Que nadie se quede atrás”.

Esto también estará ligado con las estrategias del Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos en donde se establecen las acciones dirigidas al mejoramiento y fortalecimiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico. Así como buscar una solución definitiva a los problemas en la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe.

Estrategias del Pacto por el transporte y la logística

Adicionalmente, las estrategias del Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional, que busca conectar los territorios a través de redes regionales de transporte y el aprovechando de la intermodalidad de transporte en la región, son las bases para un mayor dinamismo económico. En concordancia con este desarrollo de infraestructura. Estará las acciones orientadas a fomentar el emprendimiento y el desarrollo productivo del Pacto por el emprendimiento. La formalización y la productividad. Dirigidas a la “Transformación empresarial.

Desarrollo productivo, innovación y adopción tecnológica para la productividad”. La política de aprovechamiento de mercados e inversiones internacionales “un modo de posibilidades”, y las estrategias para impulsar el turismo sostenible. Este último se impulsará con las estrategias contenidas en la línea “Turismo: el propósito que nos une” y también en el Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja.

Finalmente, resulta pertinente el Pacto por la sostenibilidad, y en particular las estrategias en la línea “Colombia resilente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático”. Proyectos como El Canal del Dique. La implementación de medidas de adaptación en La Mojana con influencia en Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia y el manejo para el acuífero de Morroa son estratégicos para la sostenibilidad ambiental de la región1.

A. Visión regional

La región Caribe2 reconoce en la riqueza natural su principal fortaleza, de la cual se derivan potencialidades agroecológicas, mineras y pecuarias, además de una interconexión ambiental entre sistemas como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, el desierto de La Guajira, la Ciénaga Grande de la Magdalena, el océano Atlántico y el Nudo de Paramillo (RAP Caribe, 2018).

Este postulado se respalda en el hecho de que la mayoría de sus municipios (59 %) están clasificados como rurales. Ya sean remotos o cercanos a ciudades, el 28,7 % son considerados intermedios y apenas el 13,3 % se consideran urbanos3 (mapa XVIII-1).

Para esta región se plantea un enfoque agroindustrial y de turismo alternativo como apuesta central para potenciar el desarrollo productivo. Dicho enfoque permite aprovechar las relaciones funcionales existentes en el territorio, y trabajar en intervenciones conjuntas encaminadas a aprovechar la contigüidad e interdependencia entre municipios, fomentando la eficiencia de las economías de escala.

Sin embargo, para consolidar esta apuesta, existen retos puntuales que el presente Plan de Nacional de Desarrollo busca atender de manera prioritaria. Como: (1) las deficiencias en conectividad entre los siete departamentos. (2) La baja calidad y cobertura en servicios públicos. (3) La persistencia de zonas con alta pobreza. Y (4) las desigualdades territoriales en desarrollo productivo. De acuerdo con las vocaciones particulares de las subregiones del Caribe.

B. Diagnóstico

La región Caribe enfrenta varios desafíos para dinamizar su desarrollo productivo y consolidar un camino de crecimiento sostenible en el mediano plazo. En términos de ingresos, el PIB per cápita 2017 de la región es $ 12 millones, cifra inferior al indicador nacional de 17 millones de pesos corrientes (DANE, 2018).

Este hecho redunda en indicadores de pobreza, tanto monetaria como multidimensional, particularmente altos en la región. En 2017, el promedio simple de la pobreza monetaria de los siete departamentos de la región fue del 41,7 %. Lo que significa una brecha de 15 p. p. respecto al indicador nacional (26,9 %). tan solo Atlántico tiene indicador inferior al nacional con su registro del 24,3 % (Pacto por la Equidad).

Uno de los principales problemas derivados de tal comportamiento en los ingresos es la persistencia de zonas con altos niveles de pobreza, inseguridad alimentaria y desnutrición infantil.

Los indicadores de mortalidad infantil en menores de un año ascendieron, en 2016, a 22 fallecidos por 1.000 nacidos vivos, frente a los 17 del indicador nacional (DANE, 2018).

Para mejorar las condiciones de la población se requiere impulsar el empleo y mejorar los ingresos de las familias. Por lo que se hace necesario promover el desarrollo productivo intrarregional. Con especial atención a las subregiones más atrasadas (Pacto por el Emprendimiento y la Productividad).

De otro lado, se requiere desarrollar el empleo formal urbano. Ya que seis de las siete capitales presentan una tasa de empleo informal superior al 50 % para el año 2017. Tan solo Barranquilla con el 48 % tiene una tasa similar a las de las 23 ciudades principales analizadas por la Gran Encuesta Integrada de Hogares (DANE, 2018).

Canal del Dique

El desarrollo social tiene que ir de la mano con el desarrollo sostenible y la protección ambiental de la biodiversidad del Caribe. Proyectos como El Canal del Dique, cuyas inversiones disminuirían el riesgo de inundación en más de 20 poblaciones de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre. La implementación de medidas de adaptación en La Mojana con influencia en Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia. O el manejo para el acuífero de Morroa, que surte de agua a la ciudad de Sincelejo y sus municipios aledaños. Son estratégicos para la sostenibilidad ambiental de la región (Pacto por la Sostenibilidad).

Otro elemento clave relacionado a los índices de la calidad de vida de la población de la región Caribe es el acceso a los servicios públicos de calidad (Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos).

Actualmente, su provisión muestra baja cobertura y calidad tanto en zonas rurales como urbanas. El reto está en integrar sistemas alternativos de potabilización con fuentes de energía no tradicionales. Un ejemplo crítico está en el caso de La Guajira que. De acuerdo con cifras de la UPME (Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica, 2018), en 2016 no alcanzó la cobertura de interconexión por hogares del nivel nacional (87,7 %), sino que apenas tuvo una cobertura del 33,3 %.

En cuanto a acueducto y alcantarillado apenas tres cuartas partes de la región cuentan con coberturas superiores al 50 %. lo que implica que 1,3 millones de personas carecen de acueducto y 4,3 millones no tienen acceso a alcantarillado en este territorio (Casa Grande Caribe, 2018).

Reducidas inversiones en infraestructura eléctrica por parte de Electricaribe S.A. E.S.P.

Por otra parte, las reducidas inversiones en infraestructura eléctrica por parte de Electricaribe S.A. E.S.P. antes de 2016. terminaron en una prestación ineficiente del servicio de energía eléctrica en la región Caribe. con lo cual se puso en riesgo la prestación continua y la calidad del servicio de energía eléctrica en dicha región.

Las pérdidas de energía en las redes de Electricaribe S. A., E. S. P. también mostraron un deterioro en los últimos años. Se estima que para el 2019 estas se eleven al 25,4 %, causadas, entre otros factores. Por la reducción en inversiones destinadas a mejoras estructurales de protección de red y mejora de la medición de consumos de energía como lo informó Electricaribe S.A. E.S.P. a la SSPD en su primer informe del periodo de intervención (Electricaribe S.A. E.S.P., 2016).

Estas situaciones son críticas para la prestación del servicio, teniendo en cuenta que, según información de la SSPD, el número de usuarios atendidos por Electricaribe S.A. E.S.P. en el 2016 ascendió a 2.637.326. De los cuales el 50 % de los usuarios residenciales, lo componían barrios subnormales y zonas de difícil gestión y alrededor del 30 % recaía sobre estratos 1 y 2. Para el cierre de 2017 aumentó la cantidad de usuarios a 2.640.107. De los cuales el 46% de los usuarios residenciales están ubicados en barrios subnormales y el 35,5 % en estratos 1 y 2. En la actualidad Electricaribe S.A. E.S.P. cuenta con más de 56.703 kilómetros de redes y 230 subestaciones y 675 circuitos de red entre 1 y 30 kV.

Un último elemento clave es la conectividad (carretera, aérea, férrea, fluvial4 y marítima):

Constituye uno de los principales dinamizadores del desarrollo de la región Caribe (Pacto por el Transporte y la Logística). Sin embargo, diferentes actores regionales y nacionales que han participado en la elaboración del PND, identifican ese aspecto como una de las limitaciones más sentidas del territorio.

Por ejemplo, según información del IDIC 2017, en términos de infraestructura, Sucre y Córdoba son los dos departamentos más rezagados tanto en la región como en el país, con 24 y 26 puntos5, en su orden. En contraste con los 59 puntos que alcanza Bogotá, el ente territorial mejor posicionado dentro de este pilar del IDIC (DNP, 2017).

C. Pacto regional

Las necesidades apremiantes de la región Caribe requieren acciones conjuntas y concertadas entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales. En ese sentido, y después de una serie de ejercicios con la participación de actores regionales representativos6. El presente PND establece los siguientes objetivos de desarrollo regional para el Caribe colombiano7:

• Conectar la región mediante implementación y adecuación de vías y una red intermodal de manera sostenible.

  
  Esta red deberá desarrollar vías hacia el interior de la región, al igual que hacia el resto del país, priorizando dobles calzadas, vías secundarias y terciarias.
  
  También explorará otros modos de conectividad para ese territorio en zona rurales (fluvial, marítimo y férreo). Siempre manteniendo la sostenibilidad ambiental.

• Garantizar acceso y calidad de los servicios públicos de primera necesidad que respondan a las particularidades geográficas y protegiendo los ecosistemas.

  
  Este objetivo buscará mantener y ampliar la red de energía eléctrica integrando energías no convencionales. La construcción de acueductos y de distritos de riego subregionales. La protección de los ecosistemas propios de la región y la gestión del riesgo de desastres como medida de adaptación al cambio climático8.

• Promover la inclusión social y la equidad de la región.

  
  Es fundamental la articulación de estrategias para unir esfuerzos encaminados a superar la pobreza y la pobreza extrema, y garantizar la seguridad alimentaria de la región. Mejorar la salud relativa a maternidad y la calidad de los asentamientos. Como se plantea en la línea de acciones coordinadas de lucha contra la pobreza del Pacto por la Equidad.

• Desarrollar el potencial productivo agropecuario, cultural y turístico de la región

  
  En conjunto con la investigación en ciencia y tecnología y el desarrollo ambiental sostenible. Se deben desarrollar la infraestructura estratégica para fomentar la agroindustria (clústeres productivos) y promover ofertas de turismo alternativas, aprovechando el potencial fluvial, costero y portuario del Caribe.

• Adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación eficiente y sostenible:

  
  Del servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la región Caribe en desarrollo del artículo 365 de la Constitución Política.
  
  Para cada uno de los objetivos expuestos se priorizará un conjunto de proyectos que responde, desde un enfoque regional, a superar los retos y los desafíos del Caribe, y cuyo cumplimiento dependerá del trabajo conjunto entre los entes nacionales y regionales. Estas iniciativas se enlazan con los apartados del PND 2018-2022 asociados al Pacto por la equidad, Pacto por la Descentralización, Pacto por la Calidad y Eficiencia de Servicios Públicos y Pacto por el Emprendimiento y la Productividad. De igual forma, se vinculan con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Agenda 2030. La tabla XVIII-1 compila los objetivos y temáticas principales del pacto por la región Caribe.

El desarrollo del potencial productivo de la región Caribe va de la mano con las diferentes industrias y apuestas productivas de bienes priorizadas por el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI). Con base en el trabajo adelantado por las Comisiones Regionales de Competitividad y el Comité Técnico Mixto de Desarrollo Productivo9.

La tabla XVIII-2, resume las principales apuestas productivas de bienes priorizadas para los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, La Guajira y Magdalena.

Sobresale la apuesta de “producción agrícola” priorizada para toda la región. Por su parte. En los departamentos de Cesar y Sucre se siguen explorando cuáles deberían ser las apuestas productivas por priorizar.

D. Acciones diferenciadas para la superación de la pobreza en La Guajira

En el departamento de La Guajira, la inseguridad alimentaria y la desnutrición infantil10 han permeado la realidad de la población. Pues factores sociales, económicos e institucionales han impedido el acceso a alimentos y de esa forma la garantía de sus derechos.

En relación con lo anterior, la desnutrición infantil en La Guajira ha alcanzado valores superiores a los que registra el promedio nacional, los cuales han superado más de los 11 puntos de diferencia, lo que a su vez se ha traducido en que la talla en niños y adolescentes presentara un retraso de casi el doble del promedio nacional para el 2010, el cual para ese momento se encontraba en 10 % y en La Guajira de 18,2 %. Sin embargo, la problemática ha escalado sus proporciones, lo que ha llevado al fallecimiento de niños, hecho que para el 2016 alcanzó un total de 54 menores de edad por cada 100.000 menores.

La mortalidad materna también ha permeado las dinámicas del territorio teniendo en cuenta que la mayoría no reciben acceso a controles prenatales y en ocasiones ni siquiera al sistema de salud, lo que ha llevado a que en el 2015 se dieran 144 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Lo anterior, se presenta más en el caso de las mujeres indígenas, quienes no solo se ven afectadas por estas problemáticas, sino que están sujetas a elementos culturales que definen su actuar.

Para la superación de la pobreza en La Guajira se requiere:

Tomar de acciones especiales, en particular desde una figura de articulación (gerencia) de la oferta del nivel nacional.

Este mecanismo permite que a través de un único canal de articulación con los territorios se puedan suplir las fallas institucionales de los departamentos y, por otro lado, ordenar la oferta estatal.

Lo anterior, se ampara en los documentos de política pública (CONPES) y múltiples fallos judiciales, con miras a lograr que el acceso y la excelencia de los servicios sociales puedan mejorar la calidad de vida en el departamento. Con énfasis en los niños, las comunidades indígenas y afrodescendientes en el marco del concepto de etnodesarrollo través de las siguientes estrategias:

• Mejoramiento de la oferta de los servicios de agua potable y saneamiento básico en las zonas rural y urbana
• Fortalecimiento de la atención en salud y nutrición para recuperar las formas tradicionales de subsistencia y alimentación
• Acceso a educación con enfoque diferencial y garantías del Programa de Alimentación Escolar (PAE)
• Atención integral a niños, adolescentes, familias y comunidades
• Construcción y mejoramiento de vivienda rural
• Articulación de servicios sociales en el territorio Para el caso de La Guajira, las acciones referidas se articulan al Plan de Desarrollo con las intervenciones en salud y protección social. Al igual que en los programas de seguridad alimentaria donde se destaca el compromiso con los fallos judiciales para la protección de los derechos de los niños11.

E. Garantía de la prestación eficiente del servicio de energía en la Región Caribe

Debido a las bajas inversiones de Electricaribe S.A. E.S.P. en infraestructura eléctrica durante los años anteriores a 2016. La prestación del servicio de energía eléctrica a cargo de dicha empresa y su situación financiera se fueron deteriorando continuamente, hasta llegar al punto en que sus flujos de caja de Electricaribe S.A. E.S.P. se hicieron insuficientes para la ejecución de los proyectos de inversión, necesarios para mejorar la calidad en el servicio prestado y cumplir con las obligaciones de pagos a generadores y XM. Así como a proveedores, pagos de nómina, tributos y otros.

La anterior situación causó deficientes condiciones de inversión, operación y administración de la empresa, de forma tal que, en noviembre 14 de 2016, la Superintendencia de Servicios Públicos ordenó la toma de posesión de Electricaribe S.A. E.S.P. La intervención de Electricaribe fue inevitable ante el colapso financiero de la compañía en razón a la falta de inversiones por parte de la empresa y por problemas de administración.

Esto generó una imposibilidad de cumplir con sus obligaciones, incluyendo el pago para la compra de energía, causada por el déficit de caja de la compañía. El cual era proyectado en más de medio billón de pesos para finales de 2016. 

Aunado a lo anterior, se contaba con un pasivo externo de $2,4 billones y deudas pensionales sin fondear que hoy se estiman en alrededor de $1,2 billones. La inmediata consecuencia del incumplimiento de tales compromisos habría producido una limitación en el suministro de electricidad. Es decir, un racionamiento generalizado de energía en la zona caribe. 

Si bien la empresa se encuentra actualmente en búsqueda de inversionistas, el Gobierno nacional. Através de la Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD), debe tomar las medidas para garantizar la presentación del servicio de energía eléctrica en condiciones óptimas.

Con este fin, se adoptarán las siguientes estrategias para lograr dicho objetivo de prestación eficiente del servicio de energía eléctrica en la región: 

• Establecer las medidas y condiciones necesarias para la sostenibilidad financiera del Fondo Empresarial administrado por la SSPD.

• Sostenibilidad del servicio público mediante la asunción de pasivos pensionales, prestacionales y crediticios con el Fondo Empresarial.

• Definir el marco para adoptar medidas adicionales que aseguren la prestación del servicio público de energía. Incluyendo la vinculación de uno o varios inversionistas públicos, privados o mixtos, así como mecanismos de carácter fiscal para viabilizar la prestación eficiente del servicio de energía eléctrica. 

• Adoptar un régimen regulatorio transitorio y especial para asegurar la prestación eficiente del servicio. Esta medida se adopta con el fin de establecer condiciones para recuperar la prestación del servicio público de energía eléctrica en la región Caribe. Debido al deterioro generado por la operación, administración y falta de inversiones por parte de Electricaribe S.A. E.S.P. de manera previa al proceso de intervención de la SSPD.

F. Metas

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• 1 Los proyectos estratégicos asociados a cada región se podrán encontrar en el Anexo A de las bases del Plan. Ahí se mostrarán las propuestas enviadas por las regiones, así como la categorización de los proyectos.

• 2 La RAP Caribe surge como un proceso de integración regional que se oficializa en 2017 en el que participan Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, La Guajira y Sucre.

• 3 Sistema de ciudades-DNP.

• 4 El proyecto del Canal del Dique es de interés nacional, teniendo en cuenta que alrededor del 70 % de la carga que se mueve por el río Magdalena lo atraviesa.

• 5 Por disponibilidad de información el IDIC se calcula para 26 departamentos. Los departamentos para los cuales no fue posible generar el cálculo del IDIC 2017 fueron: Amazonas, Arauca, Vichada, Vaupés, Guaviare, Guainía y San Andrés y Providencia. Estos departamentos pueden tener mayores rezagos y retos en infraestructura que los aquí mencionados.

• 6 RAP Caribe, universidades, empresa privada, sociedad civil y representantes de las entidades territoriales.

• 7 Dada las condiciones apremiantes en La Guajira se presenta un aparte específico al final de este pacto solo para las problemáticas propias de ese departamento.

• 8 Todo lo anterior incluye la interconexión ambiental elementos importantes de la biodiversidad de la Región Caribe como: Parque Isla de Salamanca, Río Magdalena, Ecosistema de La Mojana, Canal del Dique, Montes de María, EcoSistema de Manglanres, Sistema Cenagosos, las cuencas y mi crocuencas, humedales y ecosistemas y la prevalencia ecológica. Todo con un enfoque de sostenibilidad y cultura.

• 9 Cada región es autónoma en priorizar las apuestas productivas que considere convenientes, el Gobierno nacional a través del SNCI apoya a las regiones en aquellas apuestas que cumplen con criterios de demanda potencial y ventaja comparativa revelada o latente.

• 10 Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin) de 2010.

• 11 Sentencia T-302 de 2018 que estipula “tutelar los derechos fundamentales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la seguridad alimentaria de los niños y niñas del pueblo Wayúu, a la igualdad y a la diversidad cultural”.