Reparación: Colombia Atiende y Repara a las Víctimas

D.

El país cuenta con cerca de nueve millones de colombianos que han sido identificados y registrados como víctimas. Producto de los actos criminales y terroristas de los grupos al margen de la ley.

Estas personas hoy reclaman una mayor y más efectiva presencia del Estado. Especialmente en el acompañamiento que se les brinda para la superación de sus condiciones de vulnerabilidad. Así como la reparación de parte de sus victimarios y la garantía de que la justicia sea implacable ante quienes les causaron daño. Es decir, que no haya impunidad.

En el Pacto por la Legalidad, se identifican acciones que conducen a la efectividad de la justicia. Sin embargo, para una efectiva Construcción de Paz, debemos, como Estado, acompañar a las víctimas a superar sus condiciones de vulnerabilidad.

Acompañamiento a las víctimas

En un primer momento, el acompañamiento a las víctimas se concentró en atender la emergencia producida por la crisis humanitaria del desplazamiento forzado y posteriormente en las medidas de asistencia a esa población. No obstante, en la actualidad los esfuerzos se deben centrar en las medidas de reparación. En el marco de un proceso transicional, que por definición es temporal.

De la misma forma, en los pasos por seguir se debe priorizar la seguridad para la estabilización. Es evidente que la condición elemental es la garantía de seguridad. Sin esta, ninguna estabilización es posible y menos la implementación de políticas públicas en los territorios.

Por ello, debe superarse la mirada exclusivamente asistencial con la perspectiva de promover acciones para que esta población recupere sus capacidades como sujeto de derechos, su libertad y de esa forma pueda ser agente de su propio desarrollo, del desarrollo de su comunidad y de su territorio.

Las intervenciones que buscan restablecer los derechos de las  víctimas deberán estar conectadas con la visión de desarrollo de los territorios. De la misma manera que las políticas locales han de promover la inclusión de las víctimas como actores y participes voluntarios de las economías presentes en lo local.

Revisar y evaluar la efectividad de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras)

Lo anterior, aunado al hecho de que este Gobierno deberá revisar y evaluar la efectividad de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) que tiene vigencia hasta el 2021. Por lo cual es el momento para establecer los criterios para determinar la renovación o actualización de la Política de Víctimas.

Por lo anterior, para el 2020 el Gobierno nacional, a través del MinHacienda, el DNP y Prosperidad Social presentará al Congreso el balance de la ley. Así como una propuesta de ajuste y actualización, que se someterá al debate correspondiente.

Para ello, se deberá contar con la proyección del universo de víctimas, la definición clara de todas las medidas a las que puede acceder esa población y el costo para su implementación.

La presente línea D del Pacto para la Construcción de Paz, en concordancia con la Política de Estabilización Paz con Legalidad fija el propósito de priorizar el funcionamiento del Sistema Integral de Víctimas. En el marco de la restricción presupuestal.

Para ello, se garantizarán los esfuerzos para la reparación y la atención integral, razón por la cual se tendrá que conseguir la mayor cantidad de recursos que se pueda y los ajustes que se requieran para invertirlos con eficiencia.

1. Diagnóstico

Uno de los temas centrales en la línea de víctimas es el derecho a la justicia y la lucha contra la impunidad como su elemento constitutivo. El derecho a la justicia tiene la misma relevancia que los derechos a la verdad, reparación y no repetición. La no repetición como garantía debe ocupar un papel central cuando se trata de implementar los acuerdos de La Habana o cuando se trata de estabilizar regiones afectadas por la criminalidad y la violencia.

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, las cifras de nuevos hechos victimizantes registrados en 2017 y 2018. Han sido las más bajas en los últimos 23 años. En 2017 se registraron 89.359 nuevas inclusiones mientras que a corte 1 de septiembre de 2018 se han registrado 54.557.

Si bien la dinámica de violencia y terrorismo se ha reducido, esta persiste en algunas zonas del país, especialmente en las que tienen presencia de grupos armados ilegales asociados a economías ilegales.

Esto se refleja en la ocurrencia de desplazamientos masivos y situaciones de confinamiento. Entre 2016 y septiembre de 2018. Se registraron 160 desplazamientos masivos (1) 49 en 2016; (2) 54 en 2017 y (3) 65 a corte 1 de septiembre de 2018.

Presupuesto de la política de víctima

Se estima que el 61 % del presupuesto de la política de víctimas está enfocado en atención y asistencia. Pese a la importancia de tales componentes en un proceso de restablecimiento de derechos, a la fecha no es claro el impacto que dicha inversión ha tenido en la promoción social de la población víctima.

El diseño de la política de víctimas, que en su momento visibilizó las afectaciones particulares de esta población, no logró en su implementación una articulación con la política social del Estado. Se estima que en 2017 el 69,4 % y el 30,6 % de las víctimas de desplazamiento eran pobres y pobres extremas (DNP, Econometría, SEI, 2017).

El componente de atención y asistencia de la política de víctimas tiene como fin la superación de la situación de vulnerabilidad de la población identificada como víctima, medida a través del acceso a siete derechos, contemplados en los criterios de superación de la situación vulnerabilidad (SSV).

En 2017, se entregaron $ 783.616 millones en ayudas humanitarias, situación que mantuvo a muchos hogares víctimas de desplazamiento forzado en una situación de dependencia, y aun priorizando a las víctimas en la oferta social, solo 798.005 desplazados superaron la situación de vulnerabilidad.

Por su parte, la política de promoción social busca la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad. Teniendo como indicadores trazadores para el caso de la pobreza, la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. Ambas nociones, la del SSV y la del Sistema de Promoción Social comparten variables similares y persiguen un mismo objetivo. Generando duplicidad en la coordinación, la oferta programática y en las atenciones.

Los procesos de retornos y reubicaciones son ineficientes

Debido a los trámites que involucra, lo que se refleja en la elaboración de 267 planes de retornos y reubicaciones, de los cuales 38 son étnicos, 200.879 actas de voluntariedad y un sinnúmero de conceptos de seguridad. Pero no necesariamente en la provisión de bienes y servicios para los desplazados.

El seguimiento a la implementación de la política de víctimas ha mostrado que hoy la población desplazada reside principalmente en entornos urbanos y se ha venido integrando localmente en entornos vulnerables. En atención a esto, el programa de retorno y reubicación acompañado por la institucionalidad ha sido complejo de implementar debido a la dificultad para definir el universo sujeto de acompañamiento y el alcance de dicho acompañamiento en relación con el acceso a la oferta local y nacional.

De acuerdo con la evaluación de la política realizada en 2017 (DNP, Econometría, SEI, 2017).

Existen dificultades como la definición imprecisa de la población objetivo, el poco liderazgo de las entidades territoriales y la baja pertinencia de la oferta institucional.

Así mismo, estos temas se relacionan con las dificultades de las entidades territoriales para emprender con sus propios recursos y capacidades institucionales programas de retornos y reubicaciones, y con el hecho de que la oferta de estabilización socioeconómica duplica los productos entregados en el acompañamiento a los retornos y las reubicaciones.

Frente a la reparación, la medida de indemnización

Ha sido recibida aproximadamente por el 12 % de las víctimas del conflicto armado que tendrían derecho a ella, lo que representa una brecha significativa a pocos años de finalizar la vigencia de la Ley de Víctimas. Así, a septiembre de 2018 la medida de indemnización ha sido recibida por 865.997 personas, frente a los 6.714.679 de víctimas que son sujeto de ella incluidas en el Registro Único de Víctimas.

Esto es particularmente crítico, teniendo en cuenta que la indemnización a la población desplazada se había proyectado a través de subsidios de vivienda y la Corte Constitucional. Mdiante Sentencia SU-254 de 2013, ordenó el reconocimiento de la indemnización en dinero a esta población, que representa el 90 % del Registro Único de Víctimas.

El ritmo de pago de las indemnizaciones administrativas está limitado por las siguientes situaciones:

• (1) la disponibilidad de recursos financieros;
• (2) las dificultades en la monetización de los bienes del Fondo para la Reparación a las Víctimas y los costos asociados a su administración;
• (3) el pago de indemnizaciones judiciales;
• (4) el proceso de documentación administrativa y
• (5) el crecimiento del universo de víctimas.

Frente al Fondo para la Reparación a las Víctimas

Una de las principales dificultades se encuentra relacionada con la administración de los bienes que ingresan y su monetización, puesto que:

• (1) no siempre es posible establecer su vocación reparadora;
• (2) es difícil obtener rendimientos de estos bienes;
• (3) su administración es onerosa; y
• (4) algunos de estos bienes se remiten a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT), dado que converge su naturaleza al tratarse de bienes como fruto del despojo.

Con corte 30 de septiembre de 2018, el total de bienes administrados por el Fondo para la Reparación a las Víctimas asciende a 1.183, de los cuales 473 son urbanos y 710 rurales. de este total el 20 % se encuentran con amenaza de ruina o deterioro.

Respecto a las indemnizaciones, teniendo en cuenta que el 88 % de las víctimas son desplazadas. Es importante precisar que dicha indemnización se realiza por hogares y que se han otorgado mayores montos a las personas pertenecientes a hogares pequeños. Esto resulta inequitativo y dificulta operativamente el proceso de indemnización.

En relación con los procesos de restitución de tierras, es menester evidenciar la disconformidad entre el número de casos de registro de tierras establecidos en la Ley 1448 y el número anunciado cuando se aprobó la Ley.

Lo anterior es importante porque la realidad, verificada mediante sentencias judiciales, muestra cómo se ha utilizado a las víctimas y a los hechos victimizantes para estigmatizar y como herramienta política. Las víctimas son sagradas y no pueden ser usadas como herramienta política. Además, es necesario profundizar la restitución especialmente en las zonas donde actuaban los grupos armados al margen de la ley.

Solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas

A diciembre de 2018, la URT ha recibido 120.233 solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas, de las cuales 93.165 se encuentran habilitadas para la restitución de tierras. Ya se ha finalizado el trámite administrativo para el 72 % de las solicitudes habilitadas y 24.352 (36 %) fueron incluidas efectivamente en el Registro. Estas inscripciones corresponden, a su vez, a 2.310.227 hectáreas.

Por su parte, la rehabilitación es fundamental para mitigar los daños causados e implica implementar estrategias, que deben mejorar su eficiencia y aumentar la cobertura pues hasta ahora sólo ha llegado a 416.280 personas. Esto mismo se evidencia en el caso de las mujeres víctimas, pues solo un 15 % de ellas afirman haber recibido atención psicológica o psicosocial (DNP-SIE-2017).

Hasta el momento para el caso colombiano no existe aún evidencia empírica que permita comprobar la relación entre la recuperación emocional de las personas que han sido víctimas del conflicto con la sostenibilidad de los procesos de estabilización socioeconómica.

Adicionalmente, la reparación colectiva representa uno de los mayores retos. Puesto que sin criterios claros de viabilidad técnica y financiera se ha centrado en la formulación y aprobación de planes a cargo de varias entidades de los niveles nacional y territorial.

Actualmente se encuentran 598 sujetos de reparación colectiva incluidos en el Registro Único de Víctimas, de los cuales 134 cuentan con Plan Integral de Reparación Colectiva aprobado, 3 de ellos con el 100 % de cumplimiento en la implementación de sus medidas reparadoras para el cierre formal de sus procesos.

El derecho a la verdad y el deber de memoria es uno de los pilares en los procesos transicionales.

Los avances del Centro Nacional de Memoria Histórica en lograr la legitimidad y apropiación social están sustentados en acciones como la certificación de la contribución a la verdad de 12.508 personas desmovilizadas, la documentación de 155.000 hechos victimizantes, el acopio y difusión de 336.695 documentos de archivo y colecciones documentales de derechos humanos y conflicto armado con una cobertura en 70 de los 170 municipios en donde se implementarán los PDET, la identificación de 380 iniciativas de memoria y la construcción conceptual y social del Museo Nacional de Memoria.

Un resumen de las dificultades identificadas sobre las que es pertinente intervenir, se presenta en las evaluaciones realizadas a la política de víctimas. Así, además de las ya presentadas, las evaluaciones han permitido diagnosticar otros problemas que se muestran en la tabla XI-4.

Finalmente, los esquemas de coordinación de la política de víctimas no han sido completamente efectivos para avanzar en el goce de los derechos de la población.

Por tanto, es necesario examinar y redefinir las instancias e instrumentos de coordinación existentes con el propósito de optimizar los recursos y la oferta disponible para las víctimas. Así como contar con información sobre la ejecución y el impacto que tiene esta oferta para brindar mejores resultados en la superación de la situación de vulnerabilidad y el acceso a varias de las medidas de reparación integral.

2. Objetivos y estrategias

Los cinco objetivos que formula esta línea son los siguientes:

• (1) armonizar el componente de asistencia de la política de víctimas con la política social moderna;
• (2) visibilizar el componente de reparación de la política de víctimas en el sentido de movilizar esfuerzos de la asistencia hacia estas medidas, incluyendo la reparación material en el marco de la implementación de la paz;
• (3) consolidar el deber de memoria y verdad en contribución a la reparación simbólica;
• (4) implementar los procesos de retorno, reubicación e integración local y de reparación colectiva en articulación con las autoridades locales y su visión de desarrollo de los territorios;
• (5) promover el acceso a la justicia de las personas y comunidades que han sido víctimas del despojo de sus tierras y territorios, apoyando la reparación integral en un marco de reconciliación, promoción de los derechos de la mujer, formalización de la propiedad rural y proyección productiva de la ruralidad.

Además, en el marco de la política pública de prevención se desarrollarán acciones de protección a líderes y mujeres víctimas dado el riesgo extraordinario, extremo o inminente que presenten, en sintonía con las acciones de fortalecimiento en la capacidad de respuesta institucional oportuna y articulada para la prevención y protección frente a factores de riesgo o condiciones de vulnerabilidad. Esto, en consonancia con el Pacto por la Legalidad.

a. Objetivo 1. Armonizar el componente de asistencia de la política de víctimas con la política social moderna

1) Estrategia 1. Armonizar los criterios de focalización según condición de pobreza y vulnerabilidad de la población víctima con los del resto de la población en el componente de asistencia de la política de víctimas

Se busca fortalecer la política pública de víctimas con el propósito de lograr una mayor eficiencia, eficacia y efectividad. Para ello se deben atender a las víctimas vulnerables de manera congruente con la focalización que se realiza para la oferta social de toda la población.

La focalización de la población víctima a la oferta de programas sociales dirigidos a la reducción de la pobreza y vulnerabilidad deberá aplicar los criterios según condiciones de vida que establezca cada sector de tal forma que queden armonizados para toda la población pobre y vulnerable de Colombia.

En coherencia con lo anterior, cuando se trate de programas que focalizan a sus beneficiarios según Sisbén, este podrá ser solicitado para la población víctima, igualmente para los demás criterios de focalización de la oferta social diferentes al Sisbén.

2) Estrategia 2. Armonizar las condiciones de salida de los programas sociales según criterio de superación de condición de pobreza y vulnerabilidad de la población víctima con los del resto de la población en el componente de asistencia de la política de víctimas

Las víctimas serán atendidas en la oferta social de toda la población, de acuerdo con su condición de pobreza y vulnerabilidad, con condiciones explícitas tanto de permanencia y salida como en articulación con el registro social que se estructure como se menciona en la línea K del Pacto por la Equidad.

3) Estrategia 3. Diseñar componentes diferenciados para la población víctima en la oferta de programas sociales dirigidos a la reducción de pobreza y vulnerabilidad

La política social moderna tendrá en cuenta desde su diseño y en su implementación las particularidades de la población víctima incluyendo un enfoque psicosocial, con el objeto de restituir capacidades para su desarrollo, definiendo criterios claros de focalización y priorización que garanticen el cumplimiento de la responsabilidad del Estado colombiano con la reparación y la no repetición.

Esta estrategia busca potenciar las acciones del Gobierno con el objeto de superar el Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en el año 2004.

b. Objetivo 2. Priorizar recursos en el componente de reparación de la política de víctimas

1) Estrategia 4. Reparación

Si bien las medidas de asistencia son necesarias por su aporte al restablecimiento y desarrollo de las capacidades de las víctimas, la responsabilidad adicional del Estado y por parte de los perpetradores de crímenes con las víctimas son las medidas de reparación.

Es deber del Estado garantizar los derechos de las víctimas a la reparación, pero en esta debe concurrir el victimario. por ello, deberán reforzarse las medidas de reparación simbólica y moral, para materializar el sentido de integralidad de la reparación, contribuyendo a sentar las bases de la convivencia y de la no repetición. Para esto, teniendo en cuenta el escenario de gasto actual en la política, es necesario redireccionar recursos de la política hacia las medidas que están más rezagadas. Así mismo, deberá enfocarse en encontrar todos los bienes de los victimarios para monetizarlos y encausarlos hacia la reparación.

En el marco de la reparación integral y de la contribución a la reconciliación, la UARIV fomentará el reconocimiento y el apoyo a iniciativas propias de la resiliencia, gestadas por personas y organizaciones de víctimas en las líneas socioproductiva, cultural, de educación para la paz y de discapacidad por medio de proyectos, que permitan contribuir a su inclusión social en las dinámicas de desarrollo local, regional y nacional.

2) Estrategia 5. Indemnización

La administración de los bienes y su proceso de monetización deberán estar en cabeza de la Central de Inversiones S. A., alguna de sus entidades adscritas o la Sociedad de Activos Especiales, para garantizar que una única entidad administre y monetice y la UARIV se encargue de pagar la indemnización.

El DNP y el MinHacienda diseñarán una estrategia que, con base en las ganancias en eficiencia esperadas en el componente de asistencia —estrategias 1, 2 y 3 de esta línea — permita redireccionar recursos de atención y asistencia hacia la reparación con el propósito de acelerar el ritmo de pagos.

La UARIV, el MinHacienda y el DNP adelantarán los estudios, los análisis presupuestales correspondientes e implementarán una nueva reglamentación. Se contará con criterios para el pago de las indemnizaciones, buscando que los montos de pago sean más equitativos y viables en el cubrimiento del universo en plazos razonables. Y, de la misma forma, respetando un principio de igualdad frente a casos iguales. Además, se deberá simplificar la forma de pago para agilizar el proceso y hacerlo más eficiente, haciendo las liquidaciones por persona para hechos directos.

La UARIV implementará el sistema de priorización y recopilará masivamente la documentación de las víctimas por indemnizar para definir claramente el universo de beneficiarios. Para ello, deberá difundir e informar a las víctimas sobre su derecho a la indemnización.

La UARIV implementará una estrategia de acompañamiento integral que permita desarrollar acciones de satisfacción, garantías de no repetición y acompañamiento psicosocial a las víctimas que se focalicen anualmente para la indemnización.

3) Estrategia 6. Rehabilitación

El MinSalud atenderá la demanda de rehabilitación física, mental y psicosocial de las víctimas a través de estrategias individuales y grupales. Se buscará incrementar la cofinanciación de estrategias de rehabilitación psicosocial con recursos de las entidades territoriales.

La UARIV continuará brindando rehabilitación psicosocial a los sujetos de reparación colectiva y a las personas víctimas, como parte de ofertas integrales de reparación, garantizando la incorporación del enfoque de género. Así mismo, definirá recomendaciones precisas para que las entidades que atiendan víctimas tengan en cuenta los daños psicosociales en sus proyectos de inversión y contribuyan a mitigarlos. Lo anterior se articulará con la línea H del Pacto por la Igualdad de la Mujer del presente PND.

c. Objetivo 3. Consolidar el deber de memoria y verdad en contribución a la reparación simbólica

1) Estrategia 7. Verdad y memoria

Se construirá y dotará el Museo de Memoria Histórica de Colombia (MMHC) y Archivo de Derechos Humanos bajo el cual se articularán todas las acciones de memoria, pues más que un espacio físico con exposiciones estáticas tendrá contenido dinámico y será constantemente alimentado por el trabajo nacional y territorial.

En articulación con la línea C del presente pacto se trazarán funciones del Museo para brindar asistencia técnica a entidades tanto del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas como del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Este proceso de memoria deberá enfocarse en la verdad que permita la no repetición, no legitimar la violencia como medio de acción política y luchar contra la impunidad. La construcción de memoria se hace con el fin de evitar la repetición de hechos victimizantes y nunca para tener narrativas o relatos que justifiquen la violencia y estimulen nuevos hechos.

Es todo un proceso de construcción de legalidad y coadyuvar los procesos de convivencia y resolución pacífica de los conflictos.

Se promoverán iniciativas, como acciones colectivas de construcción de la memoria que representan diferentes territorios, enfoques diferenciales y expresiones con múltiples lenguajes.

Se preservará la memoria documental especialmente en los municipios más afectados por el conflicto, resguardando y custodiando el Archivo Virtual de Derechos Humanos, mediante la identificación registro y acopio de archivos, apoyo a procesos autónomos de iniciativas de archivo y con formación de gestores (uso y apropiación social de archivos).

La Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas

implementará acciones humanitarias de búsqueda y localización de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y debido al conflicto armado que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna de los cuerpos esqueletizados, garantizando un enfoque territorial, diferencial y de género. Lo anterior como una de las contribuciones al fortalecimiento de la convivencia pacífica y la reconciliación de los territorios.

d. Objetivo 4. Implementar los procesos de retorno, reubicación e integración local y de reparación colectiva en articulación con las autoridades locales y su visión de desarrollo de los territorios

1) Estrategia 8. Retornos y reubicaciones

El cambio en la dinámica económica del país y la libertad que tiene la población desplazada de integrarse localmente en entornos urbanos o retornar a sus lugares originales de residencia, debe orientar el diseño de una política que fortalezca la integración comunitaria y el desarrollo local, tanto en escenarios de retorno, reubicación o integración local, en sus dimensiones urbana y rural.

El enfoque será el de transitar de la mirada asistencial y poblacional a la contribución al desarrollo productivo del territorio. Para ello se propone: 

• La UARIV definirá el programa de acompañamiento para los retornos o reubicaciones, sus componentes, temporalidad y población objetivo, teniendo en cuenta la necesidad de dar respuesta a acciones diferenciales incluidas en los planes de retornos étnicos, población con la que se trabajará conforme a los lineamientos del Pacto por Equidad de oportunidades para Grupos Étnicos.
  
  Este programa distinguirá entre las víctimas que efectivamente buscan llevar a cabo un retorno o reubicación y solicitan apoyo del Gobierno en dicho proceso, y los casos de los hogares asentados desde hace cinco años o más en el mismo territorio o que han decidido no retornar o reubicarse, los cuales serán atendidos por la política de promoción social.

• La UARIV promoverá el liderazgo de las entidades territoriales y les brindará el apoyo técnico y financiero para que puedan implementar programas de retorno y reubicación. Los procesos de retorno y reubicación deberán ser incluidos dentro de los planes de desarrollo y planes de acción territorial.

2) Estrategia 9. Reparación colectiva

El programa se centra en la implementación de las medidas de los Planes Integrales de Reparación Colectiva asociadas a los daños causados en el marco del conflicto armado a los sujetos colectivos incluidos en el RUV. La ejecución de estos planes tendrá una duración no superior a 3 años, se articularán a la hoja de ruta para la estabilización, en las zonas donde se crucen, y deben corresponder a la sostenibilidad fiscal.

Las entidades territoriales o del Sistema de Atención y Reparación Integral a las Víctimas podrán implementar los planes en coordinación con la UARIV, la Alta Consejería para el Posconflicto y el DNP.

Así mismo, el programa ejecuta tres procesos con los sujetos de reparación colectiva:

• (1) la ruta, la cual identifica conjuntamente los daños que les ocasionó el conflicto armado y la concertación de las acciones dirigidas a su reparación;
• (2) el proceso de fortalecimiento de sus capacidades ciudadanas, políticas y comunicativas; y
• (3) la gestión de oferta para la contribución a la garantía de derechos básicos que potencien la implementación del programa.

3) Estrategia 10. Coordinación Nación-territorio

Se fortalecerá la coordinación de la política pública para las víctimas con otras políticas e intervenciones del Gobierno nacional en las regiones que buscan el desarrollo, en armonía con lo dispuesto en la línea A del Pacto por la Descentralización.

Una de las formas del fortalecimiento es lograr que de lo relacionado con la reparación a las víctimas del conflicto el 7 % de los ingresos de regalías que se destinarán para implementar acciones del Plan Marco de Implementación, sean utilizados para financiar acciones de los procesos de retornos, reubicaciones o procesos de reparación colectiva. Además, se promoverá la cofinanciación a dichos procesos por parte de la UARIV.

e. Objetivo 5. Promover el acceso a la justicia de las personas y comunidades que han sido víctimas del despojo de sus tierras y territorios, apoyando la reparación integral en un marco de reconciliación, promoción de los derechos de la mujer, formalización de la propiedad rural y proyección productiva de la ruralidad

1) Estrategia 11. Restitución de tierras

Se definirán las políticas y lineamientos institucionales necesarios para que a través del “Nodo de Tierras”, liderado por la URT, se realice el intercambio de información en tiempo real y permita la inclusión de nuevos trámites que optimicen y faciliten la atención a las víctimas.

En los casos de solicitudes inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF). Para los reclamantes que así lo dispongan, la URT presentará las solicitudes judiciales ante los jueces y magistrados de restitución de tierras y realizará la representación judicial para obtener la restitución jurídica y material del predio o del derecho territorial de las víctimas.

Las entidades del SNARIV contribuirán, en el marco de sus competencias, a la implementación de la política de restitución de tierras y territorios, y a la generación de capacidades necesarias para que las víctimas puedan subsistir de manera digna por sus propios medios y que se integren activa y satisfactoriamente a la comunidad. A través del diseño e implementación de la oferta institucional coordinada y oportuna necesaria para lograr la reparación integral de las víctimas de abandono y despojo, y del acompañamiento a la Unidad de Restitución de tierras durante todas las etapas del proceso.

Así mismo, la URT, a través del Programa de Proyectos Productivos, facilitará el acceso a información para orientar las decisiones productivas de las familias beneficiarias. Y prestará servicios especializados de asesoría para la formulación de los proyectos productivos. Así como servicios de acompañamiento integral. Mediante el desarrollo de las capacidades productivas y socio-empresariales.

Por otro lado, se desarrollará una reglamentación que permitirá armonizar el RUPTA y el RTDAF, para una mayor eficiencia en la atención de usuarios de protección y cancelaciones de este tipo de medidas.

3. Metas

Referencias

• Contraloría General de La República. (2018). Segundo informe al Congreso sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones. Bogotá: CGR.
• Corte Constitucional (2017, 11 de octubre). Sentencia C-630 /17. Recuperado de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-630-17.htm
• DANE (Departamento Nacional de Estadística). (2016). Metodología General Tercer Censo Nacional Agropecuario. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/agropecuario/metodologia_CNA-01_V1.pdf
• DANE. (2018). Estadísticas de pobreza multidimensional 2017. Bogotá: DANE.
• DANE. (s. f.). Gran Encuesta Integrada de Hogares. Bogotá: DANE.
• Dirección Descontamina Colombia. (2016, mayo). Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal-Descontamina Colombia. Recuperado de http://www.accioncontraminas. gov.co/direccion/Paginas/Plan-Estrategico-2016- 2021.aspx
• Dirección Descontamina Colombia (2018). [Comunicación oficial del 28 de septiembre]. Bogotá.
• DNP (Departamento Nacional de Planeación), CNC (Centro Nacional de Consultoría). (2016). Evaluación Institucional y resultados del Programa de Reparación Colectiva. Recuperado de http://sinergiapp.dnp.gov.co/#Evaluaciones/EvalFin/1111
• DNP, CNC, Evaluar. (2016). Evaluación de operaciones y resultados del Programa Familias en su Tierra (FEST). Bogotá D. C. Recuperado de http://sinergiapp.dnp.gov.co/#Evaluaciones/EvalFin/1108
• DNP. Econometría, SEI (Sistemas Especializados de Información S. A.). (2014). Evaluación de operaciones de la Política de Atención Humanitaria a Población en Situación de Desplazamiento. Bogotá D. C. Recuperado de http://sinergiapp.dnp.gov.co/#Evaluaciones/EvalFin/253
• DNP. Econometría, SEI. (2017a). Evaluación de operaciones y de resultados de la política de retornos y reubicación. Recuperado de http://sinergiapp.dnp.gov.co/#Evaluaciones/ EvalFin/1129

Bibliografías

• DNP. Econometría, SEI. (2017b). Evaluación institucional y de resultados con enfoque participativo de la Política Pública para la Prevención de Riesgos, la Protección y Garantías de los Derechos de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado, de acuerdo con el Documento CONPES 3785 de 2013. Bogotá D.C. Recuperado de http://sinergiapp.dnp.gov.co/#Evaluaciones/EvalFin/1119
• DNP. (2018, 23 de mayo). Política de Adecuación de Tierras 2018-2038 (Documento CONPES 3926). Bogotá: DNP.
• DNP. (2018, 22 de junio). Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica DE Exintegrantes de las FARC-EP (Documento CONPES 3931). Bogotá: DNP.
• DNP. (2018, 29 de junio). Lineamientos para la articulación del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento a políticas públicas del orden nacional y territorial. (Documento CONPES 3932). Bogotá: DNP.
• Duque M., I. (2018a, agosto) Discurso de posesión. Recuperado de https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2018/El-Pacto-por-COLOMBIADiscurso-de-Posesion-del-Presidente-de-la-Republica-Ivan-Duque-Marquez.aspx
• Duque M., I. (2018b, diciembre). Política de Estabilización: Paz con Legalidad. Recuperado de http://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Documents/PAZ%20CON%20LEGALIDAD.pdf
• FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación). (2018). 12 claves para una agenda de transformación rural en Colombia. Bogotá: FAO
• Kroc Institute for International Peace Studies. (2018). Segundo informe sobre el estado efectivo de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Bogotá: University of Notre Dame. McKinsey. (2018). Pacto Nacional Consolidado. Bogotá. Presidencia de la República de Colombia. (2017, 11 de mayo). Comenzó histórico programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en Colombia [Archivo de la Presidencia de la República 2015-2018]. Recuperado de http://es.presidencia.gov.co/noticia/170511-Comenzo-historico-programa-desustitucion-voluntaria-de-cultivos-ilicitos-en-Colombia
• Ramírez, J. M. (2016). Lucha contra la pobreza rural y Acuerdos de Paz de La Habana. Bogotá: RIMISP.
• RIMISP. (2018). Caracterización de las subregiones con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Bogotá.

Fuentes

• UNODC. (2018). Monitoreo y verificación de compromisos de Sustitución de Cultivos Ilícitos-Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) (Informe ejecutivo consolidado Nro. 14). Bogotá.
• USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y ART (Agencia de Renovación del Territorio). (2018). Evaluación de línea de base Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Bogotá.