Participación Ciudadana
Trascendiendo el mandato constitucional y las múltiples disposiciones legales y jurisprudenciales que obligan a los gobiernos de todos los niveles territoriales a garantizar la participación ciudadana como derecho fundamental. Es esencial reconocer su importancia en la consolidación de la democracia y su aporte al desarrollo social y económico del país.
El involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos puede tener distintos alcances y objetivos123.
Sin embargo, la participación de los ciudadanos debe estar motivada a promover el bienestar en el marco de la gobernabilidad. De tal forma que facilite el trabajo en conjunto con las instituciones y entable procesos de cocreación para el mejoramiento de la gestión pública.
Lo anterior permite que la acción del Estado sea coherente con la cultura, la historia y las particularidades de los territorios y de las poblaciones del país. Por otra parte, y en concordancia con lo anterior, es necesario que las distintas ramas del poder público se interesen en incentivar el acompañamiento ciudadano a sus acciones y decisiones asegurándose de que las mismas se corresponden con las expectativas y necesidades reales de la población.
En este sentido, la participación, lejos de ser un obstáculo para las instituciones. Debe asumirse como un mecanismo idóneo para lograr que las acciones del Estado sean efectivas y que, en consecuencia, impacten positivamente el desarrollo del país, redundando en equidad y bienestar para todos.
A través del impulso de todas las dimensiones del ejercicio de ciudadanía, cada colombiano debe convertirse en el protagonista de su propio desarrollo, el de sus comunidades y territorios.
Fortalecimiento de una ciudadanía activa
Lo anterior implica el fortalecimiento de una ciudadanía activa, Con altos grados de cohesión y que, para la defensa de los intereses colectivos, pida cuentas, exija información clara y oportuna; y realice seguimiento crítico y propositivo a la ejecución de planes, programas y proyectos impulsados por el gobierno.
De igual manera, esto requiere liderazgos legítimos que rindan cuentas sobre la promoción de esos intereses comunes que representan, con reglas claras, objetivos ciertos y plazos definidos.
Adicionalmente, es indispensable fortalecer las instancias y canales a través de los cuales la sociedad civil pueda trasmitir sus inquietudes y propuestas. Esto implica determinar cómo, a través de un sistema, puede optimizarse su funcionamiento, haciendo uso de las nuevas tecnologías, pero también generando espacios y redes de intercambio entre ciudadanía e institucionalidad, en un marco de transparencia.
Ante la magnitud de los propósitos señalados, es importante reconocer que el país enfrenta desafíos importantes tanto en la promoción como en el ejercicio de la participación democrática.
Particularmente, el desuso de los espacios, canales y mecanismos existentes da cuenta no solo de un alto desconocimiento de estos. Sino de una ausencia de percepción de ellos como útiles y efectivos para tramitar intereses sociales.
De igual manera, la participación electoral da cuenta de un importante desapego frente al derecho ciudadano al voto, relacionado con la dificultad en la representatividad de los partidos políticos. El escepticismo sobre los procesos electorales y la percepción de que los representantes políticos son corruptos. Así, los liderazgos sociales y políticos tienden a carecer de credibilidad, poniendo a prueba su capacidad de representar intereses comunes.
El clima de desconfianza
En consecuencia, el clima de desconfianza impide que los mencionados procesos y espacios de cocreación generen valor agregado e innovación en materia de gestión pública.
Como resultado, los canales utilizados por la sociedad colombiana para tramitar demandas, crecientemente se encuentran por fuera de los institucionalizados; y la atomización de la sociedad hace prevalecer los intereses particulares sobre los generales. Acentuando los conflictos e incidiendo negativamente en el desarrollo y productividad de los territorios.
La divergencia constituye un potencial motor de cambio, por lo que el diálogo entre diferentes actores es fundamental para avanzar hacia una sociedad más equitativa.
En este sentido, esta línea presenta las apuestas que permitirán el fortalecimiento de la participación ciudadana y la política electoral. De tal forma que conduzcan a articular eficaz y eficientemente los intereses ciudadanos con el accionar de la institucionalidad. Activando procesos constructivos y democráticos para establecer consensos sobre los temas de interés general y promoviendo el desarrollo del país.
(Lea También: Participación Ciudadana, Objetivos y Estrategias)
1.Diagnóstico
La institucionalidad colombiana ha venido fortaleciendo sus mecanismos de representación. Así como los espacios e instancias de participación, reconociendo que una ciudadanía activa es esencial para el cumplimiento eficaz y oportuno de los fines del Estado.
Dichos mecanismos requieren, por un lado, ciudadanos interesados en lo público y con información suficiente y disponible para involucrarse en la gestión de lo público. Y por el otro, un Estado que disponga los canales apropiados para ello y que incentive a la ciudadanía a hacer uso eficaz de estos.
Lo anterior se propone con el objetivo de estrechar la relación entre los ciudadanos, y de estos con el Estado. Para generar confianza y condiciones apropiadas para el crecimiento y el desarrollo.
Colombia cuenta con 125 espacios reglamentados de participación ciudadana. De acuerdo con el Ministerio del Interior (2016). No obstante, la Encuesta de Cultura Política (DANE, 2017) demuestra que cerca del 50% de los ciudadanos no conoce por lo menos uno de ellos.
Adicionalmente, esta misma encuesta (DANE, 2017) da cuenta de una percepción negativa sobre la utilidad de estos espacios para hacer seguimiento a las acciones de los gobiernos.
Solo el 29% de las personas considera que estos permiten el cumplimiento de planes, programas y proyectos que benefician a la comunidad; y sobre su efectividad para encontrar respuesta a los problemas de la ciudadanía. Solo el 35% está de acuerdo con que participar aporta a la solución de problemas de la comunidad.
Falta de confianza en la efectividad de los espacios
Otro elemento que parece originar desinterés en el ejercicio de la participación es la falta de confianza en la efectividad de los espacios para permitir que todas las voces sean escuchadas y hacer primar los intereses colectivos sobre los individuales.
En efecto, la encuesta ya mencionada (DANE, 2017) define que solo el 24,8% de los colombianos está totalmente de acuerdo con que los mecanismos y los espacios de participación benefician por igual a todos los ciudadanos.
Estos resultados se corresponden con los que ilustran, en la misma encuesta, la capacidad que tienen los líderes para defender los intereses comunes. Concretamente, cerca del 60% está totalmente de acuerdo con que los ciudadanos participan siempre y cuando tengan un beneficio particular.
Lo anterior está estrechamente relacionado con los niveles de cohesión de la sociedad y de confianza entre los ciudadanos.
Es así como los resultados de la Medición de Capital Social de la Corporación para el Control Social (CONTRIAL, 2019). Permiten afirmar que el porcentaje de ciudadanos que expresan no tener ninguna conexión con la sociedad en diferentes aspectos ha subido 20% entre 2011 y 2017; y el porcentaje de personas que afirman confiar en las demás personas bajó del 12% al 5%, durante el mismo periodo.
Bajos niveles de cohesión social y confianza entre los ciudadanos
Es preciso mencionar que, aunque existen bajos niveles de cohesión social y confianza entre los ciudadanos. La participación en iglesias, organizaciones o grupos religiosos es considerablemente más alta que otras organizaciones de participación voluntaria.
De acuerdo con la Encuesta de Cultura Política del DANE, el 48% de los ciudadanos afirman que asisten al menos una vez a la semana a estas organizaciones. Mientras que otras organizaciones como Juntas de Acción Comunal, grupos ambientales, partidos o movimientos políticos y sindicatos, entre otros, no superan el 1%, en promedio (DANE, 2017).
En este sentido, además de reconocer la importancia que este sector tiene en la agregación de intereses colectivos. Es necesario articular y sumar las acciones que estas entidades realizan para alcanzar los fines establecidos por el Estado y empleando los canales y espacios institucionales previstos para ello.
De otro lado, considerando que el voto es un mecanismo de participación democrática (Corte Constitucional, 1994). La participación electoral es un elemento esencial de la participación ciudadana. Preocupa, por lo tanto, que, en promedio, alrededor de la mitad de la población facultada para votar se haya abstenido de hacerlo entre 2003 y 2018 (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019).
No obstante, hay regiones en las cuales la abstención electoral ha superado el 60% de la población en edad de ejercer el derecho al voto124. Cabe anotar que el 82% de los municipios con baja participación se caracterizan por ser rurales y rurales dispersos (mapa I-3).
Entre estos, más del 88% de su población es pobre multidimensionalmente. Lo que puede indicar tanto un desinterés importante en lo político en estas zonas, como dificultades en relación con el acceso a mecanismos y canales de participación política y electoral.
Se debe agregar que, de acuerdo con la Encuesta de Cultura Política del DANE, entre las razones que expresan los ciudadanos para no votar. Se encuentra que el 32% no lo hacen porque consideran que los partidos o movimientos políticos no representan a los ciudadanos; el 33% considera que no hay credibilidad en el proceso electoral; y el 46% considera que los políticos son corruptos (DANE, 2017).
Cabe anotar que las instituciones en las que menos confían los ciudadanos son los movimientos y partidos políticos (61,6%) y el Congreso de la República (51,7%) (DANE, 2017). Por su parte, en la Medición de Capital Social, solo el 4.6% de las personas que afirman haber votado recuerda por quien votó y solo el 3% sabe si su candidato salió elegido (CONTRIAL, 2019), lo que revela una falta de apropiación del proceso mismo.
Por tanto, el desuso de los mecanismos institucionales y democráticos de elección de representantes, y la percepción de incapacidad de estos últimos para tramitar los intereses de las comunidades genera un ambiente propicio para que los ciudadanos busquen tramitar sus intereses individuales y el reconocimiento de las garantías de sus derechos por sus propios medios.
De acuerdo con la Medición de Capital Social (CONTRIAL, 2019) entre 2011 y 2017. El porcentaje de personas que “en lugar de preocuparse por las reglas mejor se preocupan por ver cómo se salen con la suya “aumentó en 264%; así mismo. El porcentaje de personas que creen necesario buscar “una palanca” para solucionar los problemas aumento en un 79% en el mismo periodo de tiempo.
Esto evidencia que para los colombianos es común apartarse de los canales institucionales para gestionar sus intereses. Lo que dificulta la posibilidad de mantener un diálogo fluido y eficaz entre Estado y sociedad civil a través de vías institucionalizadas, que permitan materializar objetivos comunes, no individuales.
En ese sentido, la existencia de espacios de participación como vía institucional para el trámite de preocupaciones, sugerencias y propuestas de la comunidad, son esenciales para construir confianza basada en el diálogo y la transparencia.
De este modo, estos canales se constituyen en instrumentos fundamentales para la resolución pacífica de los conflictos sociales. A través de la gestión constructiva de las divergencias entre distintos actores. En consecuencia, el país necesita una articulación entre los espacios reglamentados y no reglamentados de participación ciudadana, y los espacios de diálogo social.
Cabe anotar que esto implica la consolidación de un enfoque preventivo en la gestión de la conflictividad social, basado en políticas y protocolos que prevean. Por ejemplo, la entrega oportuna de información sobre la ejecución de proyectos estratégicos y el reconocimiento tanto de las particularidades de cada territorio. Como de grupos y organizaciones sociales como interlocutores legítimos.
De igual manera, la carencia de instrumentos que permitan hacer una revisión sistemática de acuerdos históricos y la falta de un mecanismo de monitoreo y seguimiento a nuevos acuerdos suscritos en espacios de diálogo social. Impiden evaluar en qué medida los actores involucrados en un conflicto social cumplen o no con lo pactado. Lo que permite que los distintos actores interpreten subjetivamente las acciones adelantadas.
En consecuencia, la manera como se desarrollan políticas públicas y proyectos en contextos de violencias relacionadas con la pobreza. La desigualdad, la falta de oportunidades y la carencia de espacios de participación y representación efectivos, favorece que se mantengan. En el largo plazo, y sin resolverse, las peticiones de diferentes sectores sociales.
Estas dificultades para la gestión y trámite pacífico de la conflictividad en el país tienen un impacto en términos de productividad y de garantía de derechos de las comunidades y territorios. A manera de ejemplo, según el PNUD, el 1% de los conflictos relacionados con la industria de hidrocarburos genera una disminución del 0,06% en los ingresos totales per cápita municipales y una reducción del 0,125% en la producción del petróleo.
Durante el periodo 2010-2014, el número de bloqueos creció aproximadamente en un 6%. Lo cual puede haber implicado un costo aproximado de $217.000. Debido a la pérdida de producción e ingresos (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016).
Así, es necesario fortalecer las capacidades tanto de las entidades públicas como de la ciudadanía para garantizar que la participación ciudadana contribuya efectivamente al desarrollo.
Esto debe materializarse aprovechando las dos principales potencialidades de los ejercicios participativos: (1) garantizar que las políticas públicas respondan a las necesidades y realidades del país. A través de la inclusión de los colombianos en los asuntos públicos; y (2) fortalecer la democracia para recuperar la confianza entre la ciudadanía y las instituciones.
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123 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2001) distingue tres grandes tipos de acciones participativas. Con base en la naturaleza y dirección de las relaciones entre gobernantes y ciudadanos, que implican un creciente nivel de involucramiento e influencia ciudadana en el proceso de formulación de políticas. El primero de ellos es de información y se refiere a la relación unidireccional que ocurre desde el gobierno hacia los ciudadanos, en que aquel produce y distribuye información para el uso de estos. Incluye el acceso “pasivo” a la información cuando es demanda por los ciudadanos, como medidas “activas” para difundir información. El segundo es de consulta, una relación bidireccional en que los ciudadanos retroalimentan al Gobierno que, previamente. Definió el asunto sobre el cual se solicita el punto de vista de los ciudadanos, y requiere, además, que este les haya provisto la información pertinente. Es el Gobierno quien define los asuntos a consultar, establece las preguntas y maneja el proceso. En que los ciudadanos son invitados a aportar sus opiniones. Por último, la participación, que establece una relación basada en una colaboración (partnership) con el Gobierno. En que los ciudadanos se involucran activamente en la definición del proceso y contenido de la formulación de políticas, siendo reconocidos como iguales para fijar la agenda, proponer opciones de política y dar forma al diálogo sobre políticas. Sin embargo, la responsabilidad respecto a la decisión final o a la formulación de la política continúa siendo del gobierno. +
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124 De acuerdo con los datos publicados en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2019). Es el caso del norte de Antioquia, de la Guajira, Caquetá, Putumayo, Meta, Guaviare y los departamentos del Pacífico.
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