Estado Simple, Objetivos y estrategias

2. Objetivos y estrategias

a. Objetivos

Con el fin de implementar una política integral de mejora regulatoria que garantice un marco normativo con reglas de juego claras, eficaces, y transparentes, así como trámites más simples, que generen un entorno que promueva la libre competencia económica en los sectores productivos, se establecen los siguientes objetivos: (1) disminuir la regulación y trámites para un ambiente competitivo, (2) mejorar la calidad de la regulación para un mayor desarrollo económico y bienestar social; (3) propiciar una regulación abierta, participativa y transparente en beneficio del interés general; y (4) fortalecer la libre competencia.

b. Estrategias

1) Objetivo 1: Disminuir la regulación y trámites para un ambiente competitivo

a) Generar un marco institucional coherente para la mejora regulatoria constante en el país 

El Gobierno nacional reglamentará la obligatoriedad de realizar AIN para la expedición de normas de alto impacto de la rama Ejecutiva a nivel nacional, así como los casos en los cuales se exceptúa su aplicación. La forma de implementación de AIN deberá ser progresiva, gradual y proporcional, y se designará al DNP como la entidad encargada de revisar la calidad de los AIN. Para lo anterior, se fortalecerá institucionalmente al DNP, considerando las sinergias entre las estrategias de mejora regulatoria e innovación pública.

b) Avanzar hacia un Estado simple para reducir la carga regulatoria y los trámites a las empresas y ciudadanos. 

Bajo el marco del Comité de Mejora Normativa, que hace parte del Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional y del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Se articularán las estrategias de mejora regulatoria, depuración normativa y la política de racionalización de trámites, procedimientos y solicitudes, para que la campaña “Estado simple, Colombia ágil” sea una política permanente del Gobierno nacional, construida con la participación de los ciudadanos y el sector privado. Así mismo, se contemplarán acciones para eliminar los riesgos de corrupción en las normas y trámites.

Por lo tanto, se requiere otorgar facultades extraordinarias al presidente de la República para que expida normas con fuerza de ley que eliminen o modifiquen las normas legales que consagran trámites, procedimientos y solicitudes engorrosos e ineficientes.

El Gobierno nacional adoptará distintas prácticas regulatorias para reducir el inventario normativo. Tales como:

• El uso de esquemas 1×n41.
• Introducir cláusulas de extinción y revisión automática para ciertas regulaciones.
• Extender la estrategia de depuración normativa a las normas que expide la rama Ejecutiva y continuar los esfuerzos en los artículos específicos de las leyes.
• Mantener las acciones para compilar aquellas normas de un mismo sector. Para mayor simplicidad normativa.
• Evaluar los costos administrativos de los trámites priorizados de conformidad con los lineamientos que determine el DAFP. De modo que se puedan plantear metas de reducción de trámites en términos de costos.

Generar sinergias entre la Nación y los territorios, con el objetivo de simplificar trámites, procedimientos y solicitudes en una misma cadena productiva o sectorial. De igual manera, implementar buenas prácticas regulatorias. Con el fin de promover el emprendimiento en las regiones, a través del fortalecimiento de capacidades institucionales, la promoción de experiencias exitosas y el fomento de buenas prácticas dentro de la administración pública.

Las entidades reguladoras de la rama Ejecutiva a nivel nacional deberán aplicar metodologías de evaluación ex post de forma periódica a las normas más costosas de su sector. De conformidad con los lineamientos que fije el Gobierno nacional. Con el objetivo de determinar si se deben mantener, derogar o modificar, bajo la estrategia de simplificación y evaluación del inventario normativo.

Dada la existencia de varios sistemas de divulgación de normas, MinJusticia fortalecerá el Sistema Único de Información Normativa (SUIN-Juriscol). Para liderar la consolidación del ordenamiento jurídico de carácter general y promover la difusión de la jurisprudencia.

Para esto, la Imprenta Nacional de Colombia facilitará el acceso y uso de la información del Diario Oficial a dicho ministerio. Además, se requiere garantizar la gratuidad en los sistemas de información pública previos a la expedición de la Ley 1712 de 2014.

El DNP, en coordinación con el Imprenta Nacional de Colombia, liderará la creación de un observatorio de mejora regulatoria. Para hacer seguimiento a la producción normativa en el país. Mediante el uso de herramientas tecnológicas.

(Lea También: Campo con Progreso)

2) Objetivo 2: Mejorar la calidad de la regulación para un mayor desarrollo económico y bienestar social

a) Asegurar que las nuevas regulaciones que se expidan sean claras, basadas en evidencia y generen seguridad jurídica

Hacer obligatorio el uso del AIN antes de la expedición de aquellas regulaciones de la rama Ejecutiva a nivel nacional que tengan un impacto significativo en la sociedad y economía. De conformidad con los lineamientos que determine el Gobierno nacional. Esta herramienta permite evaluar los impactos (económicos, sociales y ambientales (Deighton-Smith, 2016) de las diferentes alternativas dirigidas a solucionar un problema, en aras de seleccionar aquella que más propicie beneficios en términos de eficiencia económica y social. La implementación del AIN considerará de manera especial las normas que generen impactos sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), formalización y emprendimiento, bajo el principio de proporcionalidad.

Además, se adoptarán acciones para mejorar el acceso y la calidad de la información que sirve como insumo para construir una regulación basada en evidencia.

El Comité de Mejora Normativa fijará los lineamientos generales para mejorar la calidad de la regulación y armonizar los distintos requisitos previos para la preparación de los proyectos de regulación de la rama Ejecutiva a nivel nacional. Dentro de estos lineamientos, es de gran importancia que los reglamentos técnicos cumplan con las normas aplicables y sean consecuentes con las buenas prácticas internacionales. Particularmente con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). Además, dicho Comité hará seguimiento al cumplimiento de las acciones dirigidas a mejorar la calidad de la producción normativa con la participación de ciudadanos, expertos y el sector privado.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica señalará los lineamientos generales para la prevención del daño antijurídico en el proceso de producción normativa.

El Comité de Mejora Normativa desarrollará los lineamientos y acciones para que la regulación fomente la innovación y se adapte de manera ágil y eficaz a los cambios que genera el uso de nuevas tecnologías (big data, blockchain, inteligencia artificial, etc.) en el mercado.

El DNP fortalecerá la estrategia de generación de capacidades para la efectiva implementación de las herramientas de mejora regulatoria por parte de las entidades de la rama Ejecutiva, y extenderá sus acciones a entidades territoriales, y demás órganos del poder público.

El Gobierno nacional implementará mecanismos para que las comisiones de regulación y superintendencias cuenten con mayor fortaleza técnica y autonomía en el ejercicio de sus funciones. Particularmente, en relación con el nombramiento, remuneración, calidades e inhabilidades de los comisionados. Así como con el presupuesto, ingresos propios y sanciones de estas entidades. Igualmente, propender por normas transversales y homogéneas en materia de regulación, supervisión y vigilancia.

3) Objetivo 3: Propiciar una regulación abierta, participativa y transparente en beneficio del interés general

a) Generar mayor publicidad, participación y transparencia en el proceso regulatorio 

El Gobierno nacional definirá un plazo mínimo de consulta pública proporcional y homogéneo para los actos de la rama Ejecutiva considerando las buenas prácticas internacionales. Esta consulta implicará la obligatoriedad para que las autoridades den respuesta a los comentarios para finalizar el proceso de consulta pública del proceso regulatorio. De igual manera, establecerá un procedimiento para que las entidades reguladoras consideren las propuestas de regulación y de simplificación normativa presentadas por los ciudadanos y terceros.

El DNP pondrá en marcha el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) para la publicidad y participación de los ciudadanos en la Agenda Regulatoria y en los proyectos de regulación de la rama Ejecutiva a escala nacional. Este sistema garantizará espacios de consulta y participación de los sujetos regulados y demás actores en la realización del AIN. El DAFP, en coordinación con el DNP, liderará acciones estratégicas de participación ciudadana en dicho sistema. Igualmente, el DNP y el MinJusticia establecerán la forma en que el SUCOP se integre con el SUIN-Juriscol. Con el fin de posibilitar el conocimiento de los cambios de regulación que puedan afectar la normativa vigente.

El DAFP y el MinTIC definirán estrategias transversales para agrupar cadenas de trámites. Mediante ventanillas únicas y expedientes electrónicos, entre otros instrumentos. Incluyendo mecanismos de interoperabilidad. Estas acciones deberán priorizar aquellos trámites que más afectan a los ciudadanos y empresarios para facilitar el ejercicio de derechos, eliminar riesgos de corrupción y aumentar la competitividad del país.

El DAFP y el MinTIC brindarán lineamientos para garantizar que cualquier nuevo trámite brinde un canal digital para su realización en los casos técnicamente posible, con el objetivo de que en el 2030 todos los trámites sean digitales. Para esto, se requiere fortalecer las habilidades digitales en los funcionarios públicos.

El MinTIC, la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) y las demás entidades competentes deben fortalecer las acciones encaminadas a la implementación de la identidad digital para la gestión y entrega de servicios del Estado. Así como para la realización de trámites.

4) Objetivo 4: Fortalecer la libre competencia

a) Fortalecer el marco normativo e institucional relacionado con la promoción y protección de la libre competencia económica 

El fortalecimiento del marco normativo e institucional relacionado con la promoción y protección de la libre competencia económica permitirá responder de manera idónea a las realidades de los mercados. De igual manera, Prevenir la realización de prácticas anticompetitivas y reestablecer el orden económico cuando se violen las normas de competencia. Para ello, se proponen las siguientes estrategias:

La SIC reformará su estructura institucional para lograr una mayor efectividad en el cumplimiento de la política de competencia en Colombia. Como parte de ello, se contemplarán mecanismos que garanticen la independencia y autonomía. En la toma de decisiones en materia de libre competencia económica.

La SIC diseñará, reformará e implementará el marco normativo en materia de promoción y protección de la libre competencia económica, que considerará. Entre otros, los siguientes aspectos:

• Unificación de las disposiciones en materia de libre competencia económica en un solo cuerpo normativo.
• Fortalecimiento del control de integraciones empresariales a nivel vertical, horizontal y de conglomerados, y eliminación de sectores con excepciones de control por la SIC.
• Ampliación de la facultad de emitir conceptos de abogacía de oficio y a proyectos normativos y normas vigentes, de escalas nacional y local.
• Mejoramiento del régimen sancionatorio de la SIC. Con el fin de hacerla más efectiva para disuadir a todos los agentes de violar las normas de libre competencia económica.
• Ampliación de los límites en los términos de caducidad de la facultad sancionatoria.

3. Metas

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• 41 Esta regla de 1×n obliga a que, para la expedición de una nueva norma. Se deba excluir una o más disposiciones que tengan como mínimo el mismo costo de la nueva propuesta.