Pacto por la Legalidad: Seguridad Efectiva y Justicia Transparente

Pactos Estructurales 

I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia 

Consolidación del Estado Social de Derecho, para garantizar la protección a la vida, honra y bienes de todos los colombianos, así como el imperio de la Ley.

“La legalidad se construye a partir de ese matrimonio de seguridad y de justicia. Porque la seguridad garantiza o debe garantizar esa ausencia de violencia. Pero la justicia también debe encarnar esa aplicación objetiva, de que cualquier persona que trasgreda la ley tiene que responder por ella.”

Presidente Iván Duque, 2018.

ODS Relacionados

Introducción

La legalidad, base del emprendimiento y la equidad, es fruto de la relación esencial e indisoluble entre seguridad y justicia: seguridad para proteger a los ciudadanos y a la sociedad, justicia para conseguir la convivencia en el marco de un Estado democrático.

El pacto por la legalidad se basa en la consolidación del Estado de Derecho, para garantizar la protección a la vida, honra y bienes de todos los colombianos. Así como el imperio de la ley por medio de una justicia eficaz, eficiente y efectiva. Así mismo, pone la lucha contra la corrupción en el centro de la agenda. Para recuperar la legitimidad de lo público y la confianza entre el Estado y los ciudadanos.

Desde la perspectiva de derechos, la seguridad es un componente del régimen democrático en la medida que es condición del ejercicio de la oposición política y de los derechos a la participación ciudadana.

El fortalecimiento de la justicia busca garantizar que los ciudadanos cuenten con los mecanismos institucionales para salvaguardar sus derechos y que los conflictos sean tramitados por vías institucionales. Con una administración de justicia imparcial y sometida únicamente a la Constitución.

(Lea También: Seguridad, Autoridad y Orden para la Libertad)

Este pacto presenta un nuevo abordaje de la seguridad:

Desde una perspectiva amplia, que materializa el paso del control militar y policial a un control institucional de los territorios. Que enfrenta la criminalidad y las economías ilegales y que asegura la presencia del Estado en toda la nación. En particular, en aquellos territorios vacíos de institucionalidad.

Lo anterior permitirá afianzar la legitimidad democrática de las instituciones. La garantía y respeto de los derechos humanos, y la promoción de cambios estructurales en los territorios a través de un desarrollo con equidad y crecimiento económico.

Por lo anterior, la acción estatal sustentada en la legalidad no puede renunciar a la responsabilidad constitucional asignada a las instituciones en general. Y, en particular, a las Fuerzas Militares y de Policía de garantizar en todo momento y lugar la vida, honra, bienes y creencias de todos los habitantes de Colombia. En virtud de esto, las situaciones que impliquen suspender esta obligación deben revisarse a la luz de estos preceptos.

Así, un proceso que conduzca a la disolución de un grupo armado organizado al margen de la ley se condicionará a la concentración de individuos en armas en espacios geográficos delimitados. Con observación internacional y garantizando el fin de toda actividad criminal.

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en la Ley 418 de 1997 y sus prórrogas. De igual manera, la continuación de actos terroristas imposibilitará cualquier opción de emplear dicha herramienta legal.

 

Así mismo, el pacto por la legalidad plantea también:

La tolerancia cero con los corruptos, para lo cual propone una alianza contra la corrupción. Que busca contrarrestar sus efectos devastadores sobre el desarrollo de las comunidades y territorios.

Se busca no solamente fortalecer las capacidades institucionales de investigación y sanción de los delitos asociados con el fenómeno. Sino también propiciar cambios culturales transformadores y acercar al ciudadano a los asuntos públicos. A través de mecanismos como la participación ciudadana y la transparencia.

Por otra parte, el pacto por la legalidad plantea la necesidad de una política exterior basada en la participación y el liderazgo de Colombia. En la gobernanza de los grandes temas y desafíos de la agenda global que más le conciernen y en una firme apuesta por un multilateralismo eficaz en defensa de la paz, la seguridad y la democracia.

Se plantea también una política migratoria integral para facilitar la movilidad de los colombianos. Hacer de Colombia un polo de atracción para el retorno y la migración calificada y responder al reto de los flujos migratorios provenientes de países vecinos.

Al mismo tiempo, esto requiere una política integral de fronteras que contribuya a la estabilización y el desarrollo de los territorios. Así como el desarrollo del poder blando de Colombia y el despliegue de una diplomacia pública en escenarios y con interlocutores no tradicionales.

Finalmente, este pacto presenta las estrategias que permitirán el fortalecimiento de la participación ciudadana. De tal forma que la política electoral se constituya en un escenario que articule eficazmente los intereses de los colombianos. Se promueva el diálogo social y se generen instancias de interacción permanente entre las autoridades del orden territorial, el Gobierno Nacional y los ciudadanos.

Cabe destacar que las líneas del pacto por la legalidad están relacionadas y aportarán en el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En particular, se encuentran alineadas con los ODS 9 Industria, innovación e infraestructura, ODS 10: “Reducción de las desigualdades”, ODS 14: “Vida Submarina (temas relacionados con fronteras y soberanía), ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones sólidas”,  y ODS 17: “Alianza para lograr los objetivos”.