Legalidad – Otras Disposiciones

Subsección 6

Artículo 124°. Requisitos para la creación de Distritos.

Modifíquese el artículo 8° de la Ley 1617 de 2013, el cual quedará así: 

Artículo 8. Requisitos para la Creación de Distritos.

La ley podrá decretar la conformación de nuevos distritos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

1. Contar por lo menos con quinientos mil (500.000) habitantes, según certificación expedida por el Departamento Adminis­trativo Nacional de Estadística (DANE). De acuerdo con el último censo realizado por esta entidad o estar ubicado en zonas costeras. Ser capital de departamento, municipio fron­terizo o contar con declaratoria de Patrimonio Histórico de la Humanidad por parte de la Unesco. 
   
   
2. Presentar un documento con la sustentación técnica del po­tencial para el desarrollo de puertos o para el desarrollo de actividades turísticas, industriales, o económicas de gran rele­vancia y/o culturales. Que acredite la capacidad institucional, de gestión y financiación para el desarrollo de dicha vocación. 
   
   
3. Presentar un análisis de la capacidad fiscal que demuestre su suficiencia. Para asumir las necesidades institucionales y es­tructura administrativa asociada a la conformación de locali­dades. 
   
   
4. Y presentar los resultados de la diligencia de deslinde efectuada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). De con­formidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1617 de 2013. 
   
   
5. Contar con concepto previo y favorable sobre la convenien­cia de crear el nuevo distrito, emitido por las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y la Cámara de Representantes. Y la Comisión de Ordenamiento Territorial como organismo técnico asesor, o el organismo que haga sus veces. Concepto que será sometido a conside­ración de las Plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, respectivamente. 
   
   
6. Contar con concepto previo y favorable de los concejos mu­nicipales. 

Parágrafo transitorio.

Los distritos conformados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley continuarán sometiéndose a sus respectivas normas de creación. Los municipios que hayan iniciado el trámite para convertirse en Distritos antes del 30 de abril de 2019. Seguirán rigiéndose por las normas constitucionales o legales con que iniciaron. 

Artículo 125°. Fusión y Denominación.

Fusiónese el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias). En el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual continuará con la misma denominación y como organismo principal de la Admi­nistración Pública del Sector Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá como do­micilio principal la ciudad de Bogotá, D.C., y cumplirá los objetivos señalados en el acto de creación contenido en la Ley 1951 de 2019. 

El Gobierno nacional, en ejercicio de las competencias permanentes conferidas mediante la Ley 489 de 1998. Adoptará la estructura interna y la planta de personal que requiera el Ministerio de Ciencia, Tecnolo­gía e Innovación para su funcionamiento. Los actuales servidores de la planta de personal del Departamento Administrativo de Ciencia, Tec­nología e Innovación continuarán ejerciendo las atribuciones a ellos asignadas. Bajo la misma estructura y percibiendo la misma remunera­ción. Hasta tanto sean incorporados a la planta de personal adoptada de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. 

Dentro de lo seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente ley, el Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnolo­gía e Innovación. Deberá ordenar y ejecutar las medidas administrativas necesarias. Así como la adecuación y operación de los sistemas conta­bles, financieros, de tesorería, almacenes y demás servicios de apoyo. Para asegurar la correcta puesta en funcionamiento del Ministerio. Los acuerdos, contratos y convenios vigentes al momento de la expedición de esta ley, suscritos por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se entienden subrogados al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien continuará con su ejecución en los mismos términos y condiciones. Sin que para ello sea necesaria la suscripción de documento adicional alguno. 

A partir de la fecha de expedición de la presente ley, se entienden transferidos los derechos y bienes muebles e inmuebles.

Así como su­brogadas las obligaciones en las que sea parte el Departamento Admi­nistrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en los mismos términos y condiciones bajo las cuales se encuentran pactadas. 

Los procedimientos administrativos, las acciones constitucionales y, en general, todos los procesos judiciales en los que sea parte el Departa­mento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación continuarán siendo atendidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación continuará a car­go del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnolo­gía y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas y cumpliendo las funciones que en relación con los demás fondos le fueron asignadas por la Constitución y la ley al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias). 

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, todas las referen­cias que hagan las normas vigentes al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, se entenderán efectuadas al Ministe­rio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Para todos los efectos legales, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación creado mediante la Ley 1951 de 2019. Sustituye al Departa­mento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Artículo 126°. Objetivos generales y específicos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Modifíquese el artículo 2° de la Ley 1951 de 2019, el cual quedará así: 

Artículo 2. Objetivos generales y específicos. 

 Por medio de la pre­sente ley se reconocen y actualizan los derechos de los ciudadanos y los deberes del Estado en materia del desarrollo del conocimiento científi­co, tecnológico y de innovación, que consolidan los avances hechos por las Leyes 29 de 1990 y 1286 de 2009, mediante los siguientes objetivos generales y específicos: 

Objetivos Generales  

1. Formular la política pública de ciencia, tecnología e innova­ción del país. 
   
   
2. Establecer estrategias de transferencia y apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación para la consolida­ción de una sociedad basada en el conocimiento. 
   
   
3. Impulsar el desarrollo científico, tecnológico y la innovación de la Nación, programados en la Constitución Política de 1991 y en el Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo con las orientaciones trazadas por el Gobierno nacional. 
   
   
4. Garantizar las condiciones necesarias para que los desarrollos científicos, tecnológicos e innovadores, se relacionen con el sector productivo y favorezcan la productividad y la competi­tividad. 
   
   
5. Velar por la consolidación y fortalecimiento del Sistema Na­cional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). 

Objetivos Específicos  

1. Fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento y la investigación científica. El desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje perma­nente. 
   
   
2. Definir las bases para la formulación de un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
   
   
3. Incorporar la Ciencia, Tecnología e Innovación, como ejes transversales de la política económica y social del país. 
   
   
4. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno­vación (SNCTI), otorgando al nuevo Ministerio el liderazgo que conlleve a la óptima articulación de las organizaciones públicas y privadas, regionales, nacionales e internacionales, que permitan el desarrollo de una sociedad del conocimiento. 

5. Definir las instancias e instrumentos administrativos y finan­cieros por medio de los cuales se promueve la destinación de recursos públicos y privados al fomento de la Ciencia, Tecno­logía e Innovación. 

6. Fortalecer la capacidad de transferencia de la tecnología pro­ducida en las universidades y centros de investigación y de­sarrollo tecnológico en beneficio del sector productivo nacio­nal. A través del mejoramiento de la conectividad de las redes académicas de investigación y educación. 
   
   
7. Articular y optimizar las instancias de liderazgo, coordina­ción y ejecución del Gobierno nacional y la participación de los diferentes actores de la política de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
   
   
8. Fortalecer el desarrollo regional a través de políticas integra­les de descentralización de las actividades científicas, de de­sarrollo tecnológico y de innovación. 
   
   
9. Fortalecer la internacionalización de las actividades científi­cas, de desarrollo tecnológico y de innovación, de acuerdo con las dinámicas internacionales. 
   
   
10. Orientar el fomento de actividades de ciencia, tecnología e innovación hacia el mejoramiento de la competitividad, estableciendo vínculos desde el Sistema Nacional de Cien­cia, Tecnología e Innovación (SNCTI), con otros sistemas. Tales como el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), el Sistema Nacional Ambiental (SINA), el sistema educativo, entre otros. En el marco del Sistema Nacional de Competitividad (SNC). 
    
    
11. Establecer disposiciones generales que conlleven al fortaleci­miento del conocimiento científico y el desarrollo de la inno­vación para el efectivo cumplimiento de la presente ley. 

Artículo 127°. Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia.

El Gobier­no nacional con la coordinación del Ministerio del Interior, emprenderá acciones que promuevan la articulación intersectorial, interinstitucional y territorial para la garantía y goce efectivo del ejercicio del derecho a la libertad religiosa, de cultos y conciencia en el territorio nacional. Para el efecto, promoverá e impulsará la participación de los represen­tantes de las entidades religiosas, el reconocimiento de las mismas, la garantía del libre ejercicio de estos derechos y realizará las acciones que permitan determinar el impacto social de las organizaciones y enti­dades religiosas, conforme a la Constitución y la ley 

Artículo 128°. Funciones de los municipios.

Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 6° de la Ley 1551 de 2012 el cual quedará así: 

Parágrafo 5.

Los denominados convenios solidarios de que trata el parágrafo 3° del presente artículo también podrán ser celebrados entre las entidades del orden nacional y los organismos de acción comunal para la ejecución de proyectos incluidos en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo. 

Artículo 129°. Reserva legal de las estrategias de Defensa Jurídica Nacional e Internacional.

Las estrategias de defensa jurídica nacional e internacional gozarán de reserva legal conforme lo dispuesto en los literales e) y h) y el parágrafo del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014, o la norma que los modifique, adicione o sustituya. 

Las estrategias de defensa jurídica nacional e internacional son los documentos, conceptos, lineamientos e información a los que acuden la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y/o las entidades públicas encargadas de hacer efectiva la defensa jurídica del Estado y de proteger sus intereses litigiosos. 

La reserva cubrirá todas las etapas de la controversia o del proce­so respectivo. Podrán publicarse parcialmente documentos y piezas de información cuya revelación no afecte la estrategia de defensa o los intereses legítimos del Estado. 

Parágrafo Primero.

Cuando la publicación de los acuerdos o contratos producto del uso de los mecanismos alternativos de arreglo directo o negociaciones en materia de conflictos de inversión en el ámbito inter­nacional. Pueda incidir en la gestión de otros procesos o acuerdos, estos podrán ser materia de reserva. 

Parágrafo Segundo.

El término de la reserva sobre las estrategias de defen­sa jurídica nacional e internacional del Estado. Podrá extenderse por el término máximo autorizado en la ley. 

Parágrafo Tercero.

La reserva no abarcará aquellos documentos e infor­mes que constituyan prueba necesaria a favor de quien los solicita y que se encuentren en poder del Estado en ejercicio de una función prevista en el ordenamiento jurídico. 

(Lea También: Estrategia de Cárceles del Orden Nacional)

Artículo 130°. Contribución especial para laudos arbitrales de con­tenido económico.

Créase la contribución especial para laudos arbitra­les de contenido económico a cargo de la persona natural o jurídica o el patrimonio autónomo a cuyo favor se ordene el pago de valor superior a setenta y tres (73) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estos recursos se destinarán a la financiación del sector Justicia y de la Rama Judicial. 

Serán sujetos activos de la contribución especial, el Consejo Supe­rior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia. La contri­bución especial se causa cuando se haga el pago voluntario o por ejecu­ción forzosa del correspondiente laudo. 

La base gravable de la contribución especial será el valor total de los pagos ordenados en el correspondiente laudo, providencia o sentencia condenatoria. La tarifa será el dos por ciento (2%). En todo caso, el va­lor a pagar por concepto del impuesto no podrá exceder de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La entidad pagadora, ya sea persona natural o entidad pública o pri­vada, en el momento en que efectúe pagos totales o parciales de las cuantías ordenadas en el laudo arbitral. Deberá retener en la fuente la totalidad de la contribución especial causada con el respectivo pago. La retención practicada deberá ser incluida y pagada en la respectiva declaración mensual de retenciones en la fuente del agente retenedor, de acuerdo con las normas que regulan la retención en la fuente conte­nidas en el Estatuto Tributario. En el evento de que el pagador no tenga la calidad de agente retenedor, el perceptor del pago deberá autorretener el monto de la contribución especial causada de acuerdo con las dispo­siciones establecidas sobre el particular en el Estatuto Tributario. 

Esta contribución no aplica para laudos arbitrales internacionales. 

Parágrafo.

El Gobierno nacional deberá girar en la primera quince­na de cada semestre al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia. El monto recaudado por concepto de la contribución especial para laudos arbitrales de contenido económico. 

Artículo 131°. Registro Único de Decisiones Judiciales en Materia Penal y Jurisdicciones Especiales.

Créase el Registro Único de Deci­siones Judiciales en Materia Penal y Jurisdicciones Especiales, admi­nistrado por la Policía Nacional – Dirección de Investigación Criminal e Interpol. 

El administrador garantizará a la Fiscalía General de la Nación y de­más autoridades judiciales, el acceso, consulta y actualización al Regis­tro así como la protección del derecho del hábeas data de los ciudada­nos. Este registro contendrá los antecedentes penales, requerimientos, anotaciones, sentencias y demás decisiones judiciales que hagan trán­sito a cosa juzgada, proferidas por la Jurisdicción Ordinaria, la Justicia Penal Militar, la Jurisdicción Especial para la Paz y demás jurisdicciones especiales reconocidas por la Constitución Política. 

El Gobierno nacional reglamentará las materias necesarias para ga­rantizar el funcionamiento del registro y el proceso de actualización de la información. 

Parágrafo Primero.

El Consejo Superior de la Judicatura, la Justicia Penal Militar, la Jurisdicción Especial para la Paz. La Fiscalía General de la Nación deberán actualizar el sistema de información de acuerdo con los parámetros y protocolos que para tal efecto disponga el administrador del registro. Con este fin en un término de doce (12) meses, adoptarán las soluciones administrativas y tecnológicas necesaria para garantizar el suministro, registro y actualización de la información a través de canales seguros que garanticen su integridad, seguridad y confiabilidad. 

Parágrafo Segundo.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y de­más Centros Carcelarios como ejecutores de las decisiones judiciales. Deberán actualizar y proporcionar la información necesaria, de acuerdo con los parámetros y protocolos que para tal efecto disponga el admi­nistrador del registro. 

Parágrafo Tercero.

 Los registros referidos en los artículos 166, 167, 299, 305A y 320 de la Ley 906 de 2004 formarán parte del registro de que trata el presente artículo. 

Artículo 132°. Armonización del Plan Decenal del Sistema de Justicia con los Planes Nacionales de Desarrollo.

Con el objeto de promover la coordinación, eficiencia, eficacia y modernización en la administración de justicia y en las funciones de los organismos de control, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Nacional de Planeación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Contra­loría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo o quienes hagan sus veces, concurrirán para adelantar las armonizaciones necesarias al Plan Decenal del Sistema de Justicia en concordancia con los Planes Nacionales de Desarrollo, de acuerdo con las prioridades que dichas entidades identifiquen en el sistema de justicia, y teniendo en cuenta el proceso continuo de pla­neación que comprende la formulación, la aprobación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación.