Imperio de la Ley, Objetivos y Estrategias

2. Objetivos y estrategias

a. Objetivo 1. Una apuesta por el goce efectivo de los derechos de los colombianos

Garantizar la promoción de los derechos humanos y prevenir su vulneración.

Estrategias

El ejercicio y goce efectivo de derechos requiere de la articulación entre niveles de gobierno, la gestión de la información y el desarrollo de capacidades técnicas en los territorios. Así como acciones afirmativas de cultura en DD. HH., igualdad y no discriminación. Este trabajo deberá tener un enfoque de intervención integral del Estado para prevenir escenarios de vulneración. Haciendo frente a nuevas dinámicas en el territorio. De esa manera, se desarrollarán las siguientes estrategias:

• El Gobierno nacional, bajo el liderazgo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales (CPDDHH):

  – Avanzará en la implementación de la Estrategia Nacional para la Garantía de los DDHH 2014-2034. Con el objetivo de orientar las estrategias y programas de Gobierno hacia la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos. Especialmente de aquellas personas en condición de vulnerabilidad o históricamente discriminadas, como niños, personas mayores, mujeres, comunidades étnicas, con discapacidad, víctimas y campesinos. También fortalecerá la articulación interinstitucional y promoverá la incorporación del Enfoque Basado en la Garantía de los Derechos Humanos como herramienta para la formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas.
  
  – La CPDDHH coordinará la formulación participativa y la implementación de un Plan Nacional de Acción en DDHH. De conformidad con lo establecido en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993. Este plan tendrá como objetivo garantizar la promoción, protección y goce efectivo de los derechos humanos. El fortalecimiento de las instituciones responsables de su garantía. A través de estrategias que impulsen y desarrollen las diferentes políticas públicas existentes y necesarias en esta materia. Así como la ratificación y el cumplimiento de los diferentes instrumentos internacionales y las recomendaciones de los organismos del Sistema Internacional de los Derechos Humanos.
  
  – Adoptará la segunda versión del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos 2019-2022, priorizando sectores asociados a la economía naranja, con el fin de promover conductas empresariales responsables y transformar positivamente el desarrollo sostenible de los territorios.
  
  – Este plan integrará los ODS. Así como las líneas directrices y guías para empresas multinacionales de la OCDE; también reforzará el punto y contacto para el efecto.

• Las entidades nacionales que hacen parte del Sistema Nacional de Derechos Humanos y que cuenten con políticas públicas en materia de derechos humanos, formularán y coordinarán la implementación de sus planes de acción y seguimiento.

  Estos planes contarán con responsables, metas e indicadores de derechos humanos, que permitan su evaluación y seguimiento. Además, deberán articularse con el Plan Nacional de Acción en DDHH y seguir los lineamientos que expida la CPDDHH.

b. Objetivo 2. Acceso a la justicia local y rural, y desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos (MRC)

Mejorar el acceso a la justicia, a través de modelos de justicia local y rural, y del desarrollo

integral de los MRC; generando condiciones para la actuación articulada de los operadores. Mediante estrategias participativas y de empoderamiento legal de los ciudadanos sobre sus derechos, deberes y rutas de acceso a la justicia.

Estrategias

Se hace necesario construir modelos diferenciados de oferta de justicia, a partir de las condiciones socioeconómicas, culturales, geográficas, de movilidad y de conectividad propias de cada región. Estos deberán construirse desde una perspectiva étnica, de género, rural y con enfoque diferencial hacia las personas con discapacidad, coherentes con las necesidades y demandas locales de justicia, que sean útiles para la gestión de conflictos diversos, incluyendo los rurales, los comerciales y los relativos a las víctimas, entre otros. Para ello, se trabajará en las siguientes estrategias:

• Primero, El MinJusticia, a partir del análisis de lecciones aprendidas y la caracterización de la demanda de justicia local y rural. Formulará modelos de oferta y atención de justicia local y rural. También impulsará el desarrollo de acciones de control y la presencia de jueces agrarios para la resolución y prevención de conflictos en las zonas rurales del país.
  
  
• Segundo, El MinJusticia, en coordinación con las entidades que administran justicia. Buscará maximizar el acceso a la justicia y el empoderamiento legal a través de acciones innovadoras con apoyo de las TIC.
  
  
• Tercero, El MinJusticia, con apoyo del DNP, definirá una hoja de ruta que permita formular y consolidar el marco normativo y de Política pública integral en materia de MRC. Que involucre actores nacionales y territoriales, tanto estatales como de la sociedad civil.
  
  
• Cuarto, El MinJusticia formará y capacitará a los operadores de justicia en materia de MRC. Para ello, el MinJusticia desarrollará estrategias encaminadas al mejoramiento de la capacidad técnica de los operadores de justicia y la articulación de la oferta institucional, con énfasis local y rural33. También desarrollará un programa para el fortalecimiento técnico de las Comisarias de Familia.

• Quinto, El MinJusticia, en coordinación con el DNP, el DANE y el Consejo Superior de la Judicatura, realizarán mediciones y aproximaciones a nivel territorial de las necesidades de justicia de los individuos, comunidades y empresas para la formulación de política pública por parte del Gobierno nacional y los gobiernos locales con base en la evidencia. A través de herramientas como el Módulo de Necesidades Jurídicas.

• Sexto, El MinJusticia, el CSJ y el DNP desarrollarán un único mapa de justicia con rutas efectivas y participativas de atención de las necesidades de justicia, con particularidades territoriales y con articulación de la oferta disponible, con información accesible y con canales de acceso intuitivos.
  
  
• Séptimo, El MinJusticia coordinará las acciones necesarias para la creación de un modelo de justicia virtual (“telejusticia”). Este modelo planteará soluciones de acceso y promoción de la justicia a través de medios digitales. Potenciando el acceso de la justicia prioritariamente a través de los modelos de justicia local y rural.

(Lea También: Imperio de la Ley, Defensa Jurídica del Estado)

c. Objetivo 3. Cobertura y calidad de servicios de justicia ofrecidos por el Ejecutivo

Ampliar la cobertura y fortalecer la calidad de los servicios de justicia ofrecidos por el Ejecutivo y dotarlo de una instancia de articulación que permita la construcción de un esquema de coordinación entre los operadores de justicia en la Rama Ejecutiva.

Estrategias

Teniendo en cuenta la competencia de la Rama Ejecutiva para la resolución de conflictos en diferente escala. Se definirá un mecanismo de articulación, de suerte tal que el Poder Ejecutivo pueda dar cuenta de la gestión y de la calidad con que presta los servicios encomendados, y haga un uso eficiente de los recursos públicos a través de las sinergias presupuestales.

Para ello, se realizarán las siguientes estrategias:

• Primero, El MinJusticia impulsará el funcionamiento del Consejo de Justicia de la Rama Ejecutiva. El cual permitirá que las entidades y organismos de dicha Rama con funciones jurisdiccionales y competencias relacionadas con la administración de justicia. Puedan definir políticas y lineamientos que optimicen el servicio de justicia en el territorio.
  
  
• Segundo, El MinJusticia definirá un esquema de seguimiento y monitoreo a los servicios de justicia ofrecidos por el Ejecutivo y asignará la competencia del seguimiento a un observatorio sectorial.
  
  
• Tercero, El MinJusticia impulsará la formulación y ejecución de un plan de formación permanente a operadores de justicia en la Rama Ejecutiva. Que brinde herramientas conceptuales y metodológicas para mejorar las habilidades y competencias de atención y resolución de las conflictividades.
  
  
• Cuarto, El MinJusticia promoverá la existencia del mecanismo de expediente electrónico único para todos los operadores de justicia pertenecientes a la Rama Ejecutiva del nivel nacional.
  
  
• Quinto, El MinJusticia formulará mecanismos que permitan dotar de jerarquía normativa y estabilidad institucional a las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva con funciones jurisdiccionales y competencias relacionadas con la administración de justicia.

d. Objetivo 4. Sistema de justicia pertinente y de fácil acceso con transformación digital

Optimizar la capacidad de gestión del Sistema de Justicia (SJ), para aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad. A través de una transformación sistémica34.

Estrategias

Se plantean las siguientes estrategias como reformas integrales para transformar de forma sistémica el SJ, que promueva una justicia efectiva e incluyente y que, además, garantice las condiciones mínimas para el emprendimiento y la productividad del sector privado:

• Primero, El Gobierno nacional y las entidades formuladoras del Plan Decenal del Sistema de Justicia realizará una armonización con el Plan Nacional de Desarrollo.
  
  
• Segundo, El Gobierno nacional, en uso de sus competencias de coordinación sectorial. Propondrá un escenario de concertación con la Rama Judicial para la calidad y probidad de la justicia35. A través de posibles reformas para: (1) modificar las facultades electorales de las Altas Cortes; (2) atraer y mantener el mejor talento para la justicia con incentivos y reducción de brechas salariales; (3) temas presupuestales; (4) tecnificar y simplificar la toma de decisiones; (5) reforzar las normas de nombramiento de los operadores de justicia y de carrera judicial; (6) la revisión de normas generales y de procedimiento. Así como las de sanción a funcionarios y empleados judiciales; (7) dotar a los consultorios jurídicos de mayores competencias; (8) reforzar los requisitos para la obtención del título de abogado, y finalmente; (9) proponer soluciones prontas y efectivas a los principales problemas (normativos y operativos) de la administración de justicia.
  
  
• Tercero, El Gobierno nacional, liderado por la Presidencia de la República, implementará programas de fortalecimiento de los mecanismos administrativos en las entidades públicas y privadas, que permitan identificar las causas que generan un uso excesivo de la acción de tutela y las estrategias de prevención que eviten la activación innecesaria del aparato judicial.

• Cuarto, El MinJusticia y la Rama Judicial promoverán e implementarán. Dentro del ámbito de sus competencias, medidas de descongestión o de ampliación de la oferta judicial, principalmente en acciones de tutela y las demás que priorice bajo criterios técnicos el Consejo Superior de la Judicatura.

• Quinto, El Gobierno nacional promoverá la transformación del modelo de gobierno administrativo de la Rama Judicial hacia un enfoque gerencial efectivo y oportuno36.
  
  
• Sexto, La Rama Judicial y el MinJusticia implementarán e impulsarán, con las autoridades competentes, mecanismos base para el funcionamiento óptimo de la Rama Judicial, la aplicación de los principios de Gobierno Abierto y las directrices de la Alianza para el Gobierno Abierto en la Rama Judicial. Asimismo, promoverán el fortalecimiento en el acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas, participación y servicio al ciudadano.
  
  
• Séptimo, En concordancia con la Rama Judicial, el MinJusticia instará a generar procesos de optimización de la planta de personal cualificado, insumos y recursos necesarios para la atención oportuna en la demanda de los servicios judiciales, atendiendo las necesidades estructurales del sistema.
  
  
• Octavo, En el marco de la estrategia de interoperabilidad del Sistema, promoverá la implementación de medios y programas digitales que mejoren la productividad y equidad del SJ37. Entre ellos un sistema unificado de estadística, incluyendo los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva.
  
  
• Noveno, En el marco de la estrategia de digitalización e innovación pública que apunta a la productividad y equidad del SJ y de la política de justicia digital de la Rama Judicial. A solicitud del órgano de gobierno judicial, el Gobierno nacional apoyará la implementación del expediente electrónico en el mayor número de acciones judiciales posible en el marco del proceso de transformación digital que viene adelantando la Rama Judicial. Las soluciones de presencia virtual, la utilización de inteligencia artificial en los trámites judiciales susceptibles de estos mecanismos y la interoperabilidad de los sistemas38.

• 33 Esta articulación contemplará el programa Nacional de casas de Justicia, aprovechando la capacidad instalada y ampliándola según la caracterización de la demanda de justicia local y rural. Se prestará especial atención a las zonas de frontera como el archipiélago de San Andrés y Providencia donde se construirá una casa de justicia.

• 34 Se refiere a que dicha transformación se efectúe abarcando la totalidad de los componentes del sistema judicial y no de forma aislada, toda vez que este es un sistema amplio que comprende no solo la Rama Judicial, sino todos aquellos operadores de justicia de la Rama Ejecutiva y los demás actores que señale la ley.

• 35 Esta estrategia lleva implícita la implementación de un mecanismo para evaluar la satisfacción de los usuarios con los servicios de justicia que permitan tomar las acciones correctivas necesarias.

• 36 Se refiere, entre otros, al traslado de las funciones de control disciplinario del Consejo Superior de la Judicatura a un cuerpo colegiado existente, así como de las competencias en el manejo del presupuesto. De igual forma, estudiar la viabilidad de crear un fondo nacional para el desarrollo de infraestructura judicial y de tecnología con mecanismos de contratación transparentes y ágiles.

• 37 Con el fin de generar la digitalización y la innovación pública del sistema de justicia para mejorar su efectividad, es necesario implementar el expediente judicial electrónico y los Servicios Ciudadanos Digitales en la Rama Judicial. Se deben generar lineamientos y políticas integradoras para la implementación de las TIC en el SJ, en el marco de la alianza entre el SINEJ y el SEN, así como generar una política de seguridad de la información y protección de datos entre las entidades del SJ. De igual forma, se evidencia la necesidad de adoptar la Ley 1712 de 2014 y demás decretos de acceso a la información pública abordando el tema por fases, priorizando qué datos son los más útiles y cuáles generan mayor impacto para la efectividad en la toma de decisiones. Finalmente, se debe diseñar e implementar una ruta de apropiación de la plataforma Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) y culminar la puesta en marcha del Sistema Único de Información Normativa (SUIN-JURISCOL).

• 38 En el marco de la estrategia de digitalización se promoverán el uso de aplicaciones digitales que permitan el empoderamiento y conocimiento legal por parte de la población, tales como LegalApp.