Estrategia Fiscal y Macroeconómica

B. Estrategia fiscal y macroeconómica

La estrategia macroeconómica de los próximos años tiene como propósito central la elevación del ahorro macroeconómico para aumentar la inversión tanto pública como privada, la cual, junto con el incremento de la productividad, serán el motor de la recuperación del crecimiento económico y el empleo en los próximos años luego del choque de los términos de intercambio ocurrido entre 2014-2016.

Para realizar esta estrategia se requiere trabajar en varios frentes. De un lado el referido al de las políticas específicas de fortalecimiento del ahorro; de otro lado el del aseguramiento de la institucionalidad fiscal bajo estándares internacionales; y finalmente, la inclusión financiera y modernización del mercado de capitales.

1. Fortalecimiento del ahorro

El aumento del ahorro de la economía entre 2018-2022 involucra tres objetivos, el primero consiste en elevar el ahorro del Gobierno a través de una política de ajuste en el gasto público, la cual se combinará con el fortalecimiento de los ingresos tributarios recaudados por el GNC Adicionalmente, este objetivo aborda la formulación de estrategias e instrumentos contra la evasión y la elusión tributaria, lo cual requiere de una DIAN moderna, con procedimientos simplificados y más cercana al contribuyente.

El segundo objetivo, es el de promover la afluencia de ahorro externo, principalmente de Inversión Extranjera Directa y de Portafolio. Para lograrlo, se adoptarán medidas y reglas estables que eleven la certidumbre sobre los indicadores de retorno en el tiempo.

Este financiamiento externo tendrá como:

Contrapartida una estrategia de aumento en la producción de hidrocarburos que acelere el crecimiento de las exportaciones tradicionales gracias a los mayores precios del petróleo y en general de los productos mineros.

Igualmente, contará con una estrategia comercial que acelere las ventas de bienes no tradicionales, principalmente de productos agrícolas, agroindustriales, manufactureras y de los servicios de turismo, que serán la expresión del impulso a la política de emprendimiento y la diversificación productiva.

De manera paralela, la mayor dinámica de las ventas externas se complementará con importaciones de bienes de capital a un costo bajo, con lo cual se espera promover la modernización y la competitividad en los sectores de la agricultura, la industria y los servicios.

Finalmente, el tercer objetivo para lograr el aumento del ahorro en los próximos cuatro años es el del fortalecimiento del mercado de capitales. Este fortalecimiento estará apoyado en la revolución digital, la cual permitirá un mayor acceso a productos financieros y al comercio de bienes y servicios, a grandes contingentes de la población que hasta ahora no podían acceder.

a. Fortalecimiento de los ingresos

La estrategia de fortalecimiento de los ingresos descansa sobre los pilares de la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Desde esta perspectiva, se buscará una estructura tributaria más simple y amigable con la inversión, pero que a su vez cumpla con el propósito de garantizar los recursos necesarios para que el Estado brinde los bienes y servicios públicos que el país requiere.

Así mismo, se continuarán fortaleciendo los mecanismos de administración tributaria con el fin de combatir y minimizar las prácticas de evasión, elusión y abuso tributario que tanto afectan al fisco y a la sociedad.

La estrategia de fortalecimiento de los ingresos también contempla aspectos de armonización de la carga tributaria entre contribuyentes, en particular balancear las cargas entre personas naturales y jurídicas, dado que hoy recae principalmente sobre las últimas.

De esta manera, se busca establecer un marco normativo que provea las condiciones adecuadas para que las empresas nacionales se encuentren en mejores condiciones para hacer frente a la competencia de un mercado mundial crecientemente integrado.

Así, para garantizar la sostenibilidad fiscal de mediano plazo e impulsar el crecimiento económico, el Gobierno está comprometido a solucionar cuellos de botella del actual sistema tributario.

De acuerdo con lo anterior, la equidad tributaria entre personas naturales y jurídicas y la reducción de la carga tributaria para las empresas, será la base para el emprendimiento de los próximos años, para la creación de nuevas fuentes de generación de riqueza y para el aprovechamiento de nuestro potencial productivo, en general.

El Gobierno trabajará para mejorar el sistema tributario y lo hará como indica la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, más “equitativo horizontalmente, progresivo verticalmente y que promueva, en lugar de restringir, la inversión, el empleo y la competitividad empresarial 1.

En cumplimiento del objetivo de equidad:

Se requiere disponer eficientemente de todos los recursos con los que cuenta el Estado para asegurar las fuentes de financiamiento necesarias para los proyectos de inversión en materia de desarrollo.

Adicional a las fuentes de ingreso tributario, el Gobierno cuenta con los recursos de capital originados de los procesos de enajenación y democratización de la participación accionaria de la Nación. La destinación de una proporción de estos ingresos a proyectos de alta rentabilidad social y desarrollo fortalecerá la provisión de equidad de oportunidades para los colombianos.

(Lea También: Aseguramiento de la Institucionalidad Fiscal)

b. Revisión, priorización y efectividad del gasto

Como parte de la política de elevación del ahorro público, la estrategia de reducción del gasto público comprende cinco temas. El primero es el de la racionalización, priorización y responsabilidad del gasto para los hogares y del sector productivo financiados con recursos del presupuesto nacional. El segundo es el del fortalecimiento de la estrategia de defensa jurídica del Estado, para reducir el impacto fiscal de las demandas contra el Estado.

En tercer lugar, se encuentra la adopción de una política de reducción en los gastos de funcionamiento ajenos a la misión de las entidades, para lo cual el presidente de la República hará uso de las “facultades extraordinarias para adelantar este proceso de ajuste, racionalización y modernización de la administración pública”. En cuarto lugar, se impulsarán medidas que permitan garantizar un gasto público efectivo.

1) Racionalización de la asignación del gasto para los hogares y del sector productivo

El Gobierno impulsará un proyecto de ley que regule la política y los procedimientos para la asignación del gasto para los hogares y del sector productivo, de manera tal que se tengan en cuenta los principios de pertinencia y prioridad de este último.

El procedimiento para el otorgamiento de la asignación del gasto para los hogares y del sector productivo, deberá incorporar información trazable de los registros de los usuarios que devengan apoyos del Estado en cualquiera de sus modalidades y propender por una focalización adecuada de estos gastos, utilizando los instrumentos diseñados por el Estado con base en el ingreso o la riqueza que disponen las personas.

El proyecto de ley buscará fortalecer la asignación del gasto para los hogares y del sector productivo, enfocándolo en las personas o sectores que verdaderamente lo necesitan y por el tiempo que lo requieran, mediante la fijación de criterios objetivos y con la superación de las fallas del mercado en la definición del acceso y la temporalidad. De esta forma, el proyecto también pretende dar un orden jurídico a la intervención del Estado en lo referente a transferencias de los recursos públicos hacia personas jurídicas o naturales, al dar alcance a los principios de equidad, solidaridad y eficiencia establecidos en la Constitución política.

Finalmente, y en aras de lograr una mayor transparencia del gasto para los hogares y del sector productivo, la propuesta del Gobierno también contemplará una clasificación específica, con el fin de obtener una contabilización visible de su costo tanto en el presupuesto general como en el marco fiscal de mediano plazo. Ello facilitará el seguimiento del impacto fiscal de este gasto y será el instrumento para viabilizar o moderar el crecimiento de esos gastos en el mediano plazo.

2) Fortalecimiento de la estrategia de defensa jurídica del Estado

El Estado ha registrado altos montos por concepto de contingencias debido a demandas de los particulares contra el Estado, las cuales se vuelven altamente onerosas por los costos de los intereses de mora; además, incentiva que los litigios registren demoras más altas de lo normal. Estas contingencias se concentran en los temas laborales, de pensiones, demandas contra la fuerza pública, entre otras.

En este contexto, se requiere diseñar una estrategia que pondere la respuesta del Estado en función de su pertinencia e incidencia fiscal, y promueva que los procesos se adelanten con la debida agilidad y coordinación con los entes de justicia y órganos de control y emprender acciones para minimizar costo fiscal de las tasas de interés del pasivo por sentencias y conciliaciones. Finalmente, el Ministerio de Hacienda, conjuntamente con MinTrabajo y el DNP, deberá adelantar acciones de verificación para garantizar el equilibrio entre lo aportado y lo reconocido por las entidades administradoras y reconocedoras de pensiones.

3) Austeridad del gasto y modernización de la administración Pública

El tercer pilar de ajuste en el gasto para elevar el ahorro público está orientado a ajustar las contrataciones y gastos de personal que soportan áreas misionales. Existen algunas duplicidades y excesos de trámites que afectan la productividad y la competitividad de la economía, por lo que se requiere de la adopción de una estrategia que promueva las sinergias en las entidades del Estado, para aumentar su eficiencia y mejorar la atención al ciudadano.

Dado lo anterior, se puede ahorrar en trámites que no son necesarios para el desempeño de las funciones esenciales del Estado, lo cual conllevará a obtener ahorros y, en el mejor de los casos, a atender buena parte de estas demandas y solicitudes de los ciudadanos por la vía digital y automática. Estos ahorros, sumados a otras eficiencias, deberán ascender a los $ 1.2 billones por año en el periodo 2019- 2022.

Así mismo, es necesario fortalecer en el diseño, seguimiento y evaluación de las diferentes políticas públicas presentadas en este Plan de Desarrollo el componente de sostenibilidad financiera, mediante principios de eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos.

En otras palabras, se debe asegurar que los objetivos para el cual son diseñadas las políticas públicas sean alcanzados al mínimo costo. Para conseguirlo se debe implementar metodologías que permitan asociar los costos incurridos y objetos de gasto de cada una de las políticas y programas con su resultado esperado. Este debe ser medible y permitir evaluar el éxito en la ejecución. (ver Pacto por una gestión pública efectiva).

4) Efectividad del gasto

La efectividad en el uso de los recursos públicos sintetiza el propósito de lograr el efecto deseado por las políticas de ingreso y gasto público en el tiempo previsto, en lo que se tiene en cuenta las restricciones fiscales del Estado: Esta política propende por el verdadero equilibrio entre la eficacia de las instituciones de planeación y presupuesto para alcanzar los resultados previstos (el qué) y la eficiencia para lograr dichos resultados con la restricción presupuestaria (el cómo).

Para alcanzar esta efectividad es necesario desarrollar la capacidad institucional para el gerenciamiento de lo público, acompañada de procesos de desconcentración y otorgar espacios para la toma directa de decisiones.

Esto debe ir acompañado de procesos de transparencia fiscal que permitan control desde todos los niveles, es decir, monitoreo amplio del Gobierno, el control de los órganos competentes y la ciudadanía en general, como se desarrolla en el Pacto por la gestión pública efectiva, y en la “Alianza contra la corrupción” dentro del Pacto por la legalidad.

2. Metas

• 1 Como indica la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria.