Alianza Contra la Corrupción, Objetivos y Estrategias

2. Objetivos y estrategias

a. Objetivo 1. Pacto de cero tolerancias a la corrupción y a la falta de transparencia

Fortalecer las capacidades institucionales para combatir la corrupción, afianzar la legalidad y el relacionamiento colaborativo con el ciudadano.

Estrategias

a) Con el propósito de robustecer la prevención de la materialización de riesgos de corrupción 

• Articulación institucional 

• El Gobierno nacional, a través del liderazgo de la Secretaría de Transparencia,formulará e implementará una Política Pública de Transparencia, Integridad y Legalidad orientada a robustecer las herramientas de promoción de la transparencia, el acceso a la información y la lucha contra la corrupción en todos los sectores administrativos, ramas del poder público, órganos autónomos e independientes, y niveles territoriales.
  
  Es fundamental que la política contemple un componente que intensifique la lucha contra la impunidad y el crimen organizado en su relación con el fenómeno y blinde aquellos sectores que son esenciales para la garantía de la equidad para todos y que se encuentran en una situación de riesgo alto de corrupción. Entre otros, los sectores de salud, educación, infraestructura y justicia.
  
  La política debe contemplar componentes de corresponsabilidad con el sector privado en la ocurrencia del fenómeno. Un enfoque de derechos humanos, género y estabilización del territorio. Y tener un componente de co-creación con la ciudadanía. Esencial para la legitimidad del Estado y el fortalecimiento de la democracia.

  Esta política contendrá el desarrollo de un componente de integridad, con lineamientos que logren la apropiación de comportamientos virtuosos y preventivos en el servicio público, privado y la ciudadanía, como los siguientes:

  – Primero, La alineación normativa e institucional en materia de integridad y probidad. Acompañado del diseño e implementación de un programa de capacitación dirigido a servidores públicos y contratistas
  
  – Segundo, La conceptualización y reglamentación de los conflictos de intereses. Generando en los servidores capacidades en la identificación y gestión de ellos.
  
  – Tercero, la implementación de líneas de acción dirigidas a romper con los paradigmas culturales que valoran más la cultura del atajo y la sensibilización respecto a la corresponsabilidad en la corrupción.
  
  – Cuarto, la implementación de procedimientos para dilemas éticos en entidades y cargos vulnerables a la corrupción
  
  – Quinto, un componente de prevención de la corrupción en el sector privado, que incluya las empresas estatales. En las cuales se incentiven los programas de cumplimiento anticorrupción. La firma de pactos de integridad y, en general, la corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción.
  
  – Sexto, Un componente de integridad que se incluirá en los procesos de selección de personal. A cargo de la CNSC, contemplando dilemas éticos y conflictos de intereses.
  
  – Séptimo, el diseño e impulso de cátedras de ética, participación ciudadana, prevención, acceso a la información y lucha contra la corrupción en universidades y colegios, lideradas por la Vicepresidencia. A través de la Secretaría de Transparencia, considerando los instrumentos existentes contemplados en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, y articulando la Cátedra de la Paz (ley 1732 de 2014, decreto 1038) y la asignatura de Urbanidad y Cívica (ley 1013 de 2013).

(Lea También: Detección, Investigación y Sanción Efectiva de Conductas Asociadas a la Corrupción)

• La Vicepresidencia, la Secretaría de Transparencia, el DNP y el DAFP, con el acompañamiento de los Organismos de Control, liderarán la construcción de una matriz de riesgo de la corrupción en Colombia que recoja, por sector y por territorios, los riesgos más comunes, su calificación de severidad e impacto del riesgo, sus causas y manifestaciones. A partir de ella, deben definirse acciones de prevención y mitigación con sus respectivos responsables en las cabezas de los sectores y los gobiernos subnacionales, tiempos de ejecución, productos y metas.

• La Procuraduría General de la Nación coordinará con la Defensoría del Pueblo, las personerías distritales y municipales y la Vicepresidencia de la República, la elaboración del Plan Decenal del Ministerio Público. El cual deberá formularse dentro de los dos (2) años siguientes a la promulgación de la Ley, con el objeto de promover la coordinación, eficiencia, eficacia y modernización del Ministerio Público.

• La Secretaría de Transparencia. A través del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, liderará la creación del Sistema General de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Cuya finalidad es unificar y garantizar la interoperabilidad de la información potencial para la investigación y análisis del fenómeno de la corrupción. Así como para la toma de decisiones acertadas de política pública en la materia. La creación del Sistema debe comprender:

  – La estandarización de procesos y procedimientos en la recolección, tratamiento, difusión y acceso de los datos. Para todas las fuentes de información que se determine. A fin de garantizar la calidad de la información. El sistema funcionará bajo la coordinación de la Vicepresidencia de la República. A través de la Secretaría de Transparencia (ST), el DNP, el DAFP, el DANE, el AGN y MinTIC.
  
  – Un protocolo de flujo de información en propiedad de las entidades competentes, que garantice la oportunidad, eficiencia, veracidad y constante actualización del Sistema.
  
  – La estructuración de un tablero de control anticorrupción que contemple la identificación y medición de indicadores que fortalezcan la toma de decisiones y el seguimiento de la Comisión Nacional de Moralización en materia de lucha contra la corrupción, bajo la responsabilidad de la Vicepresidencia. A través de la ST como Secretaría Técnica y en conjunto con el DNP, MinTIC y el DANE.
  
  – Un componente de analítica que incorpore diferentes fuentes de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados que permitan enriquecer la comprensión del fenómeno de la corrupción mediante la incorporación de herramientas de análisis descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo que usen técnicas de aprendizaje de máquinas e inteligencia artificial para apoyar la toma de decisiones y la formulación de políticas anticorrupción.
  
  – Contar con un espacio de interacción con el ciudadano, orientado a aumentar la transparencia, el acceso a la información. La presentación completa y veraz a la ciudadanía de indicadores sobre transparencia y anticorrupción (entre los que se incluirán algunos sobre el manejo de los recursos públicos y la gestión administrativa). Incentivar la producción de conocimiento. Y a facilitar el reporte y la denuncia de presuntos actos de corrupción.

• La Vicepresidencia, a través de la ST, CCE, el AGN y el DAFP, realizarán capacitaciones conjuntas y dirigidas a funcionarios públicos de entidades territoriales. Donde se pueda robustecer las capacidades para prevenir la materialización de riesgos de corrupción. Por medio de Jornadas de Transparencia con Enfoque Territorial (TET) en los 32 departamentos del país.

• El DNP, con el acompañamiento de la Vicepresidencia. A través de la ST y el DAFP,  avanzarán en la estandarización y divulgación de un único concepto de corrupción, que permita la armonización de las acciones de las instituciones del Estado, el sector privado y la ciudadanía.

• La ST y la Vicepresidencia, en conjunto con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, impulsarán un proyecto de ley que establecerá lineamientos claros sobre la actividad del cabildeo, que contendrá, como mínimo: (1) la definición de cabildeo y sus límites; (2) la definición los actores que pueden desarrollar actividades de cabildeo; (3) el registro único de empresas y/o personas que realizan tal actividad; (4) el régimen de derechos y deberes tanto de funcionarios públicos como de cabilderos; y (5) el régimen sancionatorio para quienes ejerzan esta actividad por fuera de lo establecido en el proyecto de ley.

• Conocimiento y comprensión del fenómeno de la corrupción 

• La Vicepresidencia, en particular la ST, a través del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. Pondrá en marcha la Red de Observatorios Anticorrupción como una estrategia para incentivar la producción de conocimiento en entidades públicas del orden nacional y territorial, del sector privado y de la sociedad civil. Con el objetivo de que permitan entender las dinámicas del fenómeno desde diferentes territorios, sectores y actores.
  
  
• La Vicepresidencia, la Secretaría de Transparencia y el DAFP, con el acompañamiento del DNP. Profundizarán en el uso de la economía experimental y de las ciencias del comportamiento. A través de al menos dos ejercicios. Para el análisis, comprensión y mitigación del fenómeno en el desarrollo de programas y/o políticas.
  
  Específicamente, se continuará experimentando con instrumentos basados en tecnologías digitales móviles para motivar e incrementar el impacto de la participación ciudadana en el seguimiento y control de programas y políticas públicas.
  
  
• La Agencia ITRC consolidará su Observatorio de Fraude y Corrupción como una herramienta de estudio, promoción, intercambio y análisis de información relacionada con el aseguramiento de los recursos de la Nación en la Administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales del país. Este observatorio contará con la participación de la ciudadanía en la búsqueda del mejoramiento de los procesos, la prevención y la detección de escenarios de fraude y corrupción. Así como en la generación de recomendaciones para la lucha contra la corrupción.

• Transparencia y acceso a la información 

• Se pondrá en línea el Portal de Estado Abierto como punto principal de interacción y agrupación de la oferta institucional hacia la ciudadanía, en responsabilidad del MinTIC, con la coordinación de Urna de Cristal, el DNP y la Vicepresidencia. El Portal debe contener, entre otros, los desarrollos tecnológicos existentes para incentivar la participación, el control social, la simplificación de trámites y servicios, y los esfuerzos en consulta pública78.
  
  Es esencial que cumpla la normatividad en transparencia y acceso a la información, lenguaje claro y criterios diferenciales de accesibilidad. Según lo establecido en la Ley 1712 de 2014.
  
  − La Secretaría de Transparencia y la Procuraduría General de la Nación avanzarán conjuntamente en la promoción y garantía del derecho de acceso a la información pública. Así como en la identificación de acciones conjuntas que permitan la consolidación de los estándares de transparencia consignados en la Ley 1712 de 2014 y su normatividad reglamentaria en los diferentes sujetos obligados y en la ciudadanía. Para tal fin, se desarrollarán las respectivas guías para su implementación y garantía, y se establecerán mecanismos de asesoría y comunicación entre el Gobierno, los sujetos obligados y la ciudadanía.

• El Archivo General de la Nación deberá fortalecer los programas de gestión documental de las entidades del orden nacional y territorial, y compatibilizar sus lineamientos con la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública.

• Así mismo, las entidades nacionales y territoriales deberán adoptar los lineamientos de la estrategia de Lenguaje Claro del DNP. Con el fin de garantizar el acceso, la comprensión y la utilidad de las comunicaciones públicas dirigidas a los ciudadanos.

  − El Gobierno nacional promoverá la publicación de la declaración de bienes y rentas. Así como la declaración de renta de los servidores públicos y del particular que ejerza funciones públicas o administre bienes o recursos públicos durante el cumplimiento de sus funciones. La cual debería ser actualizada anualmente.

• Reforzamiento de la rendición de cuentas en todos los sectores y niveles de gobierno 

• El DAFP, en coordinación con el DNP, tendrán como responsabilidad estandarizar el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, como instrumento para hacer seguimiento y evaluación ciudadana a los compromisos de planeación y gestión de todas las ramas del poder público y el nivel nacional y territorial. Además, ambas entidades deberán orientar la aplicación de lineamientos y herramientas para la realización de audiencias públicas de gobiernos nacionales, departamentales, distritales y municipales.

• La Vicepresidencia, a través de la ST, adelantará la socialización masiva sobre el uso de las herramientas de seguimiento, denuncia y control ciudadano a la gestión de los funcionarios públicos y la ejecución del presupuesto.

• Relacionamiento colaborativo con la ciudadanía 

• Se actualizará la Política Nacional de Servicio al Ciudadano en el MIPG y se acompañará a las entidades del orden nacional y territorial en su implementación. De forma articulada con las demás políticas que buscan mejorar la relación del Estado ciudadano, en responsabilidad del DAFP y el DNP.

• El DNP y la Vicepresidencia, a través de la ST, establecerán estándares mínimos de Estado Abierto. Para que sean implementados por sectores del Gobierno nacional y por gobiernos territoriales. Mediante el uso de aproximaciones innovadoras para cocrear planes de acción de Estado Abierto local. Con la ciudadanía, la academia, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.

• En armonía con el manual de oferta institucional del DNP, las entidades nacionales y territoriales deberán reportar al DNP información detallada de su oferta a la ciudadanía para el diseño de instrumentos que permitan afianzar su calidad.

• El Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC) del DNP asesorará a las entidades territoriales en la implementación de los Centros Integrados de Servicios (CIS)79. Las Ferias Nacionales de Servicios80, y demás modelos de entrega y desconcentración de oferta pública multinivel y multicanal. El PNSC definirá las entidades cuyos trámites y servicios son prioritarios para los ciudadanos de las áreas de influencia de estos modelos. Según los análisis del Índice de Concentración de Trámites Bruto. Las entidades participantes deberán disponer de los recursos necesarios para garantizar la prestación de su oferta. Bajo los estándares de calidad medidos en el índice de excelencia en servicio al ciudadano. Esta estrategia estará vinculada y en coordinación con Colombia Ágil.
  
  

• Contratación y compra pública 

• El DNP, la Secretaría de Transparencia y la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente, con el acompañamiento de las entidades competentes. Fortalecerán el sistema de contratación pública mediante la revisión de la normatividad contractual vigente. Con el fin de proponer cambios y/o modificaciones requeridas en relación con: (1) las causales de contratación directa; y (2) la estructuración de mecanismos que incluyan las buenas prácticas que tengan por objeto mitigar los procesos contractuales con único proponente.

• El Gobierno nacional establecerá limitaciones claras y de aplicación estricta a la discrecionalidad en los gastos de publicidad y eventos

• El Gobierno nacional desarrollará estrategias de lucha contra conductas anticompetitivas en las licitaciones públicas

• El DNP, la Secretaría de Transparencia y la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente, con el acompañamiento de las entidades competentes. Revisarán la normatividad contractual vigente de los regímenes especiales y determinarán la necesidad de impulsar modificaciones legales.

• Se consolidará la Tienda Virtual del Estado colombiano como la herramienta primordial de agregación de demanda. Para permitir a las entidades estatales comprar bienes, obras y servicios; y la adjudicación de contrataciones menores, urgentes y especiales. Se buscará ofrecer precios favorables y suscribir un compromiso ético en la relación comercial, promoviendo compras más ágiles, económicas y transparentes.

• El DNP, la Secretaría de Transparencia y la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. Con el acompañamiento de las entidades competentes, expedirán un estatuto del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de interés en la contratación estatal. Con el fin de superar la dispersión normativa en la materia.

• Se creará la Unidad de Evaluación y Eficiencia Presupuestal, como un espacio de articulación entre el MHCP, el DNP, CCE y los Organismos de Control Fiscal. A través del diseño de una batería de indicadores hará seguimiento a la ejecución de los recursos públicos de los sectores administrativos de orden nacional y los niveles territoriales. Y acompañará técnicamente la diseminación de mejores prácticas y la aplicación de correctivos tempranos en materia de calidad del gasto. La Unidad priorizará la evaluación de aquellos sectores que son esenciales para la garantía de la equidad para todos y que se encuentran en una situación de riesgo alto de corrupción (entre otros, los sectores de salud, educación e infraestructura).

• Colombia Compra Eficiente, con el acompañamiento de las entidades competentes. Generarán competencias digitales y capacitaciones dirigidas a servidores públicos y ciudadanía. Donde se afianzarán capacidades para el uso del SECOP II y para la veeduría ciudadana en la contratación.

• El Gobierno nacional con participación directa más no exclusiva del DNP y CCE. Reforzarán la implementación de pliegos de condiciones tipo como instrumentos para la garantía de la transparencia, calidad y libre competencia en la formulación y estructuración de proyectos de todos los sectores administrativos que pueden ser susceptibles a conductas corruptas. En especial en los sectores de salud, educación e infraestructura.
  
  
• Se promoverá la interoperabilidad del SECOP con las bases de datos y registros, tales como el RUES, que permitan determinar la eficiencia del gasto público.

• La Secretaría de Transparencia, MinTIC y DNP liderarán la ejecución de iniciativas orientadas a la implementación de contratos inteligentes basados en registros distribuidos (DLT), tipo cadenas de bloques (blockchain). Los contratos inteligentes son aplicaciones que corren dentro de una cadena de bloques y son ejecutados exactamente como fueron programados. Sin ninguna posibilidad de incumplimientos en el tiempo de ejecución, fraude, interferencia de terceras partes o alteración de la información. A mediano y largo plazo, las cadenas de bloques pueden convertirse en herramientas para hacer seguimiento a la reputación de contratistas, de acuerdo con su historial de desempeño en la ejecución de contratos.

• Gestión de control interno y disciplinario 

• Se adoptará el Sistema de Información Misional (SIM) de la Procuraduría General de la Nación (PGN) como único mecanismo electrónico de registro de la función disciplinaria nacional y territorial. Que permita el flujo de información, la gestión y administración de expedientes entre la PGN. Las personerías distritales y municipales, y las Oficinas de Control Interno (OCI) de las entidades públicas.

• La Procuraduría General de la Nación, las personerías municipales y oficinas de control interno disciplinario de las entidades públicas. Darán inicio a un proceso de adecuación técnica, procedimental, logístico, conceptual y de infraestructura tecnológica y física que permitan una correcta implementación de la Ley 1952 de 2019. Asimismo, capacitarán a los funcionarios para proveerlos de las herramientas necesarias. Para el desarrollo del procedimiento oral previsto en la precitada norma en garantía de los derechos de los sujetos procesales. Para el efecto, el Gobierno Nacional a través de la Procuraduría General de la Nación. Revisará la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2018.

• Se fortalecerá la capacidad de vigilancia del control interno, bajo el liderazgo del DAFP y la Vicepresidencia. A través de la Secretaría de Transparencia. Mediante la profesionalización de las OCI a nivel nacional y territorial. Con criterios técnicos y personal cualificado, teniendo en cuenta los grados de complejidad de las entidades.

• DAFP diseñará un sistema de selección meritocrática, evaluación del desempeño, formación y capacitación de jefes de OCI. Para asegurar la competencia y experiencia técnica anticorrupción en las entidades públicas del orden nacional y territorial.

• El DAFP definirá directrices de auditoría para la detección de fraude y corrupción. Con el fin de mejorar las capacidades de auditoría en la detección de fraudes (por parte de las OCI). La administración de riesgos (por parte de las oficinas de planeación y los equipos directivos de las entidades). La adopción de un modelo de auditorías compartidas en sectores de alto riesgo y la implementación de comités de auditorías en las empresas estatales.

• El DAFP diseñará lineamientos y metodologías a implementar por parte de las entidades nacionales y territoriales. Para la administración del riesgo y el ejercicio de auditorías internas a partir de la analítica de datos, técnicas asistidas por computador, muestreos, análisis de proporción, análisis de variación y auditorías forenses.

• 78 A través del Portal debe darse acceso público a, entre otros. Los cambios de uso de suelo en los POT, el escrutinio de hojas de vida de candidatos a juntas directivas de empresas públicas; la presentación rigurosa de la agenda del Gobierno, las agendas del presidente y los miembros del gabinete; seguimiento al presupuesto en línea con indicadores de desempeño y ejecución. Con especial énfasis en la contratación pública, mediante la visibilización de los contratistas de grandes proyectos.

• 79 Los Centros Integrados de servicios son una estrategia del DNP. Reúnen en un solo lugar, y de forma permanente. La oferta de trámites y servicios públicos prioritarios para los ciudadanos.

• 80 Las Ferias de Servicios son una estrategia del DNP que articula la oferta del Estado. Para que durante una jornada las comunidades puedan realizar sus trámites y se beneficien de los servicios y programas de la administración pública.