Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias

F. 

Garantizar a las mujeres el efectivo goce de una vida libre de violencias es condición necesaria para el logro de la equidad de género para las mujeres. La violencia de género es un problema de salud pública y una vulneración de derechos humanos que plantea un desafío para mejorar la capacidad de respuesta intersectorial.

La Ley 1257 de 2008 define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer. Así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.

Cada tres días es asesinada una mujer por su pareja o expareja (INMLCF, 2018). Estos homicidios son generalmente la culminación de relaciones de violencia y maltrato hacia las mujeres sostenidos por años. Donde el Estado no fue lo suficientemente diligente en sus tareas de prevención y protección.

Una de las entidades fundamentales para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres son las Comisarías de Familia17, que dependen completamente de la fortaleza o debilidad institucional de cada municipio, y de las que no se tiene información consolidada de su desempeño ni de su capacidad de atención.

1. Diagnóstico

En Colombia, la violencia basada en género es una amenaza importante para el bienestar de las mujeres. Según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) del 2015 (Ministerio de Salud (MinSalud) & Profamilia, 2015), el 66,7 % de las mujeres encuestadas entre 13 y 49 años en una unión heterosexual reportaron haber sufrido algún tipo de violencia en los últimos cinco años.

Específicamente, 64,1 % respondieron haber sido víctimas de violencia psicológica, 31,9 % de violencia física, 31,1 % de violencia económica y 7,6 % de violencia sexual por parte de un compañero íntimo.

En cuanto a violencia física, es importante resaltar que este porcentaje se ha reducido en los últimos 10 años: en el 2005. Casi 40 % de las mujeres encuestadas reportaron haber sido víctimas de violencia física por parte de su pareja.

Las mujeres son las víctimas de repetidos episodios de violencia a manos de sus compañeros o excompañeros íntimos de sexo masculino (INMYLCF, 2017), que resultan frecuentemente en lesiones físicas o psicológicas y que pueden llegar hasta el homicidio o el suicidio.

Por cada hombre que denuncia ser víctima de violencia por parte de su pareja, seis mujeres lo hacen.

Durante 2017 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) reportó:

En el país una tasa de 123 casos de violencia de pareja por cada 100 mil habitantes. Lo que equivale a un total de 50.072 casos atendidos por INMLCF. De estos, el 86 % correspondieron a víctimas femeninas.

La tendencia de este indicador muestra una reducción en el número de casos valorados por el Instituto desde 2008. Cuando se registraron 58.261. Lo que corresponde a una tasa de 162,8 casos por cada 100 mil habitantes.

Adicionalmente, en 2017 se realizaron 182 exámenes médico-legales por homicidios perpetrados por el presunto agresor pareja o expareja. De estos, 144 correspondieron a mujeres. Es decir, el 79,1 % del total. Cómo se puede observar en la tabla XIV-3 estos valores no han variado en los últimos años.

En cuanto a violencia sexual, durante 2017 los datos muestran que el INMLCF atendió 23.798 casos. Lo que significa un incremento de 11,2 % frente al año anterior.

Más aún, entre 2008 y 2016 el instituto valoró en promedio 21.385 casos al año. La gran mayoría de las víctimas fueron mujeres (85,4 % del total) y dentro de ellas, niñas y adolescentes contra las cuales se cometieron el 86 % de los casos reportados en mujeres (tabla XIV-4).

Una entidad fundamental en los municipios para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres son las Comisarías de Familia:

Las cuales atienden temas de gran trascendencia como son la violencia intrafamiliar y la protección de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y discapacitados en el contexto del desarrollo de la familia y de protección integral de sus miembros que también sirven de mecanismo de acceso a la justicia en los casos mencionados.

A pesar de su gran importancia, no se cuenta con un sistema de información y monitoreo que permita conocer cómo es la atención prestada (ESAP-DNP, 2014). Ni hay garantía de su adecuado desempeño. Ya que depende completamente de la capacidad institucional del municipio.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación (2012), en su informe de vigilancia superior a la garantía de los derechos desde la perspectiva de género, en la página 1, “existe un significativo atraso en el desarrollo del objeto misional de las Comisarías de Familia. Pues los hallazgos sobre la estructura, el funcionamiento y la organización de estas entidades muestran la complejidad de la tarea pendiente para su fortalecimiento por parte de las administraciones locales”

De acuerdo con la evaluación de la Política de Equidad de Género para las Mujeres. La línea telefónica 155 de orientación a mujeres víctimas de violencias. Ha atendido 1.015.954 llamadas desde que se puso en funcionamiento en 2013 (tabla XIV-5).

Esta Línea fue presentada como “la línea de orientación, asesoría psicológica y jurídica de manera gratuita en todo el territorio nacional”. Sin embargo su accionar se ha ido acotando hacia la orientación, información sobre rutas, formas de violencias y los procedimientos para la atención en salud y en términos jurídicos (DNP, 2017c). 

Uno de los retos que enfrenta la atención a las mujeres víctimas de violencia basada en género es la desarticulación institucional existente en la prevención, atención y protección de las víctimas, así como en la sanción a los agresores.

Esto por cuanto los mecanismos a nivel nacional y territorial no garantizan una respuesta intersectorial con miras al restablecimiento de los derechos.

Para la adecuada gestión territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana se requiere que se programen, implementen y evalúen programas y acciones relacionadas con los problemas de violencia, delincuencia y seguridad.

Estos procesos y herramientas de planeación deben ser más incluyentes y superar el abordaje coyuntural y policial de la seguridad y la convivencia ciudadana.

Así mismo, respecto a las medidas de protección colectivas otorgadas a colectivos de mujeres. La Unidad Nacional de Protección (UNP) reportó que en 2017 se realizaron tres estudios de riesgo. Los cuales se encuentran en la fase de implementación de medidas por parte de cada entidad y de la UNP, de acuerdo con el marco de sus competencias.

Todo lo anterior hace necesario el fortalecimiento de los organismos de articulación interinstitucional a nivel nacional y local. La consolidación de la Línea 155 y el fortalecimiento de las Comisarías de Familia como estrategia de promoción del acceso a la justicia y garantía de derechos contemplada en la Línea B del Pacto por la Legalidad.

(Lea También: Mujeres Rurales como Agentes de Transformación en el Campo)

2. Objetivos y estrategias

a. Objetivos

Se establecen los siguientes objetivos: (1) avanzar en la convivencia escolar a través de las prácticas asociadas a la equidad y la no discriminación de las niñas y adolescentes para la prevención de la violencia de género. (2) Fortalecer la institucionalidad encargada de la prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de la violencia de género.

b. Estrategias

Objetivo 1. Avanzar en la convivencia escolar a través de las prácticas asociadas a la equidad y la no discriminación de niñas, niños y adolescentes para la prevención de la violencia de género

a) Prevención de la violencia basada en género desde el ámbito escolar 

El sistema educativo es un escenario fundamental para la prevención temprana de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Los ambientes escolares deben proporcionar entornos seguros en igualdad para niños y niñas, y potenciar su aprendizaje y desarrollo.

En este sentido, tal y como se desarrolla en la línea C del Pacto por la Equidad, el Ministerio de Educación (MinEducación) fortalecerá el enfoque de la prevención primaria. Para lo cual se realizarán acciones pedagógicas de formación y acompañamiento a maestros y a la comunidad educativa en general, con el objetivo de fomentar las competencias ciudadanas y socioemocionales en relación con la educación en derechos humanos, así como la erradicación de la discriminación y reproducción de estereotipos de género que podrían repercutir en actos de violencia futura.

b) Objetivo 2. Fortalecer la institucionalidad encargada de la prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de la violencia de género

a) Masculinidades no violentas y corresponsables 

Con el objetivo de generar nuevas estrategias para la erradicación de todo tipo de violencias contra las mujeres. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) en articulación con el Ministerio de Cultura impulsará programas de sensibilización con el sector público y la sociedad civil. Con el fin de superar estereotipos y construir masculinidades no violentas y corresponsables.

Estos programas tendrán en cuenta el valor del rol trasformador de los hombres en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Con apoyo de la ANTV se realizarán emisiones televisivas orientadas a la prevención de las violencias contra las mujeres.

b) Consolidar la Línea 155 como estrategia para la prevención y atención jurídica y psicológica de las mujeres 

La CPEM y la Policía Nacional fortalecerá la Línea 155 a través de la ampliación de la atención y acompañamiento a las víctimas de casos priorizados. Mantendrá su labor de información y orientación a las mujeres víctimas.

c) Desarrollar un programa para el fortalecimiento técnico de las Comisarías de Familia

El Ministerio de Justicia y del Derecho, con el fin de fortalecer la prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, formulará el proyecto de rediseño de las Comisarías de Familia. Dando respuesta al exhorto realizado por la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-735 de 2017.

En este mismo orden, formará en género e implementará modelos de atención a mujeres en Comisarías de Familia, consultorios jurídicos, entidades prestadoras de servicios de Justicia del Ejecutivo y centros de conciliación, en territorios priorizados.

Para el fortalecimiento de las mujeres rurales se implementará una estrategia para mejorar su capacidad de participación en el acceso a la justicia. A través de la difusión de las rutas de acceso, pedagogía en derechos para mujeres, conocimiento de las fases de los procesos, rol de usuario, derechos y deberes ante la justicia (en línea con las evaluaciones planteadas en la línea A del Pacto por la Equidad).

d) Hacia la redefinición de una estrategia de convivencia pacífica y seguridad ciudadana

• El Ministerio del Interior, con la asistencia de la CPEM, impulsará la incorporación de enfoque de género para las mujeres en la formulación de la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2018-2022) (Pacto por la Legalidad).

• La UNP actualizará y adecuará las medidas de prevención y protección colectiva con enfoque diferencial en mujeres y dará énfasis al fortalecimiento organizacional, y a las medidas de tipo psicosocial y cartografías del cuerpo respecto a agresiones físicas.

• Así mismo, en el marco de la Mesa Nacional de Garantías el Ministerio del Interior. En articulación con la CPEM, diseñará estrategias orientadas a la protección de mujeres lideresas defensoras de derechos humanos.

• El Ministerio del Interior (MinInterior) diseñará un abordaje integral de las acciones de prevención, protección y garantías de no repetición a través de un Programa Integral de Garantías en torno a la articulación y misionalidad institucional.
  
  En este sentido, las acciones se orientarán a la atención de las necesidades particulares de las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos. Según su edad y ciclo vital, sexo, orientación sexual e identidad de género, pertenencia étnica y situación o condición de discapacidad. Así como a sus particularidades económicas, culturales y sociales.

• EL Ministerio de Justicia y del Derecho diseñará una propuesta de política para la prevención y sanción de violencia sexual contra las mujeres, niño, niñas y adolescentes. También adaptará los lineamientos y diseñará herramientas metodológicas de prevención de la violencia sexual en mujeres, niños, niñas y adolescentes. Según las particularidades de los territorios.

• El DNP, en articulación con la CPEM y las entidades competentes en prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia, diseñará y promoverá la II Fase del Plan para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias.

• El Ministerio de Salud, en el marco de los avances en el Comité de Sistemas de Información en Violencias de Género18. Implementará el Sistema Integrado de Información de Violencias de Género. El cual debe incorporar las distintas fuentes de información disponibles en el país.

e) Prevención y medidas para la eliminación del acoso laboral y acoso sexual laboral 

El Ministerio del Trabajo (MinTrabajo) promoverá un espacio interinstitucional que permita trazar una ruta de atención y protocolo a denuncias de acoso laboral y acoso sexual laboral.

MinTrabajo promoverá una cultura libre de violencias y discriminaciones en el lugar del trabajo

 

3.Metas

 

---

• 17 Las Comisarías de Familia son entidades públicas, forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público en cada municipio o distrito. Tienen funciones y competencias de autoridad administrativa con funciones judiciales. Tienen funciones y competencias de Autoridad Administrativa de orden policivo, y cumplen funciones y competencias y son autoridad administrativa de restablecimiento de derechos (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2018).
  18 El Comité está conformado, entre otras entidades, por: DANE, Ministerio de Justicia, INMLCF, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) y el Ministerio de Salud.