Congreso Monotemático

Ante las múltiples dificultades que presenta el proyecto de referendo reeleccionista:

Tanto por razón del trámite como por los aspectos constitucionales –además del intrincado problema de las fuentes de financiación para la recolección de firmas y las consiguientes responsabilidades penales–, los partidarios de reelegir una vez más al doctor Uribe para la Presidencia de la República han decidido radicar un nuevo proyecto. Esta vez de Acto Legislativo. Para reformar de nuevo el artículo 197 de la Constitución, que ya se había modificado con miras a la primera reelección por Acto Legislativo 2 de 2004.

Se expresaría sencillamente: “Nadie podrá ser elegido para ocupar la Presidencia de la República por más de tres períodos consecutivos”.

El proyecto de Acto Legislativo comenzará su trámite en el Congreso, sin que se haya retirado el proyecto de ley que convocaría al referendo, cuyo tercer debate se aproxima en la Comisión Primera del Senado de la República.

Éste no puede ser retirado por los promotores como si fuera de su propiedad, ya que está de por medio la iniciativa popular. Aunque, desde luego, sería muy fácil –si así lo quiere la mayoría– hundir ese proyecto, y abandonar de modo definitivo la idea del referendo –que tiene “mala pata”. Según algunos–, para dedicarse por entero los congresistas a la aprobación del Acto Legislativo.

Si bien les va, la Constitución estaría modificada antes del 16 de diciembre, y en las elecciones del año entrante podría participar el Presidente de la República, sin correr el riesgo de ser descalificado. Como acontece con el referendo, dada la equivoca redacción del texto y las vicisitudes que su trámite ha padecido y tendrá que padecer todavía en caso de que los uribistas persistan en su aprobación.

Todo lo anterior, visto bajo la perspectiva de quienes desean seguir viendo a Uribe en el solio de Bolívar por cuatro años más –al menos por ahora–.

Pero, a la luz de los intereses nacionales, todo lo que ocurre alrededor de la propuesta reeleccionista está generando muchos males, de los que no sabemos muy bien si es consciente el Jefe del Estado.

Todas las energías del Gobierno, del Congreso y de la opinión pública están concentradas en la polémica de la reelección, con lamentable descuido de las mayores urgencias del país en terrenos como el social, el económico, el de la administración de justicia, el internacional, el de la salud, el de la educación, el de la vivienda, el de la proliferación de comportamientos delictivos muy diversos, el del desplazamiento, para mencionar apenas los de mayor relevancia.

Las sesiones del Congreso, en el primer mes de su actividad en este período, han sido por completo estériles, y lo serán todavía más a lo largo de los meses siguientes, enfrascados como estarán los legisladores en la discusión política sobre el tema del Acto Legislativo o en el referendo, o en ambos al tiempo.

Y entonces, ante un Congreso monotemático, su función institucional y su papel representativo desaparecerán. (Abril 15 de 2009).

Error Tras Error

Cuando esta columna sea publicada, ya se habrá llegado probablemente a un acuerdo entre el Presidente del Partido de “la U”, Luis Carlos Restrepo, y el Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Barón, en el sentido de que el primero retire la recusación contra el segundo para designar a quienes por esa Corporación habrán de integrar la Comisión de Conciliación que pacte el texto unificado sobre referendo reeleccionista, que posteriormente será sometido a las plenarias de ambas cámaras.

La idea de Restrepo era, al parecer, evitar unos conciliadores de Cámara contrarios al referendo, pero lo único que logró fue complicar el asunto.

Sin duda, la recusación fue una torpeza, pues el recusante partía de la base de que ya el Presidente de la Cámara tiene tomada una posición sobre el referendo (en contra), y pensó que ello lo inhabilitaba para cumplir una función que le asigna expresamente el reglamento del Congreso (Ley 5ª de 1992). Sin considerar que, de ser aceptada la recusación, otro representante debería hacer la designación, y que éste también podría ser recusado, y también quien lo reemplazara, y quien reemplazara a este último. Y así, en una cascada interminable de recusaciones que, a la postre, frustraría por completo el trámite del referendo. (Lea También: Intimidación, Revista Jurisdictio)

La base de la recusación –haber tomado partido– es absurda, ya que todos los congresistas lo han hecho; y todos los presidentes de las cámaras son congresistas, y tienen posiciones tomadas, y votan en algún sentido respecto a todos los proyectos que se tramitan en el Congreso.

Si siguiéramos a Restrepo, también el Presidente del Senado, Hernán Andrade, podría ser recusado para el mismo efecto por ser conocida su posición a favor del referendo, lo cual es perfectamente legítimo.

Ahora ocurre que, habiéndose enredado el trámite por cuenta de la recusación, el doctor Restrepo estima que ella puede ser negociada, y eso también resulta equivocado.

Las recusaciones se presentan por convicción. Y se justifican cuando, en cabeza de un congresista, existe alguna causal de impedimento para participar en la discusión y votación de un proyecto. Hay que darle la oportunidad de declararse impedido, y debe tratarse de una verdadera razón para separarlo de la decisión. Ninguna de esas exigencias fueron cumplidas en este caso.

Queda el incidente como otro error más de los muchos que se han cometido durante este trámite accidentado del referendo reeleccionista. (Mayo 26 de 2009).

Las Interceptaciones Ilegales

Otra vez sufre la imagen de Colombia en el exterior, y crece el desprestigio del Gobierno ante la comunidad internacional, como si no hubiera sido suficiente todo lo que se ha dicho y escrito en los medios del mundo acerca de la “parapolítica”, la “yidispolítica”, los “falsos positivos”, el uso abusivo del emblema de la Cruz Roja en la Operación Jaque, los enfrentamientos del Presidente con la Corte Suprema de Justicia, la persecución a periodistas no afines al régimen…

En fin, las recientes denuncias sobre interceptaciones telefónicas y grabaciones ilegales –que no son nuevas, y que se han denunciado públicamente en muchas oportunidades, en medio de las más rotundas negaciones por parte del Ejecutivo–, narradas por los mismos funcionarios del DAS, y que se han perpetrado contra magistrados, políticos de oposición, informadores y columnistas, nos exhiben de nuevo en el extranjero como un sistema en el que se han perdido en la práctica las garantías de los más elementales derechos de las personas. La libertad política de los opositores, y donde la administración de justicia no puede llevar a cabo su labor sin la injerencia arbitraria e ilícita de agentes estatales.

Lo pero es que no se trata sólo de imagen, sino de hechos.

Las explicaciones del Gobierno no convencen: las funda primordialmente en el hecho de que algunos funcionarios suyos también aparecen como “chuzados”.

Si ese fuera un argumento para excluir la responsabilidad del Ejecutivo, a éste le quedaría bien fácil la coartada: ordenar la interceptación de comunicaciones de los personajes considerados “blancos legítimos”. Autorizando a los ejecutores de la interceptación para incluir en la “chuzada” a algunos funcionarios de la administración.

No debemos olvidar que ya hace más de un año, y en el interior de la Policía Nacional:

Hubo gran escándalo –que, por cierto, no concluyó en nada diferente a la extraña caída de 12 generales de ese cuerpo civil armado, sin embargo no comprometidos ni sindicados por las interceptaciones–. Pues jamás pudo establecerse quién o quiénes impartieron las ordenes selectivas que fueron allí ejecutadas.

Tampoco puede ignorarse que la anterior Directora del DAS renunció en noviembre a raíz de la divulgación de documentos oficiales internos. En los que se instruía al personal del DAS sobre seguimiento, interceptación y vigilancia a dirigentes del Polo Democrático. Tampoco en esa oportunidad se pudo establecer de dónde provenían los designios y las ordenes.

Como en el caso de los “falsos positivos”, muy probablemente todo culminará en el hallazgo de chivos expiatorios de rango medio y bajo, y los autores intelectuales quedarán en la impunidad.

Preocupa en alto grado lo que expresaba a SEMANA una de sus fuentes:

“Acá se trabaja por blancos y objetivos que puedan ser una amenaza a la seguridad del Estado y del Presidente. Dentro de esos está la guerrilla, las bacrim (bandas criminales), algunos narcos.

Pero dentro de esos blancos también están, y es obvio como parte de una de las funciones del DAS, controlar a algunos personajes e instituciones para mantener informada a la Presidencia.

Por ejemplo, cómo no va a ser misión del DAS controlar a Petro, que es un ex guerrillero y es de la oposición. O a Piedad Córdoba, por sus vínculos con Chávez y la guerrilla…”. (…) “Cualquier persona o entidad que represente un eventual peligro para el gobierno debe ser vigilada por el DAS.

Y en ese orden de ideas desde hace más de un año se empezó a considerar y tratar como un ‘blanco’ legítimo las actividades de la Corte, y algunos de sus miembros”. ¿Habrase visto semejante cosa? (Febrero 24 de 2009).

En Busca del Equilibrio

Nos parece que la reunión entre el Presidente de la República, los presidentes de las altas corporaciones de justicia y el Fiscal General de la Nación, respecto al escándalo de las “chuzadas” telefónicas y el seguimiento a sus asuntos personales aprovechando los datos del organismo estatal que tiene acceso a ellos para fines muy distintos. Aunque no produjo ningún efecto específico de mayor seguridad entre los magistrados acerca de que, como lo prometió el Gobierno, no continuarán esas detestables prácticas policiacas –que obstruyen la administración de justicia y rompen el equilibrio entre los poderes–. Cuando menos significó un avance hacia la efectividad de principios constitucionales hasta ahora ignorados o menospreciados por la administración.

Lo que un sistema genuinamente democrático debe aplicar y mantener es lo que, con gran sencillez, expone el artículo 113 de la Constitución actual –era el 55 de la Carta de 1886– : una equilibrada distribución de funciones entre las ramas y órganos del poder público. De manera que cada cual marche por la vía institucional trazada, sin interferencias de los demás. Acompañada por una armónica y respetuosa colaboración entre sus titulares y funcionarios para lograr los fines que persigue el Estado.

Es la idea original de Montesquieu –separación de poderes–, complementada y morigerada por el constitucionalismo moderno –colaboración armónica–.

Lo que importa bajo esa perspectiva constitucional no es que los transitorios ocupantes de los edificios públicos alcancen sus intereses personales o políticos:

Sino que, cada uno en su rol, se pongan al servicio de la colectividad dentro de un marco jurídico plasmado en la Constitución y en las leyes, en el Estado Social de Derecho. Para conseguir los objetivos que requiere la población en un momento histórico determinado.

No apreciar ese papel del Estado y de sus servidores, y entrar en las pequeñeces de disputas coyunturales –ubicadas en primer nivel– dejando en segundo, tercero o cuarto orden de prioridades las reales necesidades y requerimientos de los asociados, es desnaturalizar el Estado, y significa dar al traste con los logros democráticos de la sociedad y con los valores y principios contemplados en el sistema jurídico y queridos por el Constituyente.

Por otro lado, no se crea que los ciudadanos de a pie no perciben lo que ocurre.

Ellos se sienten defraudados cuando los pasajeros titulares de funciones públicas usan el poder para sus propios fines; cuando desvían las herramientas suministradas por el Derecho para lograr propósitos inferiores o diferentes. Cuando pierden de vista la grandeza de su compromiso y se enredan en trifulcas menores, indignas de sus cargos.

Ahora bien, el respeto a la función judicial y su independencia han venido afectados en la última época. El Gobierno y los jueces deben integrar sus esfuerzos para recuperarlo en todo su contenido. (Mayo 13 de 2009).