A Colombia le puede resultar un mejor negocio legalizar el consumo de estupefacientes, que seguir en una costosa e interminable guerra contra los cultivos ilícitos. Editorial del diario capitalino, del jueves 4 de julio.
El seminario sobre lucha contra los cultivos ilícitos que convocó hace pocos días el Plante (Plan Nacional de Desarrollo Alternativo) terminó con unas conclusiones que son novedosas, al tratarse de un certamen de estudios promovido por el gobierno nacional. De acuerdo con los expertos que examinaron las posibilidades de sustituir cocales, campos de amapolas y otros productos prohibidos, los esfuerzos que se realizan para erradicar los cultivos ilegales y reprimir a los traficantes son insuficientes para solucionar el problema. Lo que se necesita es plantearse de una vez por todas la liberalización del consumo de estupefacientes.
Hay muchas maneras de decirlo: despenalizar, liberalizar, legalizar. Pero todos sabemos de qué estamos hablando: de dar un vuelco completo en la lucha contra la droga, con el fin de dejar sin oficio a los carteles criminales que hoy se enriquecen con su tráfico, y ponerla en manos de autoridades sanitarias o especialmente licenciadas. En este caso, el mayor esfuerzo ya no tendrá que dirigirse a fumigar cultivos y comprar armas para combatir a los narcotraficantes, sino a educar a la población sobre los riesgos de la droga y a considerar a los consumidores como enfermos y no como criminales.
Francisco Thoumi, experto internacional que lleva años analizando el fenómeno de la droga en el mundo, advirtió con claridad en el seminario que la liberalización es la única solución viable.
Después de señalar que la situación es peor hoy que hace una década, mostró de qué modo el modelo represivo pone a los cultivadores en manos de los traficantes o de los grupos armados, deslegitima al Estado y, lo último y más significativo, simplemente no funciona. Como bien lo sabe Colombia, que ha pagado el más alto precio -humano, económico, ecológico- en la guerra mundial contra la droga, que lidera Estados Unidos. Tanto los jefes de la guerrilla como los paramilitares no tienen ya reparo en reconocer que el narcotráfico es hoy la fuente principal de sus formidables ingresos.
En el esquema represivo se alían poderosos elementos para fomentar el narcotráfico. La crisis del campo lanzó a nuestros campesinos al cultivo de plantas sicotrópicas, únicos productos que se pagan bien y no enfrentan competencia subsidiada en Estados Unidos y Europa. Cuando el gobierno fumiga estos cultivos, lo que hace es espantar a los campesinos para que busquen la protección de sus socios en el negocio -guerrilleros, paramilitares y narcos- y convertir al Estado y a la fuerza pública en enemigos de su precaria economía de subsistencia.
En lugar de la terca insistencia en la fumigación, con sus nocivos efectos sociales y ecológicos, si se trata de golpear al narcotráfico donde más le cuesta y le duele, más valdría poner creciente énfasis en una drástica interdicción aérea. Pero esta lleva más de año y medio suspendida desde cuando fue derribada por accidente en el Perú una avioneta de un misionero estadounidense y se armó tremendo escándalo en el Congreso de Estados Unidos. Sobra decir que la muerte de decenas de pilotos colombianos en labores de fumigación, o las centenares de familias campesinas envenenadas o arruinadas por los pesticidas que les llueven de arriba no causan en Estados Unidos una conmoción parecida.
Mientras tanto, aumenta el consumo de droga en el mundo. Según cifras de la ONU dadas a conocer la semana pasada, hay ya casi 13 millones y medio de consumidores de cocaína. “Mientras persistan los niveles actuales de consumo mundial”, dice María Inés Restrepo, la infatigable pero realista directora del Plante, “los esfuerzos de países como Colombia seguirán siendo insuficientes para superar este problema”.
Prueba de ello es que en Bolivia, donde se habían logrado reducir los cocales a costa de su expansión en Colombia, no sólo se registra otra vez un importante aumento de la producción de estas hojas, sino que con él han llegado nuevas dificultades políticas nacionales e internacionales: los habitantes de la región de Chapare están en pie de guerra contra las autoridades, y el embajador de Estados Unidos ha tenido a bien intervenir en las recientes elecciones vetando a Evo Morales, dirigente de los campesinos cocaleros, lo que suscitó la protesta de todos los candidatos y subió la votación que pretendía castigar con su veto. Por otra parte, el gobierno peruano decidió en días pasados suspender de manera unilateral todos los programas de erradicación de coca y sustitución de cultivos por considerar que han sido un fracaso.
No es difícil, pues, compartir la preocupación de los asistentes a este seminario, que no vacilan en recomendar la liberalización de la droga como salida a una situación cada vez más insostenible.
