Editorial, Heraldo Médico Vol XXII No 227 Marzo

Sergio Isaza Villa, MD
Secretario Nacional Federación Médica Colombiana

El año de 1999 fue un año muy violento para Colombia. Hemos sabido de masacres, enfrentamientos militares, asesinatos de personas dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos y a propiciar el diálogo para acercarnos a acuerdos que permitan ver la paz como algo alcanzable.

Por otra parte, han sido secuestradas muchas personas ajenas al conflicto armado. La sociedad conoce de la suerte corrida por periodistas, gracias a la amplia denuncia que hacen los medios de difusión; convocan a la protesta y públicamente instan a sus captores a que liberen a sus presas.

Sin embargo, no hemos sabido por esos mismos medios de la increíble cifra de médicos que fueron asesinados o secuestrados durante el año que acaba de terminar, mientras cumplían con su labor profesional; es decir, atendían enfermos para ayudarles a resolver sus problemas de salud, mitigar su dolor o enseñarles a evitar la enfermedad.

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Cifras que obtuvo la Federación Médica Colombiana consultando a los Colegios Médicos departamentales

Las cifras que obtuvo la Federación Médica Colombiana consultando a los Colegios Médicos departamentales, a los organismos de seguridad del Estado y a las Secretarías Seccionales de Salud sobrepasan las expectativas que teníamos cuando se inició la investigación, sabiendo además, al concluirla, que los datos eran incompletos, pues en varios departamentos se abstuvieron de averiguar a fondo, ya fuera por la vigencia de amenazas de muerte sobre varios colegas o por temor a represalias.

Señores de los medios de comunicación: 43 médicos, ¡CUARENTA Y TRES! han desaparecido de la vida nacional. Unos asesinados y otros secuestrados.

Así fuera solo uno, su denuncia amplia por todo el territorio nacional e internacional, estaría plenamente justificada. Pero cuarenta y tres profesionales médicos, servidores de las comunidades a donde pertenecían, no soportan el silencio. Exigen un estruendoso grito de repudio en la prensa hablada y escrita, en marchas callejeras, en conversaciones cotidianas.

El número es escalofriante, aterrador y exige una investigación a fondo por parte del Estado, con la participación de la Asociación Médica Mundial, las organizaciones que velan por el cumplimiento de los Derechos Humanos y la Cruz Roja Internacional para determinar la autoría de los criminales.