Reforma del Sistema de Salud Pública

Las consecuencias de esta reestructuración en el campo de la salud pública han sido muy negativas porque se debilitaron las acciones de promoción y prevención y se eliminaron los programas nacionales de vacunación y de control de enfermedades transmisibles que siguen siendo responsabilidad del gobierno según el artículo 49 de la Constitución de 1991. Es inadmisible que desde hace años haya desaparecido el Sistema Nacional de Información epidemiológica.

Varios estudios demuestran el deterioro de los indicadores de cobertura de vacunación infantil,9 de incidencia de malaria10 y de tuberculosis.11

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Salud la tasa de incidencia de sífilis congénita aumentó de 0,9 x 1000 a 2,62 x 1000 entre 1998 y 2009. Es decir que tuvo un incremento de 30%. De igual modo, la incidencia de sífilis gestacional pasó de 1,29 x 1000 a 5,75 x 1000 entre 2003 y 2009, o sea que tuvo un aumento del 80% en 6 años.

El Ministerio de la Protección Social emite informes en los que analiza las tendencias descendentes de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) o ascendentes de la Esperanza de Vida (EV) como demostraciones de la bondad del sistema de salud establecido hace 16 años por la Ley 100.

Vale la pena dejar muy claro que ninguno de estos dos indicadores, ni la TMI ni la EV está relacionado con un sistema de atención médica, ya que son medidas del progreso general en otros sectores como el de vivienda adecuada con agua potable y disposición de excretas que sí disminuyen drásticamente la mortalidad infantil por diarreas, lo cual tiene una relación directa con la disminución de la Tasa de Mortalidad Infantil y, en consecuencia, con el aumento de la Esperanza de Vida.

Al contrario, la Tasa de Mortalidad Materna, que sí depende del acceso a un sistema de atención médica, tiene una tendencia al aumento desde 1995 cuando era de 60 x 100.000 nacidos vivos a 80 x 100.000 nacidos vivos en 2007, es decir, un aumento de un 25%.12, 13

Una medida del impacto de la enfermedad en la sociedad es la estimación de la “Carga de Enfermedad”. El concepto fue desarrollado por el Banco Mundial y aparece en el Informe publicado en 1993 “Invertir en Salud”, donde se definen los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVADs) (en Inglés Discapacity Adjusted Life Years- DALYs) como una medida de la pérdida económica debida al impacto de una enfermedad en la vida productiva de una persona y es función de la edad.

Un AVISA, Años de Vida Saludable, es esta misma medida a la que se le ha computado además la pérdida económica por mortalidad prematura.14

En un reciente estudio del CENDEX de la Universidad Javeriana, se concluye que en los últimos diez años en Colombia, es decir durante la vigencia de la Ley 100, la Carga de enfermedad medida en AVISAS x 1.000 ha aumentado de 174,07 a 279,58, es decir, en más de un 60% tal como aparece en la Tabla 3 15:

Esto quiere decir que el impacto de la Ley 100 ha sido aumentar en más de la mitad la enfermedad y la mortalidad que el país tenía en 1995.

Un sistema de salud que aumenta la enfermedad y la mortalidad de aquellos a quienes cubre, sólo puede ser calificado como un mal sistema.

El SGSS y la Crisis de la Salud

Paradójicamente, la situación de crisis del SGSSS ocurre cuando existe una mayor disponibilidad de recursos económicos para el sector. Sin embargo, tan cuantiosos recursos, que son de carácter público, son consumidos en gran parte por los entes intermediarios que creó la Ley 100, casi todos corporaciones privadas con ánimo de lucro. Sorprende que, en medio de esta profunda crisis, los entes intermediarios privados registren cuantiosos excedentes, lo cual les ha permitido grandes inversiones en campos diferentes y alejados de la destinación obligatoria de los recursos de la salud que son de carácter público.

Es evidente una alarmante carencia de información y de controles efectivos, lo cual ha llevado a la creciente posición dominante de las entidades intermediarias y a la creación de monopolios y oligopolios que se traduce en un una lucrativa industria de la salud, con preocupación preponderante por el alto rendimiento económico y por la ausencia del propósito de beneficio social.

El Gobierno proclama aumento en la cobertura del aseguramiento, pero en realidad esto es una falacia, por cuanto lo que se ha logrado es la carnetización, pero no el acceso ni el beneficio total y de alta calidad en la atención de la salud. El SGSSS de Colombia con sus diferentes planes de servicios según la capacidad económica de la persona, es reconocido hoy como el más costoso y e inequitativo de Latinoamérica.

El SGSSS se fundamenta en el concepto neoliberal de privatización de la atención de la salud, con mínimo control por parte del Estado y una alarmante permisividad para la operación de las corporaciones intermediarias. Con excepción de los Estados Unidos, donde prima el modelo de managed care establecido en el gobierno republicano de Richard Nixon, y de Chile –donde se desmonta el sistema de managed care implantado por el gobierno de Pinochet para sustituir al anterior Sistema Nacional de Salud que fue ejemplo en el continente–, no se encuentra ningún otro país del mundo con tal modelo de intermediación.

En el SGSSS las entidades administradoras de planes de beneficios mantiene directorios cerrados de médicos y profesionales de la salud y no brindan al asegurado la libre escogencia del médico, de los demás profesionales de la salud o de la IPS, en contravía de lo que ordena la misma Ley 100.

La actual crisis demuestra que el modelo de intermediación y de mercado de la salud colombiano es inadecuado por defectos estructurales, y debe ser modificado.

La Academia Nacional de Medicina considera que ante el colapso del SGSSS se requiere emprender una profunda reforma estructural del sistema de salud en Colombia. También las Academias regionales de medicina, los capítulos de la Academia Nacional, la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional, las Asociaciones y Sociedades Científicas y otros grupos han producido valiosas reflexiones sobre la reforma estructural mencionada.

14 World Bank 1993, World Development Report 1993: Investing in Health, World Bank, Oxford University Press, Washington DC, p. 26.

15 Rodríguez García J, 2008, Carga de Enfermedad en Colombia 2005, CENDEX, Documento Técnico ASS/ 1502-08, Tabla 33, p. 52, Octubre 2008.