Informe Especial Haití

Capítulo IV.- la situación de los derechos humanos en Haití

1. Introducción

99. El capítulo IV trata de la situación de los derechos humanos en Haití a partir del mes de enero hasta agosto de 1994. El análisis sobre la situación se basa principalmente en la información obtenida durante las visitas in loco realizadas en Haití, en el mes de mayo y octubre de 1994, a través de testimonios directos y documentación recibida de grupos no gubernamentales y de denuncias individuales, así como la documentación recibida en la sede de la Comisión y en la información proporcionada por la Misión Civil Internacional OEA/ONU.

100. Este capítulo ofrece una panorama general de la situación de los derechos humanos en Haití durante el período de enero a agosto y presenta ejemplos de casos ilustrativos del tipo de violaciones que la Comisión observó con mayor frecuencia y se señalan nuevos métodos represivos utilizados por los militares o grupos paramilitares: las masacres cometidas contra poblaciones rurales; la aparición en las calles de Puerto Príncipe de cadáveres mutilados y desfigurados; la violencia ejercida contra las mujeres y las violaciones sexuales; y las violaciones a los derechos de los niños. La mayoría de las violaciones denunciadas ante la Comisión y descritas en este capítulo se refieren a hechos cometidos durante el régimen dictatorial.

2. La Represión

101. La mayoría de las violaciones registradas por la Comisión se refieren a hechos cometidos entre los meses de enero y septiembre de 1994, por agentes de las Fuerzas Armadas, grupos paramilitares y miembros del llamado “Frente Revolucionario para el Avance y el Progreso de Haití” (FRAPH), quienes actuaban en operaciones coordinadas con el Ejército y la Policía. A pesar de la condena por parte de la comunidad internacional, los duros informes sobre Haití presentados por los organismos encargados en forma permanente de la tutela de los derechos humanos de la OEA y la ONU, así como los de la Misión Civil Internacional y la ampliación de sanciones impuestas a través del embargo, las autoridades militares no cumplieron los compromisos relativos al respeto de los derechos humanos. Al contrario, cada vez que había un intento de expresión política los militares arreciaban la represión en contra de la población haitiana.

102. Desde el golpe de Estado del 29 de septiembre de 1991, se estima que 3.000 personas fueron asesinadas. En 1993, después de la firma del Acuerdo de Governors Island, la represión escaló niveles alarmantes cuando la población alentada por dicho acuerdo expresó públicamente su apoyo al Presidente Aristide.

Los casos de detenciones arbitrarias, palizas, allanamientos ilegales, confiscación de bienes e incendios, desapariciones forzadas y torturas se incrementaron, obligando a las víctimas y familiares a abandonar sus hogares y vivir en la clandestinidad. A mediados del año 1994, el Presidente Aristide declaró que el número de muertes había ascendido a 5.000.

103. La represión ejercida en forma sistemática por los militares trató de destruir todo tipo de organización, derecho de expresión y toda actividad de apoyo al régimen democrático.

A partir de enero de 1994, el régimen de facto aplicó nuevos métodos, particularmente efectivos para sembrar el terror en la población, incluyendo prácticas como las violaciones sexuales cometidas contra las esposas o familiares de militantes en favor del retorno de Aristide, quienes al no ser localizados por los militares, “attachés” o miembros del FRAPH abusaban de las mujeres y niñas que se encontraban presentes. De esta forma los abusos sexuales fueron utilizados como un instrumento de represión y persecución política.

Durante la visita de la CIDH en Haití, en mayo de 1994, a pesar de la resistencia de las víctimas a denunciar estos crímenes, la Comisión recibió 21 denuncias de violaciones y abusos sexuales y se entrevistó directamente con las víctimas de esta horrible práctica. En esa ocasión, la Comisión señaló que la comunidad internacional había reconocido reiteradamente el carácter universal de los derechos de la mujer, así como el hecho de que esas violaciones constituyen uno de los mayores crímenes en su contra.

104. Otro método para aterrorizar a la población consistió en dejar los cadáveres de las víctimas severamente mutilados en las calles de Puerto Príncipe, los que eran carcomidos por los animales ante la inacción de las autoridades que detentaban el poder. Esos actos repudiables tenían la doble finalidad de impedir que la víctima fuera identificada por los familiares, obstaculizando así su presentación ante la justicia, y por otra parte de crear un ambiente de represión preventiva ante cualquier tipo de manifestación popular.

105. En el interior del país también se incrementó el número y la brutalidad de las violaciones a los derechos humanos. La Comisión obtuvo testimonios que establecieron de manera fehaciente la responsabilidad del Ejército en la comisión de las masacres de poblaciones indefensas en Raboteau, Gonaives, Departamento de la Artibonite, el 22 de marzo de 1994. En dicho lugar, entre 15 y 20 pobladores fueron ejecutados, sin justificación alguna. Igualmente el Ejército atacó poblaciones en los Departamentos del Centro (Saut d’Eau) y Norte (Borgne). La Comisión recibió información sobre la campaña de represión que se puso en marcha en Borgne, donde se recurrió a incendios premeditados como estrategia de terror.

106. Dichos ataques revelaron características similares: verdaderas campañas militares, en donde unidades del Ejército asistidos por el FRAPH y otros grupos paramilitares, rodearon e irrumpieron en poblaciones bajo el pretexto de combatir grupos subversivos y localizar armas ilegales, golpeando indiscriminadamente a los habitantes, y cometiendo actos de incendio, destrucción de sus cultivos y robos, seguidos de detenciones arbitrarias. En el curso de esas redadas, los agricultores se veían obligados a pagar “rescates” para no ser víctimas de desmanes.

107. Durante la visita de la Comisión, en mayo de 1994, observó además que la mayoría de las violaciones presentadas seguían un patrón sistemático de represión revelando un plan político de intimidación y terror contra la población haitiana, en especial en los sectores que apoyaron al Presidente Aristide o que se habían manifestado a favor de la democracia en Haití. Así, en barrios marginales de Puerto Príncipe, tales como Cité Soleil, Sarthe, Carrefour y Fonds Tamara grupos paramilitares armados realizaban incursiones durante altas horas de la noche, asesinando y robando sus habitantes. En otras ocasiones, de acuerdo con la información recibida, las víctimas fueron secuestradas, obligándolas a abordar vehículos y conduciéndolas con los ojos vendados a centros de detención clandestinos, donde se les interrogaba y torturaba. Algunas de las víctimas eran liberadas después de varios días, otras sucumbían ante las severas golpizas infligidas. Durante su estadía en Haití, la Comisión recibió información sobre 133 casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre febrero y mayo de 1994.

108. Con respecto al derecho de reunión, la Comisión constató que el ejercicio de este derecho no existía para aquellos que apoyaban el retorno de la democracia. Cuando grupos de individuos trataban de ejercerlo eran detenidos y golpeados brutalmente por militares y agentes de la policía, acusándolos de ser terroristas. Un ejemplo de esos actos fue la detención de un grupo de 20 personas en Hinche, Departamento del Centro, el 29 de abril de 1994.

109. La misma situación se presentó en cuanto al ejercicio del derecho de expresión. La información recibida por la Comisión le permitió confirmar las limitaciones sufridas por los representantes de la prensa y la radio haitiana, quienes fueron objeto de actos de intimidación y represión, llevándoles a la autocensura de los medios de información. La mayoría de las estaciones de radio difusión se concretaban a emitir programas musicales ante el temor de que éstas fuesen destruidas y las noticias sobre la situación política del país eran difundidas por periodistas extranjeros, quienes también lo hacían con grandes restricciones y bajo su propio riesgo.

110. Los actos de represión e intimidación se hicieron extensivos a los integrantes de la Misión Civil Internacional, quienes en varias ocasiones fueron hostigados por las autoridades haitianas. El 23 de marzo de 1994, miembros de la Misión en la región de Hinche (Plateau Central) fueron agredidos por numerosos manifestantes dirigidos por miembros del FRAPH, ante la pasividad de las autoridades militares del lugar para poner fin a dichos actos, dejando de manifiesto su abierta complicidad con los miembros de dicho grupo.

111. Al final de su visita en Haití en mayo de 1994, la Comisión concluyó que el grave deterioro de la situación de derechos humanos obedecía a un plan de intimidación y terror en contra de un pueblo indefenso y responsabilizaba por esas violaciones a las autoridades que detentaban el poder de facto en Haití, quienes incurrían en conductas que permitían la acusación por crímenes internacionales que generan responsabilidades individuales.

B) Violencia contra las mujeres y abusos sexuales

119. Como fuera señalado anteriormente, desde el golpe de Estado contra el Presidente, Jean-Bertrand Aristide, el régimen ilegal de facto cometió un sinnúmero de abusos a los derechos humanos contra la población civil, particularmente, desde mediados del año 1993, después del fracaso del Acuerdo de Governors Island. La destrucción de los movimientos democráticos en Haití creó un clima de terror, utilizando para eso las mujeres como víctimas. Los instrumentos principales de represión infligidos a las mujeres y niñas en Haití fueron las violaciones sexuales yotros tipos de violencia y abusos cometidos por integrantes del Ejército y fuerzas policiales, sus auxiliares civiles armados los “Attachés”, grupos paramilitares y miembros del FRAPH, actuando en completa impunidad.

120. Mujeres de diferentes edades y condiciones, desde mujeres embarazadas hasta niñas de 5 años, se encontraron entre las víctimas de la violencia sexual. Las mujeres que desempeñaron un papel importante en la formación de instituciones democráticas en Haití fueron identificadas a causa de esas actividades políticas; muchas organizaciones de mujeres haitianas fueron atacadas y otras destruidas. También se identificó a otras mujeres por sus asociaciones personales y relaciones familiares, tomándose represalias contra ellas por las ideas y actividades políticas de un esposo, hijo, padre, novio u otro familiar masculino. Algunas mujeres fueron identificadas por su propio status y papel desempeñado en ayudar a la sociedad civil. El hecho de pertenecer a una organización popular o estar implicada en una actividad cuyo objeto era mejorar la comunidad local, fue considerado como la expresión de una opinión política en favor del Presidente Aristide. Numerosas mujeres fueron abusadas por el simple hecho de vivir en un barrio que apoyaba al Presidente Aristide (Cité Soleil); muchas de ellas al quedarse solas para cuidar a los hijos, porque el marido tuvo que huir o fue asesinado, representaban un blanco fácil y sin defensa.

121. La Misión Civil OEA/ONU señaló a ese respecto: “Siempre ocurre lo mismo: hombres armados, a menudo militares o miembros del FRAPH, entran violentamente en la casa de un militante político para detenerlo. Cuando no está y la familia no puede decir donde se encuentra, los intrusos se vuelven contra su mujer, hermana, hija o prima”.

122. Los abusos sexuales contra las mujeres haitianas se llevaron a cabo de diversas maneras pero con una sola finalidad: crear un clima de terror entre la población que apoyaba a Aristide. Comúnmente las mujeres eran violadas en la misma ocasión por varios hombres. Las mujeres embarazadas y las que acababan de dar a luz no se salvaron de esos crímenes. Muchas veces la violación se llevó a cabo en los hogares de las víctimas, delante de niños y otros familiares, atemorizando así, no sólo a la mujer sino a la familia entera. En varios casos la mujer fue obligada a ser testigo de la violación o asesinato de su hija o de otro familiar antes de ser violada ella misma. En un caso señalado ante la CIDH, un niño de quince años fue obligado a violar a su propia madre.

123. Otras formas de tortura sexual incluyeron golpes en los pechos y el vientre, frecuentemente infligidos a mujeres embarazadas con la intención de causar un aborto o de deteriorar la capacidad de engendrar. Muchas mujeres fueron asesinadas brutalmente por soldados o “attachés” quienes les dispararon o apuñalaron en la vagina. Además del abuso sexual, las mujeres fueron detenidas ilegalmente y sometidas a otras formas de tortura que resultaron en la mutilación.

124. Rara vez las mujeres haitianas denunciaron una violación, en parte por temor a las represalias ya que en muchos casos actores y fiscales eran las mismas personas.

Históricamente en Haití la policía formó parte del Ejército y esencialmente de soldados que ejecutaban funciones policiales. En los pocos casos en los que las mujeres intentaron denunciar las violaciones cometidas por el Ejército y sus auxiliares, las autoridades las amenazaron de tomar represalias, o simplemente no investigaron sus quejas. Por una parte, la corrupción e ineficacia del sistema judicial y prácticamente, en contra de la Constitución de 1987 (artículos 42 y 43), el Ejército y no las autoridades civiles, investigaban esos casos.

Por otra parte, la vergüenza impuesta por la sociedad a la mujer violada no la alentaba tampoco a denunciar la agresión. Esto subraya la importancia de reconocer claramente la violencia sexual como una violación grave a los derechos humanos.

125. Las heridas infligidas a las mujeres que fueron abusadas sexualmente, fueron a la vez heridas físicas y psicológicas, muchas de ellas sentían vergüenza y lo que es más, no regresaron a su pueblo por temor a ser rechazadas. En numerosos casos sus vidas privadas y relaciones familiares se deterioraron. En otros casos los resultados de los análisis médicos de algunas mujeres fueron positivos en cuanto al virus HIV, mientras que otras murieron a causa del abuso sexual.

126. Durante la visita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos efectuó en Haití el mes de mayo de 1994 recibió 21 casos de violaciones sexuales. Las víctimas que dieron sus testimonios ante la Delegación de la CIDH se negaron a dar sus nombres por temor a sufrir represalias. La Comisión presenta dos casos que reúnen en sí los mismos elementos y características contenidas en los 21 casos de violaciones.

“La víctima de 42 años de edad era miembro del Frente Nacional por el Cambio y la Democracia (FNCD). Su marido fue asesinado y ella fue perseguida por miembros del FRAPH y “macoutes”. En octubre de 1993 alrededor de las 7 u 8 de la tarde, miembros de esos grupos se dirigieron a la casa de su hija para dar con su paradero y matarla. Tres

hombres entraron en la casa; el resto se quedó afuera. Los hombres estaban vestidos de color verde oliva y llevaban Uzis. La amenazaron: “Tú estás a favor de Aristide, eres “Lavalas”. Vamos a matar a todos los que encontremos en la casa”. Dos de ellos la violaron y se llevaron todo lo que había, incluso dinero. La víctima afirmó tener un certificado médico. Luego de los acontecimientos descritos, la víctima se escondió unos días en casa de amistades, quienes finalmente por temor le pidieron que se fuera. La víctima y sus cinco hijos no tenían donde vivir. En el mes de mayo de 1994, la víctima recibió nuevas amenazas y fue golpeada por dos civiles”.

“La víctima tenía 46 años de edad. Alrededor de la medianoche del 29 de noviembre de 1993 cuando ella dormía, tres hombres ingresaron a su casa. Vestían un uniforme de color verde oliva, llevaban Uzis y pistolas. Algunos estaban encapuchados. Varios de ellos abusaron sexualmente de ella; la golpearon y destruyeron sus bienes. Asimismo, la amenazaron diciéndole que si al día siguiente se hablaba del incidente en la radio, regresarían y la matarían. Le dijeron que eso le había pasado por “Aristidista”. Si bien los vecinos oyeron ruidos, ninguno salió de su casa para auxiliarla por temor a que los mataran”.

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