Informe Especial Brasil

Antecedentes

1. Desde su instalación en 1961, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha seguido con especial interés la vigencia y evolución de los derechos fundamentales en Brasil, se pronunció en unos pocos casos sobre situaciones individuales entre ellos el más notorio sobre los derechos de los indígenas Yanomami en 1985, gracias a la competencia que emana de la Declaración Interamericana de Derechos y Deberes del Hombre, y ha formulado recomendaciones al Gobierno brasileño. También observó con satisfacción las progresistas reformas constitucionales y legislativas destinadas a consolidar esos derechos, y la formación de organizaciones no gubernamentales que luchan por su observancia y defensa. (1) Entre esas medidas resalta la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, formalizada el 25 de septiembre de 1992 (2.)

2. El 19 de junio de 1995 el Gobierno de Brasil, presidido por el Dr. Fernando Henrique Cardozo, otorgó su anuencia para que la Comisión realizara una misión de observación in loco al país. Esta anuencia había sido reiteradamente solicitada desde 1989 por la Comisión, debido a la preocupación por las informaciones oficiales, internacionales y de organismos no gubernamentales, sobre violaciones a los derechos humanos (3).

3. Tres meses antes de la visita in loco el Presidente Cardozo había enfatizado el reconocimiento de su Gobierno a la relevancia de los trabajos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y reiteró la determinación de Brasil de cooperar con ellas, refiriéndose a los progresos que estaba intentando realizar su Gobierno para encaminar al Brasil hacia soluciones permanentes a fin de enfrentar la violencia y la impunidad existente en algunas zonas urbanas y rurales.

4. La delegación de la Comisión estuvo integrada por el Presidente Dr. Alvaro Tirado Mejía, el Primer Vicepresidente Decano Claudio Grossman, el Segundo Vicepresidente Embajador John S. Donaldson, los miembros Dr. Oscar L. Fappiano y Dr. Patrick Robinson, la Secretaria Ejecutiva Embajadora Edith Márquez Rodríguez, el Secretario Ejecutivo Adjunto Dr. David Padilla, el Asesor Dr. Domingo Acevedo, los abogados principales, Dra. Martha Braga, coordinadora de la visita in loco, y Dr. Osvaldo Kreimer, el Dr. Milton Castillo, y el abogado asistente Lic. Felipe Sánchez.

5. La Comisión llevó a cabo su visita in loco entre el 27 de noviembre y el 8 de diciembre de 1995 cuando, dividida en cuatro delegaciones, observó la situación en Brasilia y Río de Janeiro; en San Pablo; en los Estados de Bahía y Pernambuco; y en los de Pará y Roraima respectivamente. Al finalizar la misma se congregó en Río de Janeiro para evaluar la información recibida.

6. La Comisión en su comunicado de prensa del 9 de diciembre, emitido tras dicha evaluación, identificó como problemas más importantes de Brasil en cuanto a derechos humanos los siguientes: la administración de justicia, incluido el Ministerio Público; los grupos de exterminio; la violencia urbana y rural, y la falta de seguridad de las personas; la discriminación racial; la situación de la población indígena; la violencia contra los ocupantes de tierras rurales no explotadas; los problemas de los niños y niñas “de la calle”; la violencia contra las mujeres; la violencia policial y su impunidad; y la tortura como método de investigación; el sistema penitenciario; la competencia de los tribunales militares para juzgar delitos comunes cometidos por las policías estaduales (“militares”); y la situación de servidumbre forzada de trabajadores rurales.

7. La Comisión conversó y recibió testimonios de las más altas autoridades políticas, administrativas, legislativas y judiciales del país, tanto federales como estatales, de trabajadores, niños, reclusos, organizaciones de profesionales, de trabajadores, universitarias, no gubernamentales y representantes de la sociedad civil (4).

Durante su visita la Comisión fue recibida con una actitud de apertura, transparencia y colaboración por parte de las autoridades brasileñas, para analizar en común los problemas de derechos humanos(5). Asimismo la Comisión tuvo la convicción de la sincera voluntad política del Gobierno de Brasil para incorporar y dar prioridad en su agenda política el tema de derechos humanos, hechos que se cristalizarían en el Plan Nacional de Derechos Humanos.

Capítulo II Los derechos sociales y económicos en el Brasil

1. La adopción de medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales es un compromiso internacional asumido por Brasil al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos según su Artículo 26, que señala que esos derechos son los “contenidos en la Carta de la OEA…”. Al respecto, la Carta de la OEA en su Artículo 33 indica que entre los objetivos básicos de su desarrollo integral convenidos por los países en la Carta, se encuentran la igualdad de oportunidades, y la distribución equitativa de la riqueza y de la renta. La Comisión considera importante incluir en este informe un sucinto panorama de la situación socioeconómica de Brasil, pues además de lo antedicho, los particulares desequilibrios en la distribución de la renta y de oportunidades en Brasil son a juicio de la Comisión, factor central generador de situaciones propicias a la violencia y a la violación de los derechos humanos.

2. Cumple al Estado promover su desarrollo integral con total soberanía en cuanto a su políticas y estrategias, pero de acuerdo a ese compromiso estos objetivos son indeclinables. Más aún, los estudios señalan la importancia de las decisiones del Estado en el mejoramiento de estas situaciones, y concretamente para el Brasil se ha demostrado que “la variación significativa entre Estados (federales) en cuanto a condiciones de pobreza que no es explicada sólo por diferencias de ingreso, sugiere que las políticas y estructura económica son también variables importantes”(1).

3. Tal como señala un amplio informe del Banco Mundial sobre el tema: “La pobreza recibe mayor atención en el Brasil actual que en el pasado por varias razones. El Presidente Fernando Henrique Cardoso ha hecho de la justicia social una prioridad de su administración…”(2). Aun así, aunque en el último año se ha logrado la reducción en el número de indigentes y la relativa mejoría de su capacidad de consumo todavía no se ha logrado modificar cualitativamente la situación.

4. Cuán amplia es la pobreza en Brasil varía según las estimaciones, pero todas resaltan no sólo su magnitud absoluta, sino también la desigualdad extrema de la distribución del ingreso, esta última considerada una de las más inequitativas del mundo(3). Del total de la población de Brasil, el 20% con mayores ingresos recibió treinta y dos veces más que el 20% con menores ingresos entre 1981 y 1993.

Para 1990 CEPAL reporta que de la población urbana el 40% más pobre recibía el 9.64% del producto, mientras el 10% más rico recibía el 41.7% del mismo. (4) Datos oficiales para 1994 señalan que el 20% más pobre recibe el 2% del ingreso nacional y el 10% más rico recibe el 49.7% del mismo(5).

5. La diferencia entre las ciudades y las zonas rurales es igualmente significativa: 66% de la población rural de Brasil está por debajo de la línea de pobreza, comparado con el 38% que es la cifra de pobreza urbana. Debe señalarse que la proporción de pobres urbanos está creciendo como consecuencia del éxodo de pobres rurales a las ciudades.

6. Las estimaciones más conservadoras(6) indican que 24 millones de brasileños estaban bajo la línea de pobreza en 1990, o sea el 17.4% de su población. Otros análisis como el “Mapa del Hambre” (7) estima que 22% de la población (o 32 millones) es pobre; y aún otros estiman que hay 42 millones de pobres, de los cuales 17 millones son indigentes (en extrema pobreza)(8). Otras estimaciones con distintos indicadores llevan esa cifra al 43.6% de la población(9). El Gobierno indica que como resultado del Plan Real, la proporción de pobres que era de 33,4% en 1994 se redujo a 27.8% en 1995 y 25.1% en 1996. La porción de la renta que fue al 50% más pobre de la población aumentó de 11.3% al 12,3%. En consecuencia, el grado de desigualdad cayó de 5,73 en 1994 a 5,13 en 1995 y a 5,07 en 1996(10).

7. La desigualdad en el ingreso se acentúa por la similar desigualdad en el acceso a servicios públicos básicos: 20.3% de la población no tiene acceso a agua potable, ni 26,6% a servicios sanitarios (desagües, cloacas, etc.), aunque la situación ha mejorado desde 1975-80, época en que casi el doble de ese porcentaje de la población carecía de ellos.

Igual fenómeno presentan indicadores como el de mortalidad infantil, que es de 57 por mil (uno de los más altos de América) pero que era de a 116 /00 en la década de los sesenta.

Similarmente en educación, ya que 3.215.000 niños de 6 a 12 años estaban sin servicio de escolaridad en 1992, aunque la tendencia es positiva ya que el analfabetismo adulto bajó del 34% en 1970 al 18% en 1990/95(11). En síntesis, la situación es grave, aunque era mucho más grave hace veinte años.

8. El análisis de la distribución del gasto público en servicios sociales (salud, educación, seguridad social) muestra que está distorsionado en favor de los ricos, (12) que reciben los mayores beneficios, cuando por definición ese gasto público debe favorecer compensatoriamente a las familias pobres para ayudarlas a reducir su desigualdad en el acceso a oportunidades y servicios básicos.

9. Como los niños constituyen una porción mayor de los sectores pobres que de las capas medias y ricas, y son los miembros más vulnerables de la sociedad, esa mala distribución de beneficios afecta especialmente a los niños pobres, entre otras con las consecuencias que se analizan en el capítulo correspondiente. 15% de los niños brasileños estaban en situación de desnutrición crónica en 1989 y esa proporción subía al 23 y 27% en el Norte y Nordeste respectivamente(13).

10. Brasil es un país muy diverso y la desigualdad social se manifiesta también regionalmente. La proporción de pobres varía desde un 7% de los residentes urbanos del Estado de Curitiba y Porto Alegre hasta el 44% entre los habitantes rurales del Nordeste.

Más de la mitad de los brasileños pobres viven en el Nordeste, situación que entre otras es una de las fuentes de los problemas que se analizan en el capítulo sobre “trabajos forzados” entre los trabajadores rurales. En general la población rural está en peores condiciones de pobreza y acceso a servicios que sus contrapartes urbanos, y así es que pese a que tres cuartos de la población es urbana, la mitad de los pobres son residentes rurales(14).

11. Otro determinante de la pobreza es el origen racial. Los negros y mulatos constituyen un sector desproporcionadamente alto de los pobres, ya que siendo el 42.5% de la población total, constituyen el 62.4% de los pobres(15).

12. El Gobierno actual ha reconocido la gravedad de dicha situación(16), y su conexión entre otros factores, con la mala distribución de la tierra, y otros aspectos de la economía rural.

En el capítulo correspondiente la Comisión analiza los problemas de derechos humanos conectados directamente con la concentración de la propiedad de la tierra y las condiciones de trabajo rural. En los últimos meses el Gobierno ha tomado algunas medidas importantes al respecto, especialmente con respecto a suprimir privilegios fiscales y de otro tipo que facilitaban el mantenimiento de fundos improductivos y la concentración de la tierra, situaciones estas últimas de consecuencias explosivas y de violación a los derechos humanos, considerando que grandes sectores de los campesinos y trabajadores rurales no tienen acceso a la propiedad de la tierra y recursos productivos.

13. Debe resaltar la Comisión el magro resultado del desempeño del Gobierno entre 1980 y 1990, década en la que según el Banco Mundial “no ha habido virtualmente reducción de la pobreza en Brasil, si consideramos-dice el informe-no sólo la proporción de los que son pobres, sino cuán pobres son, y las condiciones de los grupos más pobres”; y que los sectores más pobres fueron los que más sufrieron las tendencias económicas de la década de los 80s(17).

14. Según información suministrada por el Gobierno a la Comisión, de 1986 a 1996, la mortalidad infantil cayó, siendo la tasa para esa década de 48 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Se prevé que en el año 2.000 la proporción llegará a 31.2% por mil. También informa sobre la disminución de la desnutrición infantil, que pasó del 15.7% en 1989 a 10.5% en 1993, aunque en las áreas rurales es del 16.3%. Igualmente que se amplió la red de distribución de agua corriente y de desagües, y los datos apuntan hacia una mejoría general de las condiciones de salud de los niños. Cerca del 90% de los niños y niñas de 5 a 14 años concurren a la escuela. Según esa información, de 1993 a 1995, 13 millones de brasileños lograron superar la línea de la pobreza, y el consumo de alimentos y proteínas en las capas más humildes de la población aumentó significativamente.

15. Considera la Comisión especialmente útil referirse a estas obligaciones internacionales de Brasil en cuanto a la pobreza y la distribución del ingreso según la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, notando que según cálculos confiables, “sería posible eliminar la pobreza en Brasil (dándole a cada persona pobre lo suficiente para llegar sobre la línea de pobreza) con un costo de menos del uno por ciento del producto bruto interno”(18).

Capítulo IV Las condiciones de detención y tratamiento en el sistema penitenciario Brasileño

a. La realidad carcelaria

(1) Antecedentes

1. La Comisión durante los últimos años ha recibido información denunciando condiciones de detención y prisión violatorias de los derechos humanos en las cárceles de Brasil, y la consiguiente situación de rebeldía constante, a la que en muchos casos los agentes gubernamentales reaccionan con imprevisión, excesiva violencia y descontrol.

4. Considera la Comisión, producto de su visita in loco, así como de otros antecedentes, que los grandes problemas que sufre el sistema penitenciario brasileño son los indicados a continuación.

(3) Higiene y Salud(1)

13. La Comisión tuvo la oportunidad de constatar las precarias y deficientes condiciones higiénicas en que viven los presos y la falta de una adecuada atención médica y tratamiento psicológico para los mismos. Según declaraciones de los propios presos, en casos de peleas o dolencias son los mismos presos los que deben tratar a los heridos o enfermos.(2) La Comisión al visitar la Penitenciaría Femenina de Sao Paulo recibió quejas de las reclusas de la falta de atención médica, especialmente ginecológica y dental y a la carencia de vehículos para transportar a las internas al médico u hospital. Los baños colectivos eran inadecuados e insalubres en estos recintos.

14. De igual manera la Comisión tuvo la oportunidad de visitar un pabellón de enfermos de Sida, que yacían en sus camastros, prácticamente abandonados y la falta de higiene. Esta grave enfermedad afecta especialmente a los presos de los grandes centros urbanos y aproximadamente el 25% de los presos de los distritos policiales y cárceles públicas son portadores del virus HIV-Sida. En los estados terminales de la enfermedad es difícil encontrar quien quiera socorrerlos ni llevarlos a los hospitales(3).

15. En la visitas de la Comisión a la Casa de Detención de Carandirú y al 3er Distrito Policial, muchos presos se quejaron de molestias gástricas, urológicas, dermatitis, neumonias y ulceración que no eran atendidas adecuadamente, sosteniendo que mucha veces ni siquiera existían medicamentos básicos para tratarlas.

16. La Comisión asimismo recibió quejas que cuando los presos enfermos necesitan ser trasladados a centros asistenciales u hospitales para recibir un tratamiento médico determinado o de urgencia, la policía militar (organismo encargado de escoltar o transportar a los reclusos a los hospitales) a veces se negaba hacerlo o dilataba sin justificación alguna su escolta, teniendo muchas veces como consecuencia el empeoramiento del estado de salud del enfermo(4).

Conclusiones y Recomendaciones

37. El propósito de las penas privativas de libertad es entre otros separar a los individuos peligrosos de la sociedad, a fin de proteger a ésta en contra del crimen, y la readaptación social de los condenados. Para ello, el régimen penitenciario debe emplear todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales, y de otra naturaleza y todas las formas de asistencia de que pueda disponer, a fin de reducir en lo posible las condiciones que debiliten el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad de su persona, y su capacidad de readaptación social.

38. Del análisis que hemos efectuado sobre la realidad carcelaria en Brasil, surge que en muchas prisiones los presos se encuentran en condiciones infrahumanas, lo que constituiría una violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. La mayoría de los presos en Brasil se encuentran prácticamente maltratados y desamparados, y es poco factible su efectiva rehabilitación y readaptación, dadas las condiciones físicas y humanas de las cárceles y del personal penitenciario a su cargo.

39. Frente a esta realidad, la Comisión considera que los esfuerzos que se propone realizar el Gobierno de Brasil en materia penitenciaria a corto, mediano y largo plazo según lo señalado en el Programa Nacional de Derechos Humanos, son indispensables, requieren toda laenergía política, técnica y financiera necesaria, y deben ser encarados con absoluta urgencia.

40. La Comisión, además de incentivar al Estado brasileño para tornar en realidad su programa penitenciario, se permite recomendar:

Capitulo V Violencia contra los menores

a. Las obligaciones internacionales de brasil en relación con la niñez

2. Los niños brasileños están legalmente protegidos tanto en la legislación interna como por los tratados a los que Brasil se ha comprometido(1). Además de los derechos inherentes a toda persona que reconoce la Convención Americana, ésta los protege especialmente pues reconoce que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado” (artículo 19).

3. La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ratificada por Brasil, y que la Comisión toma como marco de referencia, establece que los Estados partes tendrán, inter alia, la obligación de respetar y garantizar a cada niño, dentro de su jurisdicción, los derechos establecidos en la Convención sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, nacionalidad, origen étnico o social, propiedad, incapacidad, nacimiento u otro status del niño, de sus padres o de sus guardianes legales (artículo 2).

4. Asimismo, establece la obligación que tienen los Estados partes de garantizar la creación de instituciones y servicios destinados a su cuidado (artículo 18) y la de adoptar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a los niños de toda forma de violencia física o mental, lesión corporal, o abuso, trato negligente, maltrato o explotación, incluyendo abuso sexual, mientras permanezcan bajo el cuidado de los padres, guardianes legales, u otra persona que tenga a cargo su cuidado (artículo 19)(2).

B. Los derechos del niño y el adolescente en la legislación interna

5. La amplia campaña de movilización de la opinión pública que llevó a la reforma constitucional de 1988, sensibilizada por los serios problemas que vivía la niñez brasileña, se vio reflejada en el artículo 227(3) de la Constitución, que establece:

Es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar al niño y al adolescente, como prioridad absoluta, el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, al esparcimiento, a tener una profesión, a la cultura, a la dignidad, al respeto, a la libertad, y a la convivencia familiar y comunitaria, así como también el de colocarlos a salvo de toda forma de negligencia, discriminación, explotación, violencia, crueldad y opresión…(4) y que el Estado promoverá programas de asistencia integral para mejorar la salud del niño y el adolescente.

6. El Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA, ley 8.069 /90) una de las leyes más avanzadas del mundo en materia de protección de los menores, reemplazó al anterior y correccional Código de Menores, y a la igualmente represiva Política Nacional de Bienestar del Menor. Así, el nuevo Estatuto en lugar de ser un instrumento de control represivo de una conducta, concibe especialmente como ser humano en formación al niño y al adolescente como “sujetos de derechos”, introduciendo innovaciones en la política de promoción y defensa de sus derechos en todas las dimensiones: físico (salud y alimentación),(5) intelectual (derecho a la educación, derecho a la formación profesional y a la protección en el trabajo),(6) emocional, moral, espiritual y social (derecho a la libertad, al respeto, a la dignidad, a la convivencia familiar y a la convivencia comunitaria) (7). Diferencia entre “niño”, toda persona menor de 12 años y “adolescente”, persona entre los doce y dieciocho años(8).

7. Por otra parte, proclama el derecho de niños y adolescentes a la protección de su vida y salud a través de la ejecución de políticas sociales públicas (artículo 7) y garantiza a la madre embarazada, a través del Sistema Único de Salud, la atención “pre y perinatal” (artículo 8).

8. La Comisión constata con satisfacción la creación por el Estatuto de una institución potencialmente valiosa. Se trata del Consejo Tutelar, órgano permanente y autónomo, no jurisdiccional, que debe existir en todo municipio para velar por los derechos de los niños y de los adolescentes, compuesto de cinco miembros electos por los ciudadanos locales para un mandato de tres años y reelegibles. Son atribuciones del Consejo Tutelar, entre otras, aplicar medidas de protección o de índole social, educativa, el atender y aconsejar a los padres o responsables que se sometan a tratamiento sicológico o siquiátrico; obligarlos a matricular a los menores en la escuela; ordenar se les otorgue tratamiento especializado, realizar advertencias; determinar la pérdida de la guardaduría o tutela, y la suspensión o pérdida de la patria potestad. Entre las atribuciones de los Consejos se encuentran también promover la ejecución de sus decisiones, otorgar al Ministerio Público informaciones sobre hechos que constituyan infracciones administrativas o penales en contra de los derechos de los niños y de los adolescentes, y enviar a autoridades judiciales los casos de su competencia.

9. Cabe señalar, sin embargo, que hasta septiembre de 1994, es decir, más de 4 años después de la publicación del Estatuto en el Diario Oficial, (9) solamente el 27% de los Municipios habían creado sus consejos Tutelares(10).

10. A pesar que el Estatuto del Niño y Adolescente (ECA) representa innegables progresos en el campo de la protección de la niñez, su aplicación práctica ha encontrado resistencia en algunos sectores de la población. Esta resistencia se refiere, especialmente, a la reorganización de las prácticas de atención directa a los niños y adolescentes que viven de la comisión de delitos y en situación de riesgo social. A pesar de que dichos menores necesitan atención y cuidados especiales, esos sectores consideran que su situación debe ser tratada como un problema de seguridad pública y, por lo tanto, sostienen que deben ser recluidos lejos de la sociedad y combatidos duramente con acciones policiales.

11. El Ministerio de Justicia, que ejerce la presidencia del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente (CONANDA), reconoce que la implementación del Estatuto del Niño y del Adolescente es todavía incipiente y convocó a la II Conferencia Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente (Brasília, 17 a 20 de agosto de 1997), con el objetivo de evaluar y hacer recomendaciones sobre la implementación y funcionamiento de los consejos de derechos y consejos tutelares(11).

12. Informa el Gobierno que con la cooperación de UNICEF, el Ministerio de Justicia formuló y está ejecutando el “Programa de Promoción y Defensa de los Derechos del Niño y del Adolescente”. Todos los Estados de la federación elaboraron en 1996 planos similares dentro de su esfera de competencia, convalidados por los respectivos consejos del niño y del adolescente. Los Estados están recibiendo apoyo técnico y financiero del Ministerio de Justicia para la implementación de los referidos programas.

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