Menores de edad detenidos vs. Honduras Informe Nº 41/ 99 Caso 11.491

INFORME Nº 41/99
CASO 11.491
MENORES DETENIDOS contra HONDURAS
10 de marzo de 1999

I. Antecedentes

Posiciones de las partes

A. Denuncia

1. El 13 de abril de 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la “Comisión” o la “CIDH”) recibió una denuncia presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación Casa Alianza, contra la República de Honduras (en adelante, el “Estado” u “Honduras”). Los peticionarios denuncian la detención ilegal de niños callejeros y su envío a la cárcel central de Tegucigalpa. Según los denunciantes, los menores se encontraban en las celdas 19 y 24, junto con aproximadamente 80 adultos en cada celda. Hacía ya dos años que Daniel Varela estaba detenido con adultos. Alex Hostilio Tome Vargas, por su parte, había estado detenido por tres meses en la celda 24, siempre con adultos y con conocimiento del juez de su causa.

2. Según los peticionarios, esta práctica viola el artículo 122, párrafo 2 de la Constitución de Honduras, que dispone que “No se permitirá el ingreso de un menor de 18 años a una cárcel o presidio”, y el artículo 37 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, que establece que “todo niño privado de libertad estará separado de los adultos”.

3. Los denunciantes manifiestan que los menores son sometidos comúnmente a abusos físicos y sexuales en las celdas de la Penitenciaría Central. Indican, igualmente, que el 28 de marzo de 1995 pasaron 4 horas en este centro penal con un representante de la Comisión de Derechos Humanos entrevistando otros 26 menores que estaban detenidos con más de 40 prisioneros adultos en la celda Nº 24. Los nombres de estos menores son:

Alexis Correa, Alexis López Yollandir, Cosme Flores, Carlos Alberto Duarte, Carlos René Najera, Carlos Roberto Ambrosio, Cristian Omar Gamboa, Eddy Elvir, Francisco Alexander Alvarez, Francisco Vásquez, Héctor Rafael Girón Ponce, Jorge Alberto Calix, Jorge Pedro Díaz, Juventino Galdámez Aguilar, Kenneth Joel Perdomo, Marlon Antonio Martínez Pineda, Miguel Angel Quiroz, Nicolás Quiroz Jiménez, Sixto Celestino Acosta, Saúl Edgardo Gómez, Santos Enrique López, Selvin Alonso Romero, Tomás Antonio González Galindo, Ulises Eduardo Vargas, Wilier Alexis Mejía, y Walter Alonso Cárcamo.

4. Los peticionarios informan que el 16 de enero de 1995, la Corte Suprema emitió un “Auto Acordado” que autoriza a los Jueces de Menores a mantener recluidos a los menores en áreas independientes dentro de la Penitenciaría Central.

5. Señalan los peticionarios que el 4 de abril de 1995, la Juez de Menores, Sandra Quiroz, ordenó el traslado de 7 de los 28 menores que estaban detenidos con adultos en la Cárcel Central de Tegucigalpa al Centro Juvenil Jalveta, administrado por la Junta Nacional de Bienestar Social, agencia gubernamental responsable por los centros de detención de menores. Como el centro no estaba adaptado para la detención de menores, los siete escaparon.1

6. En relación con el agotamiento de los recursos internos, los denunciantes manifiestan que promovieron cinco recursos de habeas corpus o exhibición personal ante los tribunales hondureños y que ninguno de ellos ha dado resultados positivos en favor de los menores Alex Hostilio Tomé Vargas y Daniel Varela, o de los otros menores detenidos. El primer recurso de habeas corpus, en el que se solicitaba que se sacara a los menores de esta cárcel para adultos o por lo menos se los mantuviera en celdas separadas de los adultos, se interpuso el 20 de marzo de 1995 ante la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa.

El 30 de marzo de 1995 se presentó el segundo recurso en favor de Alex Hostilio Tomé Vargas y Daniel Varela. El 29 de marzo de 1995, los denunciantes presentaron otro recurso de habeas corpus ante la Corte Primera de Apelaciones en favor de 26 menores recluidos en la celda Nº 24 de la Penitenciaría Central.2 La Jueza Ejecutora Reina Sánchez, quien visitó a los menores en la celda Nº 24 y pudo comprobar que estaban detenidos junto con más de 40 prisioneros adultos, tenía 24 horas de plazo para resolver el recurso e informar a la Corte de Apelaciones. La Corte tenía 48 horas para emitir su informe. Hasta el 12 de abril de 1995, los peticionarios no habían recibido el informe de la Jueza Ejecutora ni el de la Corte de Apelaciones. Según los denunciantes, en esa fecha, en que todavía había 21 menores detenidos junto con adultos en la celda Nº 24, las madres de estos menores denunciaron que sus hijos estaban siendo violados por los prisioneros adultos.3

7. Señalan los peticionarios que, en virtud del injustificado retardo de justicia, los recursos de la jurisdicción interna han resultado ineficaces para terminar con las arbitrariedades, abusos físicos, sexuales y psicológicos a los que se han visto sometidos los menores recluidos en las cárceles hondureñas. Por lo tanto, solicitan que se declare admisible la petición con base en la excepción prevista en el artículo 46(2) de la Convención.

8. En relación con el “Auto Acordado” que dictó la Corte Suprema, los denunciantes informan que el 17 de abril de 1995 solicitaron el pronunciamiento del Colegio de Abogados de Honduras sobre su legalidad y que el 19 de abril del mismo año solicitaron la intervención del Ministerio Público para que se declarara ilegal.

9. Los peticionarios alegan que la integridad física de los niños se encuentra en peligro y que esta situación es contraria a todas las normas internacionales que regulan la detención de menores de edad, entre ellas: los artículos 5, 7, 19 y 29(b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (de ahora en adelante la “Convención Americana” o “la Convención”); los artículos 7 y 10(b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 3(1), 19(1) y, especialmente, 37 de la Convención de Derechos del Niño; y el artículo 13(4) de las Reglas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores (Reglas de Beijing).

B. Contestación del Estado

10. El Estado contestó la denuncia mediante nota del 2 de junio de 1995; la contestación se transmitió al peticionario en la misma fecha.

11. En su escrito de contestación Honduras se refirió inter alia, a:

la situación por la que está atravesando Honduras, producto de las enormes limitaciones económicas que inciden fuertemente en lo psicosocial, algunas de las cuales presentan hechos novedosos para los cuales nuestro país no se encontraba preparado con la experiencia e infraestructura necesaria y adecuada, como la alarmante incidencia de menores en la comisión de crímenes y delitos graves (parricidios, homicidios, violaciones, posesión y venta de droga, robos, allanamientos y asaltos a mano armado) que están ocurriendo en la actualidad.

12. El Estado indicó, además, que está realizando “supremos esfuerzos” para hacer frente al problema sin violentar los compromisos internacionales. En este aspecto, destacó las gestiones realizadas ante el Gobierno de España para lograr financiamiento para la construcción del Primer Centro Cerrado para albergar y atender a “jóvenes infractores de alta peligrosidad”. Asimismo, informó que había destinado fondos para transformar y adaptar antiguas instalaciones, en vista “que las edificaciones que se poseen son para centros abiertos, sin muros perimetrales ni condiciones que impidan la fuga o transgresión de las medidas apropiadas de seguridad”.

13. Con respecto al “Auto Acordado”, el Estado señaló que el mismo se emitió debido a la grave situación de inseguridad de los centros especializados y al asesinato premeditado de sus padres por parte de un menor y de su novia. Dicho auto, emitido por la Corte Suprema de Justicia, concede a los Tribunales de Menores la facultad de remitir a los menores infractores de alta peligrosidad a Centros Penales para Adultos, en tanto inician su funcionamiento los centros especializados proyectados. En el mismo se establece que los menores deben ser trasladados a “áreas independientes dentro de la penitenciaría central o de las cárceles departamentales, debiendo tomar las más estrictas medidas a efecto de que permanezcan totalmente aislados del resto de la población penitenciaria (…)”. Esto implica, en opinión del Estado, que los funcionarios judiciales están obligados a tomar las más estrictas medidas a efecto de que los menores sean mantenidos en áreas independientes, y totalmente aislados del resto de la población penitenciaria.

14. Según el Estado, los informes de las autoridades competentes en la materia permiten concluir que “se está cumpliendo con las recomendaciones y condiciones que estableció la Corte Suprema de Justicia” para la detención de menores en centros penales correspondientes a adultos.

C. Observaciones de los Peticionarios

15. Mediante escrito del 18 de agosto de 1995, los peticionarios presentaron sus observaciones a la contestación del Estado hondureño, las cuales se trasmitieron a dicho Estado el 25 de agosto de 1995. Los peticionarios expresaron que si bien el Estado no había proporcionado cifras exactas sobre el número de menores detenidos, las cifras del Comisionado Nacional de Derechos Humanos y los recursos de habeas corpus presentados por Casa Alianza permitían determinar que había 201 menores detenidos en cárceles para adultos.

16. Los peticionarios reiteraron que habían interpuesto recursos de habeas corpus en favor de los menores detenidos, con resultado infructuoso.

17. Los peticionarios informaron que según un estudio realizado durante 1995 por el doctor Leo Valladares, Comisionado de los Derechos Humanos, los menores que habían permanecido detenidos en la Prisión de Jalteva llegaban a 84. Los cargos bajo los cuales se detuvo a los menores fueron:

• 50 por vagancia;
• 15 por inhalación de resistol;
• por consumo de drogas;
• por protección;
• por consumo de marihuana, y
• por orfandad

18. Según los denunciantes, muchos de los menores han sido internados en centros para adultos porque el Estado no tiene mejor lugar donde enviarlos, lo cual viola flagrantemente el derecho a la libertad de todos ellos. “Detener a menores de edad por orfandad o protección viola las más elementales reglas del debido proceso, presunción de inocencia, principio de legalidad y libertad personal, todos garantizados en la Convención Americana”.

19. Los peticionarios indican que casi ninguno de los menores detenidos cuenta con defensor de oficio, a pesar de que el artículo 21 de la Ley de Jurisdicción de Menores de Honduras obliga al Estado a brindar representación legal a menores detenidos.

20. Según los peticionarios, esto permite concluir que el Estado es responsable de detener arbitrariamente a niños que no han sido acusados de delitos, así como de incumplir la normativa internacional que obliga a proveerles de asistencia legal gratuita para la defensa de sus derechos. El Estado de Honduras —según alegan—, incumple de esta forma todas las garantías del debido proceso, contenidas en la Convención y en las normas internacionales de derechos humanos que tutelan a los menores.

D. Comentarios Finales del Estado

21. El 25 de agosto de 1995, el Estado presentó sus comentarios finales sobre la situación de los menores detenidos en cárceles de adultos y acompañó comunicaciones que contienen las medidas de emergencia tomadas para resolver la situación.

22. A este escrito, el Estado adjuntó una comunicación del Mayor Carlos Quezada Aguilar, Director de Establecimientos Penales, del 11 de mayo de 1995, en la que éste indica que en el hogar especial de rehabilitación Nº 24, único lugar que reune las condiciones mínimas para mantener a los menores aislados del resto de la población penal, los menores tienen los servicios básicos necesarios (agua, luz, camas, cocina, patio interior, servicios sanitarios y otros), reciben visita de sus familiares, y se encuentran bajo la coordinación de un adulto y dos auxiliares menores de edad, que actúan como auxiliares de disciplina. Además, se prohíbe y controla el ingreso de reclusos adultos en dicho pabellón, y cada vez que los menores son llamados a las oficinas técnicas o administrativas son conducidos por personal de seguridad y por los auxiliares de disciplina. Por otra parte, las actividades que desarrollan son llevadas a cabo en áreas de uso general y se realizan evitando, en todo momento, el contacto con los reclusos adultos. En cuanto a la atención médica, afirma que los menores reciben asistencia de los departamentos de Psicología, Trabajo Social, Médico, Jurídico y otros. Agrega que de la lista de 28 menores, seis fueron los únicos remitidos por orden del Juzgado de Menores y que los demás se encuentran a la orden de los Juzgados de Letra de lo Criminal, lo que permite presumir que son reclusos adultos.

23. El Estado informó que desde el 5 de julio de 1995 se había estado trasladando a menores que se encontraban en la Penitenciaría Central y en las cárceles departamentales al Centro Cerrado de Támara, denominado “Centro Juvenil Renaciendo”, el cual había entrado en funcionamiento recientemente y que tiene capacidad para albergar 40 menores.

Se informó, igualmente, que en el Centro de Custodia y Observación de Menores de El Hatillo, en Tegucigalpa, se estaba construyendo un albergue adicional con capacidad para otros 40 jóvenes, el cual está rodeado de un muro perimetral.

E. Informaciones Adicionales

24. Además de los escritos regulares de trámite y de aquellos relacionados con la adopción de medidas cautelares, las partes enviaron varios escritos de informaciones adicionales, que se transmitieron oportunamente a la respectiva contraparte.

25. El 28 de noviembre de 1995, el Estado informó que la Corte Suprema de Justicia había resuelto dejar sin ningún valor y efecto el Auto Acordado emitido el 16 de enero de 1995, “fundamentados en el hecho de haber cesado las causas que le dieron origen”.

26. El 18 de agosto de 1995, los peticionarios informaron sobre la detención de tres menores4 en la cárcel de Choluteca. Indicaron, además, que los recursos de habeas corpus interpuestos a favor de ellos no obtuvieron una respuesta formal por parte de la Corte Suprema. Los peticionarios alegaron que si bien los menores habían sido puestos en libertad, esto constituía una grave violación del debido proceso porque la Corte Suprema no había dictado resolución alguna al respecto. Denunciaron, asimismo, la detención de 23 menores en la Cárcel de San Pedro Sula,5 con respecto a los cuales se habían interpuesto, el 4 de junio de 1995, 3 recursos colectivos de habeas corpus que todavía no habían sido resueltos. También en el presidio sampedrano reportaron la detención de 4 menores6 más, a favor de los cuales el 30 de junio del mismo año se había interpuesto un habeas corpus colectivo que tampoco había obtenido respuesta de la Corte Suprema.

27. En el mismo escrito los peticionarios denunciaron la detención de cuatro menores7 en el Centro Penal de El Progreso, Departamento de Yoro. Informaron, además, que habían presentado un recurso de habeas corpus a favor de los tres primeros ante el Juez de Letras Seccional de Yoro, quien declaró dicho recurso sin lugar en virtud de que el Tribunal era incompetente para conocer del recurso. Ante las manifestaciones de los peticionarios de que dicha resolución era inconstitucional y violatoria de la ley de Amparo, el recurso de exhibición personal fue admitido, nombrándose como Juez Ejecutor a la profesora Rina Morales de Villela, Defensora de la Niñez del Municipio de Yoro. Si bien se encontró a 12 menores más detenidos en la cárcel de Choluteca,8 resultó imposible interponer un recurso de habeas corpus a su favor puesto que el día de la visita de los peticionarios no había un juzgado abierto o dependencia judicial donde hubiera una autoridad competente para recibir el habeas corpus por tratarse de un fin de semana, lo que, según los peticionarios, resulta en sí inconstitucional y contrario al debido proceso legal.

28. El 23 de febrero de 1996, los peticionarios solicitaron que, como seguimiento a la audiencia celebrada el 22 de febrero de 1996, la Comisión hiciera gestiones para obtener el traslado de tres menores detenidos con adultos a un centro de menores. Estos menores eran Oneida Díaz Castillo, de 16 años, embarazada de 8 meses, quien había sido remitida el 12 de febrero de 1996 a Choluteca, permanecía detenida con 21 adultas y tenía que dormir en el suelo, y Jonhathan Donaire y René Arturo Alvarado, de 15 y 13 años, respectivamente, que habían ingresado a Comayagua el 19 de febrero de 1996.

29. El 13 de marzo de 1996, los peticionarios informaron que a pesar de haberse revocado el “Auto Acordado”, todavía persistía la práctica de remitir menores a centros penales para adultos. Informaron, asimismo, que el 26 de marzo de 1996 se encontraban guardando prisión en Gracias, Lempira, por orden del Juez de Letras Departamental, los menores Carlos Efraín Pineda Moreno, de 16 años; Mariano Rodríguez Leiva y Ramón Izaguirre Guzmán. También denunciaron que José Amilcar Vega, de 17 años de edad, había ingresado al presidio de Santa Rosa de Copán el 19 de enero de 1996, por orden del Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal, y que desde su ingreso, el menor había sido víctima de abuso sexual por parte de los reos adultos. Indicaron, igualmente, que Alexis Jeovanny Pavón Martínez, de 17 años de edad, se encontraba detenido en la Granja Penal de La Ceiba, Atlántica y que el 29 de febrero de 1996 se había interpuesto un recurso de exhibición personal a su favor, sin resultado alguno También indicaron que María Suyapa Caballero, de 14 años de edad y José Omar Vásquez, de 17 años de edad, se encontraban detenidos en el Presidio de la ciudad de Santa Bárbara por orden del Juzgado Tercero de Letras. Los peticionarios denunciaron que el 28 de febrero de 1996 el Juzgado Primero de Letras Departamental había enviado a los menores Darwin Betancourt Varela y Ramón A.

Cerato, de 17 y 16 años, respectivamente, al presidio de Choluteca. Informaron, por otra parte, que en Santa Bárbara, el Juzgado Tercero de Letras había remitido a José Omar Vásquez Hernández, de 17 años, a un centro de detención de adultos.

30. El 2 de abril de 1996, el Estado informó, inter-alia, que la menor Oneyda Díaz Castillo había sido puesta en libertad por orden del Juzgado de Letras de Choluteca y que Jonhathan Donaire y René Arturo Alvarado habían sido trasladados del Centro Penal de Comayagua al Centro de Custodia Masculino de El Hatillo. Indicó, además, que se habían trasladado 107 menores al Centro de Custodia de El Hatillo.

31. El 15 de mayo de 1996, el Estado informó lo siguiente: que Darwin Rexieri Betancour y Ramón Antonio Cerrato Pérez habían sido puestos en libertad por gestiones de la Defensa Pública; Oneida Liseth Castillo había sido liberada el 23 de febrero de 1996 en virtud de su minoría de edad; Carlos Efraín Pineda9 se encontraba en un centro de menores; Alex Giovanny Martínez había sido entregado en custodia a la señora Maira Lolita Galeas por orden del Juez de Letras Supernumerario Felipe René Speer; José Amilcar Barnica Vega, de 18 años, había sido puesto en libertad el 20 de febrero de 1996 por orden del Juzgado Segundo de Letras; Suyapa Caballero fue devuelta a su madre el 23 de febrero del mismo año por orden del Juez Tercero de Letras Departamental de Santa Bárbara, y José Oscar Vásquez había sido examinado por el médico Forense para determinar su edad probable, habiéndose determinado que tenía aproximadamente 18 años y había nacido, según partida de nacimiento adjunta, en septiembre de 1972.

32. El 24 de mayo de 1996, los peticionarios informaron que el 26 de marzo del mismo año habían podido comprobar la detención de cinco menores en la Granja Penal de Danlí, Departamento de El Paraíso.10 Informaron, igualmente, que el 13 de mayo de 1996 habían visitado el mencionado centro penal y habían encontrado a otros dos menores.11 Observan los comunicados que el Centro de Detención de Danlí se encuentra a menos de una hora de distancia del Centro de Custodia El Hatillo, que el Gobierno de Honduras ha presentado como uno de los lugares especialmente acondicionados para la detención de menores y que tiene suficiente espacio disponible.

33. En el mismo escrito del 24 de mayo de 1996, los peticionarios reconocieron que el 20 de febrero de 1996 el Estado había trasladado a Oneyda Díaz Castillo, Jonathan Donaire y René Arturo Alvarado, al Centro de Custodia el Hatillo. Según ellos, sin embargo, en su escrito de 15 de mayo de 1996 el Estado había omitido toda referencia a la situación del resto de los menores aún recluidos en centros penitenciarios para adultos. Los peticionarios informaron que el 14 de marzo de 1996 habían interpuesto nuevos recursos de habeas corpus en favor de varios menores detenidos junto con adultos en Santa Rosa de Copán.12

34. Por escrito del 15 de julio de 1996, los peticionarios informaron que, entre los meses de junio y julio, habían presentado varios recursos de habeas corpus a favor de menores detenidos conjuntamente con adultos.13 Según ellos, ninguno de esos recursos fue resuelto oportunamente por los tribunales.

35. Los peticionarios indicaron que solicitaron reiteradamente a la Corte Suprema de Justicia que impartiera instrucciones claras y precisas a los jueces de menores y tribunales de instancia sobre el tratamiento de los menores infractores. Según los peticionarios, la Corte Suprema ha desatendido sus solicitudes y ha permitido que se continúe el encarcelamiento de menores junto con adultos. 36. El 16 de agosto de 1996, los peticionarios señalaron que, como resultado de una visita a diversos centros penales, habían podido comprobar que entre los días 6 y 13 de agosto del mismo año, se encontraban detenidos once menores en las cárceles de San Pedro Sula,14 tres en el Presidio de Tela,15 cuatro en La Granja Penal La Ceiba,16 cuatro en el Presidio de Santa Bárbara,17 y cuatro en el Presidio de Gracias, Lempira.18 También informaron que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos había constatado la presencia de 5 menores19 en la Penitenciaría Central.

37. El 20 de agosto de 1996, los peticionarios reiteraron la anterior información y agregaron los nombres de 37 menores más detenidos en el Centro Penal de San Pedro Sula.20 También denunciaron que los siguientes 37 menores estaban detenidos en centros para adultos: Ivis Fernando Cárcamo, de 17 años de edad; Marco Antonio Cruz; Andrés Portillo Flores, Wilson Orellana Torres; José Efraín Hernández; Ramón Enrique Colón; Daniel Humberto Rosales; Melvin Armando Ramos; José Javier Rodríguez; José Vicente Fernández; Douglas Javier Ramos; Juan Carlos Cano; Genaro Pérez; Alex Ramírez López; Francisco González; José Hernán Ayala; Maden Jean Bodden; Javier Pineda García; Francisco Alcides Torres; Víctor José Martínez; Jorge Alberto Meléndez; Howen Alexis Romero; Moisés Israel Urbina; José Danilo Arraiga; Denis Rolando Vargas; Samuel Antonio Flores; Edwin Evaristo Palacios; Carlos Alberto Medina; Omar Angel Salazar; José Angel Flores; Edwin Geovany Mejía; Edwin Geovany Mendoza; Jesús Edgardo Madrid; David López Pineda; Denis A. Reyes; Carlos Adrián Zúñiga, y Dorian Baide.

38. El 26 de agosto de 1996, los peticionarios enviaron un oficio dirigido por el Secretario General de la Penitenciaría Central al Fiscal Especial del Menor, en el que da la lista de 11 menores detenidos que no cuentan con defensores legales. Esto prueba, según los peticionarios, la veracidad de sus afirmaciones. Los nombres de estos menores son: Miguel Angel Herrera, José Antonio Hernández, Angel Ede Herrera Umanzor, Eugenio Joaquín Argeñal, Luis Alonso Cruz Padilla, Germán Alexander Bonilla, José Portillo Sánchez, Melvin Jesús Soto Rodríguez, Angel Edemir Hernandez, José Antonio Hernández, Miguel Angel Herrera, todos de 17 años de edad.

39. El 28 de octubre de 1996, el Estado informó que el Código de la Niñez y de la Adolescencia, vigente desde el 5 de octubre de 1996, había agregado a la legislación hondureña el principio de presunción de inocencia en favor de la niñez infractora. El artículo 1 de dicho Código dice: “En caso de duda sobre la edad de un niño o una niña se presumirá, mientras se establece su edad efectiva, que no ha cumplido los 18 años”. El Estado, al referirse a la adopción de medidas cautelares formulada por la Comisión en relación con los menores detenidos en el Penal de San Pedro Sula, expresó: “Este instrumento será de valiosa utilidad a los enormes esfuerzos que realizamos para darle solución a esta lamentable situación”.

40. El 20 de noviembre de 1996, los peticionarios informaron que, como resultado de una gira de los centros penales de la zona norte del país, llevada a cabo el 13 del mismo mes y año, habían podido verificar la presencia de 16 menores en el Presidio de Sula,21 y de tres en el Presidio de Trujillo22.

41. El 9 de diciembre de 1996, el Estado envió un oficio de la Corte Suprema de Justicia, de 2 de diciembre de 1996, en el que se da información con respecto al caso del menor Carlos Enrique Jaco, al cual no haremos referencia en el presente informe por cuanto es objeto de otro procedimiento ante la Comisión y al caso de 10 menores más23.

42. El 16 de enero de 1997, el Estado hondureño envió copia de un Auto Acordado contenido en la Circular Nº 11, de 22 de julio de 1996, que fuera enviada a todos los jueces de Letras con Jurisdicción en Menores. En dicha circular se indica, entre otras cosas, que considerando que el 14 de noviembre de 1995 se habían dejado sin efecto las medidas provisionales de reclusión de menores y que la Junta Nacional de Bienestar Social había dado a conocer a ese Tribunal que para 1996 contaría con 8 centros24 para menores infractores, la Corte acordaba ordenar a todos los jueces con jurisdicción en menores velar por el cumplimiento del artículo 122 de la Constitución.

43. En la misma fecha el Estado envió copia del oficio Nº 3566-SCSJ-96, en que la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia informa, inter alia, que ha dado instrucciones a la Directora de la Defensa Pública de asignar un número determinado de defensores, a efecto de que lleven los casos de los menores que se susciten en los Juzgados de las Niñez y les den seguimiento con la debida diligencia.

44. El 30 de julio de 1997, los peticionarios informaron que en diciembre de 1996 y enero de 1997, las cárceles de Marcala, El Progreso, Tela, La Ceiba, Trujillo y Olanchito también albergaban decenas de niños. Señalaron, además, que el 18 de abril del mismo año habían encontrado menores detenidos con adultos en las cárceles de Comayagua y La Ceiba y que el 26 de junio, en una visita realizada a distintos juzgados de adultos de Danlí, de 17 expedientes revisados 6 correspondían a menores. Según los peticionarios, el 30 de julio de 1997 todavía se encontraban detenidos los menores: José Daniel Henríquez Pavón, José Luis Martínez (16 años), Osman Efraín Iriarte (16 años), Alba Luz González (18 años) y Donaldo Enrique en la Penitenciaría de La Ceiba; Faustino Serrano A, de 15 años de edad, en la cárcel de Olanchito y Efraín Reinaldo Botai, de 14 años de edad, en el centro penal de Trujillo.

45. En el mismo escrito, los denunciantes manifestaron que el gran número de menores detenidos junto con adultos pretende ser justificado por el Estado con el pretexto de la falta de recursos económicos.

46. El 15 de octubre de 1996, los peticionarios informaron que la Asociación Casa Alianza de Honduras, una de las entidades que promueve el presente caso, había sido objeto de intimidaciones y hostigamiento. Según indicaron los denunciantes, altos funcionarios del Gobierno de Honduras habían amenazado con cancelar la personería jurídica de esta entidad y expulsar del país a Bruce Harris y otros funcionarios de Casa Alianza, a quienes se les califica de “extranjeros perniciosos” interesados en denigrar a Honduras. Alegaron los peticionarios que el presidente del Colegio de Abogados de Honduras amenazó con revocar la colegiatura al asesor jurídico de Casa Alianza, Gustavo Escoto. Otras formas de intimidación incluyen diversos comentarios aparecidos en los medios de información, entre ellos uno en el cual se expresa “que es vergonzosa la actitud de algunos hondureños que viajan al extranjero a enlodar la imagen de Honduras”25.

47. El 18 de agosto de 1997, los denunciantes enviaron un escrito al cual adjuntaron una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 26 de junio de 1997, recaída en un recurso de habeas corpus interpuesto a favor de cuatro menores, en la que la Corte declara sin lugar dicho recurso por considerar legal la detención de los cuatro menores en el Centro Penal de San Pedro Sula.

48. El 26 de septiembre de 1997, el Estado envió información de la que se deriva que Marvin Omar Martínez, Juan Leonardo Morales y Santos Rogelio Hernández eran menores de edad al momento de los hechos y que Osman Daniel Mejía, Edgardo Salgado Nájera, Juan Leonardo Morales, Henry Alberto Pineda, Wilmer Ramón Castro, Abel Rubi Antúnez, Carlos Rafael Murillo, José Eugenio Pavón, Héctor Virgilio Solís, Jesús Alfredo Romero Paz, Santiago Eugenio Puerto, José Ramón Ponce del Arca y Luis Fernando Núñez, eran mayores de edad al momento de los hechos. También presentó información con respecto a otros menores y a algunos recursos de habeas corpus. Parte de esta información ha sido incorporada en el cuadro que aparece en el Anexo I del presente informe. Los nombres y la información relacionada con los detenidos con respecto a los cuales se acreditó la mayoría de edad no se agregaron en dicho anexo.

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